El Bienio Reformista (1931-1933)

El Gobierno de la República fue dirigido por las fuerzas de centro-izquierda.

El Gobierno Provisional

Fue presidido por Niceto Alcalá-Zamora, quien convocó elecciones legislativas y planteó reformas en cuatro frentes:

1. La reforma del Ejército

Se ofreció a los generales, jefes y oficiales la posibilidad de jubilarse con el sueldo íntegro. Se consiguió reducir el número excesivo de mandos y se ofreció una salida a los militares cuyas convicciones no les permitían continuar en el ejército bajo la bandera republicana.

Manuel Azaña, ministro de la Guerra, clausuró la Academia Militar de Zaragoza, dirigida por el general Franco, y anuló todos los ascensos obtenidos durante la dictadura, lo que provocó un gran malestar entre los militares. Asimismo, se creó la Guardia de Asalto, una especie de policía armada de fidelidad republicana.

2. Las relaciones con la Iglesia

La Iglesia, vinculada a la monarquía, al principio se mantuvo expectante. Pero dos sucesos enturbiaron la situación:

• En primer lugar, una pastoral del cardenal Segura, arzobispo de Toledo, cuyos términos herían la sensibilidad republicana, ya que elogiaba al Rey. El Gobierno pidió su destitución, pero los obispos apoyaron al cardenal.
• Más grave fue la quema de conventos en Madrid por grupos incontrolados ante la provocación de jóvenes del Círculo Monárquico. Muchos católicos empezaron a ver la República como un régimen contrario a sus convicciones, por lo que la Iglesia se mantuvo en constante oposición al régimen republicano.

Otros acuerdos del Gobierno a los que se opuso la Iglesia fueron el matrimonio civil, el divorcio, los cementerios civiles y la Ley de Congregaciones Religiosas, por la cual los templos y monasterios pasaban a ser de propiedad pública.

3. La educación

Para la educación se decretó la creación de más de 6.000 escuelas y de 7.000 plazas de maestros con un sueldo mayor, además del establecimiento de una red de bibliotecas.

4. Las reformas en el campo

España era un país agrario y la mayoría de la población activa se dedicaba a tareas del campo. El Gobierno quería realizar una reforma agraria y crear una clase de pequeños propietarios con los jornaleros sin tierras a costa de los latifundios improductivos. Se centrarían en las tierras del sur de España y sería financiado con un impuesto progresivo sobre la renta.

El Gobierno propuso la jornada de ocho horas en el campo y planteó que los propietarios rurales debían tener todas las tierras cultivadas o pasarían a ser usufructo de los jornaleros. Estos debían trabajar en su término municipal con prioridad sobre los de otros lugares.

La Constitución republicana

Las elecciones del 28 de junio de 1931, las más transparentes celebradas hasta entonces en España, dieron el triunfo a las fuerzas de izquierda y de centro. El PSOE obtuvo la mayoría, seguido del Partido Republicano Radical de Lerroux y el Partido Radical-Socialista de Marcel·lí Domingo. La derecha, que se había presentado desunida, pasó a ser minoritaria, agrupándose en partidos agrarios (Acción Popular) junto con grupúsculos antirrepublicanos o monárquicos.

Las Cortes surgidas se encargaron de redactar una nueva Constitución. Esta reflejaba los valores laicos e izquierdistas de la mayoría: soberanía popular, una sola Cámara (Congreso de Diputados), Estado aconfesional, derechos individuales y la posibilidad de autonomías a las regiones que lo solicitasen. Cuando se redactó no había voluntad de consenso, especialmente en materias como la religión. Se prohibió el ejercicio de la enseñanza a las órdenes religiosas y se disolvió la Compañía de Jesús. Este anticlericalismo constitucional se explica porque el pensamiento republicano izquierdista atribuía el retraso de la sociedad española a la Iglesia, que prácticamente tenía el monopolio en la enseñanza. El país se configuraba como un Estado único que reconocía la autonomía de las regiones y se implantó el sufragio universal, que incluía por primera vez el voto de las mujeres.

El Gobierno constitucional (diciembre de 1931 – noviembre de 1933)

Niceto Alcalá-Zamora, elegido presidente de la República, encargó a Manuel Azaña formar Gobierno. Además de aplicar la nueva Constitución, continuaron con las reformas del Gobierno provisional y la concesión de un Estatuto de Autonomía para Cataluña.

Con la Ley de Reforma Agraria, muchas hectáreas de tierra quedaron a disposición del Estado. La distribución de la propiedad entre los campesinos fue lenta y no se consiguió el número de propietarios previstos. Este fracaso, atribuido a la incompetencia del Estado y a la prisa por solucionar el problema, fue muy complejo y constituyó un motivo de decepción para los campesinos. Además, la reforma agraria asustó a los propietarios, que consideraban que la ley era revolucionaria.

En este periodo, además de la oposición de los sectores católicos, la República se vio conmocionada por la agitación en el campo andaluz y el intento de golpe de Estado monárquico del general Sanjurjo.