El Reinado de Carlos IV y la Guerra de la Independencia (1788-1813)
Durante el reinado de Carlos IV (1788-1808), se inició una profunda crisis del Antiguo Régimen, muy influida por los efectos de la Revolución Francesa. Su gobierno estuvo marcado por la figura de su valido, Manuel Godoy, con quien firmó el Tratado de San Ildefonso en 1796, lo que implicó una alianza con Francia contra Inglaterra. Esta alianza acabó siendo perjudicial para España, especialmente tras el Tratado de Fontainebleau (1807), que permitió la entrada de tropas francesas para invadir Portugal. Sin embargo, Napoleón aprovechó esta situación para ocupar militarmente España, lo que desembocó en la Guerra de la Independencia.
La crisis interna se intensificó con las conspiraciones del príncipe Fernando, como el Motín de El Escorial (1807) y el Motín de Aranjuez (1808), que forzó la abdicación de Carlos IV en favor de su hijo. Sin embargo, Napoleón logró que ambos renunciaran al trono en las Abdicaciones de Bayona, colocando a su hermano José Bonaparte como rey. Esto provocó un alzamiento nacional, cuyo símbolo fue el Levantamiento del 2 de Mayo de 1808 en Madrid, seguido por la creación de Juntas de Resistencia en toda España.
La Guerra de la Independencia (1808-1813) fue tanto un conflicto nacional contra el invasor francés como una lucha interna entre absolutistas y liberales. Puede dividirse en tres fases: una primera, hasta noviembre de 1808, caracterizada por el levantamiento popular y la importante victoria en la Batalla de Bailén; una segunda fase (1808-1812) en la que Napoleón intervino personalmente y alcanzó el máximo control del territorio; y una tercera fase, hasta 1813, en la que el debilitamiento del ejército francés permitió la ofensiva final aliada y la firma del Tratado de Valençay, por el que Fernando VII fue restaurado en el trono. Paralelamente al conflicto militar, se gestó un importante proceso político que sentó las bases del liberalismo en España.
Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812: Origen del Liberalismo Español
Durante la Guerra de la Independencia, la resistencia frente al invasor francés no fue únicamente militar, sino también ideológica y política. En 1810, se convocaron en Cádiz unas Cortes que reunieron representantes de todas las provincias —incluidas las americanas— con el objetivo de crear un nuevo modelo de Estado. En ellas se enfrentaron tres grandes corrientes: los liberales, partidarios de una ruptura con el Antiguo Régimen; los jovellanistas, que proponían reformas moderadas; y los absolutistas, defensores del sistema tradicional.
La principal consecuencia de estas Cortes fue la elaboración de la Constitución de 1812, también conocida como “La Pepa”, aprobada el 19 de marzo. Fue el primer texto constitucional de España y uno de los más avanzados de su época. Sus principios fundamentales incluían:
- La soberanía nacional.
- La división de poderes.
- La igualdad legal de los ciudadanos (aunque solo varones).
- El sufragio universal masculino indirecto.
- La proclamación de una monarquía parlamentaria.
Además, reconocía libertades individuales como la de imprenta y de propiedad, y suprimía privilegios estamentales y la Inquisición.
Aunque esta Constitución tuvo escasa aplicación práctica debido al regreso del absolutismo con Fernando VII, se convirtió en un símbolo del liberalismo español y tuvo gran influencia en otros países. Su aprobación marcó el inicio del liberalismo constitucional en España y el desmantelamiento del Antiguo Régimen.
El Reinado de Fernando VII y la Cuestión Sucesoria (1814-1833)
El regreso de Fernando VII al trono en 1814 tras la Guerra de la Independencia supuso un fuerte retroceso para el liberalismo. Dividido en tres etapas, su reinado comenzó con el Sexenio Absolutista (1814-1820), cuando derogó la Constitución de 1812 con el apoyo del Manifiesto de los Persas y restableció el absolutismo, restaurando los privilegios de la nobleza, la Iglesia y la Inquisición. Esta etapa estuvo marcada por una grave crisis económica y numerosos pronunciamientos liberales.
En 1820, el pronunciamiento del General Riego dio lugar al Trienio Liberal (1820-1823), durante el cual Fernando VII se vio obligado a jurar la Constitución de 1812. Este periodo fue políticamente muy inestable debido a las divisiones entre moderados, exaltados y absolutistas, y terminó con la intervención de la Santa Alianza, que envió a los Cien Mil Hijos de San Luis para restaurar el absolutismo.
La última etapa fue la Década Ominosa (1823-1833), caracterizada por una nueva oleada represiva contra el liberalismo. Aun así, el rey se vio obligado a hacer concesiones moderadas. El punto clave al final de su reinado fue la cuestión sucesoria: en 1830, Fernando promulgó la Pragmática Sanción, que permitía a su hija Isabel heredar el trono, derogando así la Ley Sálica. Esta decisión fue rechazada por su hermano Carlos María Isidro, lo que daría origen, tras la muerte del rey en 1833, a la Primera Guerra Carlista.
La Independencia de las Colonias Americanas y el Legado Español (1810-1824)
Entre 1810 y 1824, las colonias americanas lograron su independencia de España, a excepción de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Este proceso fue impulsado por la difusión de las ideas ilustradas, el ejemplo de las revoluciones Americana y Francesa, y el descontento de los criollos ante su exclusión del poder político. La invasión napoleónica de la península española y la consecuente pérdida de autoridad contribuyeron también a acelerar el proceso.
En América, se formaron juntas locales de gobierno dominadas por criollos que buscaron primero la autonomía y después la independencia. Líderes como Simón Bolívar y José de San Martín fueron claves en la emancipación de territorios como Venezuela, Colombia, Perú y Argentina. En México, el proceso fue más conservador, encabezado inicialmente por el cura Hidalgo y más tarde por Itúrbide, quien se proclamó emperador. En Perú y Bolivia, la independencia se consolidó tras la Batalla de Ayacucho (1824).
