Prehistoria: Paleolítico y Neolítico
Paleolítico
La Prehistoria comprende desde hace 2,5 millones de años hasta el 3000 a. C. y tiene dos etapas principales: el Paleolítico y el Neolítico. Tenían una economía depredadora basada en la caza, la pesca y la recolección de frutos. Eran nómadas y vivían en cuevas, sin jerarquización social.
Los yacimientos más importantes en la península están en la depresión de Guadix-Baza y en la sierra de Atapuerca: la Sima del Elefante (mandíbula de 1,2 millones de años), Gran Dolina (Homo antecessor, posible primer ejemplo de canibalismo) y la Sima de los Huesos (lugar de enterramientos). Hace 230.000 años aparecen los neandertales (Sima del Sidrón, ADN fósil) y hace 200.000 años el Homo sapiens coloniza todos los continentes.
En el Paleolítico la pintura se desarrolló en el interior de las cuevas (Altamira), con animales como protagonistas. Utilizaban los salientes de la roca para dar volumen y eran pinturas policromas (rojo y negro).
Neolítico
Hacia el 5000 a. C. aparecen las comunidades neolíticas, que propician el sedentarismo, la economía productiva (agricultura y ganadería) y la jerarquización social. En el Neolítico la pintura se realiza en abrigos al aire libre (El Cogul), representando la vida cotidiana humana. Eran pinturas monocromáticas y tendían a la esquematización.
La repoblación cristiana
La repoblación cristiana consistió en ocupar pacíficamente las tierras vacías o reconquistadas a los musulmanes, cultivarlas y consolidar así el control de los reinos cristianos. Se desarrolló en varias fases:
- Repoblación monacal y privada (siglos VIII-XI): el rey autorizaba la ocupación de tierras que pasaban a ser propiedad de quienes las cultivaban; participaron monjes y campesinos, como en la zona del Duero.
- Repoblación concejil (siglos XI-XII): basada en la fundación de municipios mediante cartas pueblas y la concesión de fueros, que atrajeron campesinos libres y extranjeros (destacan Ávila, Segovia y Toledo).
- Acción de las órdenes militares (siglos XII-XIII): repoblaron Extremadura, La Mancha y Aragón, recibiendo tierras (repartimientos) para la defensa y la ganadería.
- Repartimientos del valle del Guadalquivir y litoral levantino (siglos XIII-XV): distribuyeron tierras entre nobles, órdenes y colonos; tras la sublevación mudéjar de 1264 se expulsó a muchos musulmanes, lo que favoreció la formación de latifundios en el sur, mientras que en el norte predominó la pequeña propiedad.
La sociedad medieval
La sociedad medieval era estamental, formada por tres grupos rígidos:
- Clero (oratores): suministraba ideología y velaba por la salvación de las almas. Se distinguía entre alto clero (obispos y abades) y bajo clero (curas y monjes).
- Nobleza (bellatores): defensora de la sociedad, con privilegios económicos, jurisdiccionales y militares; se distinguía entre alta, media y baja nobleza.
- Pueblo llano (laboratores): formado por campesinos, artesanos y burgueses; debía trabajar para sostener a los estamentos privilegiados.
La nobleza y el clero obtenían rentas y ejercían justicia sobre los campesinos, consolidando un sistema con escasa movilidad social.
Tratados de Utrecht y la sucesión de Carlos II
El reinado de Carlos II (1665-1700) estuvo marcado por la crisis económica, política y militar de la Monarquía Hispánica y por la pérdida de peso internacional. Destacan el reconocimiento de la independencia de Portugal en la Paz de Lisboa (1668) y las cesiones territoriales a Francia tras las paces de Aquisgrán (1668) y Nimega (1678).
La falta de descendencia de Carlos II abrió un grave problema sucesorio entre el archiduque Carlos de Austria y Felipe de Anjou, finalmente designado heredero. Esto provocó la Guerra de Sucesión Española (1701-1714), un conflicto europeo entre el bloque franco-español y la Gran Alianza (Inglaterra, Austria, Holanda, Portugal y Saboya), que también tuvo carácter de guerra civil: la Corona de Castilla apoyó a Felipe V, mientras que la Corona de Aragón respaldó al candidato austríaco para conservar sus fueros.
