Epígrafe 11.1: La creación del Estado franquista: ideología, apoyos y etapas

Tras el final de la guerra, el general Franco instauró una dictadura personalista y totalitaria, bajo su figura de “caudillo”, con una ideología tradicionalista, conservadora, nacionalista, anticomunista, antiparlamentaria y católica.

Para legitimarse en el poder se aprobaron las Leyes Fundamentales:

• Fuero del Trabajo (1938)
• Ley de Creación de las Cortes Españolas (1942): creaba unas cortes consultivas.
• Fuero de los Españoles (1945): establecía los derechos y deberes.
• Ley de Referéndum Nacional (1945): las leyes que el caudillo considerase se someterían a referéndum.
• Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado (1947): establecía su derecho a elegir sucesor.
• Ley de Principios del Movimiento Nacional (1958): las bases del régimen eran la familia, la patria y la religión.
• Ley Orgánica del Estado (1967): se adaptaron las leyes anteriores a la nueva etapa del franquismo.

Principales apoyos sociales

Entre los principales apoyos sociales, destacaron los siguientes:

• El ejército: para reforzar su presencia se mantuvo el estado de guerra hasta 1948 y se crearon los ministerios del Ejército, Marina y Aire.
• La Falange: de inspiración fascista, en una primera etapa ocuparon importantes cargos en la administración (Frente de Juventudes, Sindicato de Estudiantes Universitarios, Sección Femenina).
• La Iglesia: el Vaticano reconoció el régimen franquista, considerando la sublevación como una “cruzada” frente al comunismo. A partir de 1945, los católicos adquirieron importancia en la dictadura, con el nacionalcatolicismo.
• Otros respaldos: grandes terratenientes, industriales, financieros y el apoyo inicial de los monárquicos (carlistas y juanistas).

Etapas de la dictadura

Destacamos tres etapas en la dictadura:

• Primer franquismo (1939-1959): dominada por militares y falangistas. Con el debilitamiento de Italia y Alemania en la Segunda Guerra Mundial, los germanófilos fueron reemplazados por católicos, y se redujeron los fusilamientos y los símbolos fascistas. Sin embargo, Franco no pudo evitar el aislamiento internacional.
• Consolidación y desarrollismo (1959-1973): marcado por el fin del aislamiento internacional y un gran crecimiento económico, con el desplazamiento de los falangistas y militares por los tecnócratas del Opus Dei. Se suprimió la censura con la Ley de Prensa e Imprenta (1966). En 1969 se nombró al príncipe Juan Carlos de Borbón como sucesor.
• Crisis del franquismo (1973-1975): marcada por el asesinato de Carrero Blanco (designado jefe de Gobierno) por ETA (1973). Se nombró presidente a Arias Navarro, que mantuvo la inmovilidad del régimen. Aumentó la conflictividad social, así como la represión franquista, con encarcelamientos de sindicalistas y fusilamientos de miembros de ETA y del FRAP. Franco falleció el 20 de noviembre de 1975.

La política exterior

La política exterior fue variando para adaptarse a la situación internacional del momento:

• Alineamiento con el Eje (1939-1943): al iniciarse la Segunda Guerra Mundial, España se declaró neutral, pero los éxitos de Hitler llevaron a Franco a alinearse con el Eje, declarándose no beligerante en 1940. El rechazo de Hitler a las peticiones de Franco en la entrevista de Hendaya dejó a España fuera del conflicto, aunque envió voluntarios contra la URSS (División Azul). En 1943, Franco recuperó la neutralidad ante las derrotas del Eje.
• Aislamiento internacional (1945-1950): por parte de los Aliados. Se calificó al régimen de fascista, se retiraron los embajadores, se cerraron las fronteras, se rechazó su entrada en la ONU y se le excluyó del Plan Marshall.
• Reconocimiento internacional (1950-1975): con la Guerra Fría, EE. UU. consideró a Franco un aliado, firmando los Pactos de Madrid, que establecieron cuatro bases militares americanas en España (1953). Se firmó el concordato con el Vaticano. El ingreso en la ONU (1955) y la visita del presidente Eisenhower (1959) confirmaron el fin del aislamiento. En los últimos años, España perdió sus últimas colonias (Marruecos, 1956; Guinea, 1968). El régimen estaba repudiado internacionalmente, con la caída de las últimas dictaduras europeas (Portugal y Grecia). En 1975, los marroquíes invadieron el Sáhara español (Marcha Verde).

Epígrafe 11.2: Política económica y transformaciones sociales del franquismo

La dictadura franquista comenzó con un modelo económico de autarquía (autoabastecimiento), debido a su aislamiento internacional (por la alineación franquista con Italia y Alemania), la ideología nacionalista inspirada en el nazismo y el fascismo (basada en modelos autosuficientes) y la intención de Franco de consolidar el poder central del Estado en la sociedad.

