Revolución de Asturias: El Levantamiento de 1934
En 1933 se convocaron elecciones, las primeras en España en las que votaron las mujeres. El partido de derechas, la CEDA, resultó vencedor, pero terminó por gobernar el Partido Radical (centrista) de Lerroux, con el apoyo de la derecha. Una vez en el poder, tomaron una serie de medidas que enfurecieron a la izquierda. Por una parte, aprobaron una Ley de Amnistía que favorecía a los militares que habían participado en el golpe de Estado antirrepublicano de 1932. También paralizaron la reforma agraria, lo que aumentó la conflictividad en el campo. A su vez, se ralentizó el programa de construcción de escuelas públicas y se suspendieron las autonomías. Además, comenzaron a designar para puestos clave a militares claramente antirrepublicanos como Franco, Mola o Goded, y el Estado se reconcilió con la Iglesia Católica al volver a permitir las congregaciones religiosas y aprobar un presupuesto para el clero.
No obstante, el detonante de la revolución fue la incorporación de tres ministros de la CEDA al gobierno. Esto, junto con el contexto internacional (Hitler en Alemania, Mussolini en Italia), generó miedo al fascismo y, consecuentemente, un levantamiento popular: la Revolución de 1934.
Desarrollo de la Revolución de 1934
La UGT convocó la huelga general nacional en las grandes ciudades para el día 5 de octubre, con apoyo de los partidos de izquierda; el éxito fue escaso al no contar ni con el apoyo de la FETT ni de la CNT, y el ejército sofocó con facilidad los focos huelguistas. Aunque en Madrid, el País Vasco y Barcelona adquirió cierta importancia, esta fue de corta duración. El único lugar en que triunfó de verdad fue Asturias. La causa por la que no terminó de prosperar en el País Vasco fue por la falta de apoyo del PNV. En Cataluña, la insurrección tuvo el apoyo de la Generalitat, cuyo presidente, Lluís Companys, proclamó el Estado Catalán dentro de la República Federal Española; con escaso apoyo de los sindicatos de izquierda, la guarnición militar de Barcelona sofocó rápidamente el conato de rebelión armada.
Ahora bien, en Asturias, los mineros se adueñaron de buena parte de las cuencas mineras (donde establecieron la colectivización de los medios de producción), de la fábrica de armas de Trubia y asaltaron Oviedo, sin lograr el control de la ciudad, aunque sí se logró una auténtica revolución social. El gobierno envió al ejército africano, al mando del general Franco, para reprimir el levantamiento y, aunque la resistencia asturiana se prolongó durante varios días, los insurrectos fueron derrotados con una durísima represión.
Consecuencias de la Revolución de Asturias
Los castigos para los revolucionarios fueron considerablemente duros, pues la revolución terminó con casi 1.500 muertos y 30.000 detenidos. Hubo pueblos de Asturias en los que miembros de la Guardia Civil y el ejército fueron casa por casa buscando a revolucionarios para fusilarlos. Como consecuencia de la revolución, la CEDA ganó mayor importancia en el gobierno y endureció su política. Además, se produjo una gran polarización social entre izquierda y derecha. La derecha antiliberal interpretó los sucesos y los actos de violencia ejercidos contra propietarios y clero –con más de treinta religiosos muertos– como señal de que el movimiento obrero preparaba una revolución, ante la que la única salvación estaba en el Ejército.
La Iglesia, por su parte, entendió la Revolución de Asturias como una insurrección anticatólica. Mientras tanto, en la izquierda, la indignación que provocó la durísima represión sufrida por las organizaciones y el clamor a favor de la amnistía contribuyeron a acercar las posturas de las formaciones políticas de centro-izquierda que, poco después, cristalizarían en la formación del Frente Popular. Finalmente, un escándalo de corrupción supuso la dimisión del gobierno y la convocatoria de elecciones en 1936 en las que cristalizó esa polarización, presentándose el Frente Popular como conjunción de fuerzas de izquierda y el Bloque Nacional en representación de la derecha, aunque más desunido que su rival.