Tras años de combates y episodios como la toma de Gibraltar (1704), la entrada del archiduque en Madrid (1706) y la caída de Barcelona (11 de septiembre de 1714), la guerra concluyó con los Tratados de Utrecht (1713) y Rastatt (1714): Felipe V fue reconocido rey de España, pero renunció al trono francés y España perdió territorios europeos en favor de Austria y Saboya; además cedió Gibraltar y Menorca a Inglaterra, que obtuvo ventajas comerciales como el Asiento de Negros y el Navío de Permiso. Internamente se impusieron los Decretos de Nueva Planta, suprimiendo los fueros de la Corona de Aragón y reforzando el centralismo.
Durante el siglo XVIII, la política exterior borbónica se articuló a través de los Pactos de Familia con Francia para revisar Utrecht: Felipe V, con Isabel de Farnesio, recuperó Nápoles y Sicilia (1734) y Parma; Fernando VI optó por la neutralidad; Carlos III firmó el tercer Pacto de Familia, participó en la Guerra de los Siete Años y apoyó la independencia de las Trece Colonias, recuperando Florida y Menorca; con Carlos IV, la crisis se agravó por la Revolución Francesa, la derrota de Trafalgar (1805) y el Tratado de Fontainebleau (1807), que facilitó la entrada de tropas napoleónicas en España.
El reinado de Fernando VII (1814-1833)
El reinado de Fernando VII se caracterizó por el enfrentamiento entre absolutistas y liberales tras su regreso a España mediante el Tratado de Valençay. Rechazó la Constitución de Cádiz de 1812 mediante el Manifiesto de los Persas y el Decreto de Valencia (1814), iniciando el Sexenio Absolutista, en el que restauró el Antiguo Régimen, la Inquisición, y los privilegios de la nobleza y el clero, reprimiendo duramente a los liberales.
La crisis económica, la guerra en América y la pérdida de las colonias evidenciaron la decadencia del absolutismo. En 1820, el pronunciamiento de Rafael del Riego en Las Cabezas de San Juan obligó al rey a jurar la Constitución, dando paso al Trienio Liberal (1820-1823), durante el cual se restablecieron las reformas de Cádiz, la Milicia Nacional, las libertades de prensa y las desamortizaciones. En 1823 la intervención de los Cien Mil Hijos de San Luis, enviados por la Santa Alianza y dirigidos por el duque de Angulema, restauró el absolutismo e inició la Década Ominosa (1823-1833), caracterizada por la represión y el fusilamiento de liberales como Riego o por episodios como la ejecución de Mariana Pineda.
En 1830 Fernando VII promulgó la Pragmática Sanción, derogando la Ley Sálica para permitir reinar a su hija Isabel II, lo que provocó la oposición de los partidarios de su hermano Carlos María Isidro y desembocó, tras la muerte del rey en 1833, en la regencia de María Cristina y el estallido de la Primera Guerra Carlista (1833-1840).
Las Cortes de Cádiz (1810-1813)
Reunidas en Cádiz durante la Guerra de la Independencia por iniciativa de la Junta Central y el Consejo de Regencia, representaron el primer gran intento de implantar el liberalismo en España y de romper con el Antiguo Régimen. Se apoyaron en el parlamentarismo inglés, la Ilustración francesa, el pensamiento económico de Adam Smith y los principios de soberanía nacional, división de poderes, igualdad jurídica y constitución escrita.
En un contexto de vacío de poder por la ausencia de Fernando VII, las Juntas Provinciales y la Junta Central convocaron unas Cortes extraordinarias elegidas por sufragio universal masculino indirecto, con diputados de variedad social (clérigos, juristas, funcionarios, militares, comerciantes y nobles) y diversas tendencias ideológicas —absolutistas, jovellanistas y liberales—, imponiéndose finalmente el programa liberal.
El 19 de marzo de 1812 se promulgó la Constitución de Cádiz, «La Pepa», que estableció una monarquía constitucional con Cortes unicamerales, soberanía nacional, separación de poderes, sufragio masculino indirecto, elección de ayuntamientos, creación de la Milicia Nacional y reconocimiento de derechos como la libertad de imprenta, la abolición de la tortura y la igualdad ante la ley, aunque mantuvo la confesionalidad católica del Estado.
