Las Elecciones y el Gobierno Provisional
Se celebraron elecciones municipales donde una buena parte de la población apostaba por un cambio de signo, a pesar de la mayoría monárquica. Los concejales de Éibar proclamaron la República, seguidos por los de Valencia, Sevilla y otras localidades. Ante esta situación, el rey Alfonso XIII decidió renunciar a la potestad real y abandonó el país, partiendo hacia el exilio.
En Madrid, los partidos firmantes del Pacto de San Sebastián constituyeron el Gobierno Provisional (integrado por republicanos-socialistas, republicanos conservadores, de izquierda y radicales, entre otros) y proclamaron la Segunda República Española. Poco después, se convocaron elecciones a Cortes Constituyentes.
El Gobierno tomó medidas urgentes: garantizó las libertades políticas y sindicales, inició reformas en el ejército, negoció con catalanes y vascos, y protegió a los campesinos expulsados. Para afrontar la crisis económica, la República contó con un amplio apoyo popular. En las elecciones generales subsiguientes, los republicanos-socialistas salieron victoriosos.
La Constitución de 1931
El poder ejecutivo de la nueva República quedó en manos de Niceto Alcalá Zamora (como jefe de Gobierno) y los ministros del Gobierno Provisional.
Las Cortes elaboraron la Constitución de 1931, de carácter democrático y progresista, que definía a España como un Estado libre y justo. Algunos de sus principios fundamentales eran:
- La posibilidad de crear gobiernos autónomos en el Estado.
- La división de poderes: legislativo en las Cortes, ejecutivo en el Gobierno y judicial en jueces independientes.
- La declaración de derechos y libertades fundamentales, garantizando la igualdad ante la ley, la educación y el trabajo.
- El sufragio universal a partir de los 23 años, incluyendo el derecho al voto femenino.
- La aconfesionalidad del Estado.
Esta Constitución generó numerosas discrepancias entre la izquierda y la derecha. Posteriormente, Manuel Azaña sustituyó a Niceto Alcalá Zamora, asumiendo la presidencia de la República.
Partidos y Sindicatos en la Segunda República
Entre las formaciones de izquierda, destacaban dos partidos republicanos: el Partido Republicano Radical Socialista y Acción Republicana, cuya relevancia radicaba en su fuerza electoral. En el ámbito regional, la ORGA (Organización Republicana Gallega Autónoma) también tuvo un papel significativo. Estos grupos eran partidarios de grandes reformas, pero no de carácter revolucionario.
El partido más sólido fue el PSOE (Partido Socialista Obrero Español), dentro del cual existían dos corrientes: una socialdemócrata y otra más revolucionaria. El Partido Comunista de España (PCE), rama bolchevique del socialismo, creció impulsado por los movimientos obreros.
Por otro lado, dentro de la CNT (Confederación Nacional del Trabajo) se distinguían los trentistas (moderados y sindicalistas, que apoyaban la República) y la FAI (Federación Anarquista Ibérica), de carácter más radical.
Entre los grupos de derecha, se encontraban el Partido Radical de Alejandro Lerroux y la Derecha Liberal Republicana, ambos conservadores y contrarios a las reformas republicanas. El Partido Liberal Demócrata y Acción Española tenían la misión de presentar a la monarquía católica y tradicional como la defensa frente a la revolución social.
Sin embargo, el partido de derecha católico y conservador más relevante fue la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas), dirigida por José María Gil Robles. También existían partidos nacionalistas en Cataluña y el País Vasco, así como algunos grupos de corte nacionalsocialista y fascista.
La Cuestión Religiosa
La República limitó la influencia de la Iglesia, lo cual se reflejó en la Constitución. Se promulgó la Ley de Congregaciones, que limitaba la posesión de bienes por parte de las órdenes religiosas y contemplaba su disolución en caso de que afectaran al Estado.
Los sectores católicos se sintieron atacados por movimientos anticlericales, que incluyeron incendios de conventos. Por lo tanto, la jerarquía eclesiástica manifestó su antagonismo a la República. Esta actitud beligerante provocó que el Gobierno tomara medidas de fuerza, llegando a declarar la expulsión del territorio español de algunos miembros de la jerarquía.
