La Constitución de 1978: Pilar de la Democracia Española

El proceso constitucional español que culminó con la aprobación de la Constitución de 1978 fue la continuación lógica y necesaria de la Transición iniciada tras la muerte de Franco. Después de las elecciones democráticas de 1977, que marcaron el retorno de la soberanía popular como fuente de legitimidad política por primera vez desde la Segunda República, las Cortes surgidas de estos comicios se constituyeron como Cortes Constituyentes, encargadas de redactar una nueva norma fundamental que articulara jurídicamente el nuevo sistema democrático.

El Consenso Constitucional

Esta transformación solo fue posible gracias al consenso alcanzado entre fuerzas políticas de procedencias ideológicas muy distintas, incluidas tanto la antigua oposición antifranquista como sectores reformistas del propio régimen, reunidos en la UCD liderada por Adolfo Suárez. El clima de consenso fue fundamental para evitar fracturas sociales o institucionales en un contexto aún marcado por la amenaza golpista, la persistencia del terrorismo y el recuerdo reciente del autoritarismo.

Los trabajos de redacción del texto constitucional estuvieron a cargo de una Comisión Constitucional en el Congreso, que delegó esta tarea en un grupo de siete diputados conocidos como los “Padres de la Constitución”, procedentes de diversas fuerzas políticas, lo que garantizó un equilibrio entre sensibilidades.

La búsqueda del acuerdo llevó a redactar muchos artículos con una ambigüedad deliberada, lo que permitió incorporar en un mismo texto principios que hasta entonces habían sido causa de confrontación histórica en España, como el modelo territorial o el papel de la Iglesia. Esta ambigüedad facilitó la aceptación del texto final por la mayoría de los partidos y la ciudadanía, que lo aprobó en referéndum el 6 de diciembre de 1978 con una amplia mayoría del 87,87% de los votos, consolidando así un marco constitucional que ha perdurado hasta la actualidad, siendo uno de los textos más estables de Europa occidental.

Contenido y Principios Fundamentales

El contenido de la Constitución refleja claramente el espíritu de conciliación que presidió su redacción. En su Título Preliminar se establecen los principios fundamentales del nuevo régimen: España se define como un Estado social y democrático de Derecho, en el que la soberanía reside en el pueblo, y cuya forma política es una monarquía parlamentaria. Esta fórmula permitía mantener la institución monárquica restaurada por Franco, pero dentro de un modelo democrático y representativo, lo que supuso un compromiso entre el pasado inmediato y las aspiraciones democráticas del presente. En este contexto, el rey Juan Carlos I pasó a desempeñar un papel simbólico como jefe del Estado, con funciones representativas y sin poder ejecutivo, lo que significaba una ruptura efectiva con el carácter autoritario de la monarquía franquista.

El Estado de las Autonomías

Uno de los artículos más relevantes y controvertidos del nuevo texto fue el artículo 2, que intentaba resolver uno de los principales problemas históricos de España: la tensión entre unidad y diversidad territorial. Se reconocía explícitamente el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones dentro del marco de la unidad indivisible de la nación española, fórmula que permitió integrar las aspiraciones de autogobierno de territorios como Cataluña o el País Vasco sin romper con el principio de unidad estatal.

Esta previsión dio origen al llamado “Estado de las Autonomías”, un modelo de descentralización que no se ajusta estrictamente ni al federalismo ni al centralismo, pero que ha permitido canalizar gran parte del pluralismo territorial español.

La concreción de este modelo se produjo entre 1979 y 1983, cuando se constituyeron las 17 Comunidades Autónomas y, posteriormente, en 1995, las dos Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Cada una de ellas adoptó un Estatuto de Autonomía, en el que se definían sus competencias y su organización institucional, con un Parlamento propio y un Gobierno regional. El sistema autonómico se desarrolló de manera asimétrica en sus inicios, con “vías rápidas” para las nacionalidades históricas y “vías lentas” para el resto de las regiones, aunque con el tiempo se produjo una tendencia hacia la equiparación competencial. Esta solución permitió, al menos durante las primeras décadas, integrar en el sistema constitucional a los nacionalismos moderados, como el catalán representado por Convergència i Unió de Jordi Pujol o el vasco del PNV.

Derechos y Libertades

Además del modelo territorial, la Constitución estableció un amplio catálogo de derechos y libertades en su Título I, incluyendo no solo los derechos civiles y políticos básicos —como la libertad de expresión, de conciencia, de reunión o el derecho al voto—, sino también derechos sociales como el derecho al trabajo, la vivienda o la protección de la salud. Esta incorporación reflejaba la influencia de las constituciones europeas de posguerra y el compromiso con el Estado del bienestar.