Este modelo autárquico se impuso en los diferentes sectores económicos:

• Sector agrario: se creó el Servicio Nacional del Trigo, la Comisaría de Abastecimientos y Transportes y el Instituto Nacional de Colonización. Las consecuencias fueron la creación de las cartillas de racionamiento y la expansión del mercado negro.
• Sector industrial: estuvo regulado por el Instituto Nacional de Industria (INI), que hizo posible el desarrollo de nuevas regiones industriales.
• Banca y comercio: se creó la Ley de statu quo (imposibilidad de intervención de la banca extranjera). En el comercio, el sistema de licencias favoreció la corrupción.

Destacamos dos etapas:

• Autarquía plena (1939-1951), con la influencia de los falangistas.
• Progresivo desmantelamiento (1951-1959), debido a los malos resultados y al cambio de la situación exterior.

Del Plan de Estabilización al desarrollismo

Con la normalización exterior (apoyo de EE. UU. y concordato con la Santa Sede) se llevaron a cabo transformaciones económicas. En 1957, los falangistas perdieron influencia y se formó un nuevo gobierno de “tecnócratas” del Opus Dei. En 1959 se aprobó el Plan de Estabilización, con el que se buscaba una mayor integración de España en la economía mundial y el crecimiento industrial. Comenzaron los Planes de Desarrollo, con la constitución de un nuevo gobierno (1962) y la puesta en marcha del Primer Plan de Desarrollo:

• Se crearon Polos de Desarrollo Industrial (Madrid, Vigo, Huelva, etc.).
• La agricultura se mecanizó y se realizaron exportaciones.
• Se desarrollaron urbanizaciones en las zonas costeras, gracias al auge del turismo internacional.

A pesar de todo, no se logró un desarrollo homogéneo, lo que dio lugar a fuertes desigualdades regionales. Provocó el pluriempleo, la escasa innovación tecnológica y la corrupción.

Con la crisis internacional del petróleo (1973) se acabó el “desarrollismo”, provocando el aumento de la inflación y el desempleo.

Transformaciones sociales

Hasta los años 60, España seguía siendo un país rural, inmovilista e inspirado en los valores tradicionales católicos. Sin embargo, el desarrollismo de los 60 provocó profundos cambios sociales, y España pasó a ser un país urbano e industrial. Estos cambios sociales se reflejaron en:

• Crecimiento demográfico: aumento de la natalidad (baby boom) y descenso de la mortalidad.
• Mercado de trabajo: aumentó la ocupación en el sector secundario y los servicios. Asimismo, se produjo la progresiva incorporación de la mujer al mundo del trabajo.
• Movimientos migratorios, que dieron lugar al éxodo rural hacia áreas industriales (Madrid, Cataluña, País Vasco). Esto provocó un predominio de la población urbana, generando un crecimiento desordenado, la aparición de ciudades dormitorio, el aumento de la infravivienda y la degradación de los centros históricos.
• Predominio de la clase media, principal sostén del régimen (denominado franquismo sociológico).
• Cambios en la Iglesia: con el Concilio Vaticano II, se distanció del régimen.
• Aparición de la sociedad de consumo: el aumento del nivel de vida generalizó el consumo de electrodomésticos, las vacaciones y la sociedad de masas (fútbol, cine, toros).
• Extensión de la educación: universalización de la enseñanza primaria y, en su etapa final, un crecimiento de la enseñanza media y universitaria.

Epígrafe 11.3: La oposición y la crisis final del franquismo (1973-1975)

La oposición a la dictadura se desarrolló a lo largo de sus diferentes etapas:

• En la posguerra, el régimen desató una durísima represión. Miles de españoles fueron encarcelados y fusilados bajo la cobertura de sucesivas leyes: Ley de Responsabilidades Políticas (1939), Ley sobre la Supresión de la Masonería y el Comunismo (1940), Ley para la Seguridad del Estado (1941) y Ley de Represión del Bandidaje y Terrorismo (1947). En 1944, con el retorno de republicanos que habían combatido contra los nazis en la Resistencia francesa, se reforzaron las partidas guerrilleras (maquis) organizadas por el PCE, cuya principal acción fue la fracasada invasión del Valle de Arán. En el exterior, el Gobierno republicano en el exilio reclamaba la restauración de la democracia. Los monárquicos, encabezados por don Juan de Borbón, reivindicaban el restablecimiento de una monarquía constitucional con el Manifiesto de Lausana.
• Durante los años 50 y 60, el PCE llevó a cabo reivindicaciones pacíficas, como la huelga de tranvías de Barcelona (1951) y la revuelta universitaria de Madrid (1957). En los años 60, fundó el sindicato clandestino de Comisiones Obreras (CC. OO.), que lideraría reivindicaciones como la huelga de mineros de Asturias (1962). En ese mismo año se celebró el Congreso del Movimiento Europeo de Múnich, donde participaron todos los partidos políticos españoles democráticos. También en esa época se reactivó el nacionalismo periférico vasco (PNV) y catalán (CDC), a la vez que nacía ETA, que pronto se inclinaría hacia el terrorismo. Ante ello, el régimen respondió con la represión, a través del Tribunal de Orden Público, y la declaración del estado de excepción en los momentos de máxima tensión.
• Con el final del franquismo, se produjo un aumento y diversificación de la oposición. El PCE y CC. OO. lideraron la lucha obrera y sindical, las protestas estudiantiles y los conflictos vecinales. En este período surgieron pequeños grupos democráticos de tendencia liberal o democristiana. A principios de los 70, nacieron dos organizaciones terroristas de izquierda radical, FRAP y GRAPO. A partir de los 60 apareció la disidencia de dos de los principales organismos que apoyaban el régimen. Por un lado, la Iglesia, que tras el Concilio Vaticano II se distanció del régimen, lo que llevó a que el clero catalán y vasco se acercaran al nacionalismo, mientras que un sector creciente de sacerdotes militaba en sindicatos obreros. Por otro lado, el ejército, donde un pequeño grupo de oficiales fundó la Unión Militar Democrática (UMD). En 1975, el deterioro de Franco animó a la oposición a unirse en torno a dos grupos: la Junta Democrática (liderada por el PCE de Santiago Carrillo) y la Plataforma de Convergencia Democrática (liderada por el PSOE de Felipe González).

La crisis final (1973-1975)

En junio de 1973, Franco iniciaba la cesión oficial de sus poderes, nombrando presidente del Gobierno a Carrero Blanco. Tras su asesinato por ETA, Franco nombró como nuevo presidente a Arias Navarro, que promovió una tibia reforma que fracasó, tanto por el rechazo que provocó en los afines al régimen como por la represión que desencadenó la dictadura en 1974, con la detención de líderes sindicales y la ejecución del anarquista Puig Antich. En 1975 la situación empeoró, con el aumento de la conflictividad social, el aislamiento internacional tras la caída de las últimas dictaduras de Europa Occidental (Grecia y Portugal) y la intensificación de la represión (detención de líderes políticos y sindicales, y fusilamientos de miembros de ETA y del FRAP).

Marruecos aprovechó la agonía del régimen para invadir el Sáhara Occidental mediante la Marcha Verde. Finalmente, el 20 de noviembre de 1975 falleció Franco, dejando un régimen obsoleto, dividido y sin apoyos en el exterior.

Epígrafe 12.1: La Transición a la democracia y la Constitución de 1978

Tras la muerte de Franco (20 de noviembre de 1975), Juan Carlos I fue proclamado rey. Con el fin de la dictadura, aparecieron tres posturas políticas: la inmovilista (Fuerza Nueva, Asociación de excombatientes), la reformista (Manuel Fraga y Adolfo Suárez) y la rupturista (PCE y PSOE, cuyas plataformas democráticas se agruparon en la “Platajunta”).

En el inicio de la Transición hay que destacar la influencia del contexto europeo, tras el fin de las últimas dictaduras en Grecia y Portugal. Juan Carlos I apostó por la vía democrática, destituyó como presidente a Carlos Arias Navarro y nombró a Adolfo Suárez como encargado de la Transición.

Suárez decretó una amnistía política a través de la Ley para la Reforma Política (noviembre de 1976). El proceso iniciado por el presidente supuso una ruptura pactada con el franquismo. De esta forma, a finales de 1976, el gobierno legalizó la mayor parte de los partidos, incluyendo al PCE (Partido Comunista), en un contexto marcado por la matanza de los abogados de Atocha. En marzo de 1977 se legalizó el derecho a la huelga y en abril se decretó la libertad sindical.

Las elecciones de 1977 y la Constitución de 1978

Tras la legalización de las fuerzas políticas, se celebraron las elecciones a las Cortes el 15 de junio de 1977. La participación fue muy elevada. La UCD de Suárez se erigió como fuerza ganadora, y el PSOE se convirtió en el principal partido de la oposición. El PCE y AP (Alianza Popular) fueron los derrotados. Con ello, comenzó la consolidación de un sistema bipartidista de partidos de centro-izquierda y centro-derecha (excepto en el País Vasco y Cataluña, donde triunfaron los partidos nacionalistas).

Una vez constituidas las Cortes, se inició la elaboración de la Constitución, para lo cual se nombró una comisión integrada por Gabriel Cisneros (UCD), Herrero de Miñón (UCD), Pérez-Llorca (UCD), Gregorio Peces-Barba (PSOE), Jordi Solé Tura (PCE), Manuel Fraga (AP) y Miquel Roca (nacionalismo catalán). El texto fue aprobado por las Cortes y ratificado por referéndum el 6 de diciembre de 1978.

La Constitución establece un Estado social y democrático de derecho, aconfesional, y sienta las bases democráticas (soberanía nacional, sufragio universal), el Estado de derecho (división de poderes), la monarquía parlamentaria y una organización territorial basada en la unidad de España y el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones.

El Estado de las Autonomías

En el proceso autonómico, la Constitución establece que el Estado queda dividido en regiones que se constituirían como Comunidades Autónomas siguiendo dos procedimientos de acceso: la vía rápida (artículo 151), para las «nacionalidades históricas» (Cataluña, País Vasco y Galicia), y la vía lenta (artículo 143) para el resto de comunidades. Andalucía también accedió por la vía rápida.

En la organización de las comunidades autónomas, destaca la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA) de 1982, que, tras ser recurrida por los gobiernos vasco y catalán, en 1983 se reformuló como Ley del Proceso Autonómico. En 1980 se aprobó la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).

