Felipe II

El Imperio de Felipe II (1556–1598) alcanzó su máxima extensión territorial, abarcando territorios en Europa, América, Asia y África, pero esa grandeza vino acompañada de graves tensiones políticas y militares. Durante su reinado se enfrentó a conflictos prolongados como la revuelta de los Países Bajos (1568), motivada por la presión fiscal, la represión religiosa y la resistencia a la centralización, que terminó debilitando la posición española en Europa. La rivalidad con Inglaterra culminó en la derrota de la Armada Invencible (1588), y las tensiones con Francia y el control de territorios italianos mantuvieron constante la presión diplomática y militar.

En el Mediterráneo la amenaza otomana fue real pese a la victoria cristiana en Lepanto (1571); y la unión con Portugal (1580) amplió temporalmente el imperio colonial, pero también multiplicó los retos defensivos sobre las rutas comerciales. La vasta extensión territorial complicó la administración: las comunicaciones lentas, la gestión financiera y la burocracia dificultaron la respuesta ágil a crisis locales y aumentaron la carga fiscal sobre los súbditos.

En conjunto, el reinado de Felipe II representa el apogeo territorial de la Monarquía Hispánica y, al mismo tiempo, el inicio de tensiones estructurales —gastos militares, conflictos religiosos y problemas administrativos— que hicieron difícil sostener ese imperio a largo plazo.

Carlos I

Carlos I (1517–1556) heredó un imperio vasto: las coronas de Castilla y Aragón, territorios italianos (Nápoles, Sicilia, Cerdeña), el Rosellón y la Cerdaña, las posesiones en América, el archiducado de Austria y los dominios de los Países Bajos, el Franco Condado y Luxemburgo. Llegó a España en 1517 como un rey extranjero que no dominaba la lengua y que despertó recelos en las Cortes; vino acompañado de consejeros flamencos que ocuparon cargos relevantes. Para financiar sus empresas imperiales convocó Cortes en Castilla, Aragón y Cataluña.

En 1519 fue elegido emperador (como Carlos V) y se enfrentó a un contexto europeo complejo: la expansión del protestantismo en Alemania y los Países Bajos, la ambición francesa en Italia y la amenaza otomana en el Mediterráneo. Defendió la idea de una monarquía cristiana universal en alianza con el Papa y participó en continuas guerras que le obligaron a pasar solo 14 años en España, priorizando su papel imperial sobre el gobierno directo de sus reinos españoles.

La crisis religiosa terminó con la Paz de Augsburgo (1555), que reconoció la potestad de cada príncipe alemán para elegir la religión de su territorio. Agotado por los conflictos y las responsabilidades, abdicó en 1556, cediendo la corona española a su hijo Felipe y los dominios austríacos y el título imperial a su hermano Fernando. Se retiró al monasterio de Yuste, donde murió en 1558.

Estado moderno

Los Reyes Católicos impulsaron la transición de la monarquía feudal al Estado moderno mediante una profunda reforma institucional que centralizó el poder y profesionalizó la administración. Debilitaron la influencia de la nobleza combinando represión y concesiones, recuperaron tierras y rentas, y consolidaron el mayorazgo para garantizar la estabilidad patrimonial sin ceder poder político.

Reorganizaron el gobierno con una estructura jerárquica: un Consejo Real dominado por letrados y juristas como órgano central; las Cortes, convocadas principalmente para aprobar impuestos; los corregidores, que representaban la autoridad real en las ciudades; y las Chancillerías (Valladolid y Granada) como tribunales supremos. Reordenaron la Hacienda para aumentar ingresos mediante impuestos directos e indirectos y crearon un ejército más profesional —con la Santa Hermandad para el orden interno y los tercios como fuerza militar moderna.

En el plano religioso, obtuvieron el patronato regio para nombrar obispos, controlaron las órdenes militares, aplicaron impuestos sobre rentas eclesiásticas y establecieron la Inquisición (1478) dependiente de la Corona. El resultado fue una monarquía fuerte y centralizada, con la religión católica como fundamento ideológico, que sentó las bases del absolutismo y del modelo de gobierno que perduró durante los Austrias.

Guerra de los Treinta Años

La Guerra de los Treinta Años (1618–1648) fue un conflicto europeo de carácter religioso y político que enfrentó al catolicismo y al protestantismo y, sobre todo, a la casa de Austria contra una coalición liderada por Francia y apoyada por potencias como Suecia, Dinamarca y las Provincias Unidas. La guerra concluyó con la Paz de Westfalia, ratificada mediante los tratados de Osnabrück (15 de mayo de 1648) y Múnster (24 de octubre de 1648).

El resultado supuso la derrota de la hegemonía de los Austrias y el fin de la idea de una Europa unificada bajo una monarquía cristiana compartida entre el Papa y el Emperador. Se consagraron principios nuevos en las relaciones internacionales: la soberanía de los Estados, la libertad religiosa para los príncipes alemanes y el equilibrio europeo que favoreció el ascenso de Francia como potencia dominante.

Para la Monarquía Hispánica las consecuencias fueron severas. España quedó al margen de los acuerdos principales, tuvo que reconocer la independencia de las Provincias Unidas en la Paz de Múnster (1648) y, tras prolongar el conflicto con Francia, perdió territorios y prestigio con la Paz de los Pirineos (1659) —entre ellos Rosellón y Cerdaña—, marcando el declive de su hegemonía europea. En conjunto, Westfalia reorganizó el mapa político de Europa y puso fin a las grandes guerras de religión que habían marcado el continente desde 1517.

Rebelión de Cataluña (1640)

La Rebelión de Cataluña (1640), conocida como la Guerra de los Segadores, fue un conflicto clave de la crisis de la Monarquía Hispánica durante el reinado de Felipe IV y la gestión del valido conde‑duque de Olivares. Sus causas principales fueron la política centralizadora de Olivares —especialmente la Unión de Armas que exigía aportes militares y económicos a todos los territorios—, la presión fiscal y el alojamiento forzoso de tropas castellanas en Cataluña, y las tensiones sociales derivadas de abusos y saqueos que agravaron la crisis económica.

El estallido se produjo con el Corpus de Sangre (7 de junio de 1640), cuando los segadores entraron en Barcelona y asesinaron al virrey, desencadenando una revuelta que llevó a las autoridades catalanas a pedir la protección de Francia y a ofrecer la soberanía al rey francés, Luis XIII. La guerra se prolongó más de una década, con combates en el Principado y en la frontera franco‑española; aunque Cataluña fue reincorporada a la Corona en 1652, el conflicto debilitó gravemente la posición española.

Consecuencias principales:

• Fracaso del proyecto centralizador de Olivares y su destitución (1643).
• Pérdida de prestigio y territorios, con la cesión del Rosellón y parte de la Cerdaña en la Paz de los Pirineos (1659).
• Conservación de los fueros e instituciones catalanas como fórmula para evitar nuevas revueltas.

En conjunto, la rebelión evidenció la incompatibilidad entre el intento de centralización y la diversidad jurídica de la Monarquía Hispánica, contribuyendo al declive de su hegemonía europea.

La unión dinástica y la organización política de los reinos

La unión dinástica entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón (1469) supuso el inicio de la Monarquía Hispánica, pero no la creación de un Estado unificado: fue la coincidencia de dos coronas bajo los mismos monarcas. El proceso se desarrolló en un contexto de guerras civiles del siglo XV y de lucha entre la monarquía y la nobleza; tras la Guerra de Sucesión castellana (1475–1479) la victoria de Isabel quedó ratificada por el Tratado de Alcaçovas (1479).

La Concordia de Segovia (1475) reguló la convivencia política: cada monarca mantuvo soberanía efectiva en su reino y se respetaron las leyes, instituciones, lenguas y sistemas fiscales propios de Castilla y de Aragón. Castilla, con mayor población y una economía más dinámica (lana y comercio atlántico), se convirtió en la base económica y política de la monarquía; Aragón conservó su tradición pactista y su fuerte autonomía institucional.

Las incorporaciones de Granada (1492) y Navarra (1512) completaron la unidad territorial peninsular, aunque sin homogeneizar jurídicamente los reinos. Los Reyes Católicos coordinaron una política exterior común y proyectaron la monarquía internacionalmente mediante alianzas matrimoniales, pero mantuvieron la estructura compuesta del reino.

En conclusión, la unión de 1469 no creó un Estado centralizado, sino una monarquía compuesta que estableció una dirección política común y las bases de la España moderna: unidad dinástica y proyección internacional, junto a la pervivencia de la diversidad jurídica y administrativa de cada reino.