Leyes Fundamentales del Franquismo: Impacto y Contexto Histórico

Ley de Protección de las Industrias de Interés Nacional (25 de octubre de 1939)

Esta ley, promulgada el 25 de octubre de 1939, fue una medida crucial del régimen franquista para impulsar la industria española tras la Guerra Civil. A través de un conjunto de artículos, se establecieron las bases para la recuperación económica del país en un contexto de posguerra.

Localización y Clasificación

El texto objeto de este comentario es un fragmento de la Ley de Protección de las Industrias de Interés Nacional. Se trata de una fuente histórico-primaria, ya que es contemporánea a los hechos que describe. Por su forma, es un texto legislativo y articulado. En cuanto a su contenido, es de carácter económico, dado que afectaría significativamente al desarrollo empresarial del país en los años venideros. Aunque la autoría formal recae en el régimen de Francisco Franco, su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) le confiere un componente público, estando especialmente destinado al empresariado español.

Análisis del Contenido

Antes de adentrarnos en el análisis, es conveniente citar algunos términos importantes presentes en este texto:

  • “Gloriosa Cruzada”: Se refiere a la Guerra Civil Española, una denominación propagandística del régimen.
  • “Expropiación forzosa”: Consiste en la apropiación de un bien por parte del Estado, previa indemnización a su propietario.
  • “Derecho de aduanas”: Son aranceles o impuestos que se cobran sobre las importaciones.

El tema central del texto es la promulgación de una ley que favorezca la implantación de industrias de interés nacional. Las ideas principales giran en torno a la situación económica de España en ese momento (marcada por una política autárquica), los deseos del régimen de cambiar esa situación, la importancia de estas industrias y los beneficios que se esperaban de ellas.

El texto comienza haciendo referencia a la victoria en la Guerra Civil, pero reconociendo la grave situación del país tras tres largos años de conflicto. Con esta ley se pretendía relanzar numerosas empresas que habían sido destruidas durante la contienda. Aunque aún no reconoce la situación de aislamiento internacional, sí demanda un proyecto de mercado interior que impulse la economía española y, sobre todo, un proyecto que cubra las necesidades básicas de los ciudadanos, que en ese momento eran precarias.

Para conseguir estos objetivos, la ley preveía la creación de empresas de interés nacional y la concesión de los siguientes beneficios:

  • Expropiación de los terrenos para su instalación.
  • Reducción de los impuestos.
  • Garantía por el Estado a su capital.
  • Rebaja de los derechos de aduanas.

A cambio de estos beneficios, sería el Estado quien tendría el control, nombrando a un “consejero delegado” y a un “interventor” para supervisar lo que sucediera en las empresas.

Contextualización Histórica

La necesidad de reconstrucción del país tras la Guerra Civil, el comienzo de la Segunda Guerra Mundial y el aislamiento diplomático al que se vio sometida España obligaron al régimen franquista a adoptar una serie de medidas autárquicas e intervencionistas, en las que se encuadra el texto objeto de este comentario. El objetivo de esta ley era garantizar el autoabastecimiento pleno dentro de las propias fronteras, por lo que la totalidad de las actividades productivas pasó a ser controlada por el gobierno. Era el propio gobierno quien tomaba las principales decisiones en cuanto a distribución, salarios, producción, compras, inversiones, entre otros aspectos.

En segundo lugar, se implementó un sistema de racionamiento en productos de primera necesidad para evitar el hambre durante la posguerra y garantizar el abastecimiento a toda la población. Esto se llevaba a cabo a través de las cartillas de racionamiento, individuales o familiares, y duró hasta principios de la década de 1950.

En tercer lugar, en 1941 se fundó el INI (Instituto Nacional de Industria), cuyo objetivo era impulsar la industrialización creando grupos de empresas estatales con capital público y gestionadas por el gobierno, como Endesa, Fagor o Iberia.

En cuarto lugar, se estableció una decidida protección a las empresas españolas ya existentes con subvenciones estatales y privilegios como los que aparecen en el documento a comentar. A pesar de ello, el gobierno no practicó una autarquía completa, ya que algunos productos eran imposibles de conseguir a nivel nacional.

