1. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE ESPAÑA

Espacios geográficos transformados por la acción humana: creación de organizaciones políticas y socioeconómicas que necesitaron contar con fronteras naturales y artificiales para diferenciarse. Desde el punto de vista geográfico, el territorio de la península ibérica es de gran singularidad y diversidad.

España ha sido siempre un cruce de caminos y culturas. Ello se debe a dos factores: su extenso litoral y su situación entre el Atlántico y el Mediterráneo.

1.1. DE LA ANTIGÜEDAD A LOS AUSTRIAS

La península ibérica fue un territorio por el que se asentaron numerosos pueblos: fenicios, griegos y cartagineses, que establecieron colonias en sus costas. También se asentaron pueblos celtas e íberos que, a pesar de no contar con ordenación territorial propia, estaban cohesionados culturalmente.

A partir del siglo III a. C. y hasta el siglo V d. C., la civilización romana organizó la Península, convirtiéndola en uno de los territorios más prósperos e influyentes. Durante el último siglo, llegaron pueblos germánicos: suevos, vándalos, alanos y visigodos. Estos últimos crearon un reino independiente, cuya capital fue Toledo. Entre los siglos V-VII los visigodos conquistaron toda la Península; su reino llegaría a su fin con la invasión musulmana en 711. Quedó sin conquistar un territorio en el norte, origen de los reinos cristianos.

Estos reinos, durante la Edad Media, fueron arrebatándole territorios a al-Ándalus hasta su desaparición en 1492, proceso históricamente llamado Reconquista.

Con el matrimonio de Fernando e Isabel, los Reyes Católicos, se llevó a cabo la unión dinástica de las Coronas de Aragón y Castilla, manteniendo en los reinos sus propios fueros y costumbres. Posteriormente se incorporaron el reino de Granada (1492), las Islas Canarias (1496) o el reino de Navarra (1512).

Los Austrias mantuvieron la organización territorial. Felipe II, cansado de una corte itinerante, fijó la capital en Madrid. Conservó las particularidades políticas, jurídicas y económicas de todos los territorios.

1.2. LOS BORBONES: SIGLO XVIII

La llegada al trono de los Borbones en la figura de Felipe V tras la Guerra de Sucesión supuso la instauración de un modelo centralista similar al de Francia por Luis XIV, creándose nuevas unidades administrativas y organizando el territorio en intendencias o provincias.

El levantamiento de los reinos de Valencia, Aragón, Mallorca y Cataluña contra la instauración, así como la falta de estructuración territorial, originaron los Decretos de Nueva Planta. Estos supusieron el fin de los fueros y privilegios de estos reinos, aunque los mantuvieron los señoríos vascos y Navarra, dado su apoyo al Borbón. Estos Decretos incentivaron el mercado nacional, impulsaron manufacturas reales y eliminaron aduanas entre reinos, lo que fomentó la recuperación económica de la Corona.

Al mismo tiempo, generó un sentimiento antiborbónico y nacionalista en los reinos afectados, pudiéndose considerar el germen de conflictos que llegan hasta la actualidad.

Fernando VI puso en marcha el Catastro de Ensenada, que pretendía conocer la riqueza de las provincias de la Corona de Castilla, registrando rentas, oficios, propiedades, ganados, etc. Aún se conservan las Respuestas Generales (40) y Particulares de los propietarios.

En 1778, Carlos III pone en marcha el Reglamento de libre comercio con América, que pretende fomentar la demografía y economía de las zonas costeras frente al interior. Este reglamento instaura el librecambismo, permitiendo que se desarrolle el comercio con América a partir de 13 puertos españoles y 27 de las Indias.

1.3. EN LA EDAD CONTEMPORÁNEA

1.3.1. Siglo XIX

Al concluir la Guerra de la Independencia, se revisaron los modelos político-territoriales del Antiguo Régimen. El nuevo sistema liberal de las Cortes de Cádiz comprendía que la organización existente no era viable para la situación; se planificó una división territorial en provincias y municipios, gobernados por ayuntamientos. Este proyecto no llegó a término como consecuencia de los periodos absolutistas de Fernando VII.

A su muerte, la regencia fue asumida por su esposa María Cristina, que afrontaría la Primera Guerra Carlista al reclamar el trono Carlos María Isidro. Estaba en juego el modelo de Estado. Los carlistas defendían la vuelta al Antiguo Régimen y al absolutismo. Por su parte, los isabelinos deseaban el Nuevo Régimen bajo una monarquía constitucional.

