Consolidación del Régimen Franquista: Política Exterior y Estructura Interna (1939-1952)

Durante la Segunda Guerra Mundial, el régimen de Franco fue modificando su política exterior según la evolución del conflicto. Al inicio, Franco dejó a un lado la neutralidad y apoyó activamente a las potencias del Eje, lo que llevó a los falangistas a intentar instaurar un Estado fascista con un partido único dominante. Esta postura fue liderada por Ramón Serrano Suñer, ministro de Asuntos Exteriores y cuñado de Franco. Sin embargo, a partir de 1942-1943, cuando los Aliados comenzaron a ganar terreno, Franco decidió distanciarse de la influencia nazi. Para ello, destituyó a Serrano Suñer, quien era visto como un firme defensor de la política germanófila y causaba tensiones con otros sectores del régimen, como los monárquicos y militares. Además, Franco volvió a declarar la neutralidad, eliminó elementos abiertamente fascistas, como los saludos brazo en alto, e impulsó la promulgación de Leyes Fundamentales que daban una apariencia de institucionalidad a la dictadura.

Las Leyes Fundamentales: Pilar de la Dictadura Franquista

Para consolidar su poder y dar una fachada de legalidad a la dictadura, Franco promulgó las Leyes Fundamentales, un conjunto de normas que definían la estructura del Estado. La primera de estas leyes fue el Fuero del Trabajo (1938), que regulaba las relaciones laborales en clave corporativista. En 1942, se aprobó la Ley Constitutiva de las Cortes, que establecía un supuesto sistema parlamentario. Sin embargo, este parlamento no era democrático: estaba compuesto por procuradores designados por el gobierno, y no por diputados elegidos libremente. La función de las Cortes era meramente consultiva y subordinada al Caudillo, quien conservaba todos los poderes. Otra ley clave fue el Fuero de los Españoles, una declaración de derechos limitada y condicionada por la ideología del régimen. La Ley de Referéndum Nacional permitía una simulación de participación política mediante plebiscitos controlados. Por su parte, la Ley de Sucesión (1947) establecía que España era un reino, cuyo líder, el Caudillo, tenía el poder de designar a su sucesor. Además, la Ley de Unidad Sindical organizaba los sindicatos en un sistema vertical controlado por el Estado, inspirado en el modelo corporativo italiano.

Estructura Territorial y Represión Franquista

En el ámbito territorial, el Estado se estructuró de forma centralista. Se abolieron los estatutos de autonomía republicanos y se marginaron las lenguas y culturas regionales, especialmente en Cataluña, País Vasco y Galicia. El poder se ejercía a través de gobernadores civiles y militares, que eran además jefes provinciales del Movimiento Nacional. El régimen franquista mantuvo un aparato represivo extremadamente severo, que operó con particular dureza hasta 1948. Durante este periodo, se mantuvo el estado de guerra, se mantuvieron abiertos campos de concentración y batallones de trabajo forzado, y las prisiones se llenaron de presos políticos. Además, se extendió la redención de penas por trabajo, un sistema que permitía a los prisioneros reducir su condena mediante trabajos forzados. La represión se sustentaba en un nuevo marco legislativo que perseguía a opositores y disidentes. Entre estas leyes destacan la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo (1940), la Ley de Rebelión Militar (1943) y la Ley de Represión del Bandidaje y Terrorismo (1947). Estas normativas permitían procesar y condenar a cualquier persona sospechosa de actividades contrarias al régimen. En cuanto a los cuerpos policiales, se creó una estructura militarizada compuesta por la Guardia Civil, el Cuerpo General de Policía y la Brigada Político-Social, esta última asesorada por la policía nazi y especializada en perseguir a opositores políticos. La tortura y las ejecuciones fueron prácticas habituales para reprimir cualquier disidencia hasta 1952, cuando se paralizaron las ejecuciones por pena de muerte, aunque se retomaron en 1963 de forma más restringida.