Las consecuencias de la independencia fueron profundas. A nivel económico, los nuevos estados dependieron de la tecnología y el capital extranjeros. Políticamente, las nuevas repúblicas fueron inestables, con frecuentes dictaduras. A nivel social, se mantuvieron las desigualdades heredadas del sistema colonial. No obstante, España dejó un importante legado cultural, lingüístico y religioso en América.
Isabel II: Regencias, Guerras Carlistas y Primeras Constituciones (1833-1843)
La muerte de Fernando VII en 1833 dejó el trono a su hija Isabel II, aún menor de edad, por lo que se establecieron regencias. La primera fue la de su madre, María Cristina (1833-1840), durante la cual estalló la Primera Guerra Carlista, un conflicto entre los partidarios del absolutismo (carlistas) y los defensores del liberalismo (isabelinos). Los carlistas, apoyados por sectores tradicionales y por algunas regiones como Navarra o el País Vasco, defendían a Carlos María Isidro como legítimo rey. La guerra terminó en 1839 con el Convenio de Vergara, en el que se acordó la integración de los militares carlistas en el ejército isabelino.
Durante esta etapa también se llevaron a cabo importantes reformas liberales. En 1834 se promulgó el Estatuto Real, una carta otorgada que no reconocía la soberanía nacional. En 1837, se aprobó una nueva Constitución que sí lo hacía, fruto del consenso entre progresistas y moderados. Esta constitución reconocía derechos y libertades individuales, establecía la separación de poderes y definía un sistema bicameral.
La segunda regencia fue la del General Espartero (1840-1843), de carácter autoritario y progresista. Su gobierno llevó a cabo nuevas desamortizaciones y reformas económicas, pero su política centralista generó una fuerte oposición que desembocó en su caída. En 1843, Isabel II fue declarada mayor de edad con solo 13 años, comenzando así su reinado efectivo.
Las Regencias de Isabel II: Consolidación del Liberalismo y Conflictos (1833-1843)
El reinado de Isabel II comenzó en 1833 tras la muerte de Fernando VII, cuando ella tenía solo tres años, por lo que se estableció una regencia encabezada por su madre María Cristina. Esta etapa inicial estuvo marcada por la Primera Guerra Carlista, un conflicto entre los defensores del absolutismo, que apoyaban al infante Carlos María Isidro, y los liberales que defendían los derechos sucesorios de Isabel y un modelo político constitucional. Los carlistas contaron con el respaldo del clero, la baja nobleza y regiones como Navarra, País Vasco y Cataluña, mientras que los isabelinos fueron apoyados por los sectores liberales, las élites urbanas y potencias extranjeras como Francia o Reino Unido. La guerra concluyó en 1839 con el Convenio de Vergara, que permitió integrar a parte del ejército carlista en el ejército nacional y dejó abierta la posibilidad de negociar los fueros regionales.
En lo político, durante esta regencia se dieron pasos hacia el liberalismo. En 1834 se promulgó el Estatuto Real, una carta otorgada que creaba Cortes bicamerales pero mantenía todo el poder en manos de la monarquía, sin reconocer la soberanía nacional ni los derechos ciudadanos. Este texto fue sustituido por la Constitución de 1837, elaborada en un contexto de fuerte agitación y presión progresista. Esta nueva constitución afirmaba la soberanía nacional, establecía la división de poderes, reconocía derechos y libertades como la libertad de expresión, asociación y propiedad, y configuraba un sistema parlamentario con una monarquía limitada.
Tras la dimisión de María Cristina en 1840, asumió la regencia el General Espartero, líder del ala progresista. Su mandato fue autoritario y provocó grandes tensiones por sus políticas centralistas, las nuevas desamortizaciones y su enfrentamiento con la Iglesia. Finalmente, Espartero fue apartado del poder tras una sublevación militar en 1843, y las Cortes declararon mayor de edad a Isabel II con tan solo 13 años, iniciando así su reinado efectivo.
El Reinado Efectivo de Isabel II: Partidos Políticos y Constituciones (1843-1868)
El reinado efectivo de Isabel II se caracterizó por la inestabilidad política, el protagonismo del ejército y la falta de alternancia pacífica entre los partidos. Los principales grupos fueron los moderados, apoyados por la reina y defensores de un poder central fuerte y del sufragio censitario, y los progresistas, que promovían reformas más amplias, libertad religiosa y mayor participación política. Durante la Década Moderada (1844-1854) se aprobó la Constitución de 1845, conservadora, que establecía la soberanía compartida entre las Cortes y la corona, el Estado confesional y un sistema muy restringido de participación. Se impulsaron leyes como la de Ayuntamientos, la creación de la Guardia Civil y un Concordato con la Iglesia. La crisis de este sistema llevó al Bienio Progresista (1854-1856), en el que se intentaron aplicar reformas como la Desamortización de Madoz, la Ley de Ferrocarriles y una nueva constitución que no llegó a promulgarse. La reina nombró entonces a O’Donnell, que lideró la Unión Liberal y gobernó entre 1856 y 1863 con una política económica desarrollista y de estabilidad, incluyendo intervenciones militares en el exterior. En los últimos años del reinado la situación se agravó con crisis económicas, revueltas sociales y autoritarismo. La creciente impopularidad de Isabel II terminó por aislarla, lo que desembocó en su derrocamiento.
El Sexenio Democrático: Constitución de 1869, Monarquía de Amadeo I y Primera República (1868-1874)
El Sexenio Democrático (1868-1874) fue el intento más serio del siglo XIX de establecer en España un régimen verdaderamente democrático. Comenzó con la Revolución Gloriosa de 1868, un pronunciamiento militar apoyado por amplios sectores sociales que logró derrocar a Isabel II. La reina se exilió en Francia y se formó un gobierno provisional dirigido por el General Serrano como regente y Prim como presidente del gobierno. Este gobierno convocó elecciones mediante sufragio universal masculino que dieron lugar a las Cortes Constituyentes de 1869, donde se aprobó una nueva Constitución, la más liberal hasta entonces. Esta proclamaba la soberanía nacional, el sufragio universal masculino, la monarquía parlamentaria, la libertad de expresión, reunión, religión y educación, y establecía un Estado aconfesional aunque garantizaba el sostenimiento de la Iglesia católica.