Apareció la violencia terrorista, tanto en los sectores de extrema derecha (Batallón Vasco Español y la Triple A) como en la extrema izquierda (GRAPO y ETA). A pesar de esta tensión, la sociedad española mostró un rechazo a la violencia y una voluntad por avanzar hacia la democracia.

Epígrafe 12.2: Etapas políticas de la democracia: de la UCD a la alternancia

Las elecciones de 1977 dieron el triunfo a la UCD, que buscó el consenso con el resto de fuerzas parlamentarias para la elaboración de la Constitución. Tras esto, se convocaron unas segundas elecciones generales en marzo de 1979, que volvieron a dar la victoria a la UCD.

Sin embargo, comenzaron las dificultades. Se produjo la pérdida de apoyos (moción de censura del PSOE); la división interna (con la Ley del Divorcio); la crisis económica del 73 (se firmaron los Pactos de la Moncloa para combatir la inflación y el desempleo); la violencia terrorista se intensificó; en política exterior, se establecieron relaciones diplomáticas con países comunistas y comenzaron los procesos de integración en el Consejo de Europa, la Comunidad Económica Europea y la OTAN.

En enero de 1981, la pérdida de apoyos de Suárez provocó su dimisión, sustituyéndole Calvo-Sotelo. El 23 de febrero de 1981 se produjo el intento de golpe de Estado de Antonio Tejero. Su acción solo fue seguida en Valencia por Milans del Bosch, quedando desautorizada por el Rey.

La alternancia política: PSOE y PP

El gobierno de Calvo-Sotelo no solucionó la crisis de la UCD, lo que dio lugar al adelanto electoral en 1982, donde el PSOE de Felipe González logró la mayoría absoluta. Su mandato se centró en tres objetivos: la recuperación económica (proceso de reconversión industrial e incorporación a la Comunidad Económica Europea); políticas sociales (reducción de la jornada laboral, universalización de la sanidad); y la reforma militar (modernización del ejército). Durante este periodo se intensificó la acción terrorista, con el atentado en el Hipercor de Barcelona (1987). El gobierno respondió en varios frentes, como la firma del Pacto de Ajuria Enea y el inicio de la guerra sucia de los GAL.

La decadencia del PSOE comenzó con el rechazo de la izquierda, a través de la huelga general de 1988. De esta forma, el año 1992 tuvo elementos positivos (Juegos Olímpicos de Barcelona, la Exposición Universal de Sevilla y la conmemoración del V Centenario del Descubrimiento de América) y negativos (casos de corrupción en el gobierno, división interna en el PSOE).

En las elecciones de 1996, se produjo el triunfo del Partido Popular, que llevó a cabo una política económica liberal (privatizaciones, ajustes económicos para entrar en la Unión Monetaria). En la lucha antiterrorista, en 1997 ETA asesinó al concejal del PP Miguel Ángel Blanco.

En la segunda legislatura (2000-2004), el PP alcanzó la mayoría absoluta. Entre sus principales líneas de actuación estuvieron la búsqueda del crecimiento económico, el fracaso en las negociaciones con ETA y el enfrentamiento con los nacionalistas. Con la intervención de España en la guerra de Irak, el gobierno comenzó una decadencia que culminó en la campaña de desinformación ante los atentados del 11 de marzo de 2004. Todo ello provocó su derrota en 2004 y la victoria del PSOE de Rodríguez Zapatero.

Su política se encaminó en cinco grandes ejes: la política económica; el estado del bienestar (Ley de Dependencia, reforma del mercado laboral); derechos civiles (Ley de Igualdad, Ley del Divorcio, matrimonio entre personas del mismo sexo, Ley contra la Violencia de Género); reforma de estatutos de autonomía; y lucha antiterrorista. En la segunda legislatura estalló la crisis económica y aparecieron enfrentamientos con los nacionalistas.

El desgaste del gobierno provocó las elecciones anticipadas en 2011, donde el PP de Mariano Rajoy logró la mayoría absoluta. Su gobierno terminó de forma anticipada en 2018, tras ser derrotado por una moción de censura presentada por el PSOE, que invistió como presidente a Pedro Sánchez.

Epígrafe 12.3: La integración de España en Europa y la modernización del país

La integración de España en la CEE (Comunidad Económica Europea) fue un objetivo prioritario tanto para la oposición democrática al franquismo como para los primeros gobiernos de la Transición.

En 1977, Adolfo Suárez presentó formalmente la solicitud de adhesión a la CEE. Las negociaciones se prolongarían durante seis años. El principal obstáculo fue el elevado peso del sector primario, que provocaba competencias con Francia, y las aspiraciones británicas de reducir las subvenciones en agricultura. Finalmente, con el apoyo de Alemania, España firmó durante el gobierno de Felipe González el Tratado de Adhesión (junio de 1985), que la convirtió, junto con Portugal, en miembro de pleno derecho de la CEE a partir del 1 de enero de 1986.

Con ello mejoró la situación económica, gracias a la facilitación de las exportaciones españolas a países de la CEE, con la eliminación de aranceles y cuotas. Igualmente, permitió un acercamiento a Europa y la modernización, poniendo fin a siglos de aislamiento y atraso.

