Isabel II: Regencias, Guerras Carlistas y Sistema Político

Las Guerras Carlistas

A la muerte de Fernando VII, surgen diversos levantamientos a favor de Don Carlos María Isidro, movidos, generalmente, por oficiales apartados del mando poco antes (Zumalacárregui, Maroto…), dando comienzo de este modo a la I Guerra Carlista (1833-1840). El movimiento carlista se caracteriza por su localización geográfica; si bien en un principio se forman grupos dispersos, solamente se consolidan en las zonas rurales de País Vasco, Navarra y parte de Cataluña, Aragón y Valencia. El movimiento estalla en “defensa del Altar y el Trono” (lema “Dios, Patria y Rey”) sin más pretensión que la reclamación del trono por parte de Don Carlos, aglutinando en su seno a los partidarios del absolutismo frente a los liberales. La aparición en el programa carlista de la defensa de los fueros surge en septiembre de 1834 cuando Don Carlos confirma los fueros y privilegios de los territorios vascos y Navarra. La I Guerra Carlista constituye una réplica de la guerra de guerrillas. La primera división que se da de forma manifiesta fue entre la ciudad y el campo, entre la población urbana, liberal, frente a la rural, carlista. El conflicto armado pasó por dos fases bien diferenciadas:

1ª Fase (1833-1835)

Dominada por la figura de Zumalacárregui, rápida conquista de una amplia zona en el norte, y les provoca el espejismo de que tienen posibilidades de tomar Bilbao. En este intento fallido, perece el mismo Zumalacárregui al frente de sus baterías. En la zona de Levante, los carlistas estaban más desorganizados, destacando el líder carlista Cabrera en el Maestrazgo y Bajo Aragón.

2ª Fase (1835-1840)

El verano de 1835 señala la línea divisoria en el desarrollo de la guerra. Los isabelinos pretenden organizar una línea divisoria que aísle a los carlistas en el norte. Los carlistas tendrán una serie de éxitos, primero por las reacciones frente a los decretos del gobierno liberal, tras el Motín de la Granja (Desamortización de Mendizábal) y por las expediciones carlistas hacia el interior, como la de Gómez, que llega a Andalucía, y la del mismo Don Carlos, que llega a las puertas de Madrid. A partir del otoño de 1837, la suerte de la guerra ya está decidida. Aunque los carlistas tienen ciertos éxitos, como la toma de Morella por Cabrera. La unificación del mando de las tropas isabelinas bajo Espartero (victoria en Luchana que pone fin al sitio de Bilbao en 1836) y la debilidad interna del carlismo que se divide entre los transaccionistas, partidarios de alcanzar un acuerdo con los liberales, y los intransigentes, defensores de continuar la guerra. Finalmente, el Abrazo de Vergara (1839), entre Espartero y Maroto, pone fin al conflicto: el liberalismo ha vencido al Antiguo Régimen, se mantienen los fueros vascos y navarros y se integra a la oficialidad carlista en el ejército real. Cabrera resistirá en la ciudad de Morella hasta julio de 1840.

Lejos de resolverse el conflicto, y a pesar, o tal vez por ello, de que los liberales fueron muy generosos con los carlistas decretando una amplia amnistía y asimilando a muchos de ellos en el ejército, volverán a producirse episodios de rebeldía por parte de los seguidores de esta rama de la familia. Así, en 1845, el hijo de Carlos María Isidro, Carlos VI, Conde de Montemolín, se sublevará en Guipúzcoa en la que para algunos es la Segunda Guerra Carlista (Guerra de los Matiners), para otros unas simples escaramuzas, hasta que en 1849 es derrotado. Y, por último, el sobrino de este, nieto de Carlos, el autoproclamado Carlos VII, se subleva en 1872 en la Tercera Guerra Carlista que se mantendrá hasta 1876. El movimiento seguirá vivo a nivel político, aunque nunca volverán a tomar las armas, hasta su participación en la Guerra Civil Española (1936-1939) apoyando a los sublevados.

Las Regencias

La Regencia de María Cristina (1833-1840)

María Cristina será regente de su hija desde 1833 a 1840, manejando con torpeza y sin mucho interés los avatares políticos. El liberalismo político español ya va a aparecer claramente dividido entre Moderados y Progresistas. Durante este periodo entra en vigor el Estatuto Real (1834): es obra de Martínez de la Rosa, veterano liberal moderado de la época del Trienio Liberal, que sustituye a Cea Bermúdez. Se trata de una solución de compromiso entre el absolutismo y liberalismo. Se basaba en la “Carta otorgada” francesa de 1814, excluyendo los radicalismos, y que no será aceptada por todos los liberales: solo pretende reformar las Cortes del Antiguo Régimen, dividiéndolas en Estamento de Próceres, nombrados por el Rey, y Estamento de Procuradores elegibles entre los de más patrimonio. Ambas cámaras solo tienen una función consultiva y son convocadas y disueltas por el monarca. Sufragio censitario con el 0,15% del país. Se reconoce la liberalización del comercio, la industria y los transportes; la libertad de imprenta, aunque con censura previa; el renacimiento de la Milicia Nacional, llamada ahora Milicia Urbana y más tarde Guardia Nacional.