Una vez aprobado el nuevo marco legal, la prioridad del gobierno fue buscar un nuevo monarca que no perteneciera a los Borbones, aceptase la constitución y tuviera reconocimiento internacional. Tras descartar varios candidatos, en 1870 fue elegido Amadeo de Saboya, hijo del rey de Italia, quien asumió la corona tras el asesinato de su principal valedor, el General Prim. El Reinado de Amadeo I (1871-1873) estuvo desde el principio condenado por
El Sistema Canovista: Constitución de 1876 y Turno de Partidos (1875-1902)
En 1874, tras la dictadura militar de Serrano, Cánovas reunió el apoyo de las élites, el ejército y las clases medias para restaurar la monarquía borbónica con Alfonso XII, quien firmó el Manifiesto de Sandhurst garantizando una monarquía liberal y centralizada. Poco después, el General Martínez Campos proclamó rey a Alfonso XII, dando inicio a la Restauración, un periodo que abarcó desde 1875 hasta 1902, con la regencia de María Cristina tras la muerte de Alfonso XII.
La Constitución de 1876, elaborada bajo la dirección de Cánovas, fue la base del sistema político de la Restauración y es la más duradera de la historia de España. Esta constitución combinaba derechos individuales amplios, aunque controlados por el gobierno, con una soberanía compartida entre rey y cortes. Establecía un Estado confesional católico, aunque con libertad religiosa privada, y un parlamento bicameral.
Para garantizar la estabilidad, Cánovas diseñó un sistema político basado en el turno pacífico de los dos grandes partidos, el Conservador y el Liberal, conocidos como el turno de partidos. Este sistema se apoyaba en la manipulación electoral y el caciquismo para asegurar la alternancia en el poder sin conflictos armados. El rey actuaba como garante de esta alternancia, manteniendo una apariencia democrática pero en realidad un régimen oligárquico.
A finales del siglo XIX surgieron movimientos regionalistas y nacionalistas, especialmente en Cataluña y el País Vasco, en respuesta al centralismo y la castellanización, además de un fuerte movimiento obrero dividido entre marxistas y anarquistas que buscaban mejores condiciones laborales y reconocimiento legal, aunque con métodos diversos.
La Crisis de 1898: Guerras Coloniales y Fin del Imperio Español
A finales del siglo XIX, España enfrentó graves conflictos coloniales que culminaron con la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Estos conflictos fueron impopulares por las grandes pérdidas humanas y económicas, afectando sobre todo a las familias humildes obligadas a enviar a sus jóvenes a la guerra, mientras que los ricos se libraban del servicio militar.
La Primera Guerra de Cuba (1868-1878) terminó con la Paz de Zanjón, que prometía autonomía y abolición de la esclavitud. Sin embargo, la oligarquía colonial y la peninsular boicotearon estas promesas, provocando la segunda y tercera guerras cubanas, con un fuerte movimiento independentista encabezado por José Martí, quien contó con el apoyo de Estados Unidos.
La dura represión española, especialmente bajo el General Weyler, con la política de reconcentración, agravó el conflicto. La intervención directa de Estados Unidos, tras el hundimiento del acorazado «Maine» en 1898, provocó la Guerra Hispano-Estadounidense, que terminó con la derrota española y la pérdida definitiva de sus colonias tras la firma del Tratado de París.
Políticamente, la crisis aceleró el desgaste del sistema canovista y generó un cuestionamiento del ejército y del régimen oligárquico. El país pasó de ser una potencia colonial a un estado sin influencia internacional, enfocándose en la expansión colonial en el norte de África y en reformas internas para combatir la corrupción y el caciquismo.
Transformaciones Demográficas y Sociales en el Siglo XIX: De la Sociedad Estamental a la de Clases
Durante el siglo XIX, España experimentó un crecimiento demográfico lento y desigual, marcado por un modelo demográfico antiguo con altas tasas de natalidad y mortalidad. Esta situación estuvo causada por el atraso económico, malas condiciones de vida, crisis agrícolas, epidemias recurrentes y conflictos bélicos que afectaron negativamente a la población. Solo en Cataluña comenzó a observarse una transición hacia un modelo demográfico más moderno, con menor mortalidad y mayor esperanza de vida.
La economía española seguía dominada por el sector primario, que concentraba alrededor del 70% de la población activa, mientras que la industria y los servicios apenas tenían peso. Este desequilibrio reflejaba la débil industrialización del país y la estructura social aún estamental, que comenzaba a transformarse en una sociedad de clases.
El éxodo rural fue uno de los movimientos migratorios más importantes, con campesinos que abandonaban sus tierras buscando mejores oportunidades en las ciudades. Este fenómeno afectó especialmente a la periferia peninsular (Cataluña, Valencia, Asturias y Vizcaya) que incrementó notablemente su población, mientras que el interior se despoblaba salvo Madrid, que crecía por su condición de capital política y administrativa. Madrid y Barcelona se convirtieron en las únicas ciudades con más de medio millón de habitantes, expandiéndose a través de ensanches y barrios periféricos con infraestructura insuficiente, lo que generó problemas graves de hacinamiento, salubridad y epidemias.
En el plano político y social, los militares ganaron protagonismo como garantes del orden, apoyados por la monarquía, la burguesía y la aristocracia, que mantuvo gran parte de su poder económico basado en la propiedad de latifundios. La iglesia, en cambio, perdió influencia económica y política, pasando a depender del Estado. La burguesía adinerada y la nobleza tendieron a fusionarse en una aristocracia económica y social, mientras que la sociedad política se caracterizaba por un sufragio censitario que limitaba la participación a propietarios y clases acomodadas. La mayoría de la población seguía siendo rural, conservadora y con escasa movilidad social, mientras que el proletariado urbano, aunque muy diverso, representaba solo una pequeña fracción de los trabajadores.
Desamortizaciones, Industrialización y Desarrollo Económico en la España del Siglo XIX
Las desamortizaciones fueron procesos clave en la transformación del campo español, mediante los cuales el Estado expropió y vendió bienes eclesiásticos, comunales y de propiedad colectiva para ponerlos en circulación en el mercado, buscando recaudar fondos para financiar al Estado y promover una modernización económica.
El proceso comenzó con Carlos III y continuó durante el siglo XIX con medidas como la Desamortización de Mendizábal en 1836, que afectó principalmente a los bienes del clero para financiar la guerra carlista y reducir la deuda pública, y la de Madoz en 1855, que puso a la venta tierras comunales con la intención de fomentar la industrialización y el desarrollo de infraestructuras, en especial la red ferroviaria.
A pesar de que la superficie cultivada aumentó, la agricultura española siguió caracterizándose por baja productividad, minifundismo en el norte y latifundismo en el sur y centro. Esto impidió que la agricultura generara capital suficiente para impulsar la industria, que continuó dependiendo de la importación de tecnología y de capital extranjero. El país se convirtió en una economía colonial en sentido económico, exportando materias primas e importando productos manufacturados.
El desarrollo industrial fue desigual y limitado: destacó la industria textil del algodón en Cataluña, con protección arancelaria y mano de obra inmigrante; la industria lanera en Tarrasa y Sabadell; y la siderúrgica en Asturias y Vizcaya, donde se explotaron las minas de carbón y hierro. La red ferroviaria, regulada por la Ley de Ferrocarriles de 1855, se construyó con capital extranjero y con un ancho de vía mayor que el europeo, lo que dificultó la conexión con el resto del continente. Aunque facilitó las comunicaciones internas, su baja calidad y uso limitado hicieron que los beneficios económicos fueran escasos.
El comercio exterior estuvo dominado por la exportación de materias primas, principalmente a Francia y Gran Bretaña, y la política comercial fue proteccionista, favoreciendo a los industriales locales pero perjudicando a los consumidores. El sistema bancario comenzó a modernizarse con la creación del Banco de España en 1856 y el desarrollo de bancos privados vinculados a la industria ferroviaria, aunque la mayor parte del crédito se destinó a financiar la deuda pública, con escasa inversión en desarrollo productivo.
En conjunto, estas transformaciones sentaron las bases para una modernización económica limitada y desigual, marcada por la falta de un proyecto nacional sólido y la influencia de las oligarquías locales, que frenaron un desarrollo industrial más profundo y un cambio social acelerado.
La Crisis de la Restauración: Regeneracionismo y Oposición (1902-1912)
El reinado de Alfonso XIII (desde 1902) quiso mantener el sistema político de la Restauración, basado en el turno pacífico entre conservadores y liberales. Sin embargo, la estabilidad del sistema se empezó a resquebrajar por la crisis interna de ambos partidos y el aumento de fuerzas políticas alternativas como los republicanos, socialistas y nacionalistas. Durante la primera década, Antonio Maura, líder conservador, intentó impulsar una “revolución desde arriba” con reformas para modernizar el país, como la mejora de la flota naval, la jornada semanal de descanso para los trabajadores y una reforma electoral para reducir el fraude. Sin embargo, en 1909 estalló la Semana Trágica en Barcelona, una protesta violenta contra el reclutamiento militar para la guerra en Marruecos, que acabó con la dimisión de Maura.
Tras él, José Canalejas, del Partido Liberal, intentó avanzar en reformas económicas y sociales, y promovió la descentralización con leyes que otorgaban más autonomía a Cataluña. Pero su asesinato en 1912 dejó al régimen sin un liderazgo claro.
Mientras tanto, la oposición fue creciendo: los republicanos, divididos entre moderados y radicales, ganaron representación parlamentaria; el nacionalismo catalán, con la Lliga Regionalista, reclamaba autonomía; el PSOE y la UGT aumentaron su influencia, y el anarquismo mantenía su rechazo al sistema, especialmente en Cataluña y el sur.
Este panorama evidenciaba la crisis profunda del sistema restauracionista, marcado por la inestabilidad política, el aumento de la conflictividad social y la pérdida de apoyo popular.
Impacto Internacional: Marruecos, Primera Guerra Mundial y Crisis de 1917-1921
Tras la Conferencia de Algeciras de 1906, España consolidó su presencia en Ceuta, Melilla y el Rif, recuperando cierto prestigio internacional tras el desastre colonial de 1898. Sin embargo, el territorio rifeño era hostil y escasamente explotable, y los rifeños resistieron activamente la ocupación española y francesa. La guerra en Marruecos se intensificó durante la Primera Guerra Mundial, periodo en que España mantuvo una política de neutralidad, beneficiándose económicamente al proveer productos a los países en conflicto.
Este crecimiento económico produjo inflación que afectó negativamente a las clases populares, mientras que la oligarquía acumulaba grandes fortunas. El fin de la guerra provocó una crisis económica, el cierre de empresas y un aumento del desempleo, lo que a su vez alimentó la conflictividad social.
En 1917, España vivió una triple crisis: militar, con la protesta de las Juntas de Defensa; política, con la exigencia de elecciones limpias por parte de republicanos, socialistas y nacionalistas; y social, con una huelga general revolucionaria reprimida violentamente. A pesar de ello, el sistema político resistió, aunque debilitado.
La guerra colonial continuó en Marruecos hasta 1921, cuando las tropas españolas sufrieron la humillante derrota en Annual frente a las fuerzas rifeñas de Abd-el-Krim. Este Desastre de Annual provocó una crisis política y social profunda, con un informe oficial (Expediente Picasso) que responsabilizó a los mandos militares y políticos, y un aumento del protagonismo del ejército en la política.
En Cataluña, entre 1919 y 1921, la conflictividad laboral alcanzó niveles graves, con enfrentamientos violentos entre el sindicato anarquista CNT y grupos patronales armados (pistolerismo). El gobierno respondió con medidas represivas como la Ley de Fugas, permitiendo disparar a sospechosos.
La Dictadura de Primo de Rivera y el Fin de la Monarquía (1923-1931)
El 13 de septiembre de 1923, Miguel Primo de Rivera dio un golpe de Estado que contó con el apoyo de Alfonso XIII, gran parte del ejército y el empresariado catalán. Las causas fueron múltiples: la crisis política y social, el Desastre de Annual, el auge del nacionalismo catalán, y el temor ante el crecimiento de republicanos y socialistas.
Primo de Rivera suspendió la Constitución de 1876 y proclamó el estado de guerra. Su dictadura se dividió en dos fases: un Directorio Militar (1923-1925), que eliminó el sistema político de la Restauración, disolvió las Cortes, prohibió partidos, censuró la prensa y suprimió la Mancomunidad de Cataluña; y un Directorio Civil (1925-1930), con ministros civiles y militares, inspirado en el fascismo italiano.
Durante su mandato, destacó la solución militar en Marruecos con la operación conjunta hispano-francesa del Desembarco de Alhucemas en 1925, que derrotó a Abd-el-Krim. En lo económico, la dictadura promovió el proteccionismo y la intervención estatal, impulsó obras públicas y creó monopolios como Telefónica y CAMPSA, aunque esto aumentó el gasto público sin reformas fiscales adecuadas. En lo social, intentó pacificar las relaciones laborales prohibiendo a la CNT y creando comités paritarios para negociar condiciones.
La dictadura provocó inicialmente indiferencia popular, pero el intento de institucionalización generó rechazo creciente, especialmente en la universidad, que lideró la oposición intelectual. En 1926, un intento insurreccional militar (la Sanjuanada) fue abortado. Finalmente, Alfonso XIII retiró su apoyo a Primo de Rivera, que dimitió en enero de 1930.
El General Berenguer asumió el gobierno con la misión de restaurar la normalidad constitucional sin convocar elecciones. La oposición al régimen creció y en agosto de 1930 republicanos, nacionalistas y socialistas firmaron el Pacto de San Sebastián para acabar con la monarquía. En las elecciones de abril de 1931, la candidatura republicana triunfó en las grandes ciudades, lo que llevó a Alfonso XIII a exiliarse, sin abdicar, y a la proclamación de la Segunda República Española el 14 de abril de 1931.
La Segunda República: Proclamación, Gobierno Provisional y Constitución de 1931
El 14 de abril de 1931, tras las elecciones municipales del 12 de abril, en las que ganaron los candidatos republicanos en las ciudades, el rey Alfonso XIII se exilió debido al desgaste político provocado por su apoyo a la dictadura de Primo de Rivera y la fallida “dictablanda” de Berenguer. Estas elecciones reflejaron el rechazo a la monarquía y la esperanza de reformas políticas, sociales y territoriales profundas para superar la crisis económica de 1929 y la inestabilidad política.
El Pacto de San Sebastián de agosto de 1930 unió a republicanos, socialistas y nacionalistas para formar un Comité Revolucionario que preparó el camino para la República. Aunque intentos militares como la sublevación de Jaca fracasaron, la presión política y social llevó a la convocatoria de elecciones municipales consideradas un plebiscito. Los republicanos triunfaron en las ciudades, reflejando el apoyo popular a la República.
El nuevo Gobierno Provisional impulsó reformas como la amnistía política, la libertad de asociación y reunión, y anunció una agenda reformista que incluía la reforma agraria, educativa y laboral, así como la separación entre Estado e Iglesia, generando tensiones con el clero católico.
En junio de 1931 se celebraron elecciones generales para elegir Cortes Constituyentes que aprobaron la Constitución de 1931, una carta progresista que estableció la República como democrática y de trabajadores, introdujo el sufragio universal incluyendo a la mujer (que votó por primera vez en 1933), garantizó la autonomía regional y declaró el Estado laico, limitando severamente los privilegios de la Iglesia.
Niceto Alcalá Zamora fue nombrado presidente de la República y Manuel Azaña presidente del gobierno. En el debate sobre el voto femenino, triunfó la defensa del derecho a votar defendida por Clara Campoamor, frente a quienes, como Victoria Kent, temían la influencia conservadora sobre el voto de las mujeres.
El Bienio Reformista (1931-1933): Reformas y Oposición
Entre 1931 y 1933, el Gobierno republicano impulsó reformas para modernizar España y acabar con la oligarquía y el centralismo. Se reconoció la autonomía catalana con su estatuto en 1932, aunque el vasco fue rechazado. Se intentó modernizar el ejército y democratizarlo, aunque persistieron tensiones con sectores militares monárquicos.
En el campo, la reforma agraria pretendió distribuir tierras a campesinos, pero la resistencia de los terratenientes y la lentitud del proceso generaron descontento. En educación, se expandió la enseñanza pública, laica y gratuita, combatiendo el analfabetismo, aunque chocó con la oposición de la Iglesia y la derecha.
Las reformas laborales mejoraron derechos de los trabajadores, regulando la jornada y el derecho a huelga, pero provocaron el rechazo de muchos empresarios. Culturalmente, la República apoyó la creación artística y la educación popular, con la implicación de intelectuales de la Generación del 27.
El régimen enfrentó fuerte oposición conservadora, que se unió en la CEDA, y movimientos fascistas, mientras la izquierda radical (CNT) radicalizó su protesta ante la lentitud reformista. Los sucesos de Casas Viejas en 1933 marcaron la crisis del bienio, con protestas violentas y pérdida de apoyo al gobierno reformista.
