El Gobierno de Adolfo Suárez: Hacia la Apertura Política

Suárez quería evitar a toda costa la posibilidad de que el Ejército se pusiera en pie de guerra y acabara la Transición democrática con un golpe de Estado. Para ello, adoptó dos medidas: nombrar como ministro de Defensa al general Gutiérrez Mellado, un hombre liberal cuya misión sería controlar a los posibles militares golpistas; y prometió que la transición a la democracia se realizaría respetando la legalidad vigente, es decir, sin apartarse de las leyes del Franquismo. Este era el objetivo de la Ley para la Reforma Política, presentada a las Cortes en septiembre de 1976. Los diputados de las Cortes franquistas acabaron aceptando esta ley que implicaba su propia desaparición: definía al Estado como una democracia, asumiendo una de las reivindicaciones más importantes de la oposición al régimen franquista; proponía disolver las Cortes franquistas y transformarlas en un Congreso de los Diputados y un Senado escogidos por sufragio universal, y anunciaba la convocatoria de unas elecciones democráticas con la participación de los partidos políticos. El 15 de diciembre de 1976, la Ley fue sometida a referéndum, consiguiendo una abultada mayoría de votos favorables.

En los meses que van desde diciembre de 1976 (referéndum de la Ley para la Reforma Política) hasta junio de 1977 (celebración de las primeras elecciones democráticas), la violencia callejera alcanzó sus mayores cotas, tanto por parte de ETA y el GRAPO (grupos de extrema izquierda) como de extrema derecha (atentado contra los abogados laboralistas de CC. OO. de Madrid, enero de 1977).

La conflictividad en las universidades y en las empresas no cesó en ningún momento, contribuyendo así a crear una sensación de provisionalidad e inseguridad. Los rumores que hablaban de la inminencia de un golpe de Estado militar, alentados por la prensa de extrema derecha, fueron permanentes.

Tal y como había prometido, el presidente Suárez fue legalizando poco a poco a los partidos políticos y a los sindicatos. Fue especialmente conflictiva la legalización del PCE, ocurrida el Sábado Santo de 1977 para aprovechar que muchos militares estaban de vacaciones de Semana Santa, queriendo evitar así una posible reacción golpista.

Tras una intensa campaña, se celebraron con normalidad las primeras elecciones de la Transición a la democracia el 15 de junio de 1977. El partido vencedor fue Unión de Centro Democrático (UCD), un partido de centro-derecha recién creado por el presidente Suárez (35 % de los votos). El PSOE, con el 30 % de los votos, ganó la «batalla de la izquierda» al PCE (solo el 9 %). El partido de derecha, Alianza Popular, fue el otro gran derrotado (8 % de los votos). De todos los grupos nacionalistas, solo el PNV de Arzallus y los catalanes de Pujol obtuvieron representación parlamentaria.

Segundo Gobierno de Suárez: El Periodo Preconstitucional

El nuevo gobierno de Suárez, formado en julio de 1977, ya tenía la legitimación de las urnas. Sus objetivos a partir de entonces serían combatir la crisis económica, iniciar negociaciones con la Comunidad Económica Europea (actual Unión Europea), realizar una profunda reforma fiscal, comenzar el proceso de descentralización política y administrativa y, como tarea más inmediata y de mayor trascendencia, entablar conversaciones con las demás fuerzas políticas con el fin de negociar la redacción y aprobación de una Constitución.

Respecto a la economía, hay que recordar que desde 1973 se vivía en todo el mundo una grave crisis económica cuyos efectos se reflejaban en la subida desmesurada de los precios (inflación del 26 % en 1977), el aumento del déficit público, el cierre de empresas y el crecimiento imparable del desempleo. La coincidencia de la transición política de la dictadura a la democracia con esta coyuntura de crisis económica internacional (con el consiguiente malestar social) hizo temer a muchos por la recién nacida democracia. El nuevo ministro de Economía (Fuentes Quintana) y el propio presidente Suárez consiguieron que, en octubre de 1977, los partidos políticos, sindicatos y empresarios firmaran un gran acuerdo económico, conocido como los Pactos de la Moncloa. Estos buscaron los puntos de vista comunes y dejaron de lado o cedieron en los aspectos donde el acuerdo no era posible. A esta forma de actuar se la llamó la política del «consenso».

