El Reinado de Isabel II: Contexto General
Durante el reinado de Isabel II en España, se consolida el sistema político liberal, caracterizado por la competencia por el poder entre los partidos Moderado y Progresista. Los absolutistas (carlistas) quedan fuera del sistema y provocan tres guerras civiles, conocidas como las Guerras Carlistas. El reinado se divide en distintas etapas, abarcando desde las regencias hasta la profunda crisis del sistema en 1866. Finalmente, en septiembre de 1868, una revolución derroca a Isabel II, dando comienzo a una nueva etapa en la historia de España. La constante lucha entre los partidos liberales marca decisivamente este periodo.
La Revolución Liberal y el Conflicto Sucesorio
La muerte de Fernando VII en 1833 desencadenó el proceso de revolución liberal durante el reinado de Isabel II en España. Este período coincidió con importantes movimientos revolucionarios en Europa. Se sentaron las bases para un Estado liberal, una sociedad de clases y una economía capitalista. Sin embargo, la resistencia de las fuerzas del Antiguo Régimen y las profundas divisiones entre los propios liberales provocaron una notable inestabilidad política.
Las Guerras Carlistas
El conflicto sucesorio tras la muerte de Fernando VII fue el detonante de las Guerras Carlistas. Estas enfrentaron a los partidarios de la heredera Isabel II, representante del liberalismo, contra los seguidores de su tío Carlos María Isidro, defensor del absolutismo. Carlos se autoproclamó rey, alegando la vigencia de la Ley Sálica (cuya anulación por Fernando VII consideraba ilegal) que lo excluía de la sucesión en favor de Isabel. Esta disputa dinástica se transformó en una cruenta guerra civil que se desarrolló en tres etapas principales:
- Primera etapa: Los carlistas lograron importantes triunfos en el norte de España, liderados por figuras como Tomás de Zumalacárregui.
- Segunda etapa: Intentaron expandir la rebelión, pero fracasaron ante la resistencia de las fuerzas liberales leales a la regente María Cristina.
- Tercera etapa: El bando carlista se dividió entre transaccionistas (partidarios de un acuerdo) e intransigentes (partidarios de continuar la lucha), siendo estos últimos liderados por Ramón Cabrera.
Finalmente, en 1839, se firmó el Convenio de Vergara entre el general liberal Baldomero Espartero y el general carlista Rafael Maroto. En este acuerdo, los carlistas reconocieron a Isabel II como reina, y a cambio, se les ofreció la integración en el ejército real y el compromiso de respetar los fueros vascos y navarros. Con la posterior derrota militar de Cabrera, las Guerras Carlistas llegaron a su fin, consolidando a Isabel II en el trono y marcando el triunfo del liberalismo sobre el absolutismo.
Las Regencias
La Regencia de María Cristina (1833-1840)
María Cristina de Borbón, inicialmente de ideas absolutistas, se vio obligada a apoyarse en los liberales y aceptar reformas políticas para asegurar el trono de su hija Isabel frente a la amenaza carlista. Esta evolución marcó el sistema político. Ministros como Cea Bermúdez y, posteriormente, Martínez de la Rosa llevaron a cabo reformas de corte ilustrado y promulgaron el Estatuto Real de 1834, una carta otorgada que limitaba la soberanía de la reina y concedía algunos derechos ciudadanos, pero sin reconocer la soberanía nacional.
Los liberales progresistas presionaron por mayores libertades y una constitución más avanzada, lo que llevó a la reina regente a nombrar un gobierno liberal progresista encabezado por Juan Álvarez Mendizábal en 1835. La lucha entre liberales moderados y progresistas se intensificó, con profundas discrepancias sobre el alcance de las reformas y los derechos ciudadanos.
Partidos Políticos Liberales:
- Partido Moderado: Liderado por figuras como el general Ramón María Narváez. Abogaba por un sistema de soberanía compartida entre la Corona y las Cortes, un control gubernamental centralizado, un Estado confesionalmente católico y una política económica proteccionista. Su base social incluía a la antigua nobleza, la alta burguesía y sectores importantes de la Iglesia.
