La proclamación de la Segunda República. La Constitución de 1931. El bienio reformista (1931-1933)
La Segunda República intentó modernizar y democratizar España, pero provocó una fuerte división social y política que terminó en la Guerra Civil, en un contexto internacional marcado por la crisis económica y el auge del fascismo.
La proclamación de la República: gobierno provisional y Constitución de 1931
En las elecciones municipales de abril de 1931, aunque los monárquicos obtuvieron más concejales en términos absolutos, los republicanos ganaron en las grandes ciudades. Ante la presión popular, Alfonso XIII suspendió el ejercicio del poder y se marchó a París. El 14 de abril se proclamó la Segunda República y el Comité del Pacto de San Sebastián formó un gobierno provisional.
Este gobierno, presidido por Niceto Alcalá‑Zamora, reunió a fuerzas republicanas y socialistas. Su objetivo era convocar Cortes constituyentes y comenzar reformas urgentes para modernizar el país. Desde el inicio tuvo que enfrentarse a conflictos sociales, a la oposición de sectores conservadores y al rechazo de la Iglesia, liderada por el cardenal Segura.
En las elecciones de junio de 1931 ganó la coalición republicano‑socialista, lo que respaldó las reformas iniciadas. Después se elaboró una Constitución democrática y progresista. La Constitución de 1931 establecía una República con una amplia declaración de derechos (incluido el sufragio femenino), Cortes unicamerales con gran poder, un presidente con funciones limitadas, independencia judicial y posibilidad de autonomías. También separaba Iglesia y Estado, suprimiendo privilegios religiosos, lo que provocó fuerte rechazo en la derecha y la dimisión de algunos líderes.
Fue aprobada en diciembre de 1931: Alcalá‑Zamora fue elegido presidente y Manuel Azaña jefe de gobierno.
El bienio reformista (1931-1933)
Entre diciembre de 1931 y noviembre de 1933, el gobierno de Manuel Azaña (de signo republicano de izquierda) continuó y amplió las reformas, enfrentando tensión constante por la agitación de la izquierda y el boicot de la derecha.
Reforma militar
El gobierno buscó modernizar y democratizar el ejército: reducir su tamaño, eliminar privilegios, asegurar la lealtad a la República y crear la Guardia de Asalto. La falta de presupuesto limitó la modernización, y sectores reaccionarios conspiraron, provocando el fallido golpe de Sanjurjo en 1932, quien finalmente fue exiliado a Portugal.
Reforma agraria
La Reforma Agraria de 1932 buscaba distribuir tierras en manos de pocos latifundistas y mejorar la situación de jornaleros y pequeños propietarios, sobre todo en Andalucía, Castilla‑La Mancha y Extremadura. Se crearon leyes y decretos para expropiar tierras, garantizar trabajo local y mejorar condiciones laborales, pero la falta de recursos limitó su alcance: solo unos 10.000 campesinos obtuvieron parcelas. La reforma no resolvió los problemas del campo y generó malestar y violencia.
Reforma educativa
La reforma educativa pretendió garantizar una educación laica, gratuita, obligatoria y mixta; se impulsó la creación de escuelas y plazas de maestros, el aumento del presupuesto y la difusión cultural en zonas rurales. La Iglesia se opuso, negándose a cerrar colegios y desincentivando la matrícula en escuelas públicas.
Reforma laboral
La reforma laboral, impulsada por sectores obreros —con medidas sostenidas en parte por Largo Caballero—, buscó mejorar las condiciones de los trabajadores con seguros, vacaciones, jornada de ocho horas, salario mínimo y regulación de la negociación colectiva. La patronal la bloqueó parcialmente y los anarquistas provocaron huelgas violentas en algunos momentos, generando temor entre las clases medias.
La cuestión autonómica
Entre 1931 y 1933 se desarrollaron los primeros estatutos de autonomía: Cataluña logró la Generalitat con Francesc Macià como presidente y el estatuto aprobado en 1932, mientras que el País Vasco quedó aplazado hasta 1936, con José Antonio Aguirre como primer lehendakari.
Las reformas del gobierno polarizaron la sociedad: la derecha y el ejército se reorganizaron en grupos monárquicos y fascistas, mientras el movimiento obrero, liderado por la CNT y el PCE (Partido Comunista de España), intensificó huelgas y revueltas (como Casas Viejas en 1933). La debilidad del gobierno y los conflictos internos llevaron a la dimisión de Azaña en septiembre de 1933 y a la convocatoria de elecciones en noviembre.
El gobierno radical‑cedista (1933-1935). La revolución de Asturias. El Frente Popular, las elecciones de 1936 y el nuevo gobierno
El bienio radical‑cedista (1933-1936)
En las elecciones de noviembre de 1933 ganó la coalición de centro‑derecha (Partido Radical y CEDA), favorecida por el voto femenino, la división de la izquierda y la abstención anarquista. El gobierno de Lerroux, con apoyo de la CEDA, frenó o anuló muchas reformas: se detuvo la reforma agraria, se reforzó a militares reaccionarios, se redujeron fondos en educación, se paralizó el estatuto vasco y se restauraron privilegios religiosos. Esto aumentó la tensión social y el malestar en el campo y en Cataluña.
La entrada de tres ministros de la CEDA en el gobierno en octubre de 1934 provocó la reacción de la izquierda, que la vio como un avance hacia el fascismo. PSOE y UGT llamaron a la huelga general, iniciando la revolución de octubre, que fracasó por falta de coordinación, aunque tuvo un fuerte impacto en Asturias y Cataluña.
- Asturias: la huelga se transformó en un levantamiento armado de mineros apoyados por PSOE, UGT, CNT y PCE (UHP). Tomaron ayuntamientos y minas, pero el gobierno envió a Franco con la Legión, reprimiendo duramente la revuelta. Hubo unos 1.500 muertos entre los mineros, 460 entre las fuerzas del orden y más de 2.000 heridos.
- Cataluña: la revolución de octubre de 1934 tuvo carácter político: Lluís Companys proclamó la República catalana, pero sin apoyo obrero suficiente fracasó y la autonomía quedó suspendida.
Tras la revolución, aumentó la polarización: la derecha intentó reforzar su influencia y la izquierda se unió contra el gobierno. Los escándalos de corrupción de 1935 provocaron la caída del gobierno de Lerroux y la convocatoria de elecciones en febrero de 1936.
El multipartidismo se redujo a dos bloques: el Frente Popular (izquierda), que defendía la amnistía y la vuelta a las reformas, y el Bloque Nacional (derecha), centrado en oponerse al Frente Popular. El Frente Popular ganó con el 47% de los votos y mayoría en ciudades y litoral; la derecha obtuvo el 46,5%, fuerte en Castilla, León, Navarra y parte de Aragón.
El gobierno del Frente Popular (febrero‑julio de 1936)
Tras la victoria del Frente Popular en 1936, Manuel Azaña asumió la presidencia de la República y Santiago Casares Quiroga formó un gobierno compuesto solo por ministros republicanos, con el apoyo parlamentario de los socialistas. El nuevo Ejecutivo decretó la amnistía para los presos políticos de la revolución de octubre, obligó a los patronos a readmitir a los trabajadores despedidos, restableció el Estatuto catalán y comenzó las negociaciones para aprobar los estatutos del País Vasco y Galicia. Además, se reanudaron las reformas, especialmente la agraria, con nuevos asentamientos de campesinos, y se trasladó a destinos alejados a los generales más sospechosos de conspirar contra la República (Franco a Canarias, Goded a Baleares y Mola a Navarra).
La derecha reaccionó con fuerte oposición, promoviendo la violencia callejera y conspirando con militares golpistas encabezados por Mola, aportando capital y milicias armadas como los requetés y los falangistas, aunque sin un plan definido sobre el régimen que establecerían tras el golpe. Por su parte, la izquierda radicalizó su postura, con quema de conventos y ocupaciones de fincas, y no brindó suficiente respaldo unido al gobierno.
La tensión llegó a un punto crítico en julio: el día 12, falangistas asesinaron al teniente Castillo, cercano al Partido Comunista, y en represalia, el 13 fue secuestrado y asesinado José Calvo Sotelo, líder de Renovación Española. Este asesinato unificó a los golpistas y aceleró el levantamiento militar, que comenzó el 17 de julio en Marruecos y se extendió rápidamente a toda la península, dando inicio a la Guerra Civil española.
La dimensión internacional del conflicto
Durante la Guerra Civil, ambos bandos buscaron armas y suministros en el extranjero. La República fue identificada con la democracia y los sublevados con el fascismo, en un contexto pre‑Segunda Guerra Mundial. En septiembre de 1936 se creó el Comité de No Intervención, promovido por Gran Bretaña y Francia, para frenar la participación extranjera y la venta de armas, pero Alemania, Italia y la URSS lo ignoraron. En general, la situación internacional favoreció a los sublevados, mientras que algunos países, como Estados Unidos, adoptaron posturas ambiguas: neutralidad oficial, pero empresas privadas apoyaron al bando franquista.
