Tras el Tratado de Valençay, Fernando VII regresó a España. Pero el rey no aceptó el tratado ni las reformas legislativas llevadas a cabo en Cádiz. Era incapaz de abordar los graves problemas de España tales como la crisis económica de un país destrozado por la guerra;
Independencia de las colonias americanas, y la división irreconciliable del país entre defensores del liberalismo y los del absolutismo. Entre 1814 y 1820 tuvo lugar el sexenio absolutista. Fernando VII no regresó a Madrid para jurar la constitución, como esperaban los liberales, si no que fue a Valencia, coincidiendo su llegada con la publicación del Manifiesto de los Persas, firmado por diputados absolutistas que le piden volver al Antiguo Régimen.
Esto se consigue con el Golpe de Estado de Mayo, que llevó al exilio a liberales y afrancesados. Se produjo la restauración de viejas instituciones, del régimen señorial y de la Inquisición.
Además, España se enfrentaba en esos momentos a una guerra abierta por la independencia de las colonias americanas. Por otro lado, a la inestabilidad que provocaban los continuos cambios de gobierno, se le sumaba la quiebra de la Hacienda, cuya deuda se debía especialmente a la guerra en América. Martín de Garay intentó remediar el desastre con un sistema de contribución única y proporcional a los ingresos, aunque fracasó por la oposición de los privilegiados.
La crisis económica provocada por la guerra en América debilitaba a los gobiernos de Fernando VII, pero para solventarla era preciso reformar la Hacienda real, a lo que se negaban los grupos en los que se apoyaba el absolutismo.
La represión iniciada en Mayo de 1814 no detuvo la acción de los sectores liberales. Se inició así una larga serie de pronunciamientos militares que caracterizaron todo el Siglo XIX español.
Los liberales sabían que su debilidad era la carencia de apoyo popular, así que contaron con un ejército de antiguos guerrilleros y con la burguésía. La conexión de los grupos civiles, agrupados con frecuencia en logias masónicas, y los militares descontentos se tradujo en os sucesivos pronunciamientos: Espoz y Mina, Porlier, Lacy…, todos ellos fracasados. En 1820 se sublevó el ejército acantonado en Las Cabezas de San Juan, dirigido por Rafael del Riego. Tras su pronunciamiento, Fernando VII tuvo que jurar la Constitución de 1812, formó un gobierno integrado por destacados liberales y se inició una labor legislativa que recuperaba muchos decretos de las Cortes de Cádiz. Comenzaba así el trienio liberal (1820 – 1823).
Se instauró un sistema político liberal en el que se adoptaron medidas como la libertad de los presos políticos, la supresión de la Inquisición, la vuelta a sus cargos de las autoridades constitucionales en ayuntamientos y diputaciones provinciales, la convocatoria de elecciones a Cortes y la creación de la Milicia Nacional. Fue un período de reformas políticas y económicas que utilizó a la prensa y a las sociedades patrióticas (vinculadas a la masonería) como vehículos de expresión fundamentales. Asimismo se pretendía la abolición del régimen feudal en el campo y liberalizar la industria y el comercio. Se intentó también la modernización política y administrativa.
Las diferencias entre el gobierno y las juntas dividieron el movimiento liberal, pudiendo distinguir así entre liberales moderados (hacían reformas sin enemistarse con el rey) y liberales exaltados (pretendían acelerar las reformas aunque se enemistaran con el rey y provocaran a los partidos del Antiguo Régimen). Esta división condiciónó la actuación política. Fueron los moderados los que mantuvieron el poder en este período.
Las sociedades patrióticas, vistas como una amenaza revolucionaria, fueron suprimidas, aunque en la práctica siguieron actuando. Los moderados pretendían reformar en sentido conservador la Constitución de 1812 mediante la introducción del sufragio censitario y la creación de una segunda cámara, aunque fracasaron.
