El Reinado de Carlos IV y la Guerra de la Independencia (1788-1814)
El reinado de Carlos IV (1788-1808) estuvo marcado por la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas, que resultaron en la ocupación de la Península Ibérica durante la Guerra de la Independencia (1808-1814). Durante este período, se dieron avances hacia el liberalismo gracias a la legislación bonapartista y a las Cortes de Cádiz, aunque con el regreso de Fernando VII al trono en 1814, volvió el absolutismo.
La Relación entre Francia y España
Durante el siglo XVIII, España y Francia estaban unidas políticamente por los Pactos de Familia. Sin embargo, con la Revolución Francesa, la España de Carlos IV se unió a una coalición contra Francia, iniciando la Guerra de la Convención (1792-1795). La ocupación francesa del norte de España y la amenaza común de Inglaterra llevaron a la Paz de Basilea en 1795 y al Tratado de San Ildefonso en 1796, estableciendo un acercamiento hispano-francés. Así, esta alianza se enfrentaría a Inglaterra, pero sería derrotada en las batallas navales de Cabo de San Vicente en 1797 y de Trafalgar en 1805. Estas derrotas llevaron a Napoleón a idear un sistema continental para asfixiar económicamente a Inglaterra al bloquear su comercio con el continente europeo, doblegando a Portugal para lograrlo. Manuel Godoy firmó el Tratado de Fontainebleau en octubre de 1807, que permitía el paso de las tropas francesas hacia Portugal. Sin embargo, esta situación se tornó en el intento de Napoleón de dominar España, provocando la Guerra de la Independencia.
Acontecimientos Internos: Crisis Económica y Política
Durante el reinado de Carlos IV, España sufrió una grave crisis económica debido a un sistema agrícola frágil, una administración incapaz de controlar el déficit crónico y los gastos de guerra con Inglaterra. La corrupción, la falta de control administrativo y la exención de impuestos a la nobleza y al clero contribuyeron a la crisis. Así, la creación continua de deuda pública y las malas cosechas aumentaron el malestar social por la escasez de cereales y la subida de precios.
En el plano político, el ascenso de Manuel Godoy generó descontento entre la nobleza tradicional, que veía en él al culpable de la influencia francesa en España. La confianza de Godoy con la reina María Luisa aumentó las suspicacias del príncipe Fernando. Tras la firma del Tratado de Fontainebleau, las tropas francesas entraron en España en mayor número del previsto y en marzo de 1808 se produjo el Motín de Aranjuez, impulsado por la nobleza y el príncipe Fernando, lo que forzó a Carlos IV a abdicar en su hijo, ahora Fernando VII, siendo Godoy encