La Primera Guerra Carlista (1833-1840)

La Primera Guerra Carlista fue un conflicto fundamental en la construcción del Estado liberal español, dividida en tres fases principales.

Fases de la Guerra

Primera Fase: Adhesión y Organización (1833-1835)

Se produjo una rápida adhesión, entre otoño de 1833 y verano de 1835, a la causa de Carlos María por parte de campesinos de los territorios vascos, navarros y catalanes, así como en la zona levantina del Maestrazgo, afectados por las leyes del Trienio Liberal. El militar carlista Tomás Zumalacárregui realizó un gran esfuerzo organizativo, lo que le otorgó la jefatura de los ejércitos del norte. Zumalacárregui murió tras un inútil asedio de la ciudad de Bilbao, en junio de 1835.

Segunda Fase: Expansión y Repliegue (1835-1837)

Se extendieron las operaciones militares a todo el territorio nacional entre el verano de 1835 y el otoño de 1837. Adquirieron gran importancia las campañas del general carlista Miguel Gómez, que llegó hasta Cádiz. El propio Carlos asedió Madrid, donde confluyó con Ramón Cabrera, pero al no poder conquistar la ciudad, las tropas carlistas se replegaron hasta la zona del Ebro.

Tercera Fase: Desgaste y Convenio (1837-1839)

Como consecuencia del desgaste de las tropas carlistas a finales de 1837, se produjeron distensiones en su seno, que propiciaron los acuerdos con los ejércitos de María Cristina. Esto se plasmó en el Convenio de Vergara, alcanzado entre Maroto (carlista) y Espartero (cristino) el 31 de agosto de 1839. Este acuerdo ofreció la posibilidad de retiro de los militares carlistas o su integración en el ejército liberal. El carlismo volvió a brotar en torno a los descendientes de Carlos María.

Consecuencias de la Guerra

• Inestabilidad política en el conjunto del país.
• Protagonismo del ejército en la vida política.
• Ingente movilización de recursos al servicio del conflicto militar, lo que agravó la situación de la Hacienda española.

El Liberalismo Español y las Facciones Políticas

Los Moderados

Representan la oligarquía del liberalismo. Eran defensores de las capas altas de las clases pudientes y aglutinaban las viejas fuerzas del Antiguo Régimen. Su doctrina política se sustentaba en el liberalismo doctrinario, según el cual existían dos fuentes de soberanía: la historia y la nación. Para ellos, el poder debía basarse en la inteligencia y la riqueza. Sus prácticas económicas derivaban del proteccionismo. En esta corriente militaban terratenientes, aristócratas, funcionarios de prestigio, periodistas y antiguos afrancesados.

Los Progresistas

Defensores de la soberanía nacional y de limitar los poderes a la Corona. Eran convencidos partidarios de la autonomía de los municipios y de la Milicia Nacional. Sus prácticas económicas derivaban del librecambismo. La masa popular anticarlista y anticlerical, junto con los sectores más dinámicos de la burguesía nacional, formaron parte de la tendencia progresista. El reducido número de electores impidió el ascenso al gobierno, por eso utilizaron una doble estrategia: la ampliación del cuerpo electoral y los pronunciamientos militares.

Reformas y Marcos Legales

La Desamortización de Mendizábal

A pesar de la victoria en Mendigorría sobre los carlistas, los progresistas se decantaron por una estrategia de movilización dirigida por las juntas, que originó el nombramiento de Juan Álvarez Mendizábal como primer ministro el 14 de septiembre de 1835. Sus principales retos fueron solucionar la situación de la Hacienda y la guerra carlista. Para evitar la quiebra de la Hacienda y hacer frente al carlismo, puso en práctica la desamortización de los bienes eclesiásticos y su posterior venta.

En marzo de 1836, este convirtió todas las propiedades monásticas en bienes nacionales y en junio de 1837, propuso la venta de los bienes inmuebles, junto con la abolición de los diezmos. Este ataque a la propiedad eclesiástica pretendía dar solución a los problemas de deuda pública. La campaña en contra de las propiedades eclesiásticas fue obra, por tanto, de los progresistas y supuso el distanciamiento entre progresistas y moderados, aunque una vez en el poder, estos no devolvieron los bienes a la Iglesia, pero sí ralentizaron su venta.

Marcos Constitucionales

La Constitución de 1837

Consolidó definitivamente el régimen constitucional en España, aunque este experimentase variaciones en el futuro. No fue una modificación de la de Cádiz, sino una nueva Constitución. Constaba de 77 artículos y dos disposiciones adicionales.

La Constitución de 1845

Impuso la ideología, el orden y las instituciones de los moderados. Se sustituyó la soberanía nacional por la soberanía compartida entre la Corona y las Cortes.

El Concordato de la Santa Sede (1851)

La desamortización decretada por Mendizábal había creado tensión entre el Estado español y la Santa Sede. Las relaciones se normalizaron con la llegada de los moderados al poder, con el freno de las medidas desamortizadoras y con el cambio de consideración de la religión católica en el ordenamiento constitucional. El Concordato de la Santa Sede constituyó la base jurídica de las relaciones entre España y el Vaticano. Supuso una racionalización administrativa eclesiástica acorde con la proyectada por los moderados:

• Reducción de las diócesis.
• Establecimiento de la formación de sacerdotes.
• Único matrimonio válido: el celebrado por la Iglesia Católica.
• Garantía del mantenimiento del culto y el pago a los ministros de la Iglesia por parte del Estado.

Supuso el reconocimiento del estado confesional del Estado español, con la prohibición de otros cultos y el compromiso de la Iglesia para no acometer la recuperación de los bienes desamortizados.

El Bienio Progresista y la Crisis Política

El Bienio Progresista (1854-1856)

En febrero de 1854 se produjo el primer pronunciamiento en Zaragoza, que fue reprimido. Una facción de los moderados siguió conspirando en el ámbito militar. Tuvo lugar un movimiento que exigía la subida de los salarios como respuesta al alza de los precios. Los trabajadores reclamaron el derecho de asociación para negociar sus condiciones de trabajo. Se creó una junta, con Madoz a la cabeza, que pedía la abolición de impuestos de consumos y de las quintas militares, así como la importación temporal de grano.

El 28 de julio de 1854, el general O’Donnell se pronunció en Vicálvaro al frente de escasas tropas y tuvo que retirarse. Cánovas del Castillo redactó el Manifiesto de Manzanares, con el fin de atraer a los progresistas, haciendo mención a un conjunto de reformas como la ley de imprenta. Se produjeron levantamientos en Barcelona, San Sebastián, Valencia y Valladolid, dirigidos por las juntas. Tras esto, la reina destituyó a Luis Sartorius. La junta de Madrid ofreció a la reina la posibilidad de conservar la corona destituyendo al gobierno. La reina llamó a Espartero, quien restableció la Constitución de 1837. Asimismo, convocó cortes generales y aplazó las reivindicaciones obreras de libertad de asociación y de impuesto de consumos. Tras el triunfo de Espartero, disolvió las juntas. A su vez, supuso la ruptura con los demócratas revolucionarios.

La Era de O’Donnell (1856)

En 1856, la prensa conservadora caldeó el ambiente acusando a los anarquistas de los disturbios que se produjeron en Valladolid y ante los cuales la Milicia Nacional se mostró tolerante. El ministro de Gobernación tuvo que dimitir ante la presión de la opinión pública y de O’Donnell. La Corona castigó la actitud solidaria de Espartero con el ministro de Gobernación, con su destitución como presidente del Consejo de Ministros.

Le sustituyó O’Donnell, quien estaba interesado en la creación de un partido-puente entre moderados y progresistas. La dimisión de Espartero en julio de 1856 movilizó los batallones de la Milicia Nacional, pero la falta de líderes y el temor de los sectores progresistas a un proceso revolucionario que pusiera en peligro la Corona limitaron la movilización a los barrios del sur de Madrid. La Corona se salvó por la dimisión de Espartero y la violencia con que O’Donnell destrozó las barricadas madrileñas. El nuevo gabinete, presidido por el propio O’Donnell, deshizo la Milicia Nacional y por decreto de 2 de septiembre de 1856, declaró disueltas las Cortes.