Este ideario autárquico tuvo consecuencias negativas en España, como la reducción de los intercambios con el exterior y un aumento del déficit comercial. Generó una burocracia gigantesca que ralentizó la gestión de los escasos recursos disponibles. Además, se multiplicaron las irregularidades administrativas, que generaron corrupción y tráfico de influencias, lo que supuso el enriquecimiento de muchos hombres de negocios.

Esta política autárquica dejó una importante huella en el sistema productivo español, caracterizado por sus altos costes, una fuerte especialización y escasa competitividad.

Importancia del Texto

Esta ley fue crucial para el desarrollo económico del periodo franquista, porque tenía como objetivo fortalecer la economía nacional a través del autoabastecimiento y reduciendo la dependencia extranjera. Además, incentivó el desarrollo de industrias estratégicas mediante beneficios fiscales. Por otro lado, también fue importante porque buscaba la creación de empleo y la reconstrucción del país tras la Guerra Civil. A largo plazo, limitó la competitividad y la modernización, pero en el contexto de la posguerra fue fundamental para la estabilización económica y la construcción de una base industrial.

Resolución del Congreso del Movimiento Europeo de Múnich (7-8 de junio de 1962)

La Resolución del Congreso del Movimiento Europeo de Múnich, conocido por el régimen franquista como el “Contubernio de Múnich”, fue un evento clave en la historia política contemporánea de España. Este congreso reunió a opositores al régimen y marcó un hito en la lucha por la democracia y la integración de España en Europa.

Localización y Clasificación

El texto objeto de este comentario es un fragmento de la Resolución en el Congreso del Movimiento Europeo de Múnich (7-8 de junio de 1962) a Propuesta de 118 Delegados Españoles. Según su fuente, es histórico-primaria, por ser contemporánea a los hechos. Por su forma, es un manifiesto político, un documento en el que una persona, institución u organización expone sus motivaciones o puntos de vista sobre algo. Según su contenido, es ideológico y político, ya que refleja el ideario de un grupo que, en ese momento, representaba a una parte significativa de la oposición española. El autor es colectivo, los miembros del Movimiento Europeo, una asociación que buscaba crear una Europa federal. El destinatario directo son los 118 delegados presentes y, en general, todos los españoles opositores al régimen.

Análisis del Contenido

El tema central del texto es la instauración de un sistema democrático en España que permitiera la entrada en el Mercado Común Europeo. Las ideas principales hacen referencia a la necesidad de instituciones democráticas, los derechos fundamentales de los españoles, el reconocimiento de las comunidades autónomas y los derechos de la oposición.

El primer artículo solicita la existencia de instituciones “representativas y democráticas”, elegidas libremente por los ciudadanos (parlamento, gobierno, ayuntamientos, etc.). El segundo artículo aborda los derechos básicos de la persona, como la libertad de expresión. El tercer artículo plantea el reconocimiento de las comunidades que, tras el inicio del franquismo, habían perdido sus estatutos de autonomía. El cuarto artículo se refiere a los derechos sindicales y el derecho a la huelga. El quinto artículo menciona la posibilidad de crear partidos políticos como oposición legal para trabajar por España. Finalmente, el último párrafo subraya la necesidad de implantar una democracia.

Contextualización Histórica

Durante la década de 1960, uno de los objetivos del régimen franquista fue afianzar su posición en las relaciones internacionales. Se firmaron nuevos pactos con Estados Unidos que fortalecieron los lazos con ese país. A pesar de los conflictos en el Sáhara, se suavizaron las tensiones con Marruecos y se estrechó la relación con algunos países árabes. A pesar de que la ONU dio la razón a España en la cuestión de Gibraltar, la negativa de Gran Bretaña a ceder el Peñón hizo que el gobierno de Franco impusiera restricciones fronterizas y presiones económicas, que no sirvieron para la recuperación del territorio. En esta época se concedió la independencia a Guinea Ecuatorial.

