El Fin de la Monarquía de Alfonso XIII

Tras la dimisión el 28 de enero de 1930 de Primo de Rivera, el rey nombró nuevo presidente del Consejo de Ministros al general Dámaso Berenguer. Pero este, a pesar de sus primeras medidas, transmitía una imagen de debilidad que popularmente se ridiculizó con el nombre de dictablanda. Ortega y Gasset publicó un artículo titulado “El error Berenguer” en el que concluía con la frase: La monarquía debe ser destruida.

En este contexto, los partidos nacionalistas catalanes junto con los sindicatos, el partido socialista, los republicanos y algunos intelectuales se reunieron en secreto firmando el Pacto de San Sebastián. Se preparó una sublevación general republicana en toda España y manifestaciones obreras para el 15 de diciembre, pero fracasaron los levantamientos de la guarnición de Jaca y la llamada “cuartelada” de Cuatro Vientos (Madrid).

A principios de 1931, un grupo de intelectuales, encabezados por José Ortega y Gasset, Gregorio Marañón y Ramón Pérez de Ayala, publicó el manifiesto fundacional de una Agrupación al servicio de la República, en el que instaba al resto de intelectuales a contribuir a la instauración de un régimen republicano.

Se convocaron elecciones legislativas para fines de enero de 1931 a las que se negaron a participar los republicanos, los socialistas y antiguos políticos dinásticos, lo que provocó la inmediata dimisión de Berenguer. Entonces el rey, tras infructuosas conversaciones, tuvo que formar un gobierno de concentración presidido por el almirante Aznar, cuya medida inmediata fue la convocatoria de elecciones. Se pensó primero en las elecciones municipales para el día 12 de abril de 1931, que arrojaron el triunfo abrumador de la conjunción republicano-socialista en las concejalías de 41 de las 50 capitales de provincia.

Los ciudadanos proclamaron en sus calles la implantación de la Segunda República. El rey, con el fin de evitar una guerra civil, ante la pasividad del general Sanjurjo y aconsejado por el Conde de Romanones y por Gregorio Marañón, partió en la noche del 14 al 15 de Madrid hacia Cartagena y desde allí zarpó para Marsella en un buque de la armada española para trasladarse después a París.

La Segunda República: Constitución de 1931 y el Bienio Reformador

El Gobierno Provisional Republicano: Las Primeras Reformas

El 14 de abril se formó un Gobierno Provisional. La presidencia del mismo recayó en Niceto Alcalá Zamora, cuyo gobierno llevó a cabo reformas inmediatas que afectaron al ámbito de la educación (la extensión de la enseñanza obligatoria, la convocatoria de oposiciones para 7.000 maestros, la creación de 5.000 bibliotecas rurales), la jornada laboral de ocho horas, el decreto de Términos Municipales, el decreto sobre laboreo forzoso a través de la ley Azaña de 1931 y otras medidas como la reducción a la mitad el número de unidades y el cierre de la Academia Militar de Zaragoza, dirigida por Franco.

En relación con la Iglesia Católica, se suprimió la enseñanza obligatoria de la religión en las escuelas y las subvenciones eclesiásticas por parte del Estado. El creciente anticlericalismo popular pronto desembocó en la quema de un centenar de iglesias y conventos en Madrid y otras ciudades como Murcia, Málaga, Sevilla y Córdoba ante la pasividad de las fuerzas de orden público.

Surgieron una serie de problemas, como el aumento de huelgas, la proclamación ilegal de la República Catalana dentro de una federación de repúblicas ibéricas por el líder autonomista Macià y la publicación de una pastoral del cardenal Segura el 1 de mayo en la que elogiaba a Alfonso XIII. El gobierno ordenó la expulsión del Cardenal Segura de España.