En 1833, con la división provincial de Javier de Burgos, cuajó la aspiración liberal de un nuevo modelo territorial. Se dividió el territorio en 49 provincias, que intentaron responder a criterios geográficos y economicistas.

La división contó con muchos puntos positivos, pero los contrastes y desequilibrios territoriales comenzaron a aparecer durante los siglos XIX-XX, a partir de las posteriores revoluciones.

La Primera República diseñó un Estado federal que apenas entró en vigor. Se organizaba en regiones que tenían competencias de gobierno. La Restauración de la dinastía borbónica implicó la vuelta al modelo centralista. Aparecieron movimientos regionalistas que reivindicaban las diferencias culturales de cada región. Algunos pasaron a ser nacionalistas y cristalizaron en partidos políticos que defendían que las diferencias tuvieran un reconocimiento político y jurídico.

1.3.2. Siglo XX

Una vez proclamada la Segunda República Española, la Constitución permitía la posibilidad de crear autonomías, por lo que se pusieron en marcha los Estatutos de Cataluña y País Vasco, así como los de Galicia y Andalucía, aunque estos últimos no llegaron a aprobarse debido al estallido de la Guerra Civil.

Con la dictadura franquista se derogó la Constitución de 1931 y se volvió a un Estado unitario y centralista en el que no cabía la figura administrativa de las autonomías. El país se vertebró a través de las provincias y diputaciones, eliminándose los estatutos de autonomía aprobados con anterioridad a la Guerra Civil. Los españoles tendrían que esperar hasta la muerte del dictador Francisco Franco para comenzar un periodo de transición política en el que se actualizaría no solo la legislación, sino una nueva ordenación territorial, más acorde con las necesidades del nuevo régimen que se estaba creando. Durante esta etapa se permitió un régimen preautonómico con un mapa político territorial muy similar al actual.

1.3.3. A partir de la Constitución española de 1978

El referéndum de aprobación de la Constitución española (6 de diciembre de 1978), y la posterior entrada en vigor el 29 de diciembre de 1978, supuso el punto de inicio de las autonomías. España abandonaba un Estado unitario y centralista, acogiéndose a un Estado descentralizado, en el que se comienzan a traspasar competencias desde el gobierno central a los gobiernos autonómicos. Actualmente, la división político-administrativa de España se organiza en tres niveles: comunidades autónomas, provincias y municipios.

Formación del Estado autonómico

El artículo 2 de la Constitución confirma «la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles», pero al mismo tiempo, «reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas», asentando las bases en las que se apoyaría la creación de las diferentes comunidades autónomas.

El texto constitucional permitía que cada preautonomía recorriera su propio camino hasta alcanzar el régimen autonómico actual, creando dos posibles vías de acceso:

• Vía lenta: Debían solicitarla las diputaciones provinciales y dos tercios de sus municipios cuya población debía ser mayor a la mitad del censo electoral existente en la provincia. Se marcaba un plazo de creación de cinco años.
• Vía rápida: Orientada para aquellas regiones que habían tenido estatuto autonómico o estuviera en proceso de aprobación antes de producirse la Guerra Civil. En este caso se acortaban los plazos de creación, y desde un primer momento, el Estado les trasladaba un mayor número de competencias.

Las dos primeras comunidades autónomas que se crearon fueron País Vasco y Cataluña (1979), y las últimas, Comunidad de Madrid, Extremadura, Castilla y León y Baleares (1983). Con posterioridad se crearon los estatutos de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla (1995). El proceso de conformación autonómico no fue sencillo: el hecho de existir dos vías de acceso generó controversia sobre el trato dado a las diferentes regiones o nacionalidades. Ello originó la expresión «café para todos» pronunciada por Manuel Clavero, intentando ofrecer igual trato a todas.

Tras discusiones y tensiones entre los diferentes partidos políticos sobre la vía de acceso de Andalucía a la autonomía, se apostó finalmente por el artículo 151 (la vía rápida), a pesar de que gran parte del Gobierno central de la UCD prefiriera el acceso por el artículo 143 (la vía lenta).

En el referéndum celebrado el 28 de febrero de 1980, los andaluces que votaron lo hicieron a favor de que Andalucía se constituyera como comunidad autónoma por el artículo 151, aunque no en todas las provincias votaron afirmativamente la mitad más uno de los electores. Para paliarlo, se creó la Ley Orgánica 13/1980, de 16 de diciembre.