De entre las medidas de los gobiernos moderados destacó la ley de supresión de órdenes monacales y reforma de regulares, la abolición de los gremios y libertad de industria, la desamortización de los bienes de la Iglesia, la supresión de las vinculaciones y mayorazgos, la reforma del sistema fiscal y la redacción del código penal.
A las conspiraciones protagonizadas por los exaltados, se sumaron las intrigas del rey y la acción de la guerrilla realista: los campesinos pierden su derecho a la tierra y han de pagar rentas e impuestos en metálico (se sienten más pobres) y la nobleza y el clero animan a la creación de partidas realistas como la de Seo de Urgel en 1822. A todo ello se sumaban la guerra de independencia de las colonias, las maniobras internacionales de la Santa Alianza y la permanente crisis económica. Hubo un intento de Golpe de Estado protagonizado por la Guardia Real, a partir de lo cual se formaron gobiernos de liberales exaltados y aumentó la presión internacional sobre el régimen constitucional.
La decisión de Luis XVIII de enviar el ejército de los Cien Mil Hijos de San Luis puso fin al trienio liberal. Así, Fernando VII volvía a instaurar su poder absoluto y ordenaba una persecución implacable contra los liberales. Antes de regresar a Madrid como rey absoluto, ordenó ejecutar en dicha ciudad al general Rafael del Riego. Daba así comienzo la década “ominosa” (1823 – 1833) considerada como uno de los períodos más negros de nuestra historia.
Se produjo de nuevo una represión política de los liberales, provocando su exilio. Entre las personas exiliadas se encontraba lo más selecto de la clase media ilustrada y liberal: Galiano, conde de Toreno, Martínez de la Rosa, Mina, Torrijos, etc.
El aparato represivo del Estado absolutista se articulo en torno a cuatro instrumentos básicos:
- La creación de la Superintendencia General de Policía y de las comisiones militares, que se ocuparon de la depuración de funcionarios y militares.
- El cuerpo de voluntarios realistas era una milicia absolutista opuesta a la Milicia Nacional de los liberales. El odio social hacia los ricos, identificados con los liberales, fue la base ideológica de este cuerpo.
- Los tribunales de justicia condenaban por “delitos” como decir ¡Viva la libertad! o poseer símbolos liberales.
- Las Juntas de Fe, herederas de la Inquisición, actuaron en algunas diócesis a las órdenes de los obispos.
Estos instrumentos represivos fueron los que dieron nombre a esta década (“ominosa”).
Las instituciones anteriores a 1820 fueron restablecidas, aunque algunas no subsistieron, como la Inquisición o el consejo de Estado, que desaparecíó. El propio monarca era consciente de que debía modernizarse, aunque a través de un despotismo anacrónico. La labor de los gobiernos se centró, junto a la labor represiva, en la reforma de la Hacienda y la administración. Un agravante de esta situación fue la pérdida definitiva de las colonias americanas. Luis López Ballesteros llevó a cabo una reforma fiscal que consistíó en el diseño de los primeros presupuestos del Estado de la Historia de España, la creación de la Real Caja de Amortización y del Tribunal de Cuentas, la reducción de la deuda pública, entre otras.
Los ultraconservadores se agruparon en torno al hermano del rey: Carlos Mª Isidro, lo que provocó las sucesivas insurrecciones carlistas, y se produjo el levantamiento de partidas realistas en Cataluña: Els Malconents en 1827. En 1830 nacíó la hija del rey, y para asegurar la sucesión, éste derogó la Ley Sálica a través de la Pragmática Sanción que permite el acceso de Isabel II al trono. Los carlistas no aceptan la pragmática y hacen que reponga la Ley Sálica en 1832, pero finalmente, presionado por los anticarlistas, revocó dicho documento, cambió el gobierno por uno más moderado y dejó como heredera a su hija Isabel.
Estaba en juego un modelo u otro de sociedad: los carlistas defienden el Antiguo Régimen y la regente Mª Cristina tendrá que apoyarse en los liberales para asegurar el trono de su hija. Finalmente Carlos se proclama rey dando comienzo la primera guerra carlista (1833-40).