Las Cortes Constituyentes (Junio 1931). La Constitución de 1931

Las elecciones a Cortes Constituyentes convocadas por el gobierno provisional se celebraron el 28 de junio con un 70% de participación popular masculina. La mayoría de los diputados elegidos eran republicanos y obtuvo el triunfo la coalición republicano-socialista. El objetivo fundamental era elaborar una nueva Constitución, la Constitución de 1931.

Esta establecía que España era una república democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de Libertad y de Justicia. Además, se reconocía la libertad de expresión, de reunión y de asociación, la unidad de España como un “Estado integral” (aunque compatible con la autonomía de los municipios y las regiones), el reconocimiento del derecho a la educación, la eliminación de la asignatura de religión, de las subvenciones a la iglesia por parte del Estado y de la Compañía de Jesús.

Cuestiones innovadoras fueron las que reconocían por primera vez:

• El voto femenino.
• La posibilidad de que las mujeres pudiesen ocupar cargos públicos.
• El derecho al divorcio.

Se establece, además, el matrimonio civil y la igualdad de derechos entre hijos legítimos e ilegítimos. Por último, se protegían los derechos de los trabajadores y se reconocía el derecho a la propiedad privada y a la libre iniciativa individual.

Tras su aprobación por el Parlamento, fue designado presidente de la Segunda República Española, Alcalá Zamora, y Jefe del Gobierno, Manuel Azaña. La labor reformista se concretó en una serie de leyes importantes, como fueron la Ley de bases de la Reforma Agraria, la Ley del Divorcio y del Matrimonio Civil, el Estatuto de Autonomía para Cataluña, siendo algunas de difícil o lenta aplicación.

Estatutos de Autonomía

En junio de 1931, a iniciativa de Esquerra Republicana, se elaboró el llamado Estatuto de Núria, que en septiembre de 1932 se aprobó en plebiscito por el 99% de los votantes catalanes. “Cataluña se constituye en región autónoma dentro del Estado Español”, teniendo un gobierno autónomo (la Generalitat), un Presidente (Macià), un poder legislativo o Parlamento y un Consejo o poder ejecutivo, también policía propia y se reconocían como lenguas oficiales el castellano y el catalán. Algunos intelectuales (Unamuno, Ortega y Gasset), periódicos (el ABC, el Imparcial y otros) y algunos militares (Sanjurjo y Goded), arremetían contra dicho estatuto por considerarlo separatista. Por su parte, los vascos también estaban intentando lograr un estatuto parecido, al igual que ocurría en otras regiones.

Orden Público y Conflictos Sociales

Manuel Azaña, para hacer respetar la República, tomó una serie de medidas como la llamada Ley de Defensa de la República, una auténtica ley de excepción, o la creación de un cuerpo armado republicano, la Guardia de Asalto (1931), aunque no se atrevió a disolver la Guardia Civil.

Para muchos jornaleros la República era sinónimo de reparto de tierras, por lo que el gobierno tuvo que enfrentarse a diversos conflictos. En el medio rural seguían predominando los latifundios, sobre todo en Andalucía y Extremadura, en manos de propietarios absentistas que cultivaban la tierra a través de un capataz o de arrendatarios, siendo frecuentes los abusos en el salario a la hora de contratar. Además, la miseria también se cebaba con millares de pequeños minifundistas.

La Reforma Agraria

La reforma agraria fue un experimento fallido debido a la falta de medios económicos, la complejidad de la ley y la incompetencia, especialmente del Ministerio de Agricultura. La finalidad de la misma era aminorar el paro en el campo, asentando a jornaleros en las tierras expropiadas a grandes propietarios absentistas, repartiéndolas individualmente o en cooperativas y procurando créditos a los nuevos propietarios para modernizar y aumentar la producción y las superficies dedicadas al regadío. Afectó especialmente a grandes zonas latifundistas y para su ejecución se creó el Instituto de Reforma Agraria. Según la Ley de la Reforma Agraria (1932), se expropiaron, sin indemnización, las tierras de los Grandes de España que habían apoyado el intento de golpe de Estado del general Sanjurjo.