Revisionismo: La Crisis de la Restauración y los Intentos de Reforma
Alfonso XIII llegó al trono en 1902, sucediendo a su madre María Cristina, cargado de buenas intenciones y con el poder que otorgaba la Constitución, pero no fue capaz de realizar las reformas requeridas en España. Su reinado significó la crisis del sistema de la Restauración canovista (1874-1923).
El Regeneracionismo y el Revisionismo Político
Tras la crisis del 98, liderado por Joaquín Costa, aparece en España el Regeneracionismo, un movimiento político y cultural que critica duramente el sistema de la Restauración y la mentalidad derrotista y conformista del país, y propone modernizarlo con reformas educativas, económicas y culturales. Los políticos conservadores liberales tenían como objetivo reformar España ‘desde arriba’ y así evitar una revolución obrera como la de Rusia. A este interés por cambiar España desde la política se le llama Revisionismo (es la aplicación desde la política de las ideas regeneracionistas).
Se trataba de una nueva forma de entender la política en la que los dos grandes partidos se comprometían a la aplicación de reformas para acabar con la corrupción y el caciquismo, apostando por nuevos líderes regeneracionistas/revisionistas que suplían a Cánovas y Canalejas para dar una imagen de cambio: Antonio Maura (Partido Conservador) y Canalejas (Partido Liberal). El revisionismo fue una constante en los primeros gobiernos del reinado de Alfonso XIII.
Gobiernos Reformistas: Maura y Canalejas
El Gobierno Largo de Maura (1907-1909)
El ‘gobierno largo’ de Maura (1907-1909) impulsó reformas, buscando movilizar la ‘masa neutra’, como la creación del Instituto Nacional de Previsión (que incluía el seguro por vejez e invalidez), el cual sería el embrión de un futuro sistema de Seguridad Social con el que se buscaba el apoyo del proletariado. Buscando ese apoyo de los obreros, se promulgaron leyes como la Ley del Descanso Dominical o la legalización del derecho a huelga. En 1907 se aprobó la Ley de Reforma Electoral, cuya finalidad era eliminar el fraude, para lo cual introdujo el voto obligatorio, pero chocó con la oposición de la oligarquía privilegiada. Maura también emprendió un ambicioso programa de gobierno que incluía medidas de proteccionismo económico como la ‘Ley de Protección de la Industria Nacional’, el plan de reconstrucción naval y actuaciones dirigidas a mejorar la situación de la agricultura. Maura intentó sacar adelante una Ley de Terrorismo, pero hubo de retirarla ante la oposición de los liberales y las izquierdas. Por último, la reforma más ambiciosa de Maura fue la nueva Ley de Administración Local, que contemplaba mayor autonomía para las corporaciones locales.
La dura represión que ejerció en la huelga general convocada como queja ante la decisión (la Semana Trágica, en Barcelona) provocó el final de su gobierno. Maura dimitió en 1909 y no pudo concluir su “revolución”, ya que condenó a muerte, sin juicio justo, al anarquista Ferrer i Guàrdia por los hechos acaecidos en la ciudad condal, lo que hizo que el rey le retirara su confianza tras el clamor popular con el grito ‘¡Maura no!’.
El Gobierno de Canalejas (1910-1912)
En 1910, el liberal Canalejas emprendió un sistema de regeneración democrática, intentando separar la Iglesia del Estado, disminuyendo el peso de esta en la educación y reduciendo el número de congregaciones y los gastos de clero y culto a través de la Ley del Candado. En cuanto a materia social, redujo la jornada laboral y se prohibió el trabajo femenino nocturno en talleres y fábricas. Los impuestos comenzaron a ser proporcionales a la renta, lo que provocó el descontento de las clases adineradas. Se estableció el servicio militar obligatorio a través de la Ley del Reclutamiento, evitando que fueran las clases bajas las únicas en alistarse (prohibió la redención en metálico). Por último, se propuso la Ley de Mancomunidades, que aceptaba la unión de Diputaciones para atraer a los catalanistas. En 1914 se crearía la primera Mancomunidad en España, que fue la catalana.
En cuanto a la cuestión marroquí, pudo darse un paso decisivo hacia el establecimiento del protectorado, pues Canalejas en 1911 aceleró la ocupación militar de la zona norte, de manera que, tras un nuevo tratado con Francia en 1912, se constituiría oficialmente el protectorado de 1913 con capital en Tetuán. Canalejas fue asesinado en 1912, lo que supuso el fin de las reformas y que los partidos de la oposición se hicieran fuertes.
Intervención de España en Marruecos: El Protectorado y la Guerra del Rif
Perdido el imperio ultramarino y cada vez más aislada de Europa, España trató de participar en el reparto de África, del que se estaban beneficiando las grandes potencias europeas, como Inglaterra, Francia, Alemania o Bélgica, fruto de su agresiva política colonizadora (Conferencia de Berlín de 1885). España intentó formar parte del nuevo orden mundial y centró su acción colonial en el norte de África, pasando Marruecos a constituir el centro de la política exterior en el primer tercio del siglo XX, siempre subordinada en su actuación a los intereses de las grandes potencias europeas.
Establecimiento del Protectorado Español
En 1904, una Declaración franco-británica reconoció los intereses españoles en la costa mediterránea de Marruecos y un convenio hispano-francés lo ratificó. España inició su penetración en el norte de África con la Conferencia Internacional de Algeciras (1906) y el Tratado Hispano-francés (1912), donde España obtuvo el reconocimiento internacional a sus derechos sobre el norte de Marruecos. Bajo el influjo de Gran Bretaña, se estableció un protectorado franco-español en Marruecos. El interés español por esta zona se debía a los beneficios económicos y a la voluntad política de restaurar el prestigio militar tras la pérdida del imperio ultramarino. La ocupación militar de la zona asignada comenzó en febrero de 1909. La presencia española en esta zona estuvo contestada por las tribus bereberes mediante constantes ataques de los rifeños, los cuales obligaron a mantener un fuerte contingente militar.
En territorio africano, el convenio entre España y Francia de 1912 había convertido las zonas de influencia en Marruecos de ambos países en un protectorado compartido. Pero la parte del protectorado español, en el norte de Marruecos, comprendía una zona pequeña y pobre y presentaba más inconvenientes que ventajas:
- Era un territorio muy montañoso, con vías de comunicación escasas y difíciles. La riqueza económica se limitaba a las minas de hierro de las montañas del Rif.
- La población local era belicosa y estaba dividida en tribus reacias a renunciar a su independencia para someterse a un mando único.
El escaso interés del territorio hizo que la política de los gobiernos fuera vacilante, y alternaron fases de intervención militar con otras de paralización de movimientos. A ello se añadía la impopularidad de la guerra y la división existente dentro del ejército entre el sector ‘africanista’ y el sector ‘juntista’.
El Desastre de Annual y el Fin de la Guerra del Rif
Pese a la poco efectiva política colonial española, los pactos con los jefes indígenas y la interrupción de las operaciones militares durante la Primera Guerra Mundial mantuvieron el protectorado tranquilo. Pero al término de la guerra y con la reanudación por Francia de su política colonial, el gobierno español trató de hacer completa y efectiva la ocupación del territorio que le había correspondido en el acuerdo franco-español de 1912.