Consecuencias de la integración

La integración en la Unión Europea ha tenido importantes consecuencias para España:

• Consecuencias legales: libre circulación de ciudadanos (residencia y trabajo), bienes (supresión de aduanas) y capitales, así como la implantación del IVA (con el objetivo de financiar las políticas comunitarias). Se estableció una Política Agraria Común (PAC) de la que España se vería beneficiada.
• Consecuencias económicas: reconversión industrial de sectores poco competitivos, liberalización de la economía (privatización de empresas y fin del monopolio de sectores estratégicos) y la expansión mundial de grandes multinacionales españolas.
• Consecuencias sociales: recepción de inversiones cuantiosas a través de fondos europeos (FSE, FEOGA, FEDER), aumento de la movilidad laboral y participación en el proceso de integración universitaria.
• Modernización de las infraestructuras: gracias a estos fondos, se ha permitido la construcción de infraestructuras como la red de autovías y los trenes de alta velocidad.

Del Tratado de Maastricht al euro

El hito más importante fue la firma del Tratado de Maastricht (1992), por el que la CEE adoptó el actual nombre de Unión Europea y aprobó la adopción de tres grandes ejes de actuación:

• Política: se establecieron las bases para adoptar una política exterior común.
• Social: se aprobó la creación de los fondos de cohesión, siendo España uno de los países más beneficiados.
• Económica: tras la aprobación en 1987 del Acta Única Europea (que fijó para el 1 de enero de 1993 la incorporación de servicios y capitales al mercado único de mercancías y personas), se acordó establecer para 2002 una unión monetaria e implantar una divisa única, el euro. Para ello, España debía cumplir unos criterios de convergencia económica, que pasaban por reducir la deuda pública y la inflación.

Finalmente, destacamos el compromiso de España con el proyecto europeo, con el respaldo al proceso de ampliación hacia el norte y este de Europa (hasta llegar a los 27 miembros actuales) y la adopción del Tratado de Lisboa (2007), que sustituyó al fracasado Tratado Constitucional Europeo. Por último, destacamos la salida del Reino Unido de la Unión Europea en febrero de 2020 (Brexit).

Epígrafe 3.3: El Imperio de los Austrias: España bajo Carlos I

Carlos I, de la familia de los Austrias o Habsburgo, hijo de Felipe el Hermoso y de Juana de Castilla, tomó posesión del trono de Castilla y Aragón en 1517, a la muerte de Fernando el Católico, sustituyendo a los Trastámara. Su herencia incluía, por parte materna, la Corona de Aragón con las posesiones italianas (Cerdeña, Nápoles y Sicilia), Castilla, Navarra, las plazas africanas y las Indias. De su padre heredó Flandes, Luxemburgo y el Franco Condado, los Estados patrimoniales de los Habsburgo en Austria (el sur de la actual Alemania, Austria y Tirol) y los derechos a la corona del Imperio Alemán. Su principal interés era obtener recursos que le permitieran conseguir la corona imperial. En 1520, partió hacia Alemania tras su elección como emperador, dejando a Adriano de Utrecht como gobernador. Así, la inicial oposición al monarca se convirtió en franca rebelión y se produjeron revueltas.

Conflictos internos

• La revuelta de las Comunidades (1520-1522) enfrentó a las ciudades del interior de Castilla con el monarca. Sus objetivos eran que Carlos I prescindiera de consejeros extranjeros, respetara las leyes de Castilla y protegiera la industria textil castellana. Tras la derrota de Villalar (1521), los principales líderes comuneros (Juan Bravo, Padilla y Maldonado) fueron ejecutados.
• La revuelta de las Germanías (1519-1523), en Valencia, Murcia y Mallorca, enfrentó a artesanos, campesinos y comerciantes contra la nobleza, venciendo finalmente las tropas del virrey.

Conflictos europeos

La política imperial provocó el enfrentamiento con Francisco I de Francia (batalla de Pavía en 1525, con la incorporación del Milanesado a los dominios españoles). También luchó contra los protestantes alemanes, en defensa de la unidad cristiana. Pese a la victoria de Carlos I en la batalla de Mühlberg, los príncipes alemanes obtuvieron el derecho de libertad religiosa en la Paz de Augsburgo (1555). En su enfrentamiento contra los turcos, Carlos I consiguió el levantamiento del sitio de Viena y la conquista de Túnez.

Epígrafe 3.4: La Monarquía Hispánica de Felipe II

Al abdicar en 1556, Carlos I cedió a su hermano Fernando el título imperial y Austria, heredando Felipe II el resto de territorios, a los que añadió Filipinas y Portugal. Durante su reinado tuvo lugar la «hispanización» de la política. La dificultad de reinar sobre tantos territorios llevó al monarca a fortalecer el sistema polisinodial creado por los Reyes Católicos, aumentando el número de Consejos, tanto territoriales como técnicos. En lo referente a la administración territorial, los virreyes eran los representantes reales en los territorios que históricamente habían tenido la consideración de reinos y donde el rey no estaba presente. Las Cortes mantuvieron la misma estructura y funciones en todos los reinos. En la administración local, chancillerías y audiencias impartían justicia y los corregidores llevaban a cabo el control de las ciudades.

