Articulo 425 de la constitución del ecuador

La Constitución Económica

Ppios y reglas fundamentales por los q se rige el sistema económico Siglo XIX. Inicialmente era un término únicamente económico, pro la Constitución de Weimar asumíó junto con la sanción y garantía de derechos individuales de carácter político, el reconocimiento de los derechos sociales y económicos. Es el marco jurídico fundamental xa la estructura y funcionamiento de la actividad económica (Stc 1/1982 TC). Integrada por:

Derechos y libertades económicas de carácter individual


Propiedad privada y herencia (33) libertad de empresa (38), libre elección de profesión (35): (Si bien, su desempeño se producirá en las condiciones legalmente previstas. A los abogados se les exige la colegiación obligatoria, en garantía de los derechos de los consumidores (STC de 16 de Julio de 2018) y es libre optar por esta profesión, pro, se can imponer la llevanza obligatoria de asuntos de turno de oficio. (STC de 4 de Octubre de 2018).

Poderes de intervención de los poderes públicos sobre la economía:


 iniciativa pública económica (182.2), reserva de recursos y servicios esenciales, intervención de empresas y planificación económica.

Objetivos en un marco de un Estado social y democrático


Promoción de la libertad e igualdad reales y efectivas (9.2), Promoción de las condiciones favorables xa el progreso social y económico y xa una distribución de la renta regional y personal + equitativa (40.1), Política orientada al pleno empleo, Modernización de sectores económicos, la agricultura, ganadería, pesca y artesanía, Atender a las necesidades colectivas y equilibrar el desarrollo regional y sectorial, Estimular el crecimiento de la renta y justa distribución.

STC 37/1981: La Constitución Española contiene un “marco jurídico fundamental xa la estructura y funcionamiento económica”.

STC 1/1982: La CE fija objetivos económicos exigiendo la adopción de medidas de política económica aplicables a todo el territorio

El efecto de estas medidas db procurarse por los poderes públicos no solo en las relaciones de la Administración con los ciudadanos (“efecto vertical”), sino como “efecto horizontal”, de los ciudadanos entre sí. (Cfr. Estatuto de los Trabajadores)

Ppio de la Unidad de Mercado

Ordena un espacio económico único no fraccionado a semejanza del espacio económico común establecido en la UE.

Art. 139.2 CE: Ninguna autoridad podrá adoptar medidas q directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español.

Art. 157.2 CE: Las Comunidades Autónomas no podrán en ningún caso adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio o q supongan obstáculo xa la libre circulación de mercancías o servicios.

La exigencia de “unidad” no supone uniformidad. Solo se prohíben las medidas q obstaculizan la libre circulación, no se prohíben las q simplemente “inciden”, wen persiguen fines legítimos. (Exigir la acreditación del conocimiento la lengua “propia” wen se aspira a ser funcionario autonómico). La Ley 20/2013 de Garantía de la Unidad de Mercado tenía como objetivo reducir la diversidad legistativa surgida por las disposiciones emanadas por las CCAA. Como desventajas apunta q la diversidad normativa impide aprovechar economías de escala y desincentiva la inversión, reduce la competitividad, la productividad, el crecimiento económico, el empleo y el bienestar.

El esqma regulatorio de la Ley: Reducción de supuestos de control previo; Eficacia nacional de los actos administrativos o comunicaciones dirigidas a una concreta autoridad. Alta en un Colegio de Abogados de España xa poder ejercer en todo el territorio. (afecta al ámbito subjetivo); Fomento de la cooperación interadministrativa; Garantías administrativas y jurisdiccionales (un procedí administrativo de defensa de la unidad de mercado, la impugnación por la vía del nuevo proceso en defensa de la Unidad de Mercado” (ref. Art. 110 LJCA), comisiones bilaterales si la Administración del Estado considera excedidas las competencias autonómicas e impugnación ante el TC –Art. 161.2 CE-.

La STC 79/2017, sobre la Ley 20/2013 ha anulado los preceptos q establecían el ppio de “eficacia en todo el territorio nacional de los requisitos establecidos por una CCAA xa el acceso al mercado de los operadores o de los bienes. Xa establecer una “licencia única”, previamente, exige q el Estado establezca estándares mínimos comunes por la vía de los arts. 149. 1 y 13 de la CE. También anula la potestad prevista en el art.
12 de la Ley de atribuir eficacia suspensiva de los actos administrativos aprobados por CCAA en el caso de impugnación contencioso-administrativa por la CNMC, por falta de cobertura constitucional.

Doctrina del Tribunal Constitucional sobre la Unidad de Mercado

La defensa de la competencia

STC 71/81, de 30 de Noviembre: Se trata de una manifestación del ppio de unidad de mercado. Comprende toda la legislación sobre la defensa mediante la prevención y represión de las situaciones q constituyan obstáculos creados por decisiones empresariales xa el desarrollo de la competencia de mercado. Tiene por finalidad eliminar prácticas entre empresas q sean susceptibles de obstaculizar la libre concurrencia en el mercado. Actualmente, rige la Ley 15/2007, de 3 de Julio, de Defensa de la Competencia.

