La unión dinástica y la organización política de los reinos
La unión dinástica entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón (1469) supuso el inicio de la Monarquía Hispánica, pero no la creación de un Estado unificado: fue la coincidencia de dos coronas bajo los mismos monarcas. El proceso se desarrolló en un contexto de guerras civiles del siglo XV y de lucha entre la monarquía y la nobleza; tras la Guerra de Sucesión castellana (1475–1479) la victoria de Isabel quedó ratificada por el Tratado de Alcaçovas (1479).
La Concordia de Segovia (1475) reguló la convivencia política: cada monarca mantuvo soberanía efectiva en su reino y se respetaron las leyes, instituciones, lenguas y sistemas fiscales propios de Castilla y de Aragón. Castilla, con mayor población y una economía más dinámica basada en la lana y el comercio atlántico, se convirtió en la base económica y política de la monarquía; Aragón conservó su tradición pactista y su fuerte autonomía institucional.
Las incorporaciones de Granada (1492) y Navarra (1512) completaron la unidad territorial peninsular, aunque sin homogeneizar jurídicamente los reinos. Los Reyes Católicos coordinaron una política exterior común y proyectaron la monarquía internacionalmente mediante alianzas matrimoniales, pero mantuvieron la estructura compuesta del reino.
En conclusión, la unión de 1469 no creó un Estado centralizado, sino una monarquía compuesta que estableció una dirección política común y las bases de la España moderna: unidad dinástica y proyección internacional, junto a la pervivencia de la diversidad jurídica y administrativa de cada reino.
La Ilustración en España
La Ilustración fue un movimiento intelectual europeo del siglo XVIII que promovió la razón, la ciencia y la educación como motores del progreso. En España, influida por las corrientes francesas, la Ilustración adoptó un carácter moderado y estatal: los reformistas buscaron modernizar la economía, la administración y la enseñanza sin cuestionar la monarquía.
Carlos III y el despotismo ilustrado
El reinado de Carlos III (1759–1788) supuso el momento culminante del llamado despotismo ilustrado; sus ministros —Campomanes, Floridablanca, Aranda y Jovellanos— impulsaron medidas prácticas: fomento de la agricultura e industria, creación de Reales Fábricas, liberalización parcial del comercio con América (1778) y promoción de la enseñanza técnica y las academias científicas. También se emprendieron obras urbanas y administrativas, como la modernización de Madrid y la implantación de intendentes y secretarías que anticiparon los ministerios modernos.
Las reformas educativas y culturales promovieron academias, sociedades económicas y museos, aunque la universidad tradicional apenas cambió. En el plano económico se intentó mejorar la productividad mediante proyectos agrarios, repoblaciones y la crítica a la propiedad amortizada; en el comercio se eliminaron barreras interiores y se impulsó la industria manufacturera.
Resistencias y consecuencias
Sin embargo, la Ilustración española chocó con fuertes resistencias: la Iglesia defendió sus privilegios (la expulsión de los jesuitas en 1767 fue un episodio clave), la nobleza se opuso a perder prerrogativas y amplios sectores populares no comprendieron ni aceptaron algunas medidas, como mostró el Motín de Esquilache (1766). Aun así, pensadores como Feijóo, Jovellanos y Campomanes sentaron las bases del pensamiento reformista que desembocaría en las corrientes liberales del siglo XIX.
En conjunto, la Ilustración en España fue un intento de modernización desde el poder: limitado en su alcance, pero decisivo para introducir ideas científicas y administrativas que transformaron parcialmente la sociedad y prepararon cambios posteriores.
Reformas ilustradas en la España borbónica (siglo XVIII)
La llegada de los Borbones tras la Guerra de Sucesión abrió un periodo de modernización limitada inspirado en la Ilustración europea. Bajo el reinado de Carlos III (1759–1788), una minoría ilustrada —ministros como Campomanes, Floridablanca, Aranda y Jovellanos— impulsó reformas políticas, económicas y culturales destinadas a fortalecer el Estado y mejorar la productividad sin cuestionar el poder absoluto del monarca.
Política y administración
Se avanzó en la centralización y racionalización del Estado: los Decretos de Nueva Planta (1707–1716) suprimieron los fueros de la Corona de Aragón; se crearon intendencias con funciones fiscales, militares y judiciales; y se intentó ordenar la fiscalidad y la justicia mediante catastros y censos. La expulsión de los jesuitas (1767) y la represión del Motín de Esquilache (1766) muestran las tensiones entre reforma y resistencia.
Economía
Las reformas buscaron impulsar agricultura, industria y comercio. Se criticó la amortización de tierras y se promovieron medidas parciales (repartos y repoblaciones). Se fomentó la industria mediante las Reales Fábricas y la abolición de gremios (1772), aunque la iniciativa privada, sobre todo en Cataluña, tuvo mayor éxito. En comercio, se suprimieron aduanas interiores y se liberalizó el comercio con América (decreto de 1778). Se crearon instituciones financieras como el Banco de San Carlos.
Sociedad, educación y cultura
Se promovió la ciencia y la educación: academias, sociedades económicas, museos y enseñanza técnica. Las universidades apenas cambiaron, pero las academias y las Juntas de Comercio impulsaron la formación práctica. La población creció notablemente durante el siglo, emergió una burguesía comercial e industrial y se consolidaron nuevas capas medias urbanas y rurales.
Límites y resistencias
Las reformas chocaron con la Iglesia, la nobleza y la falta de recursos; muchas medidas quedaron incompletas. La expulsión de los jesuitas y el Motín de Esquilache evidencian la fragilidad del proceso reformista frente al rechazo social e institucional.
Las reformas ilustradas en la España borbónica supusieron un avance real hacia la modernización administrativa, económica y cultural, aunque limitado por las estructuras del Antiguo Régimen. Sentaron las bases del cambio que se desarrollaría en el siglo XIX: mayor racionalización del Estado, impulso a la economía y difusión de ideas científicas y reformistas.
Los Decretos de Nueva Planta
Los Decretos de Nueva Planta (1707–1716), promulgados por Felipe V tras la Guerra de Sucesión, supusieron una transformación decisiva en la organización política de la Monarquía Hispánica. Aplicados progresivamente a Valencia, Aragón, Mallorca y Cataluña, estos decretos suprimieron las instituciones forales propias de la Corona de Aragón —Cortes, consejos y sistemas fiscales y judiciales— e impusieron las leyes, estructuras administrativas y procedimientos del modelo castellano. Entre sus medidas destacaron la creación de autoridades provinciales como el capitán general, la implantación de Audiencias con funciones judiciales y de gobierno y la uniformización de impuestos y tribunales.
Aunque nacieron como castigo a los territorios que apoyaron al archiduque Carlos, los decretos formaron parte de un proyecto más amplio de centralización y modernización inspirado en el absolutismo francés: buscaban consolidar la autoridad real, racionalizar la administración y construir un Estado más cohesionado. El País Vasco y Navarra conservaron sus fueros por su fidelidad a Felipe V. En conjunto, los Decretos de Nueva Planta marcaron el fin efectivo de la monarquía compuesta heredada de los Austrias y el inicio de la monarquía unitaria y centralista que caracterizaría a la España borbónica.