La Constitución de Cádiz de 1812: “La Pepa”

Introducción y Contexto Histórico

La Constitución de Cádiz, también conocida como “La Pepa” por haberse proclamado el 19 de marzo de 1812, día de San José, es un documento de carácter político y forma jurídica. Fue redactada por las Cortes de Cádiz, un grupo parlamentario creado en 1810 y compuesto por diputados de diversas ideologías, en su mayoría liberales, lo que confirió a la Constitución su marcado carácter. El texto tenía un doble destinatario: el rey Fernando VII, entonces en el exilio, y el pueblo español, lo que le otorgaba un carácter público. Se sitúa a principios del siglo XIX, un periodo en el que España atravesaba una profunda crisis monárquica. Tras el Pacto de Fontainebleau en 1807, las tropas francesas entraron en territorio español y, aunque no era su intención inicial, acabaron conquistando el país, lo que desencadenó la Guerra de la Independencia, contexto en el que se desarrolló este trascendental documento.

Relevancia y Legado

La Constitución de Cádiz de 1812 fue la primera constitución liberal de España. Sus principales características incluían la soberanía nacional (compartida entre el rey y las Cortes), la declaración de derechos y libertades, y la división de poderes en legislativo, ejecutivo y judicial. Esta Constitución marcó el fin del Antiguo Régimen y del absolutismo monárquico. Aunque solo estuvo en vigor hasta 1814, cuando Fernando VII la anuló tras el Tratado de Valençay, sentó un precedente fundamental en la historia española. Fue la base de futuras constituciones y un modelo inspirador para otras naciones en Europa y América Latina.

La Desamortización de Mendizábal: Transformación Económica y Social

Contexto y Naturaleza del Decreto

El decreto de desamortización es un texto primario de carácter político y económico, con forma jurídica, redactado por Juan Álvarez Mendizábal, un político y economista liberal progresista del siglo XIX que actuó durante la regencia de María Cristina. El destinatario era el pueblo español y poseía un carácter público, habiendo sido publicado en la Gaceta de Madrid, el Boletín Oficial del Estado de la época. Históricamente, nos encontramos en el primer tercio del siglo XIX, un periodo de incertidumbre en España tras la muerte de Fernando VII. Este monarca, al fallecer, designó a su hija Isabel como sucesora a través de la Pragmática Sanción, lo que provocó el descontento de los carlistas. Dado que Isabel era menor de edad, su madre María Cristina asumió la regencia y se apoyó en políticos progresistas como Mendizábal para gobernar.

Objetivos y Justificación de la Desamortización

La idea principal del fragmento de decreto es justificar la desamortización de los bienes del clero. El texto se estructura en dos párrafos, destacando las siguientes ideas principales:

• En primer lugar, se argumenta la necesidad de vender las tierras del clero para hacer frente al pago de la deuda pública, acumulada tras la Primera Guerra Carlista.
• En segundo lugar, se menciona la necesidad de poner a la venta las tierras vinculadas y amortizadas por la Iglesia, conocidas como “régimen de manos muertas”. Esta venta se consideraba crucial para la redistribución de la tierra y un cambio en la estructura de la propiedad agraria, como se expresa en la frase: “vivificar una riqueza muerta; desobstruir los canales de la industria y de la circulación”.

Esta última idea se complementa en el segundo párrafo con la visión de “crear una copiosa familia de propietarios”. Por último, Mendizábal enfatiza que este movimiento no buscaba el enriquecimiento individual, sino que estaba pensado para la “resurrección política” de Isabel II.

Marco Histórico: La España de Isabel II y las Guerras Carlistas

La muerte de Fernando VII en 1833 marcó el final de la Década Ominosa y desencadenó una serie de conflictos en España. Su fallecimiento llevó a la promulgación de la Pragmática Sanción, que derogó la Ley Sálica y permitió que su hija, Isabel II, heredara el trono. Esta situación generó tensiones políticas y sociales, ya que la monarquía, inicialmente absolutista, comenzó un proceso gradual hacia el liberalismo, predominando los moderados sobre los progresistas, quienes solo emergieron en tiempos de crisis. Figuras clave en este período incluyen a Javier de Burgos y Martínez de la Rosa, quien presentó el Estatuto Real en 1834, así como el Conde de Toreno y Juan Álvarez Mendizábal, que desempeñaron roles importantes en la política española.

La Primera Guerra Carlista se inició en 1833 como resultado de las disputas sobre la sucesión al trono y el apoyo de las fuerzas carlistas a Don Carlos, hermano de Fernando VII, quien se opuso a la legitimidad de Isabel II. Este conflicto se desarrolló en un contexto de inestabilidad política, donde los carlistas buscaban restaurar el absolutismo y los liberales defendían un modelo de gobierno más representativo. La guerra se prolongó hasta 1840 y se dividió en dos etapas principales:

• La primera, desde 1833 hasta 1835, se caracterizó por una guerra abierta en las provincias vascas y en el norte de Cataluña. Esta etapa finalizó con la muerte del jefe carlista Zumalacárregui en el asedio de Bilbao en julio de 1835.
• La segunda fase, desde 1835 hasta 1837, vio su difusión a todo el territorio nacional.

Este conflicto reflejó las profundas divisiones en la sociedad española y sentó las bases para futuros cambios en el sistema político del país.

Impacto y Precedente Histórico de la Desamortización

La desamortización de Mendizábal fue una de las más importantes en España, aunque no la primera (por ejemplo, existió la de Godoy). Se inspiró en el pensamiento liberal y marcó un claro distanciamiento de la Iglesia. Su objetivo principal era reducir la deuda pública mediante la venta de bienes del clero, pero no logró cumplirlo por completo. A pesar de esto, fue un antecedente clave que influyó en desamortizaciones posteriores, como la de Madoz, que continuaron con la redistribución de tierras en el país.