Apoyos internacionales
- Los sublevados: recibieron apoyo decisivo de Alemania, Italia y Portugal. Hitler envió aviones, tropas de combate y la Legión Cóndor por motivos estratégicos, económicos y para probar su maquinaria bélica, además de ayuda financiera. Italia aportó tanques, armas y unos 50.000 soldados, mientras Portugal permitió el uso de sus bases y suministros. La ayuda fue pagada con divisas y materias primas españolas.
- Los republicanos: solicitaron apoyo a Francia y Gran Bretaña, que lo negaron por miedo al comunismo y para no tensar relaciones con Hitler. Recibieron ayuda de la URSS con aviones y carros de combate, financiada con las reservas de oro del Banco de España, lo que fortaleció a los comunistas en el gobierno. La URSS también promovió las Brigadas Internacionales, unos 40.000 voluntarios extranjeros que apoyaron la resistencia, especialmente en Madrid, hasta 1938. Intelectuales como Pablo Neruda, George Orwell o Ernest Hemingway también se solidarizaron, aunque sin impacto militar decisivo.
Fases militares de la Guerra Civil. La evolución política y económica en las dos zonas. Consecuencias económicas y sociales de la guerra. Los costes humanos
Desarrollo militar del conflicto
La guerra se caracterizó por la ventaja de los sublevados, que contaban con un ejército más disciplinado, mandos competentes y abundante armamento, especialmente desde 1938 en artillería y aviación. La República sufrió desorganización y escasez de armas. Los sublevados mantuvieron siempre la iniciativa ofensiva, eligiendo los frentes donde concentrar sus tropas. Durante los tres años de conflicto se pueden distinguir varias etapas.
La «guerra de columnas» y la marcha hacia Madrid (julio‑octubre de 1936)
Entre julio y noviembre de 1936, la guerra se desarrolló mediante columnas móviles de 2.000–3.000 hombres, mayoritariamente infantería, con escaso armamento y sin frente fijo. Los sublevados contaban con el ejército regular de Marruecos y unidades de Ceuta y Melilla, mientras que las columnas republicanas estaban formadas por milicianos espontáneos, apoyados por algunos oficiales profesionales como Vicente Rojo y José Miaja, pero el gobierno carecía de un ejército disciplinado.
El objetivo principal de los sublevados era Madrid. Las columnas de Mola fueron detenidas al norte del Sistema Central, por lo que Franco y Yagüe avanzaron desde el sur, cruzando el estrecho con apoyo aéreo y naval de Alemania e Italia. Tomaron Badajoz, Talavera y Toledo, liberando el Alcázar y uniendo sus zonas de control, aunque la desviación para liberar el Alcázar retrasó la marcha sobre Madrid, que ya contaba con resistencia organizada.
En el norte, la toma de Irún por Mola cerró la frontera con Francia, impidiendo refuerzos republicanos, y poco después San Sebastián se rindió sin luchar ante el avance sublevado.
La batalla de Madrid (noviembre de 1936‑marzo de 1937)
Entre noviembre de 1936 y marzo de 1937 la guerra se convirtió en un conflicto de desgaste. Madrid resistió inesperadamente los ataques y bombardeos, mientras el gobierno republicano se trasladó a Valencia, lo que fue percibido por algunos como una huida. La defensa de la ciudad quedó en manos de la Junta de Defensa, presidida por el general Miaja y con Vicente Rojo como estratega, apoyada por armamento soviético y las primeras Brigadas Internacionales.
El ejército republicano rechazó el primer ataque frontal en Ciudad Universitaria, donde murió Durruti, y Franco comenzó a intentar rodear la ciudad. En el sur, la caída de Málaga en febrero de 1937 mostró el fracaso del modelo de milicias desorganizadas y reforzó la necesidad de crear un ejército popular disciplinado, apoyado por comunistas, republicanos de izquierda y militares profesionales.
La campaña del norte y las ofensivas republicanas (marzo de 1937 – junio de 1938)
Entre marzo de 1937 y marzo de 1938, Franco centró su ofensiva en el norte republicano, rico en industrias y minas, aislado y vulnerable por la superioridad aérea y naval de los sublevados y la falta de coordinación republicana.
El ejército franquista ocupó Vizcaya, tomando Bilbao en junio de 1937 a pesar del «cinturón de hierro», y más tarde Santander y Asturias. Parte del ejército vasco se rindió tras el Pacto de Santoña, incumplido por Franco. Durante esta etapa se produjo el bombardeo de Guernica en abril de 1937.