El Bienio Radical-Cedista y el Frente Popular: Aumento de la Polarización (1933-1936)
Tras las elecciones de 1933 ganó la derecha unida en la CEDA, que con apoyo del Partido Radical asumió el poder. Se paralizaron las reformas, se devolvieron tierras a los grandes propietarios y se restablecieron privilegios eclesiásticos. La violencia política aumentó, con la aparición de la Falange y enfrentamientos callejeros.
La Insurrección de Octubre de 1934, liderada por socialistas y nacionalistas catalanes, fue duramente reprimida, suspendiéndose la autonomía catalana y reprimiendo la Revolución Asturiana con tropas bajo el mando de Franco, dejando miles de muertos y presos.
La crisis política continuó, con escándalos y divisiones en la derecha. En las elecciones de 1936, la izquierda se unió en el Frente Popular y ganó. Su gobierno recuperó las reformas republicanas, restauró la autonomía catalana y decretó amnistía para los presos políticos, pero la violencia social se intensificó.
La conspiración militar contra el Frente Popular se aceleró, con el apoyo de Alemania e Italia. El asesinato de José Calvo Sotelo en julio de 1936 precipitó el golpe de estado fallido que llevó a la Guerra Civil Española, que duró de 1936 a 1939.
La Guerra Civil Española (1936-1939): Historiografía, Desarrollo y Consecuencias
La Guerra Civil Española (1936-1939) ha sido uno de los episodios más estudiados de la historia de España, aunque su interpretación varía según las ideologías. Algunos historiadores franquistas justificaron el golpe de Estado y ensalzaron a Franco como salvador de la nación, mientras que otros republicanos defendieron la legitimidad del gobierno y culparon a los grupos que apoyaron la sublevación. Por su parte, historiadores extranjeros, especialmente anglosajones, consideran la guerra como el fracaso de la Segunda República y cuestionan la figura de Franco. Con la apertura política tras la muerte de Franco y el acceso a nuevos archivos, la investigación se amplió a estudios sociales, de memoria histórica y testimonios, enriqueciendo la visión del conflicto.
El estallido de la guerra se originó en un golpe militar liderado por Emilio Mola, quien buscó apoyo en sectores monárquicos, falangistas y militares. El golpe comenzó el 18 de julio de 1936, pero no logró un triunfo inmediato en todo el país, dividiendo España en dos zonas enfrentadas. La zona republicana, con el control de grandes ciudades y el apoyo de milicias obreras, organizó un Ejército Popular para defenderse. La zona rebelde, liderada por Franco, contó con el Ejército de África y el respaldo de los movimientos monárquicos y fascistas, consolidándose como fuerza dominante.
El conflicto se desarrolló en tres etapas principales. En la primera, los sublevados intentaron conquistar Madrid pero fueron frenados, lo que permitió la llegada de Brigadas Internacionales que apoyaron a la República. En la segunda fase, Franco centró su ofensiva en el norte, con apoyo de tropas italianas y alemanas, destacando el Bombardeo de Guernica como símbolo de la violencia aérea. La tercera etapa estuvo marcada por grandes ofensivas republicanas como la Batalla del Ebro, que, a pesar de su dureza, no impidió el avance de Franco, quien finalmente dividió y derrotó al territorio republicano. La guerra terminó en 1939 con la rendición incondicional de la República tras un golpe interno contra el gobierno de Negrín.
Las consecuencias de la guerra fueron devastadoras en todos los ámbitos. Murieron alrededor de medio millón de personas y hubo un gran número de exiliados. La economía sufrió una fuerte crisis por la destrucción y el empobrecimiento, mientras que la vida social y política quedó marcada por la represión y la imposición de un régimen autoritario que eliminó las libertades y controló la sociedad con la ayuda de la Iglesia. La cultura y la ciencia también sufrieron un retroceso importante debido a la persecución de intelectuales.
La Guerra Civil: Evolución Política y Económica en Ambos Bandos y Dimensión Internacional
En el bando republicano, la inestabilidad política fue constante. Tras el inicio del conflicto, el gobierno de Giral autorizó a los comités revolucionarios a tomar el control, generando una violencia descontrolada que afectó a sectores conservadores y religiosos. Las regiones de Aragón y Cataluña vivieron revoluciones sociales protagonizadas por anarquistas que llegaron a crear comunas autogestionadas. La falta de mando único y la revolución social dificultaron la resistencia militar, lo que llevó a la destitución de Giral y la llegada de Largo Caballero, quien buscó un gobierno de unidad y priorizó la victoria militar, impulsando la militarización de las milicias.
Más tarde, bajo el mandato de Negrín, la República dependió exclusivamente del apoyo soviético, lo que condicionó su política interna y llevó al traslado de las reservas de oro a Moscú. A pesar de sus intentos de resistir y negociar una rendición sin represalias, la situación interna y militar llevó al golpe de Casado en marzo de 1939, que precipitaría el fin de la guerra. En la zona nacional, la diversidad política se unificó bajo Franco, que concentró el poder tanto militar como político. La creación de la FET de las JONS agrupó a los distintos partidos y se prohibieron otros sindicatos y organizaciones. El régimen se apoyó en el ejército, la Iglesia y la Falange, instaurando un Estado autoritario que abolió las autonomías, la reforma agraria y la legislación republicana, aplicando una fuerte represión contra los vencidos.
En cuanto a la dimensión internacional, la Guerra Civil fue un ensayo previo a la Segunda Guerra Mundial, enfrentando ideologías opuestas y sirviendo de campo de pruebas para nuevas armas. La ayuda extranjera fue decisiva: el bando franquista recibió apoyo directo de Alemania, Italia y Portugal, con material militar avanzado y tropas, mientras que la República contó principalmente con la Unión Soviética, que proporcionó armas a un alto coste económico y político. Las Brigadas Internacionales, formadas por voluntarios antifascistas de todo el mundo, reforzaron la defensa republicana pero fueron retiradas en 1938. La política de no intervención promovida por Francia y Gran Bretaña perjudicó a la República, ya que Alemania e Italia no la respetaron, facilitando el triunfo franquista.
