Carlos III y el Despotismo Ilustrado: Reformas, Resistencia y la Expulsión de los Jesuitas

Carlos III y la Práctica del Despotismo Ilustrado

Los Límites del Reformismo: El Motín de Esquilache

El reinado de Carlos III (1759-1788) fue decisivo para el desarrollo de las políticas reformistas, pues supuso la instauración en España del Despotismo Ilustrado. Este sistema, dirigido por equipos de reformistas, se inspiró en pensadores de la época; era racional y antitradicionalista, es decir, ilustrado por un lado, e inmovilista y antidemocrático por otro, ya que no pretendía cambiar la estructura jerárquica de la sociedad ni alterar el sistema político absolutista.

Limitaciones del Despotismo Ilustrado

El despotismo ilustrado presentaba una serie de limitaciones:

  • Falta de decisión para aplicar las reformas.
  • Retrocesos ante las resistencias suscitadas por estas reformas.
  • Exceso de leyes y decretos sin aplicación práctica.
  • Medidas que lograban efectos opuestos a los pretendidos.

Pero la mayor limitación fue presupuestaria, pues los cambios se abordaron en un periodo de continuas guerras con el Reino Unido. La falta de recursos afectó a muchos de estos proyectos y endeudó a la Hacienda estatal, hipotecando incluso reinados posteriores. Para llevar a cabo su política, el monarca se rodeó de un equipo de secretarios que se denominaron ministros. Entre estos, algunos procedían del reinado anterior y otros, como el Marqués de Esquilache y el Marqués de Grimaldi, de su etapa italiana. Sin embargo, los ministros italianos promovieron el ascenso de políticos españoles en el Consejo de Castilla: Pedro Rodríguez Campomanes y José Moñino (luego Conde de Floridablanca).

El Perfil de los Reformistas Españoles

Campomanes y Floridablanca son dos figuras representativas de los políticos que protagonizaron este reinado: hidalgos sin grandes recursos que se ganaban la vida como abogados. Habían estudiado en la universidad sin la colaboración de los elitistas colegios mayores y, por tanto, sin el apoyo de los jesuitas y los aristócratas que los controlaban.

El Estallido del Motín de Esquilache (1766)

Durante los primeros años del reinado de Carlos III, la política de reformas fue impulsada por un gobierno dirigido por extranjeros; esto suscitaba la oposición de los privilegiados y también las protestas del pueblo, que percibía las reformas como medidas de importación que alteraban costumbres tradicionales de la sociedad española.

En este contexto, cualquier medida impopular implicaba un gran riesgo para el gobierno, como sucedió con el incremento de los impuestos y del precio del trigo (y por tanto del pan), subidas motivadas por los problemas económicos de la guerra con el Reino Unido. Como consecuencia, en marzo de 1766 estalló una revuelta popular en Madrid, conocida como el Motín de Esquilache.

La excusa que desencadenó el conflicto fue un decreto de la policía urbana en el que se insistía sobre la necesidad de cumplir una antigua norma que exigía el abandono de las capas largas y los sombreros gachos.

La norma iba, pues, dirigida a reducir la criminalidad y formaba parte de un conjunto de actuaciones de renovación urbana (limpieza de calles, alumbrado público nocturno, alcantarillado) que también eran rechazadas. El pueblo madrileño asaltó las casas de Esquilache y Grimaldi y se enfrentó a los valones de la Guardia Real.

El empedrado de las calles fue levantado, y los faroles destruidos. Carlos III apaciguó la revuelta prometiendo al pueblo que el ministro italiano sería destituido y las medidas anuladas. Garantizó la rebaja de los precios de los comestibles y la supresión de la guardia valona.

Consecuencias del Motín de Esquilache en la Política Reformista

El Motín de Esquilache imprimió un giro político al reinado de Carlos III. Las consecuencias más importantes fueron:

  1. Reformas más Prudentes y Ascenso de Ministros Nacionales

    El rey anuló las promesas que había hecho a los amotinados y solo cesó a Esquilache; además, llevó a cabo una dura represión y mantuvo la política de reformas, aunque aplicadas con mucha más prudencia. Los principales beneficiados fueron Campomanes y Floridablanca. Este último desempeñó un cargo similar al de omnipotente primer ministro (1777-1792) y creó la Junta Suprema de Estado (1787), precedente del Consejo de Ministros.

  2. Creación de Nuevos Cargos Municipales

    En los ayuntamientos fueron instituidos tres nuevos cargos elegidos por los ciudadanos para que los protegieran y velaran por sus intereses:

    • El Procurador Síndico Personero, que haría de portavoz de los vecinos.
    • El Diputado del Común, que vigilaría los abastos.
    • Los Alcaldes de Barrio, que se ocuparían del cumplimiento de las ordenanzas.

    Estos cargos fueron pronto absorbidos por las oligarquías que controlaban las funciones municipales.

  3. Aplicación del Regalismo y Expulsión de los Jesuitas

    Se mantuvo la política regalista iniciada por Esquilache, aunque se aplicó gradualmente. Los jesuitas fueron las principales víctimas del motín, pues se les acusó de organizarlo, y fueron expulsados del reino en 1767. Antes lo habían sido de Portugal y Francia. Carlos III presionó incluso al Papado para que disolviera la Compañía de Jesús (1773). Con esta medida, la monarquía se libraba de una importante oposición intelectual a la Ilustración.

    Los miembros de la Compañía de Jesús controlaban la enseñanza secundaria y universitaria; la única autoridad eclesiástica a la que obedecían era al Papado. Su expulsión fue una advertencia para los enemigos del absolutismo y de sus reformas. La medida fue apoyada por un sector del clero, en particular por las órdenes religiosas rivales, como los dominicos y los agustinos. A continuación, fueron reformadas las universidades controladas por los jesuitas; se modificaron los planes académicos dando más importancia a las ciencias y a la medicina, y se reorganizaron los colegios mayores. También se limitó la actuación de la Inquisición; sin embargo, esta institución conservó su poder.

  4. Medidas Respecto a la Nobleza

    Se mantuvieron los privilegios de la nobleza y los derechos señoriales. La única medida relevante fue la que limitaba el número de hidalgos, obligándolos a demostrar su condición. Esta medida, conocida como el «desmoche de hidalgos», hizo que pasaran de 700.000 a 400.000. También se les instó a desarrollar un trabajo productivo, declarando honestas las profesiones manuales y el comercio (1783). Por el contrario, se aumentó el número de títulos nobiliarios, premiando con ellos a los que habían destacado en la administración del reino. Así, se abría la nobleza al talento y al dinero.