Problemas internos

En lo referente a los problemas internos, tuvo lugar la rebelión de los moriscos de las Alpujarras (1568-1570) y las alteraciones de Aragón (1591), para proteger sus fueros, provocadas por el caso de Antonio Pérez (secretario del rey acusado de asesinato), cuya resolución provocó un recorte de los privilegios del reino de Aragón.

Guerra y sublevación en Europa

La defensa de la hegemonía española enfrentó a Felipe II con Francia (victoria de San Quintín en 1557) e Inglaterra (fracaso de la Armada Invencible en 1588). La defensa de la fe provocó la lucha contra los turcos (victoria en Lepanto, 1571) y la sublevación de los Países Bajos (1568-1581), que acabó con la división del territorio entre los protestantes de las Provincias Unidas (actual Holanda, que prácticamente alcanzaron la independencia, no reconocida por Felipe II) y los católicos de Flandes. La muerte sin herederos del rey de Portugal permitió a Felipe II hacerse con este trono (1581), logrando así la unidad ibérica, pero manteniendo las leyes e instituciones portuguesas.

Epígrafe 3.5: Exploración y colonización de América y sus consecuencias

Los territorios americanos se incorporaron a Castilla, que impulsó expediciones de exploración y colonización mediante la firma de capitulaciones. Tras las Antillas, exploradas por Colón, las expediciones buscaron un paso hacia las Indias Orientales: llegada al océano Pacífico de Núñez de Balboa (1513); primera vuelta al mundo de Magallanes-Elcano (1519-1522). También se conquistaron los imperios precolombinos: Hernán Cortés conquistó el Imperio azteca de México (1519-1521); Pizarro, el Imperio inca de Perú (1531-1533). A estas grandes empresas siguieron otras: Orellana exploró el Amazonas; Pedro de Valdivia, Chile…

Los indios fueron reconocidos como súbditos de la Corona. En los primeros años de la colonización se practicó el repartimiento o reparto de indios entre los colonizadores. Después se aprobaron las Leyes de Burgos (1512), que establecían el sistema de encomiendas en las explotaciones agrarias. Para la explotación de las minas fue muy común la mita (trabajo forzoso de los indígenas). Los dominicos Montesinos y Bartolomé de las Casas denunciaron las duras condiciones de trabajo de los indígenas, pero las disposiciones de la Corona para evitar estos abusos, como las Leyes Nuevas de Indias (1542), fueron incumplidas de forma sistemática.

Consecuencias de los descubrimientos

Para los españoles, la conquista supuso el desarrollo del comercio ultramarino, gestionado desde la Casa de Contratación de Sevilla (1503), motor de la economía española. Desde 1520 se explotaron las minas de oro y plata de América; la llegada de estos metales preciosos provocó la revolución de los precios, tanto en España como en Europa. Además, de América llegaron a España nuevos productos como maíz, patata, cacao, tabaco… Para los indígenas, la colonización supuso un desastre demográfico. Para compensar la pérdida de mano de obra, se importaron esclavos negros procedentes del continente africano. La mezcla de indígenas, colonizadores y población africana configuró una sociedad multirracial formada por criollos, mestizos y mulatos. La lengua castellana se consolidó como idioma común y muchas de las costumbres de los colonizadores quedaron incorporadas a la cultura americana.

Epígrafe 3.6: Los Austrias del siglo XVII: el gobierno de validos y la crisis de 1640

Los Austrias menores (Felipe III, Felipe IV y Carlos II) delegaron el gobierno en personas de su confianza, los validos, que actuaron al margen de los consejos, con el rechazo de la alta nobleza y del pueblo. Los validos eran, casi siempre, un miembro de la aristocracia en el cual el rey depositaba su confianza plena, entregándole las principales decisiones de gobierno.

Felipe III (1598-1621) tuvo como valido al duque de Lerma; durante su gobierno se firmó la paz con Inglaterra (Paz de Londres) y Holanda (Tregua de los Doce Años con las Provincias Unidas) y se decretó la expulsión de los moriscos (1609).

Felipe IV (1621-1665) tuvo un nuevo valido, el conde-duque de Olivares. En 1621, reanudó la guerra con los Países Bajos, en el contexto de la Guerra de los Treinta Años, iniciada en 1618. Olivares intentó poner en marcha la Unión de Armas en 1625, para que todos los reinos de España contribuyeran a la formación de un ejército permanente, proyecto que fracasó por la oposición de la Corona de Aragón.

Carlos II (1665-1700) contó con varios validos (Nithard, Valenzuela, Juan José de Austria) que no pudieron frenar el expansionismo francés ni la crisis económica.