El Franquismo: Fundamentos Ideológicos y Contexto Europeo (1939-1975)
El franquismo ha sido objeto de debate en cuanto a si fue un régimen totalitario o autoritario. Aunque comparte rasgos con los regímenes totalitarios europeos como el fascismo o el nazismo, existen diferencias importantes. Los regímenes totalitarios buscan un cambio radical de la sociedad bajo un líder carismático y un partido único que controla todos los aspectos de la vida, mientras que el autoritarismo no persigue una ideología revolucionaria clara, permite ciertas autonomías y la disidencia limitada. Tras la crisis de 1929, muchos países europeos abandonaron la democracia, dando paso a dictaduras comunistas, fascistas o nazis, cada una con características propias.
El franquismo se definió más bien como una dictadura personal nacionalista, tradicionalista y católica, donde Franco concentró todos los poderes. Su régimen se apoyaba en varios pilares ideológicos: el nacionalismo centralista, el catolicismo como base social y cultural, el tradicionalismo defendiendo la familia, la propiedad y el orden, y el anticomunismo que justificaba la represión de cualquier oposición. Los apoyos sociales e institucionales más importantes fueron el ejército, la Iglesia, el partido único FET de las JONS, la oligarquía agraria y la burguesía industrial. Estas “familias” políticas influían en Franco, quien mantenía un equilibrio entre ellas para evitar enfrentamientos.
Además, aunque el franquismo usó el control social y la represión para mantener la estabilidad, no buscó una transformación radical de la sociedad como otros regímenes totalitarios. No tuvo una ideología unificada ni un proyecto revolucionario claro, sino que se apoyó en valores conservadores y en la defensa de un orden tradicional que garantizara la permanencia del poder de Franco y sus aliados. Por ello, muchos expertos lo consideran un autoritarismo personalista, en el que el liderazgo único y la alianza con sectores tradicionales fueron claves para sostener el régimen durante casi cuatro décadas.
Institucionalización del Franquismo: Relaciones Internacionales y Evolución Política
El franquismo careció de una constitución formal, basándose en leyes fundamentales que otorgaban el poder absoluto a Franco y regulaban la organización política, la represión y la economía. En la Segunda Guerra Mundial, España se mantuvo oficialmente no beligerante, apoyando al Eje con suministros y enviando la División Azul para luchar contra la URSS, aunque luego se retiró y adoptó una postura neutral.
Tras la guerra, España quedó aislada internacionalmente, sufrió sanciones y vivió una economía autárquica con escasos recursos y fuerte control estatal. Sin embargo, en los años 50, el contexto de la Guerra Fría hizo a Estados Unidos ver a Franco como un aliado contra el comunismo, firmándose acuerdos que pusieron fin al aislamiento y favorecieron la entrada de España en organismos internacionales como la ONU y el FMI.
Durante esta etapa, aumentaron las tensiones internas entre los grupos que apoyaban al régimen, y se produjeron primeras protestas sociales y estudiantiles. Los tecnócratas del Opus Dei ganaron peso, impulsando reformas económicas que modernizaron el país, aunque también causaron emigración.
En los años 60, Franco fue modernizando el régimen con leyes que suavizaban la censura y creaban instituciones más estables, además de designar a Juan Carlos de Borbón como su sucesor para asegurar la continuidad de la dictadura. La dictadura mantuvo tensiones políticas internas y enfrentamientos entre falangistas, tecnócratas y monárquicos, con escándalos como el caso MATESA.
En los últimos años del franquismo, tras el asesinato de Carrero Blanco en 1973, se intentaron reformas limitadas para abrir el régimen, pero la crisis económica y el aumento de la conflictividad social, junto con la presión de grupos opositores y movimientos independentistas, dejaron el régimen debilitado. Franco murió en 1975, poniendo fin a casi cuarenta años de dictadura.
Transformaciones Socioeconómicas durante el Franquismo: Autarquía y Desarrollismo
Tras la Guerra Civil, España quedó devastada económica y socialmente. El régimen franquista implantó una política autárquica con un fuerte intervencionismo estatal y escaso contacto con el exterior, lo que agravó la crisis. Se creó el INI para fomentar la industria estatal con empresas como SEAT, RENFE o Iberia, y se impulsaron planes agrícolas como el Plan Badajoz. Esta política provocó estancamiento, escasez de productos básicos, inflación, corrupción y mercado negro. El gobierno distribuyó alimentos mediante cartillas de racionamiento y el Auxilio Social. En 1957, con la llegada de tecnócratas del Opus Dei al gobierno, se abandonó la autarquía y se impulsó el desarrollismo con el Plan de Estabilización de 1959. Se liberalizó la economía, se atrajo inversión extranjera y se mejoró la competitividad. Esto provocó un fuerte crecimiento económico, pero también un éxodo rural hacia ciudades industriales que no pudieron absorber toda la mano de obra, generando emigración a Europa. Las regiones industriales como Madrid, Cataluña o el País Vasco se desarrollaron, mientras que otras como Andalucía o Galicia quedaron atrasadas y despobladas.
En 1962 se lanzaron los Planes de Desarrollo con polos de desarrollo y promoción para reducir los desequilibrios territoriales, pero fracasaron por falta de inversión y planificación. Aun así, la economía creció un 7% anual, con auge de sectores como el metalúrgico, químico y automovilístico. El turismo y las remesas de emigrantes ayudaron a equilibrar el déficit comercial. La sociedad vivió un baby boom, aumentó la esperanza de vida y mejoraron las condiciones laborales y el nivel de vida, lo que trajo cambios culturales, sociales y en el papel de la mujer. Se extendió el consumo de electrodomésticos y coches como el SEAT 600, y comenzó una transformación de mentalidades hacia una sociedad más moderna y abierta. El sistema educativo fue controlado por el régimen, con una enseñanza basada en valores cristianos y franquistas. La ley de 1945 aumentó lentamente la alfabetización y la de 1970 modernizó el sistema, ampliando el acceso a secundaria y universidad, que se convirtió en foco de protesta. En el ocio, las formas tradicionales fueron sustituidas por el entretenimiento de masas, destacando el fútbol, la música pop y la televisión.