Las Cortes aprobaron además una amplia obra legislativa: abolición de los señoríos jurisdiccionales, supresión de la Inquisición, reparto de tierras comunales, proyecto de división provincial unitaria y reformas económicas de corte liberal (supresión de la Mesta, libertad de industria, comercio y propiedad y las primeras desamortizaciones). Muchas reformas apenas pudieron aplicarse por la guerra, pero la Constitución de 1812 se convirtió en símbolo del liberalismo español; fue anulada en 1814 por Fernando VII tras el Manifiesto de los Persas.
El reinado de Isabel II (1833-1868)
El reinado de Isabel II se inicia con la Primera Guerra Carlista (1833-1840), conflicto civil originado por el pleito sucesorio entre los partidarios de la hija de Fernando VII y los del infante Carlos María Isidro. El carlismo, bajo el lema «Dios, Patria, Rey y Fueros», representaba el absolutismo, el integrismo religioso y la defensa de los fueros frente al centralismo liberal. Tras la fase de predominio carlista y episodios como la Expedición Real a Madrid, el Convenio de Vergara (1839) puso fin a la guerra, garantizando el mantenimiento de los fueros y la integración de los oficiales carlistas en el ejército isabelino.
Corrientes del liberalismo y regencias
El liberalismo se fracturó en dos grandes corrientes:
- Moderados (Narváez): defensores de la soberanía compartida (Rey y Cortes), sufragio censitario restringido y orden público.
- Progresistas (Mendizábal, Espartero): partidarios de la soberanía nacional, fortalecimiento de la Milicia Nacional, mayores libertades y la desamortización eclesiástica.
Durante la Regencia de María Cristina (1833-1840) se promulgó primero el Estatuto Real de 1834 (carta otorgada que no reconocía la soberanía nacional) y, tras el Motín de los Sargentos de La Granja (1836), se recuperó el espíritu de 1812 con la Constitución de 1837, que estableció la soberanía compartida, un sistema bicameral y derechos individuales con un sufragio censitario algo más flexible.
Tras la Regencia de María Cristina se inició la Regencia de Espartero (1840-1843). Gobernó de forma autoritaria y fue derrocado en 1843 después del bombardeo de Barcelona (1842) y la oposición de amplios sectores. En 1843 se adelantó la mayoría de edad de Isabel II a los trece años, comenzando su reinado efectivo bajo la influencia del Partido Moderado.
5.2. Isabel II: El reinado efectivo (1843-1868)
En 1843 las Cortes adelantaron la mayoría de edad de Isabel II (13 años). Su reinado efectivo se divide en tres etapas dominadas por el liberalismo conservador y el protagonismo de los militares («espadones»):
- La Década Moderada (1844-1854): liderada por el general Narváez, se impuso un Estado centralista y autoritario. La Constitución de 1845 estableció la soberanía compartida (Rey y Cortes), un sufragio censitario muy restringido (1 %) y la confesionalidad católica. Se creó la Guardia Civil (1844), se impulsó la reforma fiscal de Mon-Santillán y se firmó el Concordato de 1851 con la Santa Sede. La etapa terminó desgastada por la corrupción y el autoritarismo.
- El Bienio Progresista (1854-1856): el descontento estalló en la Vicalvarada, apoyada por el Manifiesto de Manzanares. La reina llamó a Espartero, que gobernó junto a O’Donnell. Se redactó la llamada Constitución «non nata» de 1856 (que no llegó a entrar en vigor) y se aprobaron leyes clave para la burguesía: la desamortización de Madoz (1855) —bienes municipales— y la Ley General de Ferrocarriles. La conflictividad social y la primera huelga general en Barcelona provocaron la caída del gobierno progresista.
- La Unión Liberal y la crisis final (1856-1868): se alternaron en el poder la Unión Liberal (centro) y los moderados. Destacó el «Gobierno Largo» de O’Donnell, con cierta estabilidad económica y una política exterior activa (campañas en Marruecos, México y Cochinchina). A partir de 1863 el sistema entró en crisis por la crisis económica de 1866, la represión violenta (Noche de San Daniel, Cuartel de San Gil) y el aislamiento de la reina. En 1866 la oposición firmó el Pacto de Ostende para derrocarla, culminando en la revolución de «La Gloriosa» (1868) y el exilio de Isabel II.