El ejército republicano, pese a su reconstrucción, solo logró resultados parciales en ofensivas como Brunete (julio) y Belchite (agosto), y tomó Teruel en el invierno de 1937–1938 solo durante un mes, sin frenar el avance franquista.
La batalla del Ebro y la toma de Cataluña (julio de 1938 – febrero de 1939)
Entre marzo de 1938 y febrero de 1939, Franco lanzó la ofensiva final. Avanzó por Aragón hasta el Mediterráneo, dividiendo la zona republicana y aislando Cataluña. Luego ocupó Castellón y se preparó para Valencia.
El ejército republicano lanzó la batalla del Ebro (julio‑noviembre de 1938), diseñada por Vicente Rojo y autorizada por Negrín, para alargar el conflicto ante la inminente guerra europea. La ofensiva fue dura, con más de 100.000 bajas, pero acabó quebrando al ejército popular.
Tras esto, Franco conquistó rápidamente Cataluña; Barcelona cayó en febrero de 1939. El gobierno republicano y Azaña cruzaron la frontera, iniciando el éxodo de tropas y civiles leales. La guerra terminó con la victoria franquista.
El fin de la guerra (hasta el 1 de abril de 1939)
Entre febrero y abril de 1939 se cerró la Guerra Civil. Negrín y el PCE querían resistir, pero militares y políticos republicanos, liderados por Casado y Miaja, organizaron un golpe interno en marzo para negociar la rendición. El bando republicano se entregó rápidamente a Franco, quien entró en Madrid el 28 de marzo y en Alicante el 30. El 1 de abril firmó el último parte de guerra, poniendo fin al conflicto.
Evolución política en la zona republicana
Tras el levantamiento, en la zona republicana surgieron comités revolucionarios locales dirigidos por anarquistas, socialistas o comunistas, que tomaban decisiones sin coordinación con el gobierno de Giral. Esto provocó desorganización política y militar, contribuyendo a la derrota final de la República.
Los anarquistas impulsaron la colectivización de tierras y fábricas, mientras comunistas y socialistas priorizaron la organización de la economía de guerra y pospusieron la revolución social. En octubre de 1936 el País Vasco obtuvo autonomía y en noviembre se integraron cuatro anarquistas en el gobierno, incluida Federica Montseny, primera mujer ministra en España.
Durante la guerra, el PCE, con apoyo soviético, fue ganando influencia en el gobierno y el ejército, especialmente tras la llegada de Negrín en mayo de 1937, disminuyendo el peso de los anarquistas.
Evolución política en la zona sublevada: los orígenes del Estado franquista
Al principio, los sublevados no tenían un plan político claro, pero tras el accidente del general Sanjurjo se buscó un mando único. En septiembre de 1936 Franco fue elegido máximo dirigente con poderes absolutos, asumiendo el título de generalísimo y jefe de gobierno en octubre. Su ascenso se debió a sus éxitos en África, su habilidad para conseguir apoyo extranjero y la ausencia de rivales.
Las primeras medidas de Franco buscaron desmontar la República y establecer un Estado autoritario al estilo fascista: anuló la Ley Agraria, prohibió partidos y sindicatos, creó un partido único (FET y de las JONS) con símbolos, himno y saludo propios, suprimió el derecho de huelga, eliminó la libertad de expresión y de prensa, abolió las autonomías y dictó leyes de represión política y contra masones y comunistas. Estas medidas consolidaron un Estado totalitario.
Consecuencias de la guerra
Demográficas
Murieron unos 250.000 españoles y 25.000 extranjeros en combate y ejecuciones. Sumando hambre, enfermedades, no nacidos y emigrados, las pérdidas podrían alcanzar entre 750.000 y 1.000.000 de personas de una población de 24 millones.
Económicas
La producción agrícola bajó un 20%, la ganadera se redujo entre un tercio y la mitad, y la industrial cayó un 30%. Se destruyeron infraestructuras, viviendas y transporte; la renta nacional tardó hasta 1959 en recuperarse. La deuda de guerra y la falta de reservas dificultaron la reconstrucción.
Sociales
El hambre y el racionamiento generaron acaparamiento y mercado negro. La depuración de funcionarios, la represión y la persecución política impidieron la reconciliación. El exilio afectó a profesionales cualificados: 450.000 refugiados en Francia, 22.000 en México (aportando al desarrollo cultural y educativo) y 8.000 en la U.R.S.S., incluyendo niños evacuados y miembros del PCE. Muchos exiliados sufrieron deportaciones, encarcelamientos o colaboraron en la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial.