Seguridad Líquida y Bipolar (Bauman)
Parafraseando a Zygmunt Bauman, la concepción tradicional de la seguridad pública como algo sólido y estable se ha transformado en un orden líquido, incierto, que se extiende sin asentarse en una forma definida. Las políticas e instituciones de seguridad deben adaptarse continuamente a una realidad cambiante. La seguridad pública se mueve en esta dimensión intangible y líquida, pero también entre dos polos: el gran crimen y el pequeño ilícito. Los pequeños incumplimientos de la norma conllevan costes ocultos, y la actuación de las fuerzas de seguridad se sitúa en este escenario bipolar, con cuerpos especializados para cada ámbito.
Sociedad del Riesgo y Cultura de Incertidumbre
Las transformaciones económicas, sociales y políticas han dado lugar a la noción de “sociedad del riesgo”, que describe los nuevos problemas de las sociedades avanzadas sujetas a las consecuencias desestabilizadoras de la modernidad. Según esta doctrina, los nuevos riesgos se deben a la intervención humana y sus efectos, que no han sido controlados totalmente. Lo que caracteriza al riesgo moderno es que su causa última se encuentra en las decisiones de los individuos. Esto genera una cultura de incertidumbre.
Sistema Integrado de Seguridad
El sistema de seguridad de un Estado se configura como un sistema cuyos pilares establecen una serie de principios y valores sociales, un sistema de protección que asegura la existencia y el funcionamiento de todo el sistema. Un Sistema Integrado de Seguridad abarca:
- Un modelo de seguridad civil o de libertades.
- Un modelo de seguridad propiamente dicho.
- Un determinado modelo policial.
Competencias en Materia de la Administración General del Estado
El responsable político de la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es el Ministro del Interior. El Ministro del Interior ejerce el mando superior de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y dirige la administración general de la seguridad ciudadana. Al Ministerio del Interior le corresponde:
- La preparación y ejecución de la política del Gobierno en relación con la administración general de la seguridad ciudadana.
- La promoción de las condiciones para el ejercicio de los derechos fundamentales, especialmente en relación con la libertad y seguridad personal, en los términos establecidos en la Constitución Española y en las leyes que los desarrollen.
- El mando superior, y la dirección y coordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
- El control de las empresas y el personal de seguridad privada.
- El ejercicio de las competencias que, en el ámbito policial, le atribuye la legislación vigente en materia de extranjería.
- El régimen de asilo, refugio, régimen de apátridas y protección a desplazados.
- La administración y régimen de las instituciones penitenciarias.
- La realización de las actuaciones necesarias para el desarrollo de los procesos electorales.
- El ejercicio de las competencias legalmente atribuidas sobre protección civil.
- La administración general de la policía de circulación y de la seguridad vial.
El Modelo Policial Español: Civil, Profesional y de Servicio Público
El modelo policial español se caracteriza por ser:
Civil
Está bajo dirección civil y se integra en la Administración civil. Esto implica la desmilitarización del orden público, distinguiendo los ámbitos civil y militar con funciones distintas para las Fuerzas Armadas y las de Seguridad del Estado. La Guardia Civil presenta un carácter dual al ser un instituto armado de naturaleza militar pero dependiente del Ministro del Interior para el desempeño de funciones civiles de seguridad.
Profesional
Tiene asignada una misión de servicio público que es la protección de los derechos e intereses legítimos de la ciudadanía. Esta profesionalidad se plasma en la asunción del modelo funcionarial.
De Servicio Público
Se orienta a la satisfacción del interés general en un sentido amplio. La seguridad pública constituye un servicio público a la comunidad. Además, el modelo español es plural, coexistiendo cuerpos policiales centralizados con cuerpos autonómicos.
Objetivación de la Responsabilidad
Los requisitos para que pueda declararse la responsabilidad patrimonial de la Administración son:
- Daño antijurídico: contrario a derecho.
- Daño efectivo y evaluable: daños reales y cuantificables económicamente.
- Daño individualizado: debe recaer en una persona o grupo de personas concreto.
- Daño imputable a la Administración: debe existir un nexo causal directo, inmediato y exclusivo entre el funcionamiento normal o anormal del servicio público y el daño producido.
Responsabilidad objetiva y culpa: el sistema es objetivo y excluye, en principio, la idea de culpa para determinar el derecho a indemnización.