Divisiones político-administrativas

En el Título VIII de la Constitución «De la organización territorial del Estado», en su artículo 137, se organiza el territorio en municipios, en provincias y en las comunidades autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Actualmente España cuenta con 17 comunidades autónomas, 2 ciudades autónomas, 50 provincias y más de 8000 municipios.

El Estado se reserva una serie de competencias exclusivas e intransferibles como: a) Nacionalidad, inmigración, extranjería y derecho de asilo; b) Relaciones internacionales; c) Defensa y Fuerzas Armadas. Por otro lado, puede transferir otras series de competencias como: a) Sanidad e higiene; b) Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda; c) Obras públicas de interés de la comunidad autónoma.

• Municipios: se trata de la unidad más básica de la organización territorial, goza de personalidad jurídica plena y su gobierno depende de los ayuntamientos, formados por los alcaldes y concejales. Los concejales son elegidos por sufragio universal y ellos eligen al alcalde. Su mandato dura cuatro años.
• Provincia: entidad local integrada por una serie de municipios. Su gobierno y administración lo ejercen las Diputaciones provinciales.
• Comunidad autónoma: integrada por provincias limítrofes o territorios insulares. Se gobierna a partir de su Estatuto de Autonomía, que define su nombre, territorio, organización y competencias.

Organización y funcionamiento de las comunidades autónomas

Las comunidades autónomas se rigen por sus Estatutos de Autonomía, contando todas ellas con las siguientes instituciones:

• Parlamento autonómico o Asamblea Legislativa: elegido por sufragio universal directo, se encarga de elaborar leyes (poder legislativo).
• Presidencia: elegida por el Parlamento, dirige el Consejo de Gobierno y ejerce la suprema representación de la comunidad.
• Consejo de Gobierno: sus miembros son nombrados por el presidente y tienen funciones ejecutivas y administrativas (poder ejecutivo).

Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de cada autonomía es la última instancia de los procesos judiciales iniciados en la comunidad (poder judicial).

2. DESEQUILIBRIOS TERRITORIALES NACIONALES Y AUTONÓMICOS

Actualmente podemos observar importantes desigualdades entre las diferentes comunidades autónomas, sobre todo económicas, que se acentuaron durante el proceso industrializador de los siglos XIX y XX.

Existen factores físicos como el clima, el relieve o el suelo, que determinan el predominio económico. No obstante, debemos analizar los periodos históricos para comprender que no todas las comunidades partieron en igualdad de condiciones.

2.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS DESEQUILIBRIOS

Las primeras desigualdades se observan desde la Baja Edad Media. La zona centro peninsular, la Corona de Aragón y los puertos del norte tenían una actividad económica mayor frente a la zona sur. Destacaban las ferias, el Camino de Santiago, los gremios y el comercio mediterráneo y cantábrico.

En la Edad Moderna, tras el descubrimiento de América, el sur peninsular (Sevilla) se convierte en el dinamizador de la economía. Sin embargo, las guerras y las deudas de los Austrias provocaron un retroceso frente a potencias como Francia e Inglaterra.

La llegada de los Borbones impulsó la economía con la apertura de nuevos puertos y la creación de las Reales Fábricas. En el siglo XIX, las diferencias se acentuaron: el norte y las capitales (País Vasco, Madrid y Barcelona) se beneficiaron del ferrocarril y la minería, mientras el sur y el centro suministraban productos agropecuarios y mano de obra.

La pérdida de las colonias en 1898 supuso la repatriación de capitales a Cataluña, impulsando la industria textil y la aparición de una nueva burguesía. A pesar de ello, el retraso industrial español era evidente por la falta de innovación y la inestabilidad política.

Durante la dictadura franquista, tras una fase de autarquía, el Plan de Estabilización de 1959 propició el «milagro español», aunque acentuó la brecha entre la España industrial (Madrid, Cataluña, País Vasco) y la España agraria (Andalucía, Extremadura, Castillas).

La llegada de la democracia y la adhesión a la Comunidad Económica Europea en 1985 trajo consigo los fondos de cohesión, que han ido reduciendo paulatinamente las diferencias territoriales.

