Proclamación de la Segunda República Española

La proclamación de la Segunda República se produjo el 14 de abril de 1931, como consecuencia del triunfo de la conjunción republicano-socialista en las elecciones municipales del 12 de abril. Aunque eran elecciones locales, los resultados, especialmente en las grandes ciudades y capitales de provincia, reflejaron un claro rechazo a la monarquía. El rey Alfonso XIII, ante esta situación, decidió exiliarse, y el poder fue asumido por el Comité Revolucionario, formado tras el Pacto de San Sebastián, que se constituyó como Gobierno Provisional bajo la presidencia de Niceto Alcalá-Zamora.

El Gobierno Provisional y las Primeras Reformas (Abril-Diciembre 1931)

Este nuevo gobierno contaba con un amplio apoyo de las clases medias urbanas, obreros y campesinos, aunque también generó un fuerte rechazo en sectores conservadores como la Iglesia, la alta oficialidad del Ejército y la oligarquía agraria. El Gobierno Provisional puso en marcha un ambicioso programa de reformas antes incluso de que se aprobara una nueva constitución.

Reformas Clave del Gobierno Provisional

• Cuestiones territoriales: Se abordaron cuestiones territoriales, como el reconocimiento de la autonomía de Cataluña y la restauración de la Generalitat.
• Medidas sociales: También se aplicaron medidas sociales urgentes para mejorar las condiciones de los campesinos, lo que despertó la oposición de los grandes propietarios.
• Ámbito educativo: Se impulsó la construcción de miles de escuelas, la coeducación y una enseñanza laica, bajo la dirección del ministro Marcelino Domingo, lo que enfrentó al gobierno con la Iglesia.
• Reforma militar: La reforma militar impulsada por Manuel Azaña pretendía modernizar el Ejército y someterlo al poder civil, con medidas como la Ley de Retiro de la Oficialidad. A pesar de su moderación, generó malestar entre muchos militares.
• Orden público: En cuanto al orden público, la creación de la Guardia de Asalto no fue suficiente para frenar la violencia social, como se evidenció en los disturbios anticlericales de mayo de 1931, tras una reunión monárquica, que acabaron con el incendio de iglesias y conventos. La pasividad del gobierno ante estos hechos provocó la pérdida de apoyo entre sectores moderados y católicos.

La Constitución de 1931

El 28 de junio de 1931 se celebraron elecciones a Cortes Constituyentes, con victoria de la coalición republicano-socialista, lo que permitió redactar una nueva Constitución, aprobada el 9 de diciembre del mismo año. La Constitución de 1931 fue uno de los textos más avanzados de Europa en su tiempo.

Características Principales de la Constitución de 1931

• Definición del Estado: España se definía como una república democrática y laica, basada en la soberanía popular y la igualdad ante la ley.
• Sufragio universal: Se reconocía por primera vez el sufragio universal con voto femenino, lo que supuso un importante avance en derechos civiles.
• Derechos y libertades: El texto constitucional incluía una amplia declaración de derechos y libertades, como el derecho al trabajo, a la educación gratuita, al matrimonio civil y al divorcio.
• Propiedad privada: Se limitaba la propiedad privada si era contraria al interés general, lo que permitía la futura aplicación de una reforma agraria.
• Estructura de poderes: El poder legislativo residía en unas Cortes unicamerales; el ejecutivo se repartía entre el presidente de la República y el Gobierno; y el poder judicial era independiente, con la creación de un jurado popular y un Tribunal de Garantías Constitucionales.
• La cuestión religiosa: Sin embargo, la cuestión religiosa, con la separación entre Iglesia y Estado y la eliminación de privilegios eclesiásticos, provocó un fuerte rechazo en los sectores conservadores, lo que llevó a la dimisión de Alcalá-Zamora.

El Bienio Reformista (1931-1933)

Manuel Azaña asumió entonces la jefatura del Gobierno e inició el llamado Bienio Reformista (1931–1933). Durante este periodo, el gobierno liderado por Azaña y apoyado por el PSOE emprendió una serie de reformas estructurales para modernizar España. Se buscó reducir el poder de la Iglesia, profesionalizar el Ejército, mejorar la educación y resolver la cuestión agraria.

Reformas Estructurales del Bienio Reformista

• Reforma Agraria: Aprobada en 1932, pretendía acabar con el latifundismo mediante expropiaciones indemnizadas, excepto en el caso de los nobles implicados en el fallido golpe de Sanjurjo.
• Ámbito autonómico: Se avanzó con el Estatuto de Núria, aprobado para Cataluña en 1932. Francesc Macià fue elegido presidente de la Generalitat, y Lluís Companys presidió su Parlamento. Sin embargo, el proceso en el País Vasco fue más complejo y lento, con un primer proyecto de estatuto —el de Estella— rechazado por su carácter confesional. No sería aprobado hasta 1936, ya en plena guerra civil.
• Reforma del Ejército: Azaña trató de reducir su tamaño y limitar su papel político, pero sin éxito pleno: no se logró modernizar el armamento y el malestar entre los militares creció.
• Reformas laborales: Paralelamente, las reformas laborales impulsadas por Largo Caballero supusieron grandes avances: se reguló la jornada laboral de 40 horas, se impulsaron los convenios colectivos y se reforzaron los derechos sindicales. Estas medidas encontraron oposición en la patronal y en sectores empresariales.

Consecuencias y Fin del Bienio Reformista

Sin embargo, el ambicioso reformismo del bienio generó una fuerte polarización.

Polarización Política y Social

Por un lado, sectores de la izquierda radicalizados, como la CNT, protagonizaron insurrecciones en lugares como Castilblanco, Arnedo y Casas Viejas, donde la violenta represión dejó un fuerte impacto en la opinión pública y erosionó el apoyo socialista al gobierno. Por otro lado, la derecha comenzó a organizarse, con el surgimiento de la CEDA de José María Gil Robles como opción legal para frenar las reformas, y la actuación de grupos monárquicos y fascistas como Renovación Española o la Comunión Tradicionalista.

El Fin del Bienio

Finalmente, ante la creciente inestabilidad política, la pérdida del apoyo socialista y las divisiones internas en la coalición republicano-socialista, el presidente de la República, Alcalá-Zamora, forzó la dimisión de Azaña. Tras varios intentos fallidos de formar un nuevo gobierno, se disolvieron las Cortes y se convocaron elecciones en noviembre de 1933, dando así por concluido el Bienio Reformista. Este periodo dejó como legado importantes avances en derechos y reformas, pero también una profunda polarización que marcaría los años siguientes de la Segunda República.