Aislamiento Internacional del Franquismo Post-Guerra Mundial

Finalizada la Segunda Guerra Mundial, el régimen franquista sufrió un fuerte aislamiento internacional. Las potencias democráticas, lideradas por Estados Unidos y el Reino Unido, condenaron a Franco por haber colaborado con las potencias fascistas derrotadas. En 1946, las Naciones Unidas recomendaron la retirada de los embajadores de Madrid, lo que dejó a España aislada diplomáticamente. Además, Francia cerró su frontera con España, aumentando el aislamiento económico y político del país. España quedó excluida del Plan Marshall, un programa de ayuda económica estadounidense destinado a la reconstrucción de Europa, y no fue admitida en la OTAN, la nueva alianza militar occidental fundada en 1949. A pesar de este contexto adverso, Franco y sus seguidores aprovecharon la situación para presentar la condena internacional como una maniobra extranjera para desacreditar a España y reafirmar su control interno.

Los Años del Hambre: Crisis Económica y Autarquía en la España Franquista (1940s)

En la década de 1940, España vivió una profunda crisis económica que se prolongó durante varios años. El Producto Interior Bruto (PIB) por habitante no logró recuperar los niveles de 1929 hasta mediados de los años 50, y el consumo privado por persona de 1931 no se alcanzó hasta 1957. Esto significa que la población vivió en condiciones de pobreza y escasez durante más de una década. En lugar de seguir la dinámica de reconstrucción europea tras la Segunda Guerra Mundial, España optó por un modelo económico aislado conocido como autarquía, lo que agravó aún más la crisis.

La Política Autárquica y sus Consecuencias

Tras la Guerra Civil, el régimen franquista decidió implantar un modelo económico autárquico. La autarquía consiste en tratar de ser autosuficiente económicamente, evitando las importaciones y limitando al máximo las relaciones comerciales con otros países. Esta política buscaba asegurar la soberanía del país y evitar influencias extranjeras. Sin embargo, este sistema condujo a un estancamiento económico, ya que España no disponía de suficientes recursos para sostenerse sin importar materias primas esenciales. La autarquía se organizó en tres áreas principales:

• Comercio exterior: Se restringieron al máximo las importaciones, esperando que los productos se pudieran producir dentro del país. Esto generó una gran escasez de materias primas, maquinaria y productos básicos, lo que paralizó muchas industrias.
• Industria básica y estratégica: Se impulsaron industrias consideradas esenciales para el régimen, como la minería, la siderurgia y la energía. Para ello, se creó en 1941 el Instituto Nacional de Industria (INI), que fundó empresas estatales en sectores estratégicos. Algunas de las más destacadas fueron Iberia (aviación), Renfe (ferrocarriles), Endesa (energía), Enher (energía hidroeléctrica) y Telefónica (telecomunicaciones).
• Producción agrícola: El Estado controlaba la producción, distribución y precios de productos básicos como cereales, aceite y legumbres. Debido a la escasez de alimentos, se implantaron cartillas de racionamiento (1939-1952), un sistema que permitía a las familias acceder a ciertos productos en cantidades limitadas.