2.2. DIFERENCIAS ESPACIALES

Los desequilibrios actuales se analizan a través de varios indicadores:

• Desequilibrios demográficos: medidos por la densidad de población. El término «España vaciada» define áreas de Extremadura, Aragón, Castilla y León, entre otras, con muy baja densidad.
• Desequilibrios sociales: reflejados en la renta bruta de los hogares y el bienestar social. País Vasco y Navarra se sitúan en la cúspide.
• Desequilibrios económicos: medidos por el PIB y el PIB per cápita. En 2020, Madrid lideraba el PIB per cápita, mientras que Canarias, Andalucía y Extremadura se situaban en la parte inferior.

3. GESTIÓN Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO: POLÍTICAS DE COHESIÓN Y DESARROLLO REGIONAL

El Estado y la Unión Europea establecen políticas para compensar desequilibrios mediante la transferencia de capitales. Entre los fondos europeos destacan:

• FEDER: Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
• FSE: Fondo Social Europeo, destinado al empleo y formación.
• FEOGA: Antiguo fondo para el desarrollo rural.

3.1. FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL

Creado por la Ley Orgánica 8/1980 para cumplir el principio de solidaridad constitucional. Financia gastos de inversión en territorios menos desarrollados. Los criterios de reparto incluyen población, tasa de paro y densidad municipal. Andalucía ha sido una de las comunidades más beneficiadas, invirtiendo estos fondos en sanidad, educación e infraestructuras.

3.2. INCENTIVOS REGIONALES

Ayudas cofinanciadas por el FEDER para fomentar la inversión empresarial en regiones desfavorecidas. Se clasifican las zonas según su PIB y tasa de paro. Canarias es considerada área de atención preferente, mientras que regiones como Madrid o Cataluña suelen quedar excluidas por superar los umbrales de riqueza.

3.3. EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA PANDEMIA DE COVID-19

La pandemia provocó una pérdida del 11% del PIB en España y elevó el desempleo. Los sectores más castigados fueron la hostelería y el turismo, afectando especialmente a Baleares y Canarias. Para paliar esto, la UE lanzó el Plan Next Generation EU, asignando a España 140.000 millones de euros para la reconstrucción.

4. SITUACIÓN ACTUAL Y PROYECCIONES DEL ESTADO DEL BIENESTAR

El Estado del bienestar busca la redistribución y el bienestar general. Desde 1978, España ha alcanzado altos índices de protección social. Los retos actuales incluyen la sostenibilidad del sistema y la adaptación a los cambios demográficos.

5. UTILIDAD DEL ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA

Un atlas nacional es una colección de mapas comentados que tiene por finalidad la descripción de un país a partir de datos concretos. No se limita a describir un territorio, sino que interrelaciona diferentes fenómenos para llegar a conclusiones que pueden aclarar diferentes situaciones o detectar posibles consecuencias.

El Atlas Nacional de España tiene sus orígenes en el año 1880, momento en el que se fundó el Instituto Geográfico y Estadístico, y cuyo primer director, el general Ibáñez e Ibáñez, puso en marcha un proyecto para la creación de la «Reseña Geográfica y Estadística de España». Se trataba de recopilar todos los conocimientos científicos en el campo de la geografía física, económica, cultural y política del país.

Sería en 1930 cuando se dictó una Real Orden para establecer la necesidad de publicar anualmente un Atlas Geográfico Estadístico con la función de impulsar diferentes actividades económicas, pero la inestabilidad política del momento y la posterior guerra civil española impidieron llevar a cabo esta iniciativa.

Tendríamos que esperar hasta 1956, cuando se puso en marcha nuestro actual Atlas Nacional en connivencia con la Unión Geográfica Internacional, y dentro del Instituto Geográfico y Catastral (hoy día denominado Instituto Geográfico Nacional).

El Atlas se organiza en dos partes: una geográfica, con cartografía general —mapas topográficos de pequeñas escalas: 1:500000 e inferior—, y otra temática, con mapas temáticos cualitativos o cuantitativos de pequeñas escalas, 1:3000000 e inferior.

La información proporcionada sirve como herramienta de consulta, añadiendo un valor esencial para el gestor público y proporcionando el conocimiento de los diferentes aspectos que caracterizan el territorio en las actividades empresariales. Asimismo, constituye un punto de referencia educativo para la población en general.

Las nuevas tecnologías han permitido que dicha información pueda consultarse de forma telemática, siendo muy variada y ofreciendo diferentes formatos: mapas, imágenes de satélites, fotografías, gráficos, textos, así como audios, vídeos, animaciones e incluso enlaces a diferentes webs