- Partido Progresista: Defendía la soberanía nacional representada exclusivamente en las Cortes. Proponía una clara separación de poderes para limitar el poder del rey, reservando el poder legislativo a unas Cortes (preferiblemente unicamerales). Apoyaban un sufragio censitario más amplio, mayores libertades (prensa, creencia religiosa con culto privado), una administración descentralizada con elección democrática de los ayuntamientos, la limitación de la influencia de la Iglesia Católica, una política económica librecambista y la creación de la Milicia Nacional como cuerpo de defensa ciudadano. Contaban con el apoyo de las clases medias, la pequeña burguesía, artesanos, comerciantes y parte del Ejército. Fue liderado por figuras como Baldomero Espartero, y contó con políticos relevantes como Mendizábal y Pascual Madoz.
Los moderados, más afines a la monarquía, gobernaron durante la mayor parte del reinado, marginando a los progresistas, quienes a menudo solo accedían al poder mediante pronunciamientos militares. La Constitución de 1837 reflejó un intento de consenso entre ambos partidos, estableciendo la soberanía compartida entre el rey y las Cortes, un poder ejecutivo en manos del monarca, un poder legislativo bicameral y un poder judicial independiente. Tras el fin de la guerra carlista, María Cristina nombró un gobierno moderado, lo que generó protestas progresistas y culminó en el pronunciamiento de Espartero, quien finalmente asumió la regencia.
La Regencia de Espartero (1840-1843)
Durante su regencia, Espartero impuso políticas de corte progresista. Otorgó mayor libertad a los ayuntamientos y a la Milicia Nacional, y aplicó una política librecambista con la reducción de aranceles aduaneros. Sin embargo, este aumento de las importaciones industriales generó graves problemas económicos y protestas en Cataluña, especialmente en Barcelona. La dura represión de estas protestas aumentó la oposición a su gobierno autoritario. Finalmente, un pronunciamiento liderado por el general moderado Narváez en 1843 obligó a Espartero a renunciar a la regencia y exiliarse.
El Reinado Efectivo de Isabel II
La Década Moderada (1844-1854)
Una vez declarada mayor de edad Isabel II, designó a Narváez como jefe del Gobierno, quien formó un gabinete exclusivamente moderado. Su principal tarea fue establecer las bases del Estado liberal español bajo la óptica moderada, a través de una nueva constitución y un conjunto de leyes que transformaron las estructuras políticas y administrativas.
La Constitución de 1845, una reforma de la de 1837, eliminó los elementos más progresistas y creó un modelo acorde con el liberalismo moderado, reforzando el poder de la Corona en un sistema de soberanía compartida con las Cortes.
Durante este periodo se estableció la estructura básica del Estado liberal centralizado en España:
- Se creó una administración centralizada con la figura clave de los gobernadores civiles en las provincias.
- La Ley de Ayuntamientos de 1845 reservaba a la Corona el nombramiento de los alcaldes en las poblaciones importantes.
- Se implementó una reforma fiscal (Reforma Mon-Santillán) para unificar y racionalizar los impuestos en todo el territorio nacional.
- Se reorganizó la instrucción pública, estableciendo niveles de educación básica, secundaria y universitaria (Ley Moyano, aunque posterior, se basa en estos principios).
- Se creó la Guardia Civil en 1844, un cuerpo armado con funciones policiales para mantener el orden público, especialmente en las zonas rurales.
- Se firmó el Concordato de 1851 con la Santa Sede para regular las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado, reconociendo a la Iglesia un papel importante en la sociedad y la educación, a cambio de que esta aceptara la desamortización ya realizada.
Narváez también tuvo que hacer frente a un segundo levantamiento carlista (Guerra de los Matiners, 1846-1849), principalmente en Cataluña, provocado en parte por las aspiraciones al trono de Carlos VI (hijo de Carlos María Isidro) y por el malestar social y económico que las reformas liberales (incluida la desamortización) habían generado en algunos sectores del campesinado. El Ejército y la Guardia Civil lograron reprimir la rebelión.