Para garantizar estos derechos se creó un sistema judicial independiente, culminado con el Tribunal Constitucional, encargado de velar por la supremacía de la Constitución y proteger los derechos fundamentales.

Organización del Poder y Aconfesionalidad

En cuanto a la organización del poder, la Constitución consagró la separación de poderes con un sistema parlamentario. El poder legislativo recayó en unas Cortes Generales bicamerales —Congreso de los Diputados y Senado— elegidas por sufragio universal. El poder ejecutivo quedó en manos del Gobierno, cuyo presidente debía ser investido por el Congreso. El poder judicial quedó en manos de jueces y magistrados independientes, en un marco que garantizaba el Estado de Derecho y la legalidad como principios básicos de actuación.

En el ámbito religioso, el texto estableció un Estado aconfesional, lo que suponía una ruptura clara con el nacionalcatolicismo del franquismo. Aunque se reconocía la especial relación con la Iglesia Católica, también se garantizaba la libertad religiosa y se sentaban las bases para una mayor separación entre Iglesia y Estado, sin llegar a un laicismo estricto, lo cual también formaba parte del equilibrio necesario para asegurar el respaldo de sectores conservadores al nuevo orden constitucional.

Reformas Constitucionales

A pesar de su estabilidad, la Constitución solo ha sido modificada en dos ocasiones: en 1992 para adaptarse al Tratado de Maastricht y permitir el voto de ciudadanos de la Unión Europea en elecciones municipales, y en 2011 —durante la crisis económica— para incluir el principio de estabilidad presupuestaria en el artículo 135, estableciendo la prioridad del pago de la deuda pública. Esta reforma, exigida por las instituciones europeas, fue aprobada con gran rapidez y escaso debate público, lo que generó críticas sobre la falta de consenso en una decisión de tanta relevancia.

En definitiva, la Constitución de 1978 supuso la culminación jurídica del proceso de transición iniciado tras la muerte de Franco y el instrumento clave para consolidar la democracia en España. Fue capaz de reconciliar a una sociedad profundamente dividida, de integrar diversas tradiciones políticas e ideológicas, y de establecer un marco institucional que ha perdurado durante más de cuatro décadas. Su capacidad para articular el pluralismo político, garantizar derechos y ordenar la convivencia entre la diversidad territorial han sido fundamentales para la estabilidad del sistema democrático español, aunque también ha sido objeto de tensiones y demandas de reforma que reflejan la evolución de la sociedad española desde la Transición hasta nuestros días.

El Estado Franquista: Del Desarrollismo a la Crisis Final (1959-1975)

A partir de 1959, España inició una profunda transformación económica, social y, en menor medida, política, impulsada por el fracaso del modelo autárquico impuesto tras la Guerra Civil. Durante casi dos décadas, el país había estado sometido a una política económica intervencionista y aislacionista que condujo al estancamiento y al empobrecimiento generalizado.

El Fin de la Autarquía y el Desarrollismo

Sin embargo, a comienzos de los años cincuenta, en el marco del nuevo orden internacional surgido de la Guerra Fría, se produjo un cambio significativo: la alianza estratégica con Estados Unidos permitió la llegada de ayuda económica y militar, lo cual fue un punto de inflexión. Esta ayuda facilitó la importación de bienes de equipo fundamentales para el desarrollo industrial, lo que permitió poner fin al racionamiento en 1952 y superar, en 1954, el nivel de renta per cápita de 1935, poniendo fin a veinte años de estancamiento económico.

El descontento social derivado de la inflación y la falta de reformas estructurales empujó a Franco a permitir la entrada de tecnócratas del Opus Dei en su gobierno en 1957, quienes impulsaron el Plan de Estabilización de 1959. Este plan marcó el abandono definitivo de la autarquía: se liberalizó el comercio, se recortó el gasto público, se redujo el intervencionismo estatal y se incentivó la inversión extranjera mediante la devaluación de la peseta. Las consecuencias fueron inmediatas: a partir de 1961, la economía española inició una etapa de crecimiento acelerado, en gran parte gracias a las inversiones extranjeras atraídas por los bajos costes laborales, al boom turístico y a las remesas enviadas por los emigrantes españoles establecidos en Europa occidental.

Transformación Social y Cuestionamiento del Régimen

Este desarrollo económico provocó una transformación radical del tejido social. La rápida industrialización trajo consigo una intensa emigración rural hacia las ciudades y hacia otros países europeos. A la vez que la agricultura se modernizaba, se vaciaban amplias zonas del interior, generando un importante desequilibrio regional.