En cuanto a Europa, a partir de 1959, Franco pidió insistentemente a la CEE (Comunidad Económica Europea) el ingreso de España. El 9 de febrero de 1962 solicitó formalmente su adhesión a este importante grupo económico. La respuesta del Consejo de Ministros de la CEE no fue especialmente negativa, pero el Parlamento Europeo fue muy contundente al rechazar esta solicitud, alegando que solo aquellos territorios que practicaran la democracia podrían ser aceptados dentro de este grupo. Pasarían unos cuantos años hasta que España reiterara su solicitud a la CEE, y en 1970, aunque se rechazó la solicitud, se firmó un “Acuerdo Preferencial” entre los seis países miembros (Bélgica, Luxemburgo, Francia, Italia, Alemania Occidental y Países Bajos) y España, que consistió en la reducción de los aranceles en productos industriales. Estos acuerdos fueron muy satisfactorios para España, que comenzó a reducir su déficit comercial.

En 1972 se renovaron estos acuerdos preferenciales, pero a ojos de las democracias occidentales, España seguía siendo un país políticamente inaceptable debido a las importantes carencias democráticas del régimen, mencionadas en el presente texto. En cuanto a las instituciones democráticas, no existieron en el régimen franquista, y aunque en 1942 se firmó la “Ley de Cortes” para que el pueblo participara en tareas del Estado, esto no ocurrió en ningún caso, ya que estas Cortes habían sido designadas por el propio Franco.

En cuanto a la libertad de prensa, la prensa y los medios de comunicación fueron instrumentos totalmente controlados por el gobierno, en primer lugar por el Ministerio de Gobernación y en segundo lugar por el Ministerio de Información y Turismo. Los periódicos de la época eran elementos puramente propagandísticos, con información enteramente controlada por el gobierno.

En cuanto a su autoritario centralismo, el gobierno impidió cualquier manifestación del espíritu regional autonomista, que era uno de los aspectos que exigía el Congreso de Múnich, objeto de este comentario. En cuanto al régimen de partidos, Franco llevó a cabo la disolución de todos los partidos políticos, a excepción de la Falange, de la que asumió el poder para reforzar su mandato.

En materia sindical, no se permitía la libre organización de los trabajadores y, en virtud del “Fuero del Trabajo de 1938”, Franco permitió la creación de un único y obligatorio sindicato, encargado a la Falange, que se encargaba del encuadramiento laboral y que, además, prohibía el derecho a huelga y cualquier manifestación obrera.

Importancia del Texto

Este texto fue un momento clave para la oposición al régimen franquista y para el impulso de la democratización de España. Se basaba en los principios de libertad, justicia y derechos humanos, condenando abiertamente la dictadura franquista y expresando el malestar general de los españoles. El “Contubernio de Múnich” tuvo un gran impacto político y demostró la fuerte unión de la oposición.

Ley Orgánica del Estado (11 de enero de 1967)

La Ley Orgánica del Estado, promulgada el 11 de enero de 1967, fue una de las principales Leyes Fundamentales del régimen franquista en España. Su objetivo era consolidar el marco jurídico e institucional del Estado, adaptándolo a los cambios sociales y políticos de la época. Fue la última de las siete Leyes Fundamentales que formaron la base legal del régimen.

Localización y Clasificación

El texto objeto de este comentario es un fragmento de la Ley Orgánica del Estado. Tiene un componente público, al ser publicado en el Boletín Oficial del Estado. Es una fuente histórico-primaria, con forma de ley al estar dividida en artículos, y por su contenido es político, ya que establece los principios que regirían el comportamiento de los españoles durante esa época. El autor es el Jefe del Estado, Francisco Franco, y el destinatario es toda la nación.

Análisis del Contenido

El tema central del texto es la nueva organización del Estado tras varias décadas de Franquismo. Las ideas principales hacen referencia a las características de España como nación, los fines del Estado, la figura del Jefe Supremo y también la figura del Presidente del Gobierno, y en ambos casos, cuáles serían sus funciones.

El objetivo de esta ley era culminar la institucionalización del Estado. En los dos primeros artículos se habla de las características como nación, y se recoge que el “Estado español es un reino” y que “la soberanía nacional es una e indivisible”. En el artículo 3 se habla de los fines fundamentales del Estado, que son unidad, independencia, integridad y seguridad, todo ello bajo la “estricta fidelidad al Movimiento Nacional”, principios que se consideraban inalterables. El artículo 6 establece que Francisco Franco es el representante supremo de la nación, y en él se personifica todo el poder. Por último, se menciona que el futuro Presidente del Gobierno debe ser español y sería designado por el Jefe del Estado.