Tras un largo periodo de diez años de gobierno moderado, los problemas derivados de la corrupción, el favoritismo de la reina y la excesiva centralización provocaron protestas y el descontento de los grupos progresistas, que se veían sistemáticamente marginados del poder.
El Bienio Progresista (1854-1856)
En 1854, el general moderado descontento Leopoldo O’Donnell se pronunció contra el gobierno en Vicálvaro (la Vicalvarada). El pronunciamiento, inicialmente incierto, ganó apoyo popular gracias al Manifiesto de Manzanares (redactado por un joven Antonio Cánovas del Castillo), que incorporaba demandas progresistas. Ante la presión, Isabel II llamó a Espartero para formar un gobierno de coalición con O’Donnell.
Durante este breve periodo, se implementaron importantes reformas económicas con el objetivo de impulsar la modernización del país, aumentar la libertad de empresa y consolidar un mercado capitalista:
- Se promulgaron leyes clave como la Ley General de Ferrocarriles (1855), la Ley de Sociedades Bancarias y Crediticias (1856) y la Ley de Minas.
- Se llevó a cabo la Desamortización General de Madoz (1855), que afectó principalmente a los bienes de los ayuntamientos (bienes de propios y comunes) y también a los eclesiásticos que quedaban.
En las Cortes Constituyentes se inició en 1856 la elaboración de una nueva constitución de carácter progresista, que establecía la soberanía nacional, ampliaba derechos y libertades, reforzaba la división de poderes y contemplaba un sufragio más amplio. Sin embargo, esta constitución nunca llegó a promulgarse, por lo que se la conoce como la Constitución non nata de 1856.
La Crisis Final del Sistema (1856-1868)
Tras el Bienio Progresista, durante la etapa final del reinado de Isabel II (1856-1868), el poder político alternó principalmente entre los moderados de Narváez y un nuevo partido de centro, la Unión Liberal, liderado por O’Donnell. Ambos contaron con el apoyo de la reina e implementaron un gobierno esencialmente moderado, caracterizado por un cierto autoritarismo, control de la prensa y una administración centralizada. A pesar de ello, se mantuvieron algunas leyes progresistas del bienio anterior, especialmente las económicas, que beneficiaron a la alta burguesía financiera e industrial.
O’Donnell destacó por una activa política exterior (la llamada”política de prestigi”) que buscaba desviar la atención de los problemas internos y exaltar el patriotismo. Se colaboró con Francia en expediciones como la de Conchinchina y se intervino en Marruecos (Guerra de África, 1859-1860), logrando algunas victorias y la ampliación de Ceuta y Melilla. Sin embargo, otras expediciones militares, como la intervención en México junto a Francia y Reino Unido, o en Santo Domingo, resultaron costosas y fracasaron.
A partir de 1866, una grave crisis económica (financiera, industrial y de subsistencias por malas cosechas) golpeó España. Esta crisis generó escasez de alimentos, aumento del paro y un profundo malestar social, que se tradujo en protestas y motines significativos, como el Motín de Sargentos del Cuartel de San Gil (1866), duramente reprimido, y el fallido pronunciamiento progresista liderado por el general Juan Prim.
Ante la deriva autoritaria del gobierno moderado y la exclusión del poder, demócratas y progresistas firmaron el Pacto de Ostende (1866), un acuerdo para derrocar a Isabel II, establecer un gobierno provisional y convocar Cortes Constituyentes elegidas por sufragio universal masculino. En 1867, tras la muerte de O’Donnell, los unionistas liderados por el general Francisco Serrano se sumaron al pacto.
Este periodo final estuvo marcado por la incapacidad del sistema moderado para dar respuesta a las demandas sociales y políticas, la creciente impopularidad de la reina y la unificación de la oposición. Todo ello culminó en la Revolución de 1868 (La Gloriosa), que resultó en la destitución de Isabel II y el inicio del Sexenio Revolucionario (1868-1874), consolidando definitivamente el sistema liberal burgués en España, aunque abriendo un nuevo periodo de intensa inestabilidad.