Distribución de competencias entre Estado de CCAA

La competencia sobre comercio interior se atribuye a las CCAA, sin perjuicio de la legislación del Estado sobre defensa de la competencia. Le corresponde al Estado toda La distribución de competencias Estado –CCAA, can esqmatizarse como sigue:  Ad. Estado: Derecho Mercantil. Art. 149.1.6 CE. Ad. CCAA: Comercio interior. Defensa de la competencia, q corresponde a la Administración del Estado ex. Art. 149.1.13, en tanto  “bases y coordinación de la planificación gral de la actividad económica” y a las CCAA su ejecución en los términos de sus Estatutos de Autonomía. Ad. Estado:  Órgano: Ley 3/2013, de 4 de Junio, de Creación de la CNMC Materia: Ley 1/2002, de 21 Febrero de Coordinación de la competencia del Estado y las CCAA en materia de defensa de la competencia. Art. 1 L. 1/2002: Puntos de conexión (criterios xa apreciar la existencia de alteración de condiciones de mercado): Afección a la unidad de mercado nacional, por cuota de mercado de la empresa, modalidad y alcance de la restricción, efectos sobre competidores o consumidores y usuarios. Wen afecta a solidaridad interterritorial, libertad de circulación, igualdad.

Mecanismos resolución conflictos: Junta Consultiva de Resolución de Conflictos. Órgano consultivo especializado con representantes de ambas Admin q emite un informe no vinculante en 15 días. Pasado el plazo sin acuerdo, se can plantear el conflicto de competencia ante el TC previsto en el Art. 161 CE. Consejo de Defensa de la Competencia: Mecanismo de colaboración, coordinación e información recíproca, de aplicación uniforme de la legislación de defensa de la Competencia y de garantía de la unidad de Mercado.

Orden económico de la Uníón Europea

Ppios: El mercado, igualdad y libertad de acceso al amparo de circulación de mercancías, personas, servicios y capitales

Libre competencia


Prohibición de todos los acuerdos entre empresas y las prácticas concertadas q cann afectar al comercio entre los EEMM y q tengan por objeto impedir o falsear la competencia dentro del mercado interior; prohibición de la explotación abusiva por parte de una empresa en posición dominante; proclamación del ppio de igualdad entre empresa pública y privada 101ss TFUE

Preservación de los servicios de i económico gral por su papel en la promoción de la cohesión social y territorial


Art. 14: Sin perjuicio del art 4 del TUE y de los art 93, 106 y 107TFUE, y a la vista del lugar q los servicios de i económico gral ocupan entre los valores comunes de la Uníón, así como de su papel en la promoción de la cohesión social y territorial, la Uníón y los Estados miembros, con arreglo a sus competencias respectivas y en el ámbito de aplicación de los Tratados, velarán por q dichos servicios actúen con arreglo a ppios y condiciones. El Parlamento Europeo y el Consejo establecerán dichos ppios mediante reglamentos, con arreglo al procedí legislativo ordinario, sin perjuicio de la competencia q incumbe a los Estados miembros, dentro del respeto a los Tratados, xa prestar, encargar y financiar dichos servicios.

106 TFUE Los EEMM no adoptarán, respecto de las empresas públicas y aqllas empresas a las q concedan derechos especiales ninguna medida contraria a las normas de los Tratados, especialmente las previstas en los artículos 18 y 101 a 109.

107: Salvo q los Tratados dispongan otra cosa, serán incompatibles con el mercado interior, en la medida en q afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, q falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones. Neutralidad respecto del régimen de propiedad (Art. 345 TFUE). CDFUE. Tienen el valor de los Tratados.: Art. 15, Libertad profesional y derecho al trabajo. Art. 16: Libertad de Empresa. Art. 17: Propiedad. Art.  21: Prohibición de discriminación

Instrumentos de intervención económica

Art. 128 CE: 1. Toda la riqza del país, en sus distintas formas y cualquiera q fuere su titularidad, está subordinada al i gral. 2. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante Ley se podrá reservar al Sector público recursos esenciales, especialmente, en caso de monopolio y, acordar la intervención de empresas wen así lo exigiera el i gral.

LA INICIATIVA ECONÓMICA PÚBLICA

Potestad discrecional por la q los poderes públicos cann ejercer actividades en el mercado en pie de igualdad con la iniciativa privada.

Ppios: Igualdad, Concurrencia, No discriminación con la empresa privada, Se ha eliminado el ppio de subsidiariedad.