El crecimiento económico sostenido y la mejora del nivel de vida favorecieron la aparición de una incipiente sociedad de consumo. El acceso a electrodomésticos, automóviles y televisión, así como el contacto con modas y costumbres extranjeras a través del turismo, propiciaron una modernización de los comportamientos sociales, especialmente entre los jóvenes, que empezaron a cuestionar los valores tradicionales del régimen. La natalidad se mantuvo alta, mientras que la mortalidad descendía, lo que provocó un fuerte incremento demográfico que el Estado no supo gestionar, ya que no amplió en paralelo el gasto público, generando carencias notables en servicios como la vivienda, la sanidad o la educación.

Inmovilismo Político y Oposición Creciente

A pesar de estas transformaciones, el régimen franquista se mostró completamente inmovilista en el ámbito político. La dictadura mantuvo intactas sus estructuras represivas, incluso cuando sectores del régimen intentaban proyectar una imagen de apertura con tímidas reformas legislativas, como la Ley de Prensa o la designación de Juan Carlos de Borbón como sucesor a título de rey. Las tensiones internas dentro del franquismo comenzaron a acentuarse entre los llamados “aperturistas”, partidarios de una reforma controlada, y el “búnker”, que agrupaba a los sectores más inmovilistas y represivos.

El desarrollo económico y los cambios sociales generaron una creciente oposición al régimen, tanto en el movimiento obrero como en el estudiantil. Las Comisiones Obreras (CC.OO.) emergieron como la principal fuerza sindical en la clandestinidad, apoyadas por el Partido Comunista, mientras que las universidades se convirtieron en un foco constante de protestas.

La represión seguía siendo la respuesta habitual del régimen, canalizada a través de la Brigada Político-Social y del Tribunal de Orden Público, que institucionalizaban la persecución a los disidentes. A su vez, sectores de la Iglesia Católica, influenciados por el Concilio Vaticano II, se distanciaron del franquismo y comenzaron a colaborar con la oposición, lo cual contribuyó aún más a debilitar la legitimidad del régimen.

La Crisis Final del Franquismo

En paralelo, los movimientos nacionalistas también se reactivaron. En el País Vasco, ETA, surgida en 1959 de una escisión del PNV, adoptó progresivamente la violencia como instrumento político, iniciando su actividad terrorista con un atentado en 1968. Lejos de detener el fenómeno, la represión estatal generó mayor apoyo social a la organización. El momento más simbólico fue el Juicio de Burgos en 1970, donde nueve etarras fueron condenados a muerte. La presión internacional llevó a la conmutación de las penas, pero el episodio evidenció el aislamiento político del régimen. La oposición al franquismo se intensificó en los primeros años setenta, en un contexto marcado por la aparición de nuevas organizaciones armadas como el FRAP, el endurecimiento de la represión, y el visible deterioro físico de Franco.

La muerte de Carrero Blanco en diciembre de 1973, a manos de ETA, supuso un golpe devastador para la dictadura. Carrero representaba la continuidad del régimen tras la inminente desaparición del dictador y su asesinato dejó al régimen sin su principal garante de estabilidad.

A partir de entonces, se aceleró la descomposición del sistema. La Iglesia ya se encontraba abiertamente enfrentada con el poder (como evidenció el caso Añoveros), y las ejecuciones de opositores en 1974 y 1975 provocaron una oleada de protestas internacionales que aislaron aún más al régimen. En este clima, la Marcha Verde organizada por Marruecos fue el golpe final a la política exterior franquista: España cedió el Sahara Occidental, incumpliendo sus obligaciones internacionales, en un intento de evitar un conflicto mientras Franco agonizaba. Finalmente, el dictador murió el 20 de noviembre de 1975, dejando tras de sí un país profundamente transformado en lo económico y social, pero anclado en un sistema político autoritario que, tras su desaparición, se enfrentaría al desafío de la transición a la democracia.

El Proceso de Transición a la Democracia Actual

Tras la muerte de Franco en noviembre de 1975, se abrió en España un periodo de incertidumbre política que desembocaría en la transición hacia un sistema democrático. Esta etapa no puede entenderse sin tener en cuenta el proceso de transformación económica y social que vivió el país desde finales de los años cincuenta.

Contexto y Primeros Pasos

El fin de la autarquía, la apertura al capital extranjero, el crecimiento del turismo y la emigración generaron un rápido desarrollo económico que modernizó profundamente la sociedad española, provocando a su vez tensiones sociales, el auge de la oposición política y el desgaste progresivo del régimen franquista, que se mantuvo inmovilista en el ámbito político a pesar de la presión creciente. La falta de respuesta efectiva a la demanda de libertades, la represión continuada y el aislamiento internacional del régimen contribuyeron al desprestigio de la dictadura y al aumento del descontento, especialmente tras el asesinato de Carrero Blanco en 1973 y la represión posterior al Juicio de Burgos o a la Marcha Verde. Cuando Juan Carlos I fue proclamado rey, el régimen arrastraba una profunda crisis de legitimidad que hacía inevitable un cambio político.