Represión, Oposición y Cultura en el Franquismo: Exilio y Resistencia
Al inicio del franquismo, la represión fue tan intensa que apenas existió oposición. Muchos republicanos se exiliaron, sobre todo a Francia y México, participando algunos en la Segunda Guerra Mundial. El Partido Comunista lideró la resistencia guerrillera de los maquis, que fue duramente reprimida. A partir de los años 60, la oposición se reorganizó desde dentro de España y desde el exilio. En 1962, en el Congreso de Múnich, se intentó una reconciliación entre exiliados y demócratas del interior, lo que Franco condenó como traición.
La oposición creció en distintos frentes: los trabajadores crearon las Comisiones Obreras desde dentro del sindicato vertical, los estudiantes organizaron huelgas universitarias y los barrios marginales iniciaron movimientos vecinales. Parte del clero también se sumó a las reivindicaciones, con los “curas rojos” y el apoyo del Concilio Vaticano II. Algunos militares organizaron la UMD inspirándose en la Revolución de los Claveles portuguesa.
El PCE, bajo Santiago Carrillo, apostó por la reconciliación y se alió con otros sectores creando la Junta Democrática. El PSOE se reorganizó en 1974 con el Congreso de Suresnes liderado por Felipe González. El nacionalismo catalán y vasco también se reactivó, y surgieron grupos armados como ETA, FRAP y GRAPO, que fueron duramente reprimidos por el régimen.
Los intentos de apertura como el “espíritu de febrero” de Arias Navarro fracasaron, en parte por ejecuciones como la de Puig Antich o incidentes como el caso Añoveros. La cultura durante el franquismo estuvo censurada y sometida a los valores del régimen. La Iglesia controló la enseñanza y la cultura oficial exaltó el franquismo. Sin embargo, en los años 60 surgieron expresiones culturales críticas gracias a la relajación de la censura. Autores como Buero Vallejo o Cela, cantautores como Serrat o Raimon, y cineastas como Berlanga desafiaron el régimen. Mientras tanto, muchos intelectuales permanecieron en el exilio, como Alberti, Picasso, Buñuel o María Zambrano, lo que supuso una gran pérdida cultural. Aun así, se mantuvo una cultura crítica clandestina dentro y fuera del país.
La Transición Española: Retos, Logros y Resistencias hacia la Democracia (1975-1982)
Tras la muerte de Franco en noviembre de 1975, Juan Carlos I fue proclamado rey, asumiendo la Jefatura del Estado según las leyes franquistas. Aunque en su primer discurso habló de reconciliación y democracia, el nombramiento de Carlos Arias Navarro como presidente provocó desconfianza en la oposición, al percibirse como una continuidad del franquismo. En ese contexto surgieron tres grandes opciones políticas: continuar con la dictadura (defendida por el “búnker”), reformar el franquismo desde dentro (opción de algunos exministros y tecnócratas), o una ruptura democrática. Esta última fue la alternativa mayoritaria entre la oposición, aunque con distintas estrategias: mientras el PCE defendía restaurar la república, el PSOE apostó por negociar con los reformistas y aceptar la monarquía si esta garantizaba una democracia real.
Ante la presión social y la falta de apoyo al inmovilismo, el rey forzó la dimisión de Arias Navarro en 1976 y nombró presidente a Adolfo Suárez. Este lideró una reforma pactada del sistema con el objetivo de desmontar el franquismo desde dentro de sus propias leyes. Entre sus medidas destacó la legalización de asociaciones políticas, el derecho de huelga, una amnistía parcial y, sobre todo, la aprobación de la Ley para la Reforma Política en referéndum (diciembre de 1976), que supuso el desmantelamiento legal del régimen franquista. En 1977 se legalizaron todos los partidos, incluido el PCE, y se celebraron las primeras elecciones democráticas desde 1936. La UCD de Suárez ganó con 166 escaños, seguida por el PSOE con 118. Se inició así un proceso constituyente y se firmaron los Pactos de la Moncloa, acuerdos económicos y sociales para frenar la crisis y avanzar en la democratización.
No obstante, la transición fue difícil. A la grave crisis económica se sumaron tensiones políticas, divisiones internas en la UCD y violencia de extrema derecha (como el asesinato de los Abogados de Atocha) y de extrema izquierda, sobre todo por parte de ETA, el GRAPO y el FRAP. En 1981, Suárez dimitió y durante la investidura de su sucesor, Leopoldo Calvo Sotelo, tuvo lugar el fallido golpe de Estado del 23-F, que fracasó gracias a la firmeza del rey y el rechazo de la mayoría del ejército.
La Constitución de 1978 y el Estado de las Autonomías: Pilares de la Democracia Española
La Constitución de 1978 fue elaborada por una comisión parlamentaria tras las elecciones de 1977 y aprobada por referéndum el 6 de diciembre de 1978. Establece que España es un Estado social, democrático y de derecho, con una monarquía parlamentaria en la que el rey es jefe del Estado y símbolo de la unidad nacional.
Reconoce derechos individuales como la libertad y la igualdad, y derechos sociales como la educación y el trabajo. Establece la separación de poderes: el legislativo recae en las Cortes (Congreso y Senado), el ejecutivo en el presidente del Gobierno y su Consejo de Ministros, y el judicial en jueces independientes. Se crean instituciones como el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional.
La Constitución permite la descentralización territorial mediante el Estado de las Autonomías. Las comunidades históricas como Cataluña, País Vasco y Galicia accedieron a la autonomía por la vía rápida del artículo 151. Otras regiones lo hicieron por la vía lenta del artículo 143. Entre 1981 y 1983 se formaron las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas actuales. Cada una tiene su gobierno y parlamento y gestiona competencias importantes como sanidad y educación. Esto convierte a España en uno de los países más descentralizados del mundo.