En julio de 1921, el general Silvestre, gobernador de Melilla, llevó a cabo una imprudente campaña para ocupar la zona que separaba Ceuta de Melilla. Las tropas españolas sufrieron una desastrosa derrota en Annual frente a los rifeños dirigidos por Abd el-Krim. Murieron más de 12.000 soldados y cayeron prisioneros otros 4.000. En la península, el desastre tuvo un enorme efecto sobre la opinión pública. El gobierno, nuevamente, cayó. Socialistas y republicanos no desaprovecharon la ocasión de atacar al régimen, apuntando directamente a la figura del rey como responsable último y por su conocimiento y aprobación de los hechos. Se exigieron responsabilidades políticas, iniciándose una investigación (Expediente Picasso) en la que varios mandos militares y políticos fueron acusados de negligencia. Socialistas y republicanos acusaron incluso al rey Alfonso XIII. Pero el informe de la comisión parlamentaria no llegó a ser conocido, ya que lo impidió el golpe de Estado del general Primo de Rivera en 1923.
Será este general el que, tras el desembarco de Alhucemas (1925), en una contundente actuación militar conjunta hispano-francesa, derrotó a Abd el-Krim. La consecuencia inmediata fue la rendición del líder rifeño, que despejó el camino para la finalización de la guerra dos años después (1927). Este fue, sin duda, el mayor éxito que se apuntó el dictador, ya que satisfizo la demanda generalizada de acabar con la guerra y elevó al mismo tiempo el prestigio de los militares africanistas.
La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)
El 13 de septiembre de 1923, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, dio un golpe de Estado. Alfonso XIII aceptó el golpe y apoyó la formación de un gobierno de militares presidido por Primo de Rivera. A su llegada, Primo de Rivera suspendió la Constitución de 1876 y disolvió las Cortes. El golpe de Estado se presentó como una solución provisional a los males de España que ‘habían obligado a Primo a dar el golpe de Estado’, a saber: el auge de los nacionalismos (Cataluña y el País Vasco), la división de los partidos Conservador y Liberal, el caciquismo, la corrupción, el ascenso de socialistas y republicanos, la crisis económica y la cuestión marroquí.
Miguel Primo de Rivera contó con el apoyo de amplios sectores empresariales, financieros, eclesiásticos, del rey y del resto del ejército. Por su parte, la escasa resistencia de socialistas y republicanos hizo que la oposición al golpe quedara reducida a los anarquistas y los comunistas.
Fases de la Dictadura
El Directorio Militar (1923-1925)
La dictadura se desarrolló en dos fases: el Directorio Militar entre 1923 y 1925, en la cual un gobierno formado por militares tomó medidas como la suspensión del régimen constitucional (la dictadura sería una solución provisional), la militarización del orden público y la justicia, implantando el estado de guerra durante dos años y una rígida censura de prensa. Se disolvió el Congreso de los Diputados y la parte electiva del Senado. Se prohibieron las manifestaciones y reuniones sindicales, así como las actividades de partidos políticos y de sindicatos, y la violencia social. Se suprimieron instituciones y los elementos del nacionalismo catalán como la Mancomunidad, el uso público de la lengua y la bandera catalanas. Además, se trató de acabar con el caciquismo militarizando la administración local, disolviendo los ayuntamientos y diputaciones y supervisando la actividad municipal mediante los gobernadores militares de cada provincia. Primo de Rivera creó un partido (único) sin ideología, llamado Unión Patriótica, para apoyar a la dictadura. Sin duda, el gran éxito del Directorio Militar fue terminar con la guerra de Marruecos mediante el desembarco de Alhucemas en 1925. En 1927, España había ocupado totalmente su zona y esta victoria colocó a Primo de Rivera en la cumbre de su prestigio, por lo que decidió continuar gobernando.
El Directorio Civil (1925-1930)
En 1925, con el problema de Marruecos ya encauzado, Primo de Rivera sustituyó su gobierno de militares por uno de civiles para poder perdurar, lo que se conoce como Directorio Civil (1925-1930). Además, creó una Asamblea Nacional Consultiva en 1927 (una especie de Parlamento sin atribuciones legales, solo asesoramiento) e inició un proyecto de Constitución que nunca se promulgaría. Por tanto, la Asamblea Nacional, la Unión Patriótica y la Constitución resultaron ser un fracaso. No obstante, la dictadura se mantuvo hasta 1930, gracias a un periodo de prosperidad económica que permitió en España un crecimiento importante.
