Evolución política de la República
Bienio Reformista (1931-1933)
El primer Gobierno de la República fue ejercido por Niceto Alcalá-Zamora en la presidencia y Manuel Azaña en la jefatura de Gobierno. Comenzó a elaborar un ampliísimo conjunto de reformas para transformar las estructuras políticas y sociales:
La reforma militar. Tuvo como objetivo crear un Ejército más moderno y eficaz, subordinado a la autoridad civil. Se exigió jurar lealtad a la República. Su aplicación provocó el rechazo de buena parte de la oficialidad.
La reforma religiosa. El proceso de secularización del Estado incluyó la eliminación del apoyo financiero a la Iglesia y la prohibición de ejercer la enseñanza. La oposición de parte del clero y de los católicos practicantes, y el aumento de estallidos anticlericales, aumentaron la tensión social.
La reforma agraria. En 1932 se aprobó la Ley de Bases de la Reforma Agraria. Pretendía expropiar, mediante indemnización, los grandes latifundios y repartirlos entre los campesinos. Encontró una fuerte oposición tanto de los propietarios como de los jornaleros por la lentitud o insuficiencia de las reformas. Estas tensiones derivaron en grandes enfrentamientos en el medio rural.
Otra de las grandes cuestiones fue la territorial. Empezó con la redacción de estatutos de autonomía para Cataluña, Galicia y el País Vasco. El primer gobierno autónomo fue el de la Generalitat de Cataluña, que comenzó a ejercer sus funciones tras la aprobación del Estatuto de Núria de 1932.
Las reformas provocaron la enemistad de importantes sectores en la España más conservadora. Dicha oposición se pudo comprobar en agosto de 1932, cuando el general José Sanjurjo protagonizó un fallido golpe de Estado, episodio que fue denominado como Sanjurjada.
La división política y la radicalización de las acciones del anarcosindicalismo y de los nuevos movimientos de la derecha fueron desgastando la acción del Gobierno. Los asesinatos de 14 anarquistas en Casas Viejas (1933) por las fuerzas del orden público obligaron al Gobierno de Manuel Azaña a dimitir en septiembre de 1933.
Bienio Radical-Cedista (1933-1935)
En las elecciones de 1933, venció el centro-derecha. El Partido Radical, liderado por Alejandro Lerroux, gobernó con el apoyo de la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas), dirigida por José María Gil Robles. El nuevo Gobierno comenzó una política de rectificación de las medidas del bienio reformista.
La paralización de las reformas, el ascenso al poder de Hitler en enero de 1933 y la incorporación al Gobierno de ministros de la CEDA movilizó a partidos y sindicatos de izquierdas.
Estos últimos convocaron una huelga general que desembocó en la Revolución de Octubre de 1934.
La revolución triunfó en Asturias, donde organizaciones obreras ocuparon la cuenca minera. Las tropas enviadas desde Marruecos para sofocar la insurrección, al mando del general Francisco Franco, dejaron un saldo de varios miles de muertos, 30.000 detenciones y numerosas condenas a muerte.
Aprovechando la coyuntura revolucionaria, el presidente de la Generalitat, Lluís Companys, proclamó la República Catalana. Tras el fracaso del movimiento, se derogó el Estatuto de Autonomía y los dirigentes autonómicos catalanes fueron encarcelados.
El Gobierno, debilitado por las consecuencias de este conflicto, la división interna y una sucesión de escándalos de corrupción, acabó dimitiendo, y se convocaron nuevas elecciones.
Organización de la zona republicana
La pluralidad política caracterizó a la zona republicana desde los inicios del conflicto bélico. Durante su transcurso, se manifestaron principalmente dos poderes:
Gobierno: Bajo la presidencia de Manuel Azaña, contó sucesivamente con dos primeros ministros: Largo Caballero y Juan Negrín, ambos socialistas. Estuvo formado, sobre todo, por ministros republicanos, socialistas y comunistas, y se fijó como objetivo mantener la unidad para ganar la guerra.
Fuerzas revolucionarias: Incluía a los anarcosindicalistas de la CNT-FAI y a los trotskistas del POUM, que vieron en la guerra la oportunidad para llevar a cabo la revolución social.
Las discrepancias provocaron la división y, en ocasiones, el enfrentamiento entre el Gobierno y las fuerzas revolucionarias. Los principales desafíos fueron tres:
Construcción del ejército: La integración de las milicias en el Ejército de la República fue un proceso complejo por la falta de disciplina y el rechazo de anarquistas y trotskistas a asumir un mando único.
Control del orden público: El gobierno creó tribunales populares y un cuerpo de carabineros en el intento de frenar la violencia de los grupos incontrolados en los primeros meses.
Economía de guerra: Las medidas revolucionarias de colectivización de tierras, empresas y fábricas promovidas por los sindicatos tuvieron un gran impacto en los primeros años del conflicto.
Consecuencias de la guerra
La guerra causó miles de muertos, desaparecidos y heridos, destruyó hogares, arruinó el país y provocó el mayor exilio político de nuestra historia:
Los últimos estudios sitúan la cifra de fallecidos en unos 600.000. Muchos de ellos civiles, ya que el enfrentamiento se vivió en el frente y en la retaguardia.
Los bombardeos y las intensas batallas habían destrozado gran número de ciudades y pueblos, además de fábricas, carreteras y vías de comunicación y transporte.
Más de 500.000 españoles partieron al exilio. Políticos, militares, intelectuales y ciudadanos de toda condición tuvieron que abandonar el país.
La situación económica era grave, sobre todo por la pérdida de cosechas, la paralización de la actividad industrial, el colapso del comercio y la pérdida de reservas monetarias.
Los niveles de violencia, miedo y muerte dejaron la moral del país hundida. No quedó una localidad en la que no se conocieran enfrentamientos entre vecinos, amigos y familiares.
Miles de mujeres quedaron viudas o huérfanas. Las del bando franquista vieron reconocida su situación, pero las del bando republicano sobrevivieron en condiciones muy precarias.