La crisis de 1640

En 1640 tuvo lugar la rebelión en Cataluña y en Portugal. En Cataluña, la participación de Francia en la Guerra de los Treinta Años provocó la entrada de los tercios reales en ese territorio para defender la frontera pirenaica y, tras el Corpus de Sangre (los segadors asesinaron al virrey), se produjo la unión temporal de Cataluña con Francia, hasta que en 1652 se reincorporó a España manteniendo sus fueros. En Portugal, en 1640 los nobles se negaron a colaborar en la represión de la rebelión catalana y, a su vez, se sublevaron y proclamaron rey al duque de Braganza con el nombre de Juan IV. La guerra se prolongó hasta 1668, año en el que la corona española reconoció la independencia del reino portugués.

Epígrafe 3.7: La Guerra de los Treinta Años y la pérdida de la hegemonía española

El conflicto se inició con la rebelión de la Bohemia protestante contra la política absolutista y católica del emperador Fernando II y derivó en una guerra total. La política de defensa del catolicismo y de la hegemonía de los Austrias, promovida por el conde-duque de Olivares tras el ascenso de Felipe IV al trono (1621), llevó a España a participar en la Guerra de los Treinta Años (1618-1648), que enfrentaba a los Habsburgo de Viena con los protestantes. España apoyó al emperador. Se dirimía el futuro de Europa en un gran conflicto bélico.

Felipe IV se enfrentó a los Países Bajos en 1621, cuando expiró la Tregua de los Doce Años; los tercios españoles volvieron a imponer su autoridad (rendición de Breda, 1625, acción que inmortalizaría Velázquez en su cuadro Las Lanzas). También se enfrentó a Francia, que intervino en 1635 en la guerra en contra de España. En 1639, la escuadra española fue aniquilada en Las Dunas por Holanda. En 1640, las revoluciones de Cataluña y Portugal implicaron la apertura de un segundo frente en la Península ibérica. En 1643, tuvo lugar la derrota española en Rocroi frente a Francia.

Tras estas derrotas, España firmó en 1648 la Paz de Westfalia, por la que reconoció la independencia de las Provincias Unidas (Holanda). Pero se negó a doblegarse ante Francia, continuando la guerra contra este país. En 1659, se firmó la Paz de los Pirineos, por la que se estableció la paz entre Francia y España: España cedió el Rosellón y parte de la Cerdaña a Francia, y se acordó el matrimonio entre Luis XIV de Francia y la infanta española María Teresa, hija de Felipe IV. El fin de la hegemonía española se consumó bajo Carlos II tras la pérdida del Franco Condado por la Paz de Nimega (1678). Al morir Carlos II (1700), los territorios europeos españoles se limitaban a Flandes, el Milanesado, Nápoles, Sicilia y Cerdeña.

Epígrafe 3.8: Crisis demográfica y económica del siglo XVII

Durante el siglo XVII, en los reinos españoles, la población se estancó e incluso descendió. Como causas destacan las epidemias de peste (1597, 1647, 1676), las reiteradas malas cosechas, las guerras constantes, la emigración y la expulsión de los moriscos (1609).

La crisis económica fue generalizada. En la agricultura faltaba mano de obra y la presión de los impuestos era muy fuerte, lo que produjo una caída de la producción agraria. La ruina de la industria textil, sobre todo castellana, se debió a la disminución de la demanda, el aumento de los impuestos y la competencia extranjera. La disminución del comercio con América fue consecuencia del contrabando inglés y holandés. La crisis de la Hacienda Real se produjo por el aumento de los gastos (guerras y gastos suntuosos) y la disminución de los ingresos, incluidos los metales preciosos de América; por ello se sucedieron las bancarrotas (seis entre 1607 y 1678). La monarquía acudió a la creación de nuevos impuestos, la venta de cargos públicos, la venta de privilegios nobiliarios, así como a la emisión de monedas de poca calidad (moneda de vellón, de cobre), lo que provocó una mayor inflación y el agravamiento de la recesión.

Consecuencias sociales

La sociedad española del Barroco siguió siendo una sociedad estamental, marcada por los privilegios de nobleza y clero. La nobleza experimentó un aumento numérico por las ventas de títulos e hidalguías. También creció el número de religiosos. La burguesía tenía como máxima aspiración abandonar sus negocios e invertir sus beneficios en tierras, señoríos y rentas fijas —como los juros o títulos de deuda pública—, e incluso la adquisición de un título nobiliario. El campesinado fue el sector social más afectado por la crisis económica. La pobreza también alcanzó a la población urbana, y las ciudades se convirtieron en refugio de pícaros y mendigos.

Epígrafe 3.9: El reinado de Carlos II y el problema sucesorio

Al morir Felipe IV en 1665, Carlos II era un niño de cuatro años, débil y enfermo. Durante su minoría de edad tuvo lugar la regencia de su madre, Mariana de Austria (1665-1675). Esta etapa se caracterizó por la debilidad económica y la lucha por el poder entre don Juan José de Austria, hijo ilegítimo de Felipe IV, apoyado por gran parte de la aristocracia, y los favoritos de la regente, el padre Nithard y Valenzuela. Durante la mayoría de edad de Carlos II (1675-1700), don Juan José de Austria se valió del respaldo de Aragón para organizar un golpe de Estado en 1677 y obligar a Carlos II a expulsar a Valenzuela. El duque de Medinaceli llegó al poder en 1680 y dictó un decreto de devaluación de la moneda de vellón. A partir de 1685, el conde de Oropesa sustituyó a Medinaceli y se inició una lenta recuperación económica.

