La Transición Política Española (1975-1981): Del Franquismo a la Democracia

Tras la muerte de Francisco Franco el 20 de noviembre de 1975, las Cortes franquistas proclamaron rey a Juan Carlos I, dando inicio a la crucial etapa de la Transición Española. El entonces presidente, Carlos Arias Navarro, apoyado por el sector inmovilista, conocido como el «búnker», intentó perpetuar el franquismo sin Franco. Su política de represión y censura generó un amplio rechazo social.

Frente a esta postura, surgieron dos corrientes principales: los aperturistas, que defendían una reforma gradual desde dentro del régimen, y los rupturistas, que abogaban por un cambio total mediante un gobierno provisional y una ruptura definitiva con el franquismo.

El Impulso Reformista del Rey Juan Carlos I

El rey Juan Carlos I optó por el reformismo para evitar reacciones violentas del «búnker» y asegurar el control del proceso. Incorporó a figuras aperturistas como Manuel Fraga o José María de Areilza en el gobierno, pero las tensiones sociales y políticas no cesaban. En 1976, se registraron aproximadamente 18.000 huelgas y los trágicos Sucesos de Vitoria (con 5 muertos), intensificando la presión popular por el cambio.

Organización de la Oposición y Aumento de la Violencia

La oposición política se articuló en torno a dos grandes plataformas: la Junta Democrática (liderada por el PCE) y la Plataforma de Convergencia Democrática (impulsada por el PSOE). En 1976, ambas se unieron en la Coordinación Democrática, popularmente conocida como la «Platajunta», que exigía elecciones libres, la legalización de partidos políticos, el reconocimiento de libertades fundamentales y una amnistía general. Paralelamente, grupos terroristas como ETA, GRAPO o FRAP incrementaron su actividad violenta, mientras que la extrema derecha respondía con acciones de grupos parapoliciales.

La Era Adolfo Suárez y la Ley para la Reforma Política

Ante el creciente clima de inestabilidad, el rey Juan Carlos I presionó a Arias Navarro para que dimitiera. El 1 de julio de 1976, Adolfo Suárez, aunque proveniente del franquismo, asumió la presidencia con una clara vocación aperturista. Bajo su mandato, se legalizaron asociaciones políticas, se despenalizó el derecho de huelga y se promovió la trascendental Ley para la Reforma Política. Esta ley, que permitió la autodestrucción legal del régimen franquista, fue aprobada en referéndum en diciembre de 1976 con un abrumador 94% de apoyo.

Legalización de Partidos y las Primeras Elecciones Democráticas

La legalización de los partidos políticos se llevó a cabo progresivamente, siendo el Partido Comunista de España (PCE) el último en ser legalizado debido a la fuerte resistencia del ejército. Su legalización, un hito crucial, se produjo tras el impacto de la Matanza de Atocha (enero de 1977), cuando la respuesta pacífica y responsable del PCE disipó los temores del «búnker». Finalmente, el PCE fue legalizado el 9 de abril de 1977, en lo que se conoció como el «sábado santo rojo».

Las primeras elecciones democráticas, celebradas el 15 de junio de 1977, dieron la victoria a la Unión de Centro Democrático (UCD) de Adolfo Suárez (165 escaños), seguida por el PSOE (118) y el PCE (20). Las Cortes resultantes de estos comicios tuvieron la misión de redactar una nueva Constitución. Ese mismo año, se firmaron los Pactos de la Moncloa entre partidos políticos y sindicatos, un acuerdo fundamental para contener la crisis económica, aunque implicó el sacrificio de algunos derechos laborales. A cambio, se sentaron las bases para el avance hacia el Estado del Bienestar y se reconocieron libertades básicas y derechos sociales.

Desafíos de la Segunda Legislatura y el Intento de Golpe de Estado

En la segunda legislatura (1979-1981), a pesar de que Suárez volvió a ganar las elecciones, su liderazgo se vio minado por la persistente crisis económica y las tensiones internas en la UCD. Durante este periodo, se aprobaron los primeros Estatutos de Autonomía de Cataluña y el País Vasco, mientras que el terrorismo, especialmente el de ETA, se intensificaba. La ultraderecha comenzó a conspirar, culminando en el intento de golpe de Estado del 23-F de 1981, liderado por el teniente coronel Antonio Tejero. El golpe fracasó gracias a la firme intervención del rey Juan Carlos I, lo que consolidó definitivamente la democracia en España.