El Fin de la Dictadura
El final de la dictadura llegó por la confluencia de varios factores. Primo de Rivera perdió todos sus apoyos: parte del ejército (la Sanjuanada), la monarquía y los socialistas. También tuvo que hacer frente a la oposición de intelectuales, universitarios y republicanos. Por otro lado, tanto el fracaso del proyecto de nueva Constitución como el crac de 1929 contribuyeron al declive de la dictadura.
La Segunda República: Causas y Desafíos Iniciales
A partir de 1928, la decadencia y la soledad política del régimen de Primo de Rivera eran más que evidentes. En enero de 1930, tras constatar la falta de apoyos, incluso del rey y de la cúpula militar, Primo dimitió y se exilió en París. El gobierno del general Berenguer intentó en vano volver a la normalidad constitucional de 1876, la conocida como dictablanda.
Proclamación de la República
Mientras, la oposición republicana firmó en agosto de 1930 el Pacto de San Sebastián, por el que se comprometían a llevar a cabo una insurrección que instaurara la República. En diciembre de 1930, algunos militares se adelantaron a dicha insurrección sublevándose en Jaca. Pero la República no llegaría por la vía insurreccional, sino como resultado de las elecciones municipales convocadas por el gobierno del almirante Aznar para abril de 1931, interpretadas por la oposición republicana como un plebiscito a favor o en contra de la monarquía. Los firmantes del Pacto de San Sebastián acudieron a esa convocatoria electoral formando una coalición que salió victoriosa el 12 de abril en las grandes ciudades, por lo que el rey, a la vista de los resultados electorales y sintiéndose falto de apoyos, partió al exilio.
Contexto Internacional y Desafíos Económicos
La República se constituyó en un contexto internacional de crisis económica provocado por el crac de la bolsa de Nueva York en el año 1929. Dicha crisis ha sido la más profunda de las experimentadas por el sistema capitalista. Esta crisis provocó la reducción del comercio exterior, el hundimiento de los precios y de los beneficios empresariales, el cierre de fábricas y empresas, el crecimiento del desempleo, etc. Esa situación abonó la aparición en buena parte del continente de regímenes políticos autoritarios o claramente fascistas.
No obstante, sus efectos en España, a corto plazo, se notaron en mucho menor grado debido principalmente al atraso económico del país con respecto a otros países y al carácter cerrado de su economía, ya que se encontraba fuertemente protegida del exterior por la política arancelaria, puesto que su producción se destinaba al mercado interior. De hecho, la depresión tardó más tiempo en afectar a España. Sin embargo, en el largo plazo, terminó por notarse, ya que la economía española en muchos aspectos era dependiente de los países desarrollados, por lo que las consecuencias de la crisis se hicieron sentir: las exportaciones a Europa de minerales y productos agrarios se redujeron espectacularmente y el paro aumentó hasta el 10 %, a la vez que, al calor del pánico provocado por el cambio de régimen, se dio una constante evasión de capitales. También se produjo un colapso de las inversiones industriales extranjeras.
Problemas Internos y Polarización Social
Sin embargo, los principales problemas de la II República estuvieron causados sobre todo por la situación interna: la desconfianza y el boicoteo de terratenientes y capitalistas que veían que la República intentaba robarles su privilegiada situación, por lo que intentaron boicotearla desde el inicio; y, por otro lado, la radicalización y conflictividad social de campesinos y obreros, que ayudó a la inestabilidad de los gobiernos. Por lo tanto, pese a que la Segunda República constituyó un ambicioso intento de reforma y de modernización política, económica y social de una sociedad española que, si por un lado había experimentado profundos cambios sociales y económicos al calor de los procesos de industrialización y de urbanización, por otro, se enfrentaba a profundas divisiones y problemas estructurales.