El Sexenio Democrático (1868-1874)
El Sexenio Democrático fue el primer intento de establecer una democracia plena en España, basada en el sufragio universal masculino. Surgió por el agotamiento del sistema isabelino y una profunda crisis económica.
1. La Revolución de 1868 y el Gobierno Provisional
En septiembre de 1868 el almirante Topete y los generales Prim y Serrano se sublevaron en Cádiz con el manifiesto «¡Viva España con honra!». Tras la victoria rebelde en la batalla de Alcolea, Isabel II huyó a Francia. Se formó un Gobierno Provisional liderado por Prim y Serrano que impulsó reformas como la creación de la peseta y la libertad de cultos, enfrentándose además al inicio de la guerra de independencia en Cuba (Grito de Yara).
2. La Constitución de 1869
Fue el texto más democrático del siglo XIX español. Establecía la soberanía nacional, el sufragio universal masculino (mayores de 25 años) y una extensa declaración de derechos (reunión, asociación, enseñanza). La forma de Estado era la monarquía democrática con funciones limitadas para el rey. Con el trono vacante, Serrano asumió la regencia mientras Prim buscaba un nuevo monarca.
3. La monarquía de Amadeo I (1871-1873)
El elegido fue Amadeo de Saboya, pero su reinado nació gravemente debilitado tras el asesinato de su principal valedor, el general Prim, tres días antes de su llegada. Amadeo afrontó el rechazo de diversos sectores, la Tercera Guerra Carlista y la fractura de los partidos liberales; abdicó en febrero de 1873.
4. La Primera República (1873-1874)
Proclamada por las Cortes ante el vacío de poder, la República sufrió una inestabilidad extrema (cuatro presidentes en once meses: Figueras, Pi i Margall, Salmerón y Castelar). El intento de crear una república federal detonó la revolución cantonal (sublevaciones locales como la de Cartagena). El caos y las guerras internas acabaron con el golpe de Estado del general Pavía (enero de 1874) y con la dictadura autoritaria del general Serrano.
5. La Restauración borbónica
El fracaso de las fórmulas del Sexenio facilitó la labor de Antonio Cánovas del Castillo, que preparó el regreso de la monarquía con el Manifiesto de Sandhurst. En diciembre de 1874, el pronunciamiento del general Martínez Campos en Sagunto proclamó rey a Alfonso XII, poniendo fin al periodo revolucionario y restaurando a los Borbones.
El sistema canovista: Constitución de 1876, turno de partidos y oposición
El régimen de la Restauración, iniciado en 1874 con Alfonso XII, fue diseñado por Antonio Cánovas del Castillo y se basó en el bipartidismo y el turno pacífico entre dos formaciones: el Partido Conservador (Cánovas) y el Partido Liberal (Sagasta). Esta alternancia se pactaba de antemano: el rey nombraba al nuevo gobierno, que «fabricaba» su mayoría parlamentaria mediante el encasillado y el fraude electoral, apoyado por el caciquismo y el pucherazo, garantizando paz política a costa de la voluntad popular.
La base legal fue la Constitución de 1876, un texto elástico y conservador que establecía la soberanía compartida entre el rey y las Cortes. El monarca actuaba como árbitro con amplios poderes, incluyendo el mando del ejército y la capacidad de disolver las Cortes. El Estado era confesional católico y marcadamente centralista. Durante el reinado de Alfonso XII (1875-1885) el sistema se consolidó tras la finalización de la Tercera Guerra Carlista y la Guerra de los Diez Años en Cuba (Paz de Zanjón).
Tras la muerte del rey, el Pacto del Pardo (1885) aseguró la regencia de María Cristina de Habsburgo y la continuidad del turno, permitiendo a Sagasta aprobar reformas como el sufragio universal masculino en 1890.
Sin embargo, el sistema dejó fuera a sectores que terminaron por desestabilizarlo: el republicanismo en las ciudades; el carlismo en el tradicionalismo; el surgimiento de los nacionalismos periféricos (la Lliga Regionalista en Cataluña y el PNV en el País Vasco); y el fortalecimiento del movimiento obrero (anarquismo y socialismo con Pablo Iglesias y la creación del PSOE en 1879 y la UGT en 1888). Estas fuerzas, junto con el descontento social, evidenciaron las grietas de un régimen que entraría en crisis tras el desastre colonial de 1898.