La Modernización del Ejército
Manuel Azaña asumió el cargo de ministro de Defensa con el objetivo de crear un ejército profesional y democrático. Para ello, tuvo que acabar con la macrocefalia (exceso de oficiales), asegurar la obediencia al poder civil y terminar con la intervención del ejército en la política.
Se promulgó la Ley de Retiro de la Oficialidad, que establecía que todos los oficiales debían prometer su adhesión a la República. Desaparecieron los Tribunales de Honor y se creó la Guardia de Asalto, una fuerza de seguridad fiel a la República.
Aunque se logró disminuir los gastos del ejército, esta medida dificultó la modernización del armamento. La reforma fue recibida por los sectores africanistas como una agresión a la tradición militar, y la derecha aprovechó para animar a la revuelta militar contra la República.
La Reforma Agraria
La República inició la Reforma Agraria con el objetivo de poner fin al latifundismo y mejorar las condiciones de vida de los jornaleros. Esta reforma era esencial, dado el notable papel de la agricultura en la economía española.
Se buscaba proteger a los campesinos sin tierras, se prohibieron los contratos de arrendamiento abusivos, se fijó una jornada laboral de 8 horas y se establecieron salarios mínimos.
Se elaboró y aprobó en las Cortes la Ley de Reforma Agraria, que buscaba modernizar la agricultura y permitía la expropiación, con o sin indemnización, de las tierras de la nobleza. La aplicación de esta ley se encargó al Instituto de Reforma Agraria (IRA), que contaba con un presupuesto anual. Sin embargo, los resultados fueron escasos. Las razones de su fracaso se debieron a la complejidad de la ley, su lentitud, las dificultades para aplicarla, la falta de presupuesto y la fuerte resistencia de los grandes propietarios.
La ley originó una gran tensión social, ya que los grandes propietarios se opusieron firmemente y, en algunos casos, se aliaron con sectores contrarios a la República.
Reformas del Estado y Autonomías
En Cataluña, Francesc Macià proclamó la República Catalana, lo que generó un problema, ya que el Pacto de San Sebastián establecía que sería la futura Constitución la que definiría la estructura del nuevo Estado.
La negociación entre el Gobierno Provisional de la República y los políticos catalanes permitió la anulación de dicha proclamación a cambio de la formación de un gobierno autonómico (la Generalitat), que redactó el Estatuto de Núria. Este fue aprobado popularmente, pero encontró la oposición de la derecha y de algunos sectores republicanos.
El régimen catalán era autonómico, y sus primeras elecciones legislativas dieron la victoria a Esquerra Republicana de Catalunya, con Macià como presidente de la Generalitat.
Reforma Educativa y Cultural
En el ámbito educativo y cultural, se promovió una educación liberal y laica. Se intentó acabar con la enseñanza religiosa y se adoptó un modelo de escuela mixta, laica, obligatoria y gratuita.
Los dirigentes republicanos consideraron que era necesario mejorar el nivel cultural de la población, entendiéndolo como un derecho fundamental. Para ello, se realizaron las Misiones Pedagógicas, a través de las cuales profesores y artistas llevaban bibliotecas, cine, teatro y música a las zonas rurales.
Reformas Laborales
El socialista Francisco Largo Caballero, como ministro de Trabajo, estableció importantes reformas laborales para mejorar las condiciones de los trabajadores. Primero fue la Ley de Contratos de Trabajo y después la Ley de Jurados Mixtos. Se estableció la semana laboral de 40 horas con un aumento de salarios, y se crearon seguros sociales. Todas estas medidas molestaron a los patronos, que intentaron frenarlas.
Contexto Económico Desfavorable
El cambio de régimen coincidió con la Gran Depresión económica mundial, iniciada con el hundimiento de la Bolsa de Nueva York en 1929. Esta crisis paralizó la emigración a América y agravó los problemas internos de la economía española durante la etapa republicana. A estos factores externos se sumaron los desafíos de la política económica del Gobierno republicano.
El aumento de salarios tuvo algunos efectos positivos, pero no se tradujo en un aumento de la productividad y generó un creciente descontento en el empresariado.