El Retorno del Rey y el Conflicto Político

El regreso del rey Fernando VII planteó un problema fundamental: su integración en el nuevo modelo político definido por la Constitución de 1812. Fernando VII había abandonado el país como un monarca absoluto y debía regresar como un monarca constitucional. Conocido como “el deseado” por el apoyo que le había mostrado la población, gobernó, sin embargo, de forma ineficaz y despótica. El enfrentamiento entre absolutismo y liberalismo se extendió durante todo su reinado, lo que evidencia la fuerza de los privilegiados del Antiguo Régimen y la debilidad de las fuerzas liberales.

El Sexenio Absolutista (1814-1820)

A la llegada del rey, un grupo de diputados absolutistas le entregó en Valencia el Manifiesto de los Persas, un escrito que solicitaba la restauración del poder absoluto y la derogación de toda la legislación liberal. Este hecho, sumado al fervor popular que acompañaba al monarca y a una situación internacional favorable al absolutismo tras la derrota de Napoleón, propició el restablecimiento del Viejo Orden. En este contexto, el rey proclamó un decreto que anulaba la Constitución y toda la legislación de las Cortes de Cádiz. En Madrid, los principales dirigentes liberales fueron detenidos o asesinados, y en los días siguientes se restauró la legislación anterior a 1808, restableciendo el régimen señorial y la Inquisición. Fue un auténtico golpe de Estado absolutista, apoyado por los grandes poderes tradicionales: la monarquía, la nobleza y la Iglesia.

El gobierno de Fernando VII se enfrentó a un objetivo imposible: reconstruir un país devastado por la guerra. Los problemas eran mayúsculos:

• Crisis económica y social: Las elevadas pérdidas humanas (más de 300.000 muertos) y materiales habían arruinado al campesinado y paralizado el comercio y la producción manufacturera.
• Bancarrota de la Hacienda: La Hacienda real estaba en quiebra por la falta de recursos. La guerra de independencia en las colonias americanas no solo exigía enormes gastos militares, sino que también impedía la llegada de ingresos vitales (impuestos, metales preciosos, etc.).

El descontento social crecía en diversos sectores. El campesinado se resistía a volver a pagar las rentas señoriales, la burguesía urbana reclamaba el regreso del régimen constitucional y, en el ejército, la integración de antiguos jefes guerrilleros creó un sector liberal partidario de reformas. Este malestar se manifestó a través de amotinamientos, revueltas urbanas y, sobre todo, pronunciamientos militares liberales. La única respuesta de la monarquía fue una dura represión.

El Trienio Constitucional (1820-1823)

El 1 de enero de 1820, el coronel Rafael del Riego, al frente de las tropas acantonadas en Las Cabezas de San Juan (Sevilla) que esperaban embarcar para combatir en las colonias americanas, se sublevó proclamando la Constitución de 1812. La pasividad del ejército, el apoyo de los liberales en las principales ciudades y la neutralidad del campesinado obligaron al rey Fernando VII a jurar la Constitución. Se formó entonces un nuevo gobierno que decretó una amnistía, permitiendo el regreso de los liberales exiliados, y convocó elecciones a Cortes.

Sin embargo, el nuevo régimen encontró una fuerte oposición. La nobleza, la Iglesia y el propio rey, que utilizaba su derecho de veto para frenar las leyes, boicotearon cualquier intento de reforma. Estas dificultades provocaron la división de los liberales en dos facciones principales:

• Moderados (o doceañistas): Partidarios de reformas limitadas que no perjudicaran a las élites sociales. Buscaban colaborar con el rey y acusaban a sus adversarios de radicalismo.
• Exaltados: Defendían reformas radicales favorables a las clases medias y populares. Contaban con el apoyo de la oficialidad joven del ejército, la Milicia Nacional y sectores urbanos. Accedieron al poder en 1822.

En secreto, Fernando VII solicitó la intervención de la Santa Alianza (la unión de las potencias absolutistas europeas) para restaurar el absolutismo. En el Congreso de Verona, se encomendó la misión a Francia. En abril de 1823, un ejército francés conocido como los Cien Mil Hijos de San Luis, al mando del duque de Angulema, invadió España sin apenas encontrar resistencia y devolvió el poder absoluto al rey.

La Década Ominosa (1823-1833)

La restauración del absolutismo dio paso a una década de brutal represión contra los liberales. Se destruyó toda la obra legislativa del Trienio y se persiguió a sus partidarios mediante depuraciones en la administración y el ejército, la supresión de periódicos y sociedades patrióticas, la purga de bibliotecas y el cierre de universidades durante dos años.

Paradójicamente, el rey también se enfrentó a la oposición de los ultrarrealistas o apostólicos, el sector más radical del absolutismo. Estaban descontentos porque Fernando VII no había restaurado la Inquisición y consideraban que no combatía con suficiente dureza a los liberales. Este grupo encontró un líder en la figura del hermano del rey, el infante Carlos María Isidro, quien era entonces el sucesor al trono.

En 1830, una nueva oleada revolucionaria en Europa inspiró varios intentos de insurrección liberal en España, que fracasaron y provocaron una represión aún más severa, cuyos símbolos más conocidos son el fusilamiento del general Torrijos y de Mariana Pineda. Al final de su reinado, el absolutismo de Fernando VII se encontraba amenazado tanto por los liberales como por los ultraconservadores.

El Conflicto Sucesorio

A esta tensión política se sumó el problema sucesorio. En 1830 nació Isabel, la primera hija del rey con su cuarta esposa, María Cristina de Borbón. Su nacimiento planteaba un dilema, ya que la Ley Sálica, implantada por los Borbones, impedía reinar a las mujeres. Presionado por su mujer y por un sector de la corte, Fernando VII decidió derogar esta ley mediante la publicación de la Pragmática Sanción, convirtiendo a su hija Isabel en la heredera al trono. Los partidarios de su hermano Carlos, conocidos como carlistas, se negaron a aceptar esta decisión, considerándola ilegal.

Fernando VII murió en 1833. En su testamento, reafirmó a su hija Isabel, de tres años, como heredera y nombró regente a la reina María Cristina hasta la mayoría de edad de la niña. El mismo día, don Carlos se autoproclamó rey, dando inicio a la Primera Guerra Carlista. Este conflicto enfrentaría a los isabelinos (liberales y absolutistas moderados que apoyaban a Isabel) contra los carlistas (absolutistas intransigentes que defendían los derechos de Carlos y el Antiguo Régimen).