El inicio de la monarquía parlamentaria no fue inmediato ni sencillo. Las diferencias internas en el franquismo entre los sectores inmovilistas del “búnker” y los “aperturistas” se agudizaron, y el rey decidió en un primer momento mantener a Arias Navarro como presidente del gobierno. Sin embargo, el continuismo de este último generó una fuerte oleada de protestas sociales, huelgas y movilizaciones impulsadas por una oposición que se estaba organizando con rapidez. La Coordinación Democrática, conocida como la Platajunta, unificó a diferentes fuerzas contrarias al franquismo, como el PSOE, que se había renovado en el Congreso de Suresnes en 1974, el PCE de Santiago Carrillo, y los sindicatos como CC.OO., mientras que fuerzas nacionalistas de Cataluña o el PNV emergían como actores relevantes en sus respectivos territorios.

La Estrategia de Adolfo Suárez

La presión social, la ineficacia del gobierno de Arias Navarro y la necesidad de emprender un proceso de apertura llevaron al rey a destituirlo en julio de 1976 y nombrar en su lugar a Adolfo Suárez, un político joven proveniente del Movimiento que, pese al escepticismo inicial, sería clave en la Transición.

Suárez, con el apoyo de Torcuato Fernández Miranda, diseñó una estrategia de cambio desde la legalidad franquista que culminó con la aprobación de la Ley para la Reforma Política en noviembre de 1976. Esta ley supuso el suicidio legal de las Cortes franquistas, ya que reconocía principios democráticos como la soberanía popular, el sufragio universal y el sistema parlamentario bicameral. La ley fue aprobada por referéndum, lo que otorgó legitimidad al proceso y desactivó parcialmente la oposición de los sectores inmovilistas. Paralelamente, Suárez incorporó al gobierno a figuras como el general Gutiérrez Mellado, que resultaron clave para mantener la disciplina en el ejército ante los riesgos de involución. Las medidas aperturistas se intensificaron: se legalizaron los partidos políticos, incluido el PCE en abril de 1977, se concedió una amnistía general a los presos políticos y se prepararon las condiciones para unas elecciones democráticas.

El contexto era extremadamente tenso. Por un lado, la extrema derecha y sectores militares se resistían al cambio y comenzaron a conspirar para frenar el avance democrático. Por otro lado, grupos como ETA o el GRAPO intensificaron su actividad armada, contribuyendo a generar un clima de inestabilidad que podía favorecer un golpe de Estado. La Semana Trágica de enero de 1977, que incluyó el asesinato de cinco abogados laboralistas vinculados al PCE en la calle Atocha por pistoleros de extrema derecha, estuvo a punto de hacer descarrilar el proceso. Sin embargo, Suárez mantuvo el rumbo y logró encauzar el cambio con firmeza.

Consolidación Democrática y Retos

En junio de 1977 se celebraron las primeras elecciones democráticas desde la Segunda República, y la victoria fue para la recién creada Unión de Centro Democrático (UCD), que agrupaba a antiguos aperturistas del franquismo y sectores moderados de la oposición. El PSOE, liderado por Felipe González, se consolidó como la gran fuerza de la izquierda, desplazando al PCE, mientras que fuerzas como Alianza Popular representaban a la derecha más conservadora. Convergència i Unió y el PNV se convirtieron en referentes del nacionalismo catalán y vasco, respectivamente.

El nuevo gobierno debía ahora afrontar dos grandes retos: consolidar el régimen democrático mediante una nueva Constitución, y hacer frente a la crisis económica provocada por la recesión internacional tras la crisis del petróleo de 1973, que había agravado el desempleo, la inflación y el déficit público. Para ello, en octubre de 1977, se firmaron los Pactos de la Moncloa, acuerdos entre el gobierno y los principales partidos y sindicatos para adoptar medidas económicas de urgencia a cambio de garantías democráticas.

Este pacto reflejaba el espíritu de consenso que caracterizó la Transición, un proceso que, pese a estar amenazado por el golpismo, el terrorismo y la resistencia de los sectores más reaccionarios del antiguo régimen, logró asentar las bases de una democracia parlamentaria gracias a la voluntad de entendimiento entre fuerzas políticas muy diversas. Así, la Transición no fue una ruptura, sino una reforma pactada desde las propias estructuras del franquismo, impulsada por una sociedad que había cambiado profundamente durante las décadas anteriores y que exigía mayor libertad política, justicia social y apertura al exterior. El legado del desarrollismo, la modernización social, la pérdida de legitimidad de la dictadura y la presión internacional convergieron con una dirigencia política capaz de transformar ese impulso en instituciones democráticas que marcarían el futuro de España.