El Estraperlo y la Desigualdad Social

La autarquía no logró abastecer adecuadamente a la población. La falta de recursos y la ineficacia del control estatal provocaron la aparición del estraperlo, un mercado negro donde los productos escasos se vendían a precios muy altos. En el ámbito agrícola, los campesinos debían vender sus cosechas al Estado a precios fijados, generalmente muy bajos. Ante esto, muchos agricultores escondían parte de su producción para venderla en el mercado negro a precios más altos. Así, mientras el mercado oficial estaba desabastecido, los productos circulaban clandestinamente, pero a precios inalcanzables para la mayoría. En el ámbito industrial, el acceso a materias primas estaba controlado por el Estado mediante cupos. Las empresas que tenían buenas relaciones con el régimen podían conseguir más cupos, lo que generaba corrupción y favorecía a quienes apoyaban al franquismo. De esta manera, la autarquía no solo no solucionó la crisis económica, sino que fomentó la corrupción y la desigualdad. La mayoría de la población vivió en condiciones de extrema pobreza durante los años 40. Los salarios apenas aumentaron, pero los precios de los productos básicos se dispararon, incrementándose en más del 700% respecto a los años previos a la guerra. Esta situación dejó a muchas familias sin acceso a alimentos básicos, lo que agravó la desnutrición y provocó el resurgimiento de enfermedades como la tuberculosis o la sarna. En las ciudades, el panorama no era mejor. Ante la falta de vivienda digna, muchas personas se vieron obligadas a vivir en chabolas, cuevas o en casas realquiladas, especialmente en grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao. Mientras tanto, los grandes propietarios y empresarios que colaboraban con el régimen se enriquecían a través del estraperlo y el mercado negro, lo que acentuaba aún más la desigualdad social.

Reformismo Franquista: Modernización Económica sin Apertura Democrática (1960s)

En 1964, cuando se cumplían 25 años del fin de la Guerra Civil, el régimen de Franco lanzó una gran campaña de propaganda llamada “25 años de paz”. El objetivo era presentar a Franco y al régimen como símbolos de paz y progreso, aunque seguían destacando la victoria en la guerra. Durante la década de 1960, los gobiernos influenciados por Carrero Blanco comenzaron a incluir a tecnócratas, personas más enfocadas en la economía que en la ideología franquista. Estos gobiernos se centraron en impulsar el desarrollo económico y en modernizar la administración del Estado. Sin embargo, estas reformas también tenían un propósito político: mejorar la imagen del régimen ante Europa (especialmente ante la CEE) y adaptarse a los cambios sociales y económicos. Pero estas reformas no implicaban un cambio hacia la democracia; se mantenían las restricciones a las libertades y la represión.

Represión y Control Social en el Franquismo Tardío

La estrategia del régimen era mantener el control autoritario mientras se ofrecía prosperidad económica, esperando que la gente aceptara la falta de libertades a cambio de bienestar económico. A pesar del aparente aperturismo, el franquismo siguió reprimiendo duramente a los opositores. En 1963 se creó el Tribunal de Orden Público (TOP), que era un tribunal civil encargado de juzgar delitos políticos y de oposición al régimen. Entre 1963 y 1977, más de 50.000 personas pasaron por este tribunal. A pesar de la creación del TOP, los consejos de guerra (tribunales militares) continuaron, especialmente para delitos graves. Entre 1969 y 1975, 1.817 civiles fueron juzgados por tribunales militares, algunos condenados a muerte. Durante estos años, se ejecutó a opositores políticos como Julián Grimau (1963) y, entre 1974 y 1975, se llevaron a cabo otras ejecuciones que provocaron protestas, incluso en el extranjero. Para frenar la oposición, el gobierno recurría al estado de excepción, suspendiendo derechos y libertades en momentos de crisis social (1967, 1969, 1970). En 1966, el ministro Manuel Fraga aprobó la Ley de Prensa, que eliminaba la censura previa, pero seguía castigando a los autores y editores por contenidos contrarios al régimen. Ese mismo año, el ministro José Solís Ruiz impulsó una reforma sindical para dar una apariencia de representatividad a los trabajadores, pero seguían bajo el control del régimen.

Leyes y Reformas Clave del Franquismo Tardío

En 1967 se aprobaron nuevas leyes:

• Ley de Libertad Religiosa, que permitía otras religiones, pero el catolicismo seguía siendo la religión oficial.
• Ley de Elección de Procuradores Familiares, permitiendo a los jefes de familia y mujeres casadas votar por algunos representantes en las Cortes.

En 1967 se aprobó la Ley Orgánica del Estado, que reformaba el régimen:

• Separaba el cargo de jefe del Estado (Franco) del de presidente del gobierno.
• Aseguraba la continuidad monárquica del régimen.
• Reafirmaba las leyes fundamentales del franquismo.