La Constitución Española de 1978 y el Estado de las Autonomías

Tras las elecciones de 1977, las nuevas Cortes Constituyentes iniciaron la elaboración de la Constitución Española. La redacción del texto fue encomendada a una ponencia de siete diputados, conocidos como los «Padres de la Constitución», representantes de distintas fuerzas políticas:

• Gabriel Cisneros (UCD)
• Miguel Herrero de Miñón (UCD)
• José Pedro Pérez-Llorca (UCD)
• Jordi Solé Tura (PCE)
• Gregorio Peces-Barba (PSOE)
• Manuel Fraga Iribarne (AP)
• Miquel Roca Junyent (CiU)

A pesar de las diferencias ideológicas, predominó el espíritu de consenso y la ambigüedad en los artículos más conflictivos, lo que permitió una mayor flexibilidad interpretativa del texto.

La Constitución fue aprobada por las Cortes el 31 de octubre de 1978 y ratificada en referéndum el 6 de diciembre del mismo año, con un 91% de votos a favor y una participación del 67%. Cabe destacar que en el País Vasco, la abstención fue del 55% debido a la oposición del PNV.

Principios Fundamentales de la Constitución de 1978

La Constitución de 1978 establece los pilares del nuevo sistema democrático español:

• Artículo 1: España se define como un Estado social y democrático de derecho, con soberanía nacional y una monarquía parlamentaria. La opción republicana no fue contemplada en el referéndum.
• Artículo 2: Reconoce la «indisoluble unidad de la Nación española», pero también el derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones.
• Artículo 3: Establece el castellano como lengua oficial del Estado, reconociendo la cooficialidad de las demás lenguas españolas en sus respectivas comunidades.
• Artículo 4: Fija la bandera de España y reconoce las banderas autonómicas.
• Artículo 5: Declara a Madrid como capital del Estado.
• Artículos 6 y 7: Reconocen el pluralismo político, la libertad sindical y la existencia de partidos políticos como expresión de la voluntad popular.
• Artículo 8: Otorga a las Fuerzas Armadas la misión de garantizar la soberanía, integridad territorial y el orden constitucional.
• Artículo 9: Garantiza la libertad e igualdad de los ciudadanos ante la ley.

Estructura y Contenido Clave de la Constitución

• Título I (arts. 10–55): Recoge los derechos fundamentales y libertades públicas, como la educación, sanidad, vivienda, trabajo, huelga, asociación y expresión, inspirados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
• Título II (arts. 56–65): Establece la figura del Rey como jefe del Estado, símbolo de unidad, con funciones representativas y sin responsabilidad política. El artículo 57 establece la preferencia del varón en la sucesión, lo que genera una contradicción con el principio de igualdad del artículo 14.
• Título III (arts. 66–96): Regula las Cortes Generales (Congreso de los Diputados y Senado), encargadas del poder legislativo.
• Título IV (arts. 97–107): Regula la acción del Gobierno y su relación con la Administración.
• Títulos V y VI: Abordan las relaciones entre el Gobierno y las Cortes, y la estructura del poder judicial.
• Título VII (arts. 128–136): Establece una economía de mercado con derechos de propiedad y libertad empresarial, supeditada al interés general. En 2011, se reformó el artículo 135 para priorizar el pago de la deuda pública.
• Título VIII (arts. 137–158): Trata la organización territorial del Estado. Se optó por una autonomía política, diferenciándose del federalismo o la mera descentralización. Se reconoció un trato diferenciado a comunidades históricas como Cataluña, País Vasco y Galicia, que accedieron por la vía rápida. Andalucía y Navarra también lo hicieron. El resto de comunidades accedió por la vía lenta (art. 143). Así se configuraron 17 Comunidades Autónomas y 2 ciudades autónomas (Ceuta y Melilla).

La Constitución de 1978 sentó las bases del sistema democrático actual en España. Fue el resultado de una reforma pactada, no de una ruptura radical, una moderación que respondió en parte al temor a un golpe militar (como se evidenció en el 23-F) y a la relativa debilidad de la oposición rupturista. Aunque consolidó la democracia, algunos elementos residuales del franquismo persistieron en la sociedad y las instituciones.