En política exterior, el reinado se caracterizó por el desinterés por los problemas europeos y la preocupación por mantener el control del Mediterráneo y de las Indias. Cuatro guerras sucesivas con Francia obligaron a España a ceder parte de sus territorios. En 1668 tuvo lugar el reconocimiento de la independencia de Portugal. La Paz de Nimega (1678) significó la pérdida del Franco Condado.

El problema sucesorio

El problema sucesorio se planteó al no tener Carlos II descendencia de sus dos matrimonios. En 1700, Carlos II nombró heredero en su testamento a Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV. La posibilidad de que los Borbones reinasen a ambos lados de los Pirineos y en las Indias despertó la desconfianza de Inglaterra y los Países Bajos, que apoyaron la candidatura del archiduque Carlos de Austria, produciéndose la Guerra de Sucesión.

Epígrafe 4.1: La Guerra de Sucesión Española y el sistema de Utrecht

En 1700, Carlos II murió sin descendencia. En su testamento había nombrado heredero a Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia, con dos condiciones: el mantenimiento de la unidad del Imperio español y la separación de las Coronas de Francia y España. Así, en 1700 fue coronado rey de España como Felipe V. Pero en nombre del equilibrio europeo, Austria, Prusia, Gran Bretaña, los Países Bajos, Saboya y Portugal, que formaron la Gran Alianza de La Haya, declararon la guerra a Francia y España, proponiendo como rey al archiduque Carlos de Austria.

La Guerra de Sucesión (1701-1715) enfrentó al bando franco-español, partidario de Felipe V, con el apoyo de la Corona de Castilla, y a la Gran Alianza de La Haya, partidaria del archiduque Carlos, con el apoyo de la Corona de Aragón. En 1711, el archiduque Carlos heredó la corona del Imperio Alemán. Sus aliados, alarmados por la posibilidad de que acumulara también el imperio español, ofrecieron a Luis XIV abrir negociaciones.

El Tratado de Utrecht (1713) puso fin a la guerra europea y significó el reconocimiento de Felipe V como rey de España y de las colonias españolas a cambio de la separación definitiva de las Coronas de Francia y España. Por este tratado, Austria obtuvo Flandes, Milán, Nápoles y Cerdeña. Saboya recibió la isla de Sicilia (que cambió a Austria por Cerdeña). Inglaterra se convirtió en la primera potencia europea: consiguió Gibraltar y Menorca, el asiento de negros y el navío de permiso. En Europa se estableció un equilibrio de poder; es el «sistema de Utrecht«, que estaría vigente hasta las guerras napoleónicas. El cambio de dinastía supuso un giro radical en la política exterior española. Francia pasó de ser la enemiga a ser la aliada. Se firmaron los Pactos de Familia con Francia en 1733, 1743 y 1761. Los dos primeros, bajo el reinado de Felipe V, permitieron recuperar para el infante don Carlos Nápoles y Sicilia. El tercero permitió a España recuperar Menorca, pero no Gibraltar.

Epígrafe 4.2: La nueva Monarquía Borbónica: los Decretos de Nueva Planta

Con Felipe V (1700-1746) se implantó el absolutismo monárquico, poniendo fin a la tradicional monarquía descentralizada de los Austrias. El rey se identificó con el Estado y concentró en su persona todos los poderes. Con los Decretos de Nueva Planta (1707-1716), por el apoyo prestado al archiduque Carlos de Austria en la Guerra de Sucesión, Felipe V suprimió los fueros, Cortes, leyes e instituciones particulares y privilegios fiscales de los territorios de la Corona de Aragón. Se implantaron las leyes de Castilla para toda España. El objetivo de la Nueva Planta era la centralización de la administración. Navarra y las Vascongadas conservaron su régimen foral por su fidelidad a Felipe V. Felipe V implantó la Ley Sálica en España.

Alcance de las reformas

• Administración central: los Consejos desaparecieron, sustituidos por las Secretarías de Estado y del Despacho, a excepción del Consejo de Castilla, máximo órgano consultivo. Se abolieron las Cortes de los diferentes reinos, creando unas Cortes únicas para todo el reino que solo se reunían a petición del rey.
• Administración territorial: los virreinatos, excepto en América, fueron sustituidos por capitanías generales. Se crearon las intendencias (equivalentes a las provincias); los intendentes dependían directamente del rey y recaudaban impuestos. De ellos dependían los antiguos corregidores, que controlaban los municipios.
• Ejército y Armada: se buscó la profesionalización del ejército. Los tercios fueron sustituidos por regimientos y se creó una poderosa armada para defender los intereses españoles en América.
• Relaciones con la Iglesia: poniendo en práctica el regalismo, en 1753 se firmó el Concordato con la Santa Sede, por el que el Papa concedió a la monarquía española el derecho de patronato universal sobre la Iglesia española.

Las reformas permitieron implantar en España una monarquía centralizada, buscando mayor eficacia, con la anulación de todos los fueros de la Corona de Aragón.