Contextualización Histórica

Franco era bastante reacio a fijar demasiado las atribuciones del poder, y por eso se opuso a la realización de una constitución. Cuando se decidió a institucionalizar su gobierno, lo hizo por las presiones de quienes querían la continuidad del régimen, y todo esto le llevó a promulgar leyes complejas y a veces contradictorias, que aparecían según las necesidades que en ese momento Franco tuviera.

Los rasgos principales del Franquismo fueron el autoritarismo, la supresión de libertades y la eliminación del sufragio universal y del pluripartidismo. Entre 1938 y 1967, el régimen pretendió maquillar su imagen hacia el exterior mediante la promulgación de una serie de leyes. Entre estas leyes, las más importantes fueron las siguientes:

  • El “Fuero del Trabajo” (1938): Establecía un marco jurídico para las relaciones laborales en el nuevo régimen e incidía en la idea del corporativismo, según la cual el trabajo era controlado por el Estado.
  • La “Ley de Cortes” (1942): A través de ella, Franco restableció este órgano parlamentario, pero lo despojó de cualquier atribución legislativa, ya que era él mismo quien dictaba las leyes. Las Cortes podían participar en la preparación de las leyes y debatir sobre los proyectos, pero no tenían poder de decisión. Los procuradores, es decir, los miembros de las Cortes, eran elegidos directamente por el gobierno o por el propio Franco.
  • El “Fuero de los Españoles” (1945): Aprobado como respuesta a la necesidad de adaptar el régimen a la nueva situación internacional tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Este fuero obligaba al régimen a abandonar tanto la retórica como la estética fascista y falangista, con el objetivo de ofrecer una imagen supuestamente democrática ante los países vencedores del conflicto. Sin embargo, su aprobación no implicó ningún cambio real en la política del régimen.
  • La “Ley de Referéndum” (1945): Establecía que los españoles podían ser consultados de manera individual mediante un plebiscito nacional. Aun así, cualquier consulta de este tipo quedaba siempre supeditada a la voluntad del Jefe del Estado, es decir, Franco.
  • La “Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado” (1947): Afirmaba el carácter vitalicio del poder de Franco. Esta ley definía a España como un reino, aunque sin rey, y regulaba el mecanismo sucesorio tras la muerte del dictador. Franco se reservaba, además, el derecho de designar a su sucesor, quien ostentaría el título de rey. La ley fue aprobada mediante referéndum, aunque este careció de las garantías democráticas necesarias y sus resultados no fueron verificados de manera transparente.
  • La “Ley de Principios Fundamentales del Movimiento Nacional” (1958): Introdujo un cambio de denominación del régimen, que pasó a llamarse oficialmente “Movimiento Nacional”. Con ella, se inició un proceso gradual de sustitución del lenguaje oficial del régimen, que aún conservaba incómodas resonancias fascistas y totalitarias.
  • La “Ley Orgánica del Estado” (1967): Objeto de este comentario, fue la última de las Leyes Fundamentales que conformaban el entramado institucional del régimen franquista. Sometida a referéndum en diciembre de 1966, esta ley confirmaba todo lo recogido en las normativas anteriores. Su principal novedad fue la separación de poderes entre el Jefe del Estado y el Presidente del Gobierno. Hasta 1973, ambos cargos eran desempeñados por Franco. No fue hasta junio de ese año cuando designó a Luis Carrero Blanco como Presidente del Gobierno, su hombre de mayor confianza, con el fin de garantizar la continuidad del régimen. Sin embargo, seis meses después, Carrero Blanco fue asesinado por la banda terrorista ETA. Tras su muerte, Franco nombró a Carlos Arias Navarro como su sucesor.

Importancia del Texto

La ley supuso una consolidación, pero no cambios democráticos. Formalizó la estructura autocrática del régimen, manteniendo la concentración de poder en Franco. Sin embargo, también dio una imagen distinta a nivel internacional y en el periodo final del régimen. Además, trató de garantizar la supervivencia del régimen tras la muerte de Franco.