En 1969, Franco designó a Juan Carlos de Borbón como su sucesor, consolidando la continuidad del franquismo bajo una monarquía. Esta designación fue vista como el paso final en el proceso de institucionalización del régimen. Las reformas causaron tensiones entre las distintas facciones del régimen:

• Solís Ruiz quería fortalecer las organizaciones del Movimiento.
• Fraga proponía una apertura limitada para dar una imagen más moderna.
• Carrero Blanco defendía mantener el control, pero enfocado en la monarquía y la economía.

En 1969, estalló el escándalo Matesa, un caso de corrupción relacionado con una empresa textil vinculada al Opus Dei. Este escándalo causó una crisis en el gobierno y Fraga y Solís Ruiz fueron apartados, dejando el control a Carrero Blanco y a los sectores más conservadores del régimen.

El Despliegue de la Democracia en España: Desafíos y Consolidación (1979-1982)

En marzo de 1979, tras finalizar la legislatura constituyente, se convocaron nuevas elecciones generales en España. Los resultados fueron similares a los de 1977, pero se registró un aumento en la abstención y en las candidaturas territoriales. La UCD (Unión de Centro Democrático) de Adolfo Suárez ganó con 168 diputados, seguida del PSOE con 121 y del PCE con 23. Aparecieron nuevas coaliciones, como Convergència i Unió (CiU), que consiguió 8 diputados, y el PNV con 7, además del Partido Andalucista con 5. Por otro lado, la nueva Coalición Democrática, formada principalmente por miembros de la antigua Alianza Popular (AP), se quedó con 9 escaños, perdiendo representación.

Desafíos del Gobierno de Adolfo Suárez (1979-1981)

El nuevo gobierno de Suárez tenía varios desafíos:

1. Convocar elecciones municipales, que resultaron ser un revés para el gobierno. Gracias a un pacto entre el PSOE, el PCE y otras fuerzas de izquierda, la izquierda logró las alcaldías de 27 capitales de provincia, incluyendo Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Málaga. Mientras tanto, la UCD ganó en 20 capitales, principalmente en Castilla, Extremadura y Galicia.
2. Gestionar el proceso autonómico, que generó grandes tensiones. En Cataluña y el País Vasco, la UCD obtuvo malos resultados, con apenas un 10,55% y 8,52% de los votos, respectivamente. En Galicia (1981), logró un 27,8%, pero quedó lejos de ser dominante.
3. Manejar la crisis económica, que empeoró durante este período.
4. Hacer frente a la escalada de violencia de ETA y a los intentos involucionistas por parte de sectores militares.

En mayo de 1980, el PSOE presentó una moción de censura contra Suárez, pero este la superó por un margen muy ajustado. Sin embargo, las presiones internas y externas sobre Suárez aumentaron. En enero de 1981, Suárez dimitió como presidente del gobierno y de la UCD, debilitado por la falta de apoyo de su propio partido, los militares y los empresarios.

Crisis Económica y Concertación Social

Entre 1979 y 1982, la crisis económica se agravó. Un nuevo aumento del precio del petróleo llevó al cierre de muchas empresas, elevando el desempleo al 15-20% en los primeros años de la década de 1980. Además, la inflación se disparó, pasando del 17,6% en 1977 al 24,8% en 1987. Para intentar controlar esta situación, el gobierno impulsó una política de concertación social, es decir, un acuerdo entre el gobierno, la patronal y los sindicatos. La patronal estaba representada por la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales), creada en 1977, mientras que los sindicatos mayoritarios eran CC.OO. y UGT, junto a la USO (Unión Sindical Obrera), de origen cristiano. Los acuerdos incluían:

• Moderación salarial, es decir, los salarios no podían subir más allá de la inflación prevista.
• Mejora de las coberturas sociales, como desempleo y pensiones, para reducir la conflictividad laboral.
• Aprobación del Estatuto de los Trabajadores en 1980, una ley que regulaba los derechos y deberes de los trabajadores y empresarios.