7.1. Evolución de la población y de las ciudades: de la sociedad estamental a la sociedad de clases
Durante el siglo XIX España pasó del Antiguo Régimen a la sociedad liberal, lo que supuso el fin de la sociedad estamental y la implantación de una sociedad de clases basada en la igualdad jurídica y la riqueza como criterio de diferenciación social, aunque con fuertes desigualdades.
La población creció de forma moderada, pasando de 10,5 millones en 1797 a 19 millones en 1900 y 23 millones en 1930. Hasta 1870 persistió el régimen demográfico antiguo con alta natalidad y mortalidad por epidemias, guerras y malas condiciones sanitarias; a partir de entonces se inició la transición demográfica con descenso de la mortalidad. Hubo emigración exterior hacia América desde 1880 (especialmente gallega) y éxodo rural hacia ciudades como Madrid y Barcelona; aún así, en 1930 el 70 % de la población vivía en núcleos menores de 20.000 habitantes.
El crecimiento urbano impulsó ensanches como el de Cerdà en Barcelona y el de Castro en Madrid, mejoró infraestructuras y provocó segregación social del espacio. La sociedad se estructuró en una élite reducida (alta nobleza y alta burguesía), unas clases medias poco numerosas y amplias clases bajas, mayoritariamente campesinas y jornaleras con duras condiciones de vida, junto a un proletariado industrial concentrado sobre todo en Barcelona, con salarios bajos y largas jornadas; existía además un sector marginado compuesto por mendigos, vagabundos y otros colectivos excluidos.
8.1. Alfonso XIII y la crisis de la Restauración
El reinado de Alfonso XIII (1902-1931) estuvo marcado por la crisis del sistema de la Restauración, incapaz de consolidar una democratización tras el desastre del 1898. Creció el regeneracionismo y aumentaron las fuerzas políticas de oposición: republicanos, socialistas, nacionalistas y anarquistas. Se mantuvo el turnismo pero con gran inestabilidad por divisiones internas y asesinatos de líderes (por ejemplo Canalejas). El rey intervino activamente en política y se apoyó en el ejército, favoreciendo el militarismo y la expansión en Marruecos, donde se produjeron el desastre del Barranco del Lobo (1909) y el desastre de Annual (1921).
Hubo intentos reformistas desde arriba (Silvela, Maura, Canalejas) que impulsaron reformas electorales, sociales y fiscales, pero fracasaron ante la conflictividad social. La Semana Trágica de Barcelona (1909), originada por el envío de reservistas a Marruecos, provocó dura represión y la caída de Maura. Paralelamente crecieron el republicanismo (dividido), los nacionalismos catalán y vasco, el PSOE y la UGT, y la CNT (fundada en 1910), que protagonizó un fuerte movimiento obrero y episodios de violencia como el pistolerismo. La crisis del sistema culminó en el golpe de Primo de Rivera (1923), apoyado por el rey, lo que desacreditó a la monarquía e impulsó su caída en 1931.
7.2. Desamortizaciones, industrialización y comercio
En el siglo XIX la revolución liberal transformó la economía española mediante las desamortizaciones y el inicio de la industrialización. Las desamortizaciones de Mendizábal (1836) y Madoz (1855) consistieron en la venta de bienes eclesiásticos y municipales para reducir la deuda pública y crear propietarios afines al liberalismo; sin embargo, las tierras fueron adquiridas sobre todo por la nobleza y la burguesía, consolidando el latifundismo y sin resolver el problema campesino.
La industrialización fue tardía y desigual por la falta de capital, un mercado interior escaso y atraso técnico. Destacó el tejido textil catalán, protegido por aranceles; la siderurgia se consolidó en el País Vasco a finales de siglo y la minería recibió fuerte inversión extranjera tras la Ley de Minas de 1868. El ferrocarril, regulado por la Ley de 1855, articuló el mercado nacional con un trazado radial y dependencia de capital exterior.
El comercio interior mejoró con la unificación del mercado y el comercio exterior se basó en la exportación de productos agrarios y minerales e importación de manufacturas. El proteccionismo y los desequilibrios regionales condicionaron un crecimiento lento y desigual.