El nacimiento del liberalismo en España
En 1808, tras las abdicaciones de Carlos IV y Fernando VII, Napoleón Bonaparte impuso como rey de España a su hermano José I. Esta situación provocó un conflicto de legitimidad: una parte del país aceptaba al nuevo rey impuesto por Francia, mientras que otra defendía a Fernando VII, al que consideraban prisionero de Napoleón. Como reacción, surgieron juntas locales formadas por autoridades y personas influyentes que gobernaban en nombre de Fernando VII y rechazaban el dominio francés.
El Estatuto de Bayona
Para organizar el nuevo régimen, Napoleón promulgó el Estatuto de Bayona en 1808, presentado como una constitución, aunque en realidad era una carta otorgada por el propio emperador. Este estatuto mantenía elementos conservadores como el predominio del rey, unas Cortes consultivas y el catolicismo como única religión oficial. Sin embargo, también introdujo reformas importantes:
- Igualdad ante la ley.
- Libertad económica y unificación de impuestos.
- Eliminación de la tortura y de la Inquisición.
- Libertad de imprenta y defensa de la propiedad privada.
A pesar de su carácter reformista, la Guerra de la Independencia impidió que estas medidas se aplicaran plenamente y solo una minoría de españoles, llamados afrancesados, apoyó a José I.
Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812
Ante el rechazo al gobierno francés, surgió el proceso de juntas. Las juntas locales se extendieron por el territorio y acabaron formando la Junta Suprema Central en Aranjuez, dirigida por Floridablanca. Finalmente, se creó el Consejo de Regencia, que convocó las Cortes de Cádiz, las primeras Cortes liberales de la historia de España. En ellas participaron:
- Serviles: Partidarios del Antiguo Régimen.
- Jovellanistas: Liberales moderados.
- Liberales o doceañistas: Defensores de cambios profundos.
La Constitución de 1812 proclamaba la soberanía nacional, la división de poderes y el sufragio universal masculino indirecto. Además, las Cortes aprobaron reformas para desmontar el Antiguo Régimen, como la abolición de los privilegios feudales, la supresión de la Inquisición y la liberalización de la industria y la ganadería (ley de señoríos de 1811).
Desamortizaciones y cambios agrarios en el siglo XIX
A comienzos del siglo XIX, España enfrentaba un grave problema: la propiedad de la tierra estaba concentrada en grandes latifundios, mientras que muchos campesinos carecían de tierras. Gran parte de estas propiedades eran bienes en manos muertas (pertenecientes a la Iglesia o municipios), que no podían venderse ni dividirse.
El proceso de desamortización
Los liberales impulsaron la reforma agraria mediante las desamortizaciones, un mecanismo legal para expropiar tierras en manos muertas, subastarlas y privatizarlas. El proceso seguía estos pasos:
- Aprobación de la ley.
- Expropiación de los bienes.
- Creación de lotes.
- Venta mediante subasta pública.
Principales hitos desamortizadores
- Mendizábal (1836): Durante el gobierno progresista y la Primera Guerra Carlista, se expropiaron tierras rústicas de la Iglesia para financiar la guerra y reducir la deuda.
- Madoz (1855): Durante el Bienio Progresista, se pusieron en venta tierras comunales de los ayuntamientos y bienes urbanos de la Iglesia para financiar el ferrocarril.
Consecuencias de las reformas agrarias
Aunque las desamortizaciones favorecieron la expansión de la superficie cultivada, tuvieron efectos sociales y económicos complejos:
- Aumento de la desigualdad: Los principales beneficiarios fueron la burguesía y la clase media urbana, no los campesinos.
- Estructura de la propiedad: Se acentuó el latifundismo en el sur y el minifundismo en el norte.
- Impacto cultural: Se produjo una pérdida y expolio de bienes culturales de la Iglesia, además de cambios en el modelo urbano y deforestación.