Esta política consiguió reducir los conflictos laborales, pero no solucionó del todo la crisis económica.

Intentos Involucionistas y el Golpe de Estado del 23-F

En 1978, se descubrió un intento de golpe de Estado conocido como Operación Galaxia. Fue un complot militar que se planeó en una cafetería de Madrid, pero fue desarticulado antes de llevarse a cabo. Sin embargo, fue un indicador de las tensiones involucionistas dentro del ejército. El 23 de febrero de 1981 (23-F), durante la votación para investir a Leopoldo Calvo Sotelo como nuevo presidente tras la dimisión de Suárez, se produjo el intento de golpe más grave.

• Antonio Tejero, teniente coronel de la Guardia Civil, irrumpió armado en el Congreso de los Diputados junto a un grupo de guardias civiles, tomando a los diputados como rehenes.
• Al mismo tiempo, el general Milans del Bosch sacó los tanques a las calles de Valencia, intentando imponer un estado de excepción militar.
• El general Armada, otro de los conspiradores, intentó negociar un gobierno militar de unidad.

El objetivo del golpe era interrumpir el proceso democrático y devolver al ejército el control del gobierno. Sin embargo, el rey Juan Carlos I apareció en televisión en la madrugada del 24 de febrero, condenando el golpe y apoyando la Constitución y la democracia. Esto fue decisivo para desactivar la sublevación, que generó un fuerte rechazo social y político.

Gobierno de Calvo Sotelo y el Declive de la UCD

Tras el 23-F, Leopoldo Calvo Sotelo asumió la presidencia del gobierno, pero no logró consolidar su liderazgo. El partido estaba profundamente dividido y la oposición al gobierno aumentó. En 1982, Calvo Sotelo solicitó el ingreso de España en la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), una medida que generó gran controversia y oposición, especialmente por parte del PSOE y otros grupos de izquierda. En ese mismo año, se aprobó la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA), un acuerdo entre el gobierno y el PSOE para limitar las competencias de las autonomías. Esta medida fue vista como un intento de recentralización del poder. La UCD siguió fragmentándose, y en 1982, Adolfo Suárez abandonó el partido para fundar el Centro Democrático y Social (CDS). Ante esta crisis, Calvo Sotelo disolvió las Cortes y convocó nuevas elecciones, en las que la UCD sería prácticamente desaparecida del panorama político. Sin embargo, estas reformas también tenían un propósito político: mejorar la imagen del régimen ante Europa (especialmente ante la CEE) y adaptarse a los cambios sociales y económicos. Pero estas reformas no implicaban un cambio hacia la democracia; se mantenían las restricciones a las libertades y la represión.

La Constitución Española de 1978: Pilar de la Democracia

1. El texto hace referencia a la aprobación de la Constitución Española, el 6 de diciembre de 1978, hecho que marcó el inicio del sistema democrático en España tras la dictadura franquista.
2. La Constitución de 1978 define a España como un Estado social y democrático de Derecho que garantiza la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Establece que la soberanía reside en el pueblo y que el sistema político es una monarquía parlamentaria. También reconoce el derecho a la autonomía de las regiones y la independencia del poder judicial, además de respetar ciertos derechos históricos de los territorios forales. Asimismo, deroga leyes anteriores relacionadas con el régimen foral vasco y navarro.
3. La Constitución fue fundamental para la transición a la democracia, ya que puso fin al régimen franquista y estableció un sistema basado en la soberanía popular, la división de poderes y los derechos fundamentales. También permitió la creación de comunidades autónomas, favoreciendo la cohesión territorial y la integración de identidades regionales. Además, facilitó la entrada en la Comunidad Europea al consolidar un sistema democrático y contribuyó a la estabilidad política e institucional que se mantiene hasta hoy.