La Constitución de 1978

La discusión, elaboración y aprobación de la Constitución fue el problema más complejo y de mayor trascendencia de todo el periodo de Transición política. Para comprender la enorme dificultad que suponía esta cuestión, debemos tener presente el contexto de crisis económica (crecimiento desmesurado del paro y de la inflación), malestar social, temor a un golpe de Estado militar, acciones terroristas casi a diario, etc. En definitiva, los dirigentes políticos y la sociedad en su conjunto eran conscientes de la extrema debilidad de la recién nacida democracia, así como de la necesidad de renunciar a algunos de los principios políticos propios con el fin de alcanzar un acuerdo lo más amplio posible.

En su elaboración, el proyecto constitucional siguió un largo y complicado proceso que comenzó en agosto de 1977, cuando se formó una Ponencia integrada por siete diputados en representación de UCD, PSOE, PCE, AP y Grupo Catalán, que se encargó de redactar un borrador. La referencia a la «indivisibilidad de la nación española» del artículo 2 provocó la protesta del PNV (y la posterior abstención o voto negativo de este grupo en el referéndum). Los pocos votos en contra o las abstenciones correspondieron a algunos diputados de Alianza Popular y de los grupos nacionalistas vascos o catalanes.

El 6 de diciembre de 1978, el proyecto de Constitución fue sometido a referéndum, recibiendo el apoyo mayoritario del pueblo español (87,9 % de votos a favor; 7,8 % en contra; 3,5 % en blanco).

Solo faltaban los trámites de la sanción real (es decir, la firma del rey, 27 de diciembre) y la publicación del texto en el BOE (29 de diciembre).

La Constitución de 1978 consta de 169 artículos, comprendidos en un título preliminar y otros diez numerados, además de varias disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y una disposición final. El título más extenso es el I (con 46 artículos, trata de los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos) y el más corto es el X (que se refiere a la reforma constitucional, con solo cuatro artículos).

Siguiendo la tradición francesa, su contenido puede estructurarse en una parte dogmática, con los principios constitucionales y los derechos fundamentales, y una parte orgánica, con la división de poderes y la organización política y territorial.

En su artículo primero, la Constitución define a España como un «Estado social y democrático de derecho», indicando también que la Monarquía Parlamentaria es la forma política del Estado español. Muy importante por su trascendencia en la configuración territorial es también el artículo 2, que habla de la «indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles», al tiempo que «reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran». Se pretendía así atender las reivindicaciones de los grupos nacionalistas, que aspiraban a obtener un estatuto de autonomía.

Los artículos del título I detallan con minuciosidad los derechos tanto individuales como sociales de los ciudadanos, sus deberes y las garantías de los derechos. En cuanto a la división de poderes: los poderes del rey (art. 62) son tan limitados que puede decirse que en la práctica no tiene ninguno, siguiendo la moderna tradición de las monarquías constitucionales europeas (el Rey reina, pero no gobierna). Las Cortes Generales están compuestas por dos cámaras: el Congreso de los Diputados es la cámara de representación política, mientras que el Senado se configura como una cámara de representación territorial (donde están representadas las provincias y comunidades autónomas).

El más controvertido de todos los títulos fue el VIII, que se refiere a la organización territorial del Estado español: tanto los municipios como las regiones que lo deseen pueden funcionar con autonomía. Hubo que negociar la lista de competencias exclusivas del Estado y las que podrían traspasarse a las comunidades autónomas, lo que resultó enormemente problemático.

Los Gobiernos de UCD (1979-1981)

Tras la aprobación de la Constitución, el gobierno optó por convocar elecciones generales para el 1 de marzo de 1979. Los resultados fueron muy similares a los de 1977, con un nuevo triunfo de la UCD.

El último gobierno de Suárez se caracterizó por una profunda inestabilidad política y por una crítica permanente a su gestión. Entre los muchos problemas que dificultaron la labor del gobierno, se podrían destacar los siguientes:

• Las divergencias internas en el seno de la UCD.
• El problema de las autonomías. La UCD estaba dividida entre quienes eran partidarios de facilitar la organización de las comunidades autónomas en todas las regiones que lo desearan y los que, por el contrario, se mostraban partidarios de una aplicación restrictiva de este derecho.
• La crisis económica. El gobierno era incapaz de resolver el problema del paro y la deteriorada situación económica.
• El azote del terrorismo, en especial la actividad de ETA y del GRAPO.
• La amenaza de un golpe de Estado militar.

El acoso del PSOE culminó a finales de mayo de 1980 con una moción de censura contra el gobierno, que no fue aprobada pero sirvió para reforzar la imagen de González y desgastar aún más la de Suárez.

En enero de 1981, Adolfo Suárez presentó su dimisión. En la tarde del 23 de febrero de 1981, mientras se procedía a la votación de Calvo Sotelo como nuevo presidente de gobierno, el Congreso de los Diputados fue asaltado por un grupo de guardias civiles al mando del teniente coronel Tejero. España vivió unas largas horas de tensión e incertidumbre. Finalmente, se rindieron. La prueba más difícil a la que se había sometido la joven democracia española se había superado.

Calvo Sotelo, como jefe de gobierno, mantuvo casi intacto el gabinete de Suárez. Lo más destacable de su política interior fue el relanzamiento del proceso autonómico. En mayo de 1982 se formalizó el ingreso de España en la OTAN. Esta actuación del gobierno levantó una ola de protestas. El PSOE se comprometió, si ganaba las elecciones, a someter a referéndum nacional la permanencia de España en la OTAN. Adolfo Suárez abandonó la UCD en julio de 1982 y fundó un nuevo partido, el Centro Democrático y Social (CDS). Calvo Sotelo decidió disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones para octubre de 1982. El PSOE ganó por mayoría absoluta. El triunfo del PSOE se puede considerar el final definitivo de la Transición.

Los Gobiernos de Felipe González (1982-1996)

El PSOE, que había moderado su discurso, consiguió la mayoría absoluta en las elecciones de 1982 y se mantuvo en el poder hasta 1996 bajo el liderazgo de Felipe González.

La situación económica siguió siendo muy delicada en los años 80; por ello, el gobierno se vio obligado a llevar a cabo un duro reajuste económico, la Reconversión Industrial (1982-1985) (cierre de empresas poco rentables con el consiguiente aumento del paro, privatización de empresas públicas, etc.). El objetivo de la reconversión era reducir la inflación y llegar a una situación económica mínimamente competitiva de cara al Tratado de Adhesión de España y Portugal a la CEE (1986).

Una vez integrada en la CEE, la situación económica española fue mejorando (1986-1991), realizándose grandes inversiones públicas en carreteras y puertos. Sin embargo, la reconversión industrial había perjudicado sobre todo a los trabajadores; por ello, los sindicatos (UGT y CC. OO.) acusaron al gobierno de practicar una política neoliberal y proclamaron la huelga general en 1988. Su éxito empujó al PSOE a realizar notables reformas sociales.

Las reformas sociales condujeron al llamado «Estado del bienestar»; se centraron en la educación universitaria y no universitaria. Se decretó la educación obligatoria y gratuita hasta los 16 años. Se universalizó la Seguridad Social. Se despenalizó el aborto.

El terrorismo de ETA fue especialmente cruel entre 1978 y 1991. Durante los años 80, los gobiernos socialistas llevaron a cabo todo tipo de tácticas para acabar con el terrorismo: la negociación con Francia consiguió que este país negara el asilo a los etarras desde 1984; el consenso entre los partidos políticos contra el terrorismo (Pacto de Madrid, 1987, y Pacto de Ajuria Enea, 1988); e incluso la negociación con la propia ETA (Conversaciones de Argel, 1987-1988). Por su parte, algunos políticos socialistas vascos se vieron mezclados en la organización de los GAL, grupos terroristas que actuaron contra ETA en el sur de Francia entre 1983 y 1987.

En 1992 se celebraron los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla. Con estos actos, el gobierno quería dar propaganda internacional de su gestión que, tras diez años de gobierno, había asegurado la democracia y había superado la crisis económica.

También en 1992, España participó en la firma del Tratado de Maastricht. En este, la CEE (refundada como UE) decidió profundizar en la integración económica y política. Así se decretaron los criterios de convergencia para llegar a la moneda única. El cumplimiento de los criterios de convergencia (bajada de los tipos de interés, control de la inflación, del gasto público y de la deuda pública) puso en evidencia los problemas estructurales de la economía española (más profundos en la crisis de 1992-1993).

Mientras el PSOE gobernaba, la oposición política de derechas se fue reforzando. En 1989, Aznar refundó Alianza Popular con el nombre de Partido Popular. Ya en 1993 tuvo buenos resultados y obtuvo la mayoría relativa en las elecciones de 1996.