Mientras los países más avanzados de Europa entraban en el Siglo XIX en una acelerada industrialización con firmes instituciones liberales, tanto a nivel político (Parlamentos, que legislaban a favor de esta actividad) como a nivel económico (predominio del laissez-faire), España se refugiaba en el despotismo ilustrado anacrónico entre 1814 y 1833.

A partir de entonces con la instauración del liberalismo habrá una cierta apuesta por la industrialización pero insuficiente, de modo que la industrialización en España no fue tan importante como en los países europeos más avanzados. En primer lugar, porque afectó principalmente a solo dos regiones: Cataluña y el País Vasco.

Este retraso industrial puede deberse a: falta de poder adquisitivo de la población, proteccionismo excesivo, falta de inversión en el sector industrial, malas comunicaciones terrestres, escasez de fuentes de energía, pérdida de las colonias.

El relieve peninuslar dificultó las comunicaciones y encarecíó el transporte, impidiendo la articulación  de mercado nacional y dispersión de materias primas. El carbón era de mala calidad. En el campo, el campesinado español mantiene una mentalidad conservadora,, el régimen de la propiedad de la tierra dificultaba la necesaria revolución agraria que impulsase al rev. Industrial, las grandes propiedades latifundistas, las tierras amortizadas en posesión de manos muertas impedían el despegue agrícola y el trasvase de recursos hacia la industria. Y la falta de capitales para financiar la necesarias innovaciones técnicas.

Algunos de estos problemas se fueron resolviendo a lo largo del Siglo XIX, pero de todos modos la industrialización española fue lenta, débil y tardía, si la comparamos con los países más avanzados, en tal sentido, de Europa.

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A principios del Siglo XX el sistema político de la Restauración seguía vigente. Sus fundamentos eran una monarquía liberal pero no democrática que descansaba en la Constitución de 1876. Este sistema había funcionado con bastante estabilidad gracias al pacto entre los dos grandes partidos dinásticos (Conservador y Liberal) para alternarse pacíficamente en el gobierno.

Pero a finales del Siglo XIX, una corriente ideológica, el regeneracionismo, denunció los vicios del sistema, dominado por una oligarquía, y realizó una serie de propuestas para la modernización política, social y económica de España.

Cuando Alfonso XIII accedíó al trono en 1902, los partidos dinásticos habían optado por líderes regeneracionistas: Maura en el Conservador y Canalejas en el Liberal. En el llamado “gobierno largo” de Maura (1907 – 1909), este puso en marcha su “revolución desde arriba”. Se trataba de hacer hondas reformas del sistema liberal-parlamentario, pero sin alterar las bases del régimen.

Su programa más importante fue el proyecto de ley de administración local, que contemplaba una mayor autonomía para las corporaciones locales y la posibilidad de crear mancomunidades locales y provinciales. Su programa incluyó otras disposiciones, como una política de intervención estatal y de protección y fomento de la industria nacional; y medidas sociales, como la creación del Instituto Nacional de Previsión, la ley de descanso dominical y la legalización de la huelga.

Por su parte, Canalejas, emprendíó el intento más importante de regeneración del sistema para lograr su progresiva democratización y ampliar sus bases sociales. Intentó la secularización del Estado (“Ley del Candado” 1910) y la intervención en materia social (reducción de las jornada laboral; ley de accidentes de trabajo; prohibición del trabajo femenino nocturno; supresión del impuesto de consumos por otro progresivo de las rentas urbanas; desaparición de la redención en metálico del reclutamiento, etc).