STC 20 Junio 2006: Can hacerse aun wen la oferta privada sea suficiente o adecuada, en cuanto a los ppios de la “Constitución Económica”.  Han de respetarse las reglas de la libre competencia, si bien el ppio se relativiza wen se trata de satisfacer el i gral. STJUE Corbeau, 1993 y Almelo, 1994. Ejemplo de actividad i gral: Las Universidades Públicas

LA RESERVA DE RECURSOS Y SERVICIOS ESENCIALES

Art. 128. 2 CE: Mediante Ley se podrá reservar al Sector Público recursos y servicios esenciales wen así lo exigiere el i gral (…)

La privatización y liberalización ha transformado el concepto clásico subjetivo de servicio público por la noción de servicio universal y la atención de las obligaciones propias del servicio público.

UE: Diferencia servicios económicos de i gral, a los q se aplican las normas de mercado, y los no económicos excluidos de las normas de mercado y de la competencia. El TJUE va caso por caso.

Estados miembros: Configuración de acuerdo con los ppios de transparencia y no discriminación.

Artículo  14 (antiguo  artículo  16  TCE): Sin  perjuicio  del  artículo  4  del  Tratado  de  la  Uníón  Europea  y  de  los  artículos  93,  106  y  107  del  presente  Tratado,  y  a  la  vista  del  lugar  q  los  servicios  de  i  económico  gral  ocupan  entre  los  valores  comunes  de  la  Uníón,  así  como  de  su  papel  en  la  promoción  de  la  cohesión  social  y  territorial,  la  Uníón  y  los  Estados  miembros,  con  arreglo  a  sus  competencias  respectivas  y  en  el  ámbito  de  aplicación  de  los  Tratados,  velarán  por  q  dichos  servicios  actúen  con  arreglo  a  ppios  y  condiciones,  en  particular  económicas  y  financieras,  q  les  permitan  cumplir  su  cometido.  El  Parlamento  Europeo  y  el  Consejo  establecerán  dichos  ppios  y  condiciones  mediante  reglamentos,  con  arreglo  al  procedí  legislativo  ordinario,  sin  perjuicio  de  la  competencia  q  incumbe  a  los  Estados   miembros,   dentro   del   respeto   a   los   Tratados,   xa   prestar,   encargar   y   financiar   dichos   servicios.

El art. 128. 2 CE permite eliminar la iniciativa  privada por razones de i gral, de forma q el poder público asume con exclusividad la  titularidad de una determinada actividad, servicio o recurso. La pertinencia de esta medida db evaluarse por los poderes públicos.

La reserva can referirse al sector, a fin de imponer poderes de intervención gral respecto de la actividad privada en el ámbito reservado o comprender la reserva de gestión del servicio mismo.

LA INTERVENCIÓN DE EMPRESAS

Art. 128 CE: Permite la intervención de empresas wen así lo exigiere el i gral.

Fundamento: Art, 1.1 CE: “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho (…)”

Concepto: La medida consiste en la sustitución de los órganos de gestión de la empresa en situación de crisis sin incidir en los elementos patrimoniales q la forman. La titularidad es mantenida por el agente privado, pro la administración asume la gestión.

Requisitos: habilitación legislativa. “Mediante ley”. (Cabe Decreto-Ley). Exigencia de obedecer a la satisfacción del i gral.

Se ha venido realizando como actuación excepcional, transitoria, en atención al i gral y con vistas al restablecimiento de la situación de normalidad. Ejemplo: Intervención de Bankia

LA PLANIFICACIÓN ECONÓMICA

Art. 131.1 CE: “El Estado, mediante Ley, podrá planificar la actividad económica gral xa atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y la riqza y su + justa distribución.”

Es una técnica de intervención del Estado en la economía. Ejemplo: planes quinqnales comunistas.

La situación se ha transformado Actualmente, se opta por la llamada planificación indicativa “francesa”. Massé: “Vía media, q concilia el respeto a la libertad y a la iniciativa individual con una orientación común del desarrollo”.

Razones de desuso:

-Era un instrumento xa combatir el atraso. Alcanzado un grado de desarrollo, esta función deja de tener sentido.

-Es de difícil aplicación en el Estado descentralizado. La creación de estructuras económicas se gestiona por la vía de la redistribución del gasto público. (Recordar q el gasto público se desarrolla en el marco del ppio de estabilidad presupuestaria previsto en el art. 135 CE, desde la reforma de 27 de Septiembre de 2011)

El art. 131 CE en España no se ha aplicado con carácter gral. Se establecen planificaciones sectoriales, como los planes hidrológicos, planes de ordenación del territorio, o las redes de carreteras e infraestructuras. (Ejemplo: Me remito a lo q vimos sobre la Legislación del Suelo en el tema de expropiación forzosa.)

También hay una acción planificadora autonómica (sectorial). 

Art. 52.1 EEAA CCAA VV: “De acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica gral, corresponde a la Gralitat (…) la competencia exclusiva en las siguientes materias: 1º Planificación de la actividad económica en la Comunitat Valenciana.”