El Ocaso del Franquismo y los Primeros Pasos hacia la Democracia (1975-1976)

En los últimos años previos a la muerte de Franco, España se enfrentaba a numerosos problemas: una crisis económica, el conflicto del Sáhara Occidental, escándalos de corrupción y, además, el asesinato de Carrero Blanco por parte de ETA, considerado el único capaz de cohesionar a las distintas facciones del franquismo y asegurar la continuidad de la dictadura. Por otra parte, la oposición al régimen iba en aumento, con huelgas y manifestaciones, el crecimiento de los partidos clandestinos y las discrepancias con ciertos miembros de la Iglesia y el Ejército. Tras la muerte de Franco en noviembre de 1975, la dictadura se percibía inviable, y comenzaron a producirse hechos que desembocarían, dos años después, en la convocatoria de las primeras elecciones democráticas en España desde la II República.

La Proclamación de Juan Carlos I y el Gobierno de Arias Navarro

La situación política en esos dos años evolucionó rápidamente. El poder se vio desbordado por todo tipo de movilizaciones ciudadanas que demandaban libertad, amnistía para los presos políticos y autonomía. Dos días después de la muerte de Franco, Juan Carlos I fue proclamado rey, declarando en su primer discurso como Jefe de Estado su voluntad democrática e indultando a numerosos presos políticos. Nombró a Torcuato Fernández-Miranda presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, mientras que Arias Navarro continuó como Jefe del Gobierno, proponiendo reformas políticas limitadas como la libertad de prensa, de reunión y asociación, y una reforma de las Cortes.

Conflictividad Social y Unificación de la Oposición en 1976

En 1976 hubo una gran conflictividad social, con numerosas huelgas (15.000 solo en el primer trimestre) que afectaron a diversos ámbitos. Como aún no estaban regulados los derechos de reunión y manifestación, se produjeron continuos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, con muertes en algunos casos. Por otro lado, en Cataluña y el País Vasco hubo movilizaciones a favor de la autonomía regional. Seiscientos presos políticos (la mayoría nacionalistas vascos) permanecían en la cárcel, y fueron liberados posteriormente. ETA continuaba con sus atentados, por lo que la ultraderecha exigió mano dura al gobierno. La oposición democrática se unificó en marzo de 1976 en “Coordinación Democrática”, que pedía:

• La amnistía para los presos políticos del régimen.
• La legalización de los partidos y sindicatos prohibidos por la dictadura.
• La defensa de las libertades.
• La celebración de elecciones libres.

La Era Suárez: Reformas y Desafíos (1976-1981)

El Nombramiento de Adolfo Suárez y la Ley para la Reforma Política

En julio de 1976, el Rey dio el paso más decisivo hacia la democracia nombrando Jefe del Gobierno a Adolfo Suárez, un hombre con experiencia en la Administración del Estado, el partido único, círculos católicos y medios de comunicación, por lo que fue aceptado por los sectores más conservadores del franquismo, pero con una actitud reformista y apertura al diálogo. Con él se observó una mayor tolerancia hacia la democracia, como la autorización de manifestaciones, entre ellas la exigida en Cataluña para la Diada. Adolfo Suárez estableció contactos con Felipe González (líder del todavía ilegal PSOE), Santiago Carrillo (principal dirigente del Partido Comunista) y con Comisiones Obreras para preparar una reforma sindical. Tras la dimisión del vicepresidente De Santiago, Suárez incorporó al General Gutiérrez Mellado, un militar liberal que desempeñaría un papel fundamental en la reforma de las Fuerzas Armadas.

En septiembre se presentó el “Proyecto de Ley para la Reforma Política”, ideado por Fernández-Miranda, que modificaría el sistema político y regularía la convocatoria de elecciones. Fue aprobado por la mayoría de las Cortes en noviembre de 1976, por lo que la transición hacia la democracia quedaba legalmente autorizada. En diciembre, el pueblo la aprobó mediante un referéndum por gran mayoría. Aunque la oposición hizo campaña a favor de la abstención, esta no tuvo apenas seguimiento.

Terrorismo, Legalización del PCE y Elecciones de 1977

En los meses posteriores se produjeron varias provocaciones graves por parte de ETA, del terrorismo de ultraderecha y del GRAPO, que llegó a secuestrar al presidente del Consejo de Estado. En 1977, pistoleros de ultraderecha mataron en la calle Atocha a cinco abogados vinculados a Comisiones Obreras y al Partido Comunista, con la intención de enfurecer al PCE para que este reaccionase de forma violenta y justificar así la imposibilidad de legalizarlo. En cambio, este mostró un gran control sobre sus miembros, ya que no hubo tal reacción, y más de un millón de huelguistas manifestaron con su paro el dolor y la indignación contra estos actos, que de hecho contribuyeron a su legalización. Considerado el gran símbolo del antifranquismo y el partido más organizado entre la clase obrera y media, el Partido Comunista de España (PCE) fue autorizado a salir de la clandestinidad en la Semana Santa de 1977. Se lograron también la amnistía general y el retorno de los exiliados.

Finalmente, en junio de 1977 se celebraron las elecciones, con victoria de la coalición gubernamental Unión de Centro Democrático (UCD), integrada por personalidades y partidos de centro, socialdemócratas, liberales y democristianos, con Adolfo Suárez como líder. El PSOE de Felipe González fue el segundo partido más votado.

La Consolidación Democrática: Constitución y Pactos de la Moncloa

La Crisis Económica y los Pactos de la Moncloa

La Transición coincidió con la llegada a España de los efectos de la crisis económica mundial de los años 70, la llamada “crisis del petróleo”, con un índice de inflación cercano al 30% anual. En octubre se firmaron, en colaboración entre el Gobierno, empresarios, partidos políticos y sindicatos, los “Pactos de la Moncloa”, con el fin de reducir la inflación, realizar una reforma fiscal, de la Seguridad Social y de la empresa pública. Las inversiones del Estado aumentaron un 30%, las emisiones de deuda pública se destinaron a la construcción de escuelas públicas, el déficit máximo del Estado fue de 73.000 millones de pesetas en 1978 y se moderaron los incrementos de los costes de trabajo. El ministro Fernández Ordóñez diseñó una reforma fiscal que igualaba los impuestos directos e indirectos y establecía una fiscalidad progresiva.

La Constitución Española de 1978

Con la democracia en riesgo por el terrorismo y un posible golpe de Estado, se elaboró una Constitución que cambiaría el modelo de Estado. Su redacción estuvo a cargo de representantes de los partidos más importantes: tres diputados centristas, y uno socialista, comunista, nacionalista y de Alianza Popular. La comisión de los “padres de la Constitución” integraba desde la derecha franquista hasta la izquierda comunista. El primer borrador quedó listo en 1977, fruto de la comprensión y generosidad de todos los partidos. El 31 de octubre de 1978 fue votada y aprobada por la mayoría de los diputados y senadores, y el 6 de diciembre se aprobó por referéndum, siendo finalmente jurada por el Rey el día 27.

Principios y Derechos Fundamentales de la Constitución

España pasó a ser una monarquía parlamentaria, plenamente democrática, aconfesional y laica. Contenía valores como la igualdad política y de oportunidades (igualdad de sexo, raza, religión), garantías jurisdiccionales o la tolerancia ideológica y de costumbres. Establecía la mayoría de edad a los 18 años, abolía la pena de muerte, reconocía la propiedad privada y el mercado libre (aunque con intervención estatal en la vida económica y posibles expropiaciones), y restituía el poder de las regiones y el derecho de autonomía. Integraba derechos como:

• Intimidad, honor.
• Salud y sanidad (Seguridad Social).
• Divorcio.
• Derecho a una vivienda digna y al trabajo.

Y las libertades de asociación, expresión y reunión. Se establecía la división de poderes, recayendo el ejecutivo en el Gobierno dirigido por el Presidente, y el legislativo en los diputados, mientras que se limitaban los poderes del Rey al mando de las fuerzas armadas y a funciones representativas. Las Cortes se dividían en el Senado y la Cámara de los Diputados. La enseñanza se consideraba un servicio público que el Estado debía promover, controlar y financiar.

El Declive de la UCD y el Fin de la Transición (1979-1982)

Elecciones Municipales y Estatutos de Autonomía

Suárez convocó elecciones municipales en marzo de 1979, con un nuevo triunfo de la UCD, aunque sin mayoría absoluta, y un gran ascenso del PSOE, que tras pactar con el PCE obtuvo las alcaldías de las ciudades más importantes. En julio se negoció el Estatuto Vasco, que fue, junto con el catalán, aprobado en referéndum en octubre.

Crisis de la UCD y Dimisión de Suárez

A lo largo de 1980, la UCD se fue debilitando. No obtuvo buenos resultados en las elecciones autonómicas, y surgieron diferencias a causa de la generalización a todos los territorios del Estado del proceso de autonomía (se bloqueó la autonomía para Andalucía mientras que Galicia la obtuvo). Además, los gobiernos de la UCD mostraban una incapacidad para resolver problemas como la democratización de la administración, del Ejército, de la policía y de los medios de comunicación, por lo que fueron cambiados varias veces para lograr unidad de acción entre las distintas corrientes del partido. El proyecto de legalización del divorcio provocó la oposición de los democristianos. A principios de 1981 había muchos rumores sobre la presión del Ejército para destituir a Suárez por su debilidad contra el terrorismo; él presentó su dimisión y fue sustituido por Leopoldo Calvo-Sotelo.

El Intento de Golpe de Estado del 23-F y las Elecciones de 1982

El 23 de febrero de 1981, durante la sesión de investidura de Calvo-Sotelo en el Parlamento, el Congreso fue ocupado por guardias civiles a las órdenes del teniente coronel Tejero, en un intento de golpe de Estado, al mismo tiempo que Valencia era tomada por los tanques del general Milans del Bosch. El Rey, como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, exigió respeto a la Constitución, abortando la intentona. Esto marcó la política de los meses siguientes, con Calvo-Sotelo en la presidencia. En 1982 se aprobaron la “Ley de Proceso Autonómico” y la “Ley de Divorcio”, y la UCD perdió un tercio de sus diputados, que formaron cuatro formaciones políticas. Aun así, se logró que España entrara en la OTAN. En octubre se convocaron elecciones anticipadas, con una victoria aplastante del PSOE, con la que comenzó la consolidación de la democracia y se considera finalizado el periodo de la Transición.

El Proceso Autonómico y la Singularidad del País Vasco

La Cuestión Autonómica en la Transición

Tras las elecciones generales de 1977, Suárez abordó la cuestión autonómica. Estableció contactos con el presidente de la Generalitat en el exilio para restaurar la autonomía catalana. En el País Vasco se creó el Consejo General Vasco, y se firmaron varios acuerdos preautonómicos. Estos proyectos de autonomía produjeron desconcierto entre oficiales del Ejército, que lo consideraban una ruptura de la unidad de España. En la aprobación de la Constitución, aunque reconocía reivindicaciones históricas vascas, el PNV se abstuvo ya que esta afirmaba la indivisibilidad de la soberanía española, aunque la aceptaría para obtener el Estatuto de Autonomía. La Constitución trataba de devolver el poder a las regiones atendiendo a la reivindicación histórica de autonomía; podrían tenerla todas las regiones que lo solicitasen según el procedimiento constitucional.

El País Vasco: Un Núcleo de Oposición y Autogobierno

La Transición en el País Vasco presentó rasgos específicos por haber sido un núcleo de la oposición a la dictadura franquista. Presentaba una estructura sociolaboral que posibilitaba un poderoso movimiento obrero, y un gran deseo de recuperación del autogobierno, que se manifestaba en los movimientos de reivindicación nacionalista que a la vez eran apoyados por muchos sectores de influencia social. A esto se le añadiría la radicalización política de grupos como ETA y su lucha armada contra la dictadura, que había logrado prestigio tras el Proceso de Burgos y el asesinato de Carrero Blanco. En 1975, la mayoría de los presos políticos eran vascos. Durante los últimos tiempos de la dictadura se desarrollaron con mucha fuerza las reivindicaciones autonomistas, bajo el lema “Libertad, Amnistía y Estatuto de Autonomía”, que se convirtió en objetivo prioritario de la democratización, ya que después de 40 años de régimen centralizador se acabó asociando autonomía con libertad y unidad con represión. Este sentimiento anticentralista tuvo tanta fuerza que se convirtió en inaplazable.

El Estatuto de Autonomía del País Vasco y sus Instituciones

El País Vasco se rige desde entonces por él, norma institucional básica del autogobierno vasco. Este especifica que el pueblo vasco se constituye en comunidad autónoma con el nombre de País Vasco o Euskadi, que integra a Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. Especifica también las competencias que asume y define cómo debe llevarse a cabo la organización administrativa con sus rasgos específicos. La singularidad del autogobierno vasco se basa en la autonomía de los tres territorios históricos con respecto al Gobierno Vasco y en sus conciertos económicos, por los que recauda y administra los impuestos de los tres territorios y paga al Estado una cantidad pactada. El himno y la ikurriña (diseñada por Sabino Arana) se convirtieron en dos de los símbolos de identidad del pueblo vasco, y el euskera se convirtió en lengua cooficial.

Por otra parte, se formaron instituciones autonómicas (comunes) y forales (provinciales). Entre las primeras encontramos:

• El Gobierno Vasco (situado en Vitoria), formado por el lehendakari y sus consejeros, con poder ejecutivo.
• El Parlamento Vasco (en Vitoria), compuesto por parlamentarios elegidos por sufragio universal, con poder legislativo, que decide los presupuestos, establece los impuestos y controla al Gobierno Vasco.
• El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (en Bilbao), con poder judicial.

Entre las instituciones forales están:

• Las Juntas Generales, asambleas que aprueban normas, votan presupuestos, deciden impuestos y eligen al ejecutivo de su territorio histórico.
• Las Diputaciones Forales, que ejercen el gobierno de las provincias y están formadas por un diputado general que elige a un equipo de diputados que se reparten las diferentes carteras.

La Ley de Territorios Históricos (1983)

Más tarde, en 1983, se promulgó la Ley de Territorios Históricos, que regulaba las relaciones entre el Gobierno Vasco y los órganos forales en sus territorios. Se creó para la organización interna de Euskadi y para la regulación de las competencias del Parlamento y la Presidencia Vasca y de las instituciones forales, primando el Parlamento sobre el resto. Regulaba también la Hacienda General y la foral, creando un Consejo Vasco de Finanzas que establecía la distribución de los recursos y la aportación a cada territorio. Se reconocía la autonomía de los municipios para la gestión y administración de sus recursos. Los órganos forales obtuvieron competencias en su funcionamiento, normas electorales, elaboración y aprobación de presupuestos y formas de financiación, construcción y gestión de servicios sociales, carreteras, caminos, ocio, juventud, bibliotecas, museos, etc.