Ocupación en el norte de África y crisis de 1917
Tras la derrota de 1898, España centró su acción colonial en el norte de África, principalmente en Ceuta, Melilla y el Rif, región rica en hierro y habitada por cábilas resistentes. La Conferencia de Algeciras (1906) reconoció a España la zona del Rif bajo supervisión francesa. La ocupación encontró resistencia rifeña y división en el ejército entre africanistas, que buscaban méritos de guerra, y peninsulares, que preferían ascender por antigüedad.
En 1909, la resistencia al ferrocarril minero provocó el Barranco del Lobo, una derrota española que desencadenó la Semana Trágica de Barcelona, con protestas antimilitaristas, anticlericales y socioeconómicas. La represión causó la caída del presidente Maura, siendo reemplazado por José Canalejas en 1910. La ocupación continuó, y en 1920 el general Silvestre lanzó una ofensiva contra los rifeños de Abd-el-Krim, que terminó en el Desastre de Annual (1921), con miles de soldados muertos. El Expediente Picasso reveló corrupción y negligencia militar, facilitando el golpe de Estado de Primo de Rivera en 1923.
Durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918), España se declaró neutral, lo que favoreció las exportaciones pero provocó inflación y escasez de productos básicos. La opinión pública se dividió: germanófilos, conservadores que apoyaban a los Imperios Centrales, y aliadófilos, integrados por liberales, republicanos y la burguesía catalana que apoyaban a la Triple Entente. Los trabajadores sufrieron bajos salarios y conflictos laborales, destacando la huelga de ferroviarios de 1917, que fue reprimida por el gobierno de Dato.
La crisis de 1917
La crisis de 1917 evidenció la inestabilidad del sistema de la Restauración en tres ámbitos fundamentales:
- Social: huelga general en varias regiones, con represión violenta (más de 70 muertos y 2.000 detenidos).
- Militar: creación de Juntas de Defensa ante las desigualdades entre el ejército africano y el peninsular.
- Política: Asamblea de Parlamentarios en Barcelona disuelta y censura de prensa. Esto debilitó el sistema de turnos, desprestigió a los partidos dinásticos y aumentó la conflictividad social.
La Revolución Rusa (1917) inspiró movimientos obreros en España, especialmente en Andalucía y Extremadura durante el Trienio Bolchevique (1918-1921). Las huelgas paralizaron el campo, mientras en Barcelona la patronal contrató pistoleros, intensificando la violencia (pistolerismo). La Ley de Fugas (1921) permitió disparar a detenidos que intentaran huir. Políticamente, el PSOE se dividió, surgiendo el Partido Comunista de España (PCE), aunque el PSOE logró 7 diputados en 1923.
La combinación de inestabilidad social, militar y política, junto con la violencia y la debilidad del sistema, allanó el camino para el golpe de Primo de Rivera, quien asumió el poder para intentar restaurar el orden en España.
La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)
La dictadura de Primo de Rivera comenzó tras el golpe de Estado del 13 de septiembre de 1923, motivado por la crisis política y social, el desastre de Annual, las huelgas y el pistolerismo. Contó con el apoyo del rey Alfonso XIII, la burguesía catalana y la pasividad del PSOE. Primo de Rivera publicó un manifiesto en el que prometía restablecer el orden, defender la unidad nacional y resolver el problema de Marruecos. El régimen se dividió en dos etapas: Directorio Militar (1923-1925) y Directorio Civil (1925-1930).
Directorio Militar (1923-1925)
Durante el Directorio Militar se suspendió la Constitución, se cerraron las Cortes, se prohibieron partidos, huelgas y manifestaciones, y se gobernó por decretos. Se persiguió a los anarquistas, se ilegalizó la CNT y se creó el Somatén. En Cataluña se suprimió la Mancomunidad y se prohibieron símbolos y lengua, lo que provocó pérdida de apoyos. En política exterior, tras el Desembarco de Alhucemas (1925), junto a Francia, se derrotó a Abd-el-Krim y se pacificó el Rif en 1927.
Directorio Civil (1925-1930)
Con el Directorio Civil, Primo de Rivera intentó institucionalizar el régimen mediante la Unión Patriótica y la Asamblea Nacional Consultiva, que elaboró un proyecto constitucional autoritario, confesional y sin soberanía nacional ni separación de poderes. En política económica se impulsaron las obras públicas, las carreteras y los monopolios estatales como CAMPSA y Telefónica, favorecidos por una coyuntura económica favorable. En el ámbito social se crearon los Comités Paritarios y la OCN para controlar los conflictos laborales.
El aumento de la oposición (republicanos, socialistas, anarquistas, estudiantes y nacionalistas), el desgaste del régimen y el fracaso de la Sanjuanada (1926) llevaron a la dimisión de Primo de Rivera en 1930. Alfonso XIII nombró a Berenguer, quien intentó volver al sistema de la Restauración. La oposición se organizó en el Pacto de San Sebastián. Tras el fracaso del levantamiento de Jaca, el almirante Aznar convocó elecciones municipales (12 de abril de 1931), cuyo resultado provocó la proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931.
Desamortizaciones y desarrollo económico del siglo XIX
Las desamortizaciones fueron un proceso clave del siglo XIX en España que consistió en la expropiación y venta de tierras, principalmente de la Iglesia y los ayuntamientos, con el objetivo de reducir la deuda pública y crear una clase media propietaria fiel al liberalismo.
El primer intento tuvo lugar en 1798 con Godoy, pero fue limitado. El gran impulso llegó con la desamortización de Mendizábal (1836-1844), de carácter eclesiástico, durante la Regencia de María Cristina. Buscaba financiar la guerra carlista, reducir el poder de la Iglesia y sanear Hacienda. Sin embargo, las tierras acabaron en manos de grandes propietarios, aumentando los latifundios.
En 1855, durante el Bienio Progresista, se aprobó la desamortización de Madoz, más amplia, ya que afectó también a los bienes comunales de los ayuntamientos. Su objetivo fue reducir la deuda y financiar infraestructuras como el ferrocarril. La pérdida de tierras comunales perjudicó a los campesinos y, aunque aumentó la superficie cultivada, no hubo modernización agraria. La agricultura siguió siendo extensiva y poco productiva, basada en cereal, vid y olivo.
La industrialización fue lenta y desigual. Destacó Cataluña con la industria textil, favorecida por el proteccionismo. La siderurgia pasó de Andalucía a Asturias y, finalmente, a Vizcaya, donde se consolidó gracias al hierro y al capital británico.
El comercio interior creció lentamente por la baja demanda, mientras que el exterior estuvo marcado por el proteccionismo (Arancel Cánovas) y el librecambismo (Arancel Figerola). El desarrollo económico se vio frenado por un sistema financiero débil y un ferrocarril tardío y poco eficiente, iniciado en 1848 y ampliado tras la Ley de 1855.
En conjunto, las reformas no lograron transformar profundamente la economía española, que siguió siendo rural, poco productiva y con una industria débil.