La Constitución Republicana de 1931 y el Bienio Reformista en España
La Constitución de 1931: Un Marco Avanzado y Progresista
La Constitución de 1931 fue muy avanzada para su tiempo. Tenía un marcado carácter democrático y progresista, que se evidencia en el artículo primero del Título Preliminar, donde se define a España como una «República de trabajadores de todas las clases que se organiza en un régimen de Libertad y Justicia» y se establece que todos los poderes emanan del pueblo. Agrupaba los siguientes principios: el Estado se configuraba de forma integral, pero se aceptaba la posibilidad de constituir gobiernos autónomos en algunas regiones.
El poder legislativo residía plenamente en las Cortes, constituidas por una sola cámara con atribuciones muy amplias. El poder ejecutivo recaía en el Gobierno, formado por el Consejo de Ministros y el jefe de Gobierno. El poder judicial se confiaba a unos jueces independientes.
La Constitución incluía también una amplia declaración de derechos y libertades, y manifestaba una preocupación por los temas sociales. Establecía el voto desde los 23 años y, por primera vez, concedía el voto a las mujeres.
La Constitución no consiguió el consenso de todas las fuerzas políticas y, aunque fue aprobada por amplia mayoría, existían profundas discrepancias entre la izquierda y la derecha, sobre todo en lo referente a la cuestión religiosa y autonómica.
Manuel Azaña sustituyó en la jefatura del Gobierno a Niceto Alcalá Zamora, y este pasó a ser presidente de la República.
El Bienio Reformista (1931-1933): Profundas Transformaciones
La Cuestión Religiosa y la Secularización
Uno de los primeros objetivos de la República fue limitar la influencia de la Iglesia y secularizar la sociedad española. También se permitieron el divorcio y el matrimonio civil, y se secularizaron los cementerios.
El proceso se completó con la Ley de Congregaciones, que limitó la posesión de bienes a las órdenes religiosas y previó la posibilidad de su disolución en caso de peligro para el Estado. El resurgimiento de los viejos movimientos populares anticlericales, que entre los días 11 y 12 de mayo de 1931 incendiaron conventos y edificios religiosos en varias ciudades como Madrid, Sevilla, Cádiz…, avivó esos temores. La actitud manifiestamente hostil del cardenal Segura provocó que el Gobierno optase por una medida de fuerza y dictase su expulsión del territorio español.
La Modernización del Ejército
Manuel Azaña impulsó una reforma que pretendía crear un ejército profesional y democrático. Para ello, se creyó necesario reducir los efectivos militares, acabar con la macrocefalia, poner fin al fuero especial de los militares y terminar con la tradicional intervención del Ejército en la vida política.
Con esta finalidad, se promulgó la Ley de Retiro de la Oficialidad, que establecía que todos los oficiales en activo debían prometer su adhesión a la República.
Posteriormente, se creó la Guardia de Asalto, una fuerza de orden público fiel a la República. La reforma, técnicamente bien planteada, tuvo resultados limitados. Fue recibida por algunos sectores, sobre todo por los llamados africanistas, como una agresión a la tradición militar y al poder del Ejército.
La Reforma Agraria
Fue el proyecto de mayor envergadura iniciado por la República. Se pretendía poner fin al predominio del latifundismo existente en una buena parte del centro y el sur de España y mejorar las condiciones de vida de los campesinos pobres.
Una serie de primeros decretos, que perseguían proteger a los campesinos sin tierras y a los arrendatarios, establecieron la prohibición de rescindir los contratos de arrendamiento.
Pero la verdadera reforma consistió en la elaboración de una Ley de Reforma Agraria, aprobada por las Cortes en septiembre de 1932. La ley permitía la expropiación sin indemnización de las tierras de una parte de la nobleza.
La aplicación de esta ley se encomendó al Instituto de la Reforma Agraria (IRA), que contaba con un presupuesto anual para indemnizar a los propietarios expropiados y se encargaba de facilitar los asentamientos de familias campesinas. La aplicación de la Ley de Reforma Agraria originó un considerable aumento de la tensión social.
La Reforma del Estado Centralista y las Autonomías
En Cataluña, el 14 de abril de 1931, Francesc Macià, presidente de Esquerra Republicana de Catalunya, había proclamado la República Catalana. Esta proclamación creaba un grave problema, dado que el Pacto de San Sebastián determinaba que debía ser la Constitución la que estableciese el nuevo tipo de Estado y la situación de las diferentes nacionalidades dentro de este.
La Constitución, aprobada en diciembre de ese mismo año, ofreció un marco legal al Estatuto de Autonomía de Cataluña (también conocido como Estatuto de Nuria), pero estableció recortes con respecto al texto elaborado en Nuria.
En el País Vasco, nacionalistas del PNV y carlistas aprobaron, en junio de 1931, un proyecto de estatuto (conocido como Estatuto de Estella). Pero su aprobación se retrasó indefinidamente debido a la oposición del republicanismo de izquierda y de los socialistas, que consideraban este proyecto en exceso confesional, poco democrático e incompatible con la Constitución republicana.
En Galicia, la conciencia nacionalista era menos acusada y el nacionalismo gallego distaba mucho de ser una fuerza hegemónica.
La Obra Educativa y Cultural
Otra reforma importante fue la de la enseñanza. Por un lado, el objetivo primordial era promover una educación liberal y laica, y hacer del Estado el garante del derecho a la educación, extendido por primera vez a toda la población.
Por otro lado, los dirigentes republicanos estaban convencidos de la necesidad de mejorar el nivel cultural de la población.
Las Reformas Laborales
El socialista Francisco Largo Caballero inició, desde el Ministerio de Trabajo, una serie de reformas para mejorar las condiciones laborales. Se aprobó la Ley de Contratos de Trabajo, que regulaba la negociación colectiva, y la Ley de Jurados Mixtos, con el poder de arbitraje vinculante en caso de desacuerdo. Se estableció también la semana laboral de 40 horas y se estimuló el aumento de los salarios. Se promovió la creación de seguros sociales, se redujo la jornada laboral de los trabajadores del campo y se reforzó el papel de los sindicatos agrícolas en la contratación de tareas del campo.
Estas medidas provocaron la irritación de las organizaciones patronales, que se opusieron a su promulgación y consiguieron frenar algunos proyectos.