En agosto de 1836, el Motín de La Granja de San Ildefonso obligó a la regente a restablecer la Constitución de 1812 y a nombrar un gobierno progresista presidido por José María Calatrava –aunque con Juan Álvarez Mendizábal como «hombre fuerte» ocupando el Ministerio de Hacienda (desamortización)– que convocó elecciones a Cortes Constituyentes para reformar el texto constitucional de Cádiz. El resultado es la Constitución de 1837: de carácter progresista. Muy similar a la de Cádiz, con soberanía nacional, reconocimiento de amplias libertades y derechos ciudadanos, y división de poderes, que incluye limitaciones al rey. Se hicieron concesiones a los moderados, como las cortes bicamerales, el voto censitario (5% población) e importantes poderes para el rey. No tan avanzada como la del 12, busca el consenso con los moderados, pero será imposible por dos temas: la Milicia Nacional y la ley de ayuntamientos (autonomía). La organización territorial mantiene la división provincial de Javier de Burgos (1833). Muy avanzada desde el punto de vista económico con protección de la propiedad y libertad de comercio y circulación de mercancías. Solo estuvo en vigor hasta 1844.

La Regencia de Espartero (1840-1843)

Los sucesos revolucionarios de 1840 terminarán con Espartero como regente hasta 1843. Los Moderados canalizan el descontento popular y las protestas de la Reina madre por haber sido privada de la tutela de su hija. En Pamplona, se da un levantamiento contra Espartero, comandado por O’Donnell, que fracasó. También fracasó una conspiración en Madrid donde el general Diego de León fue fusilado. La situación se fue deteriorando y el autoritarismo de Espartero se puso de manifiesto en el levantamiento de Barcelona contra el arancel librecambista de 1842. Espartero ordenó bombardear la ciudad, y esto hizo que perdiera apoyos. Los moderados junto a los conspiradores de la “Orden Militar Española” (Narváez, O’Donnell…) consiguieron derrocar a Espartero en el enfrentamiento de Torrejón de Ardoz en julio del 43, y este se exilió a Gran Bretaña.

Isabel II: El Reinado Efectivo (1843-1868)

Los Grupos Políticos

A comienzos del reinado de Isabel II surgieron los primeros partidos:

• Partido Moderado: Con el espadón Narváez a la cabeza, apoyado por los grandes terratenientes, alta burguesía y clase media alta. De ideas liberales al estilo doctrinario francés, partidario de la soberanía compartida, rey con amplios poderes y control de las libertades individuales. Defienden un sufragio censitario muy restringido.
• Partido Progresista: Con el espadón Espartero a la cabeza, de gran carisma popular por sus victorias sobre los carlistas. Su base social es la pequeña y mediana burguesía, clases medias, empleados y artesanos que pretendían reformas amplias como los exaltados del Trienio Liberal, partidarios de la soberanía nacional, representada en las Cortes, y poder real limitado. Defienden un sufragio censitario menos restringido.
• Partido Demócrata: A mediados de siglo, y escindido del Progresista al hilo de las revoluciones europeas de 1848, surge el Partido Demócrata. Defiende la soberanía nacional y el sufragio universal masculino, libertad de conciencia, derecho de reunión y asociación, instrucción primaria universal y gratuita, e intervención del Estado en aspectos de asistencia social. Por su oposición a Isabel II no participó en el sistema político.
• La Unión Liberal: Encabezado por el general O’Donnell, constituido en los años cincuenta como partido de centro. Surge de la derecha del Partido Progresista y la izquierda del Moderado y su único fin era llegar al poder cubriendo el vacío que había entre ambos partidos.

La debilidad de la burguesía nacional, a diferencia de Europa, dio mayor protagonismo a los militares con pretensiones políticas. Surge así la presencia del ejército en la vida política. La alternancia entre progresistas y moderados marca el reinado de Isabel II en un periodo continuo de inestabilidad política acentuada por los pronunciamientos militares.

El Reinado Efectivo de Isabel II (1843-1868)

La Década Moderada (1844-1854)

La mayoría de edad de Isabel vino acompañada de un predominio de los moderados durante la denominada Década Moderada (1844-1854): Narváez impulsa una política autoritaria y moderada en la que se asienta definitivamente en España el Estado Liberal en su tendencia más conservadora y antidemocrática: el liberalismo doctrinario. Los progresistas fueron marginados del poder a través de un continuo falseamiento electoral. Los moderados contaban con el respaldo de las élites sociales, favorecidas por las medidas desamortizadoras: la aristocracia terrateniente y la burguesía financiera, así como altos oficiales del ejército. Se aprueba la Constitución de 1845: establecía la soberanía compartida entre las Cortes y el rey. Se fortalecía el poder de la Corona ya que además del poder ejecutivo (los equipos ministeriales eran nombrados o destituidos según el favor y la confianza de la reina), se le concedía poder legislativo que compartía con las Cortes divididas en dos Cámaras: un Senado de designación real, aristocrático y vitalicio y un Congreso de Diputados al que solo accedían las élites económicas a través de un sufragio restringido al 1% (población con más renta). No había declaración de derechos y libertades (limitación de la libertad de imprenta) y el catolicismo se estableció como religión oficial del Estado. Vigente hasta 1868, con una interrupción de dos años (1854-56, bienio progresista). Se forma un Estado nacional centralizado ya que el Gobierno de Isabel II pasó a tener el control de la administración provincial y local, pues elegía a los alcaldes de las principales ciudades y a los gobernadores de cada provincia que, a su vez, elegían a los alcaldes de los pequeños municipios. Suprimió la Milicia Nacional. Además, el Gobierno firmó el Concordato de 1851, por el cual la Iglesia admitía la desamortización de Mendizábal y el Estado, a cambio, se comprometía a reservar una parte de su presupuesto para hacer frente a los gastos eclesiásticos. Por último, en 1844 se aprueba la creación de la Guardia Civil, cuerpo militarizado cuya función principal fue mantener el orden en la España rural del momento, que se asentará sobre el predominio de la burguesía conservadora terrateniente. El autoritarismo se agudizó con el gobierno de Bravo Murillo a partir de 1852. Esta deriva conservadora traerá el pronunciamiento de la Vicalvarada que dará paso a la siguiente etapa.

El Bienio Progresista (1854-1856)

Comenzó con la revolución de 1854. O’Donnell protagonizó un pronunciamiento en Vicálvaro y, con el fin de atraerse a los liberales progresistas, publicó el Manifiesto de Manzanares (escrito por Cánovas del Castillo). En él se pedía la ampliación del número de electores, el final de la censura, la democratización de los ayuntamientos y el restablecimiento de la Milicia Nacional. En las grandes ciudades se formaron juntas revolucionarias. Isabel II encargó a Espartero la formación de un nuevo Gobierno Progresista en el que colaboró O’Donnell. Pero durante los dos años que duró este gobierno se puso freno a las reivindicaciones democráticas y populares de la revolución del 54. Solo destacó la desamortización hecha por Madoz y la elaboración de la Constitución de 1856 (non nata) que no llegó a promulgarse. En ella se llegó a recoger los planteamientos del ideario liberal progresista y anticipó algunas de las ideas desarrolladas con posterioridad por la Constitución de 1869 del Sexenio Democrático. Reafirmaba el principio de la soberanía nacional, aunque ahora de forma absoluta, de modo que todas las instituciones, incluida la Corona, encontrarían su fundamento en la voluntad de la Nación. También reconocía ampliamente los derechos políticos e instalaba, por primera vez en España, un cierto régimen de tolerancia religiosa. Se continuó manteniendo el sufragio directo censitario. Con todo, O’Donnell, al frente de un nuevo partido, La Unión Liberal (unionistas), propuso a Isabel II recuperar la Constitución de 1845, dando paso a la siguiente etapa.

La Era O’Donnell (1856-1868)

El periodo del 56 al 68 responde a los mismos planteamientos políticos que la década moderada y la Restauración. Se desarrolla entre dos paréntesis revolucionarios (el “bienio” y “la Gloriosa”). Del 56 al 68, son doce años en que las aventuras militares y las crisis bélicas pasan del interior al exterior: ninguna guerra civil mancha la península. En cambio, una política exterior de intervenciones militares mantiene viva la sensibilidad romántica de las clases medias y populares españolas: fracasos de Cochinchina y México; y éxito en Marruecos que se convierte en nuestra proyección imperial emulando los grandes imperios coloniales. Un decreto restaura la constitución del 45 con un Acta Adicional para modernizarla. El gran realizador del eclecticismo político será O’Donnell que gobierna casi todo el periodo con un partido de centro a su medida, La Unión Liberal (1856, 58-63, 65-66) y en los periodos intermedios, gobierna el viejo Narváez. Ensombrece este periodo la crisis económica que comienza en 1860 y coincide con la Guerra de Secesión norteamericana (1861-65) que frena las importaciones de algodón arruinando el textil catalán. La reina quiere socorrer al tesoro y en 1865 pretende tener un “gesto” que consiste en vender parte del Patrimonio Real quedándose con una cuarta parte de lo obtenido. Las protestas de los progresistas y demócratas se dirigen ya no contra el gobierno sino contra la propia reina. Dentro de estas podemos señalar la “Noche de San Daniel” (1865); el levantamiento de Prim en Villarejo de Salvanés en enero del 66 y la sublevación del cuartel de San Gil en junio del mismo año. Todo esto culmina con el Pacto de Ostende de agosto del 66 al que se sumarán republicanos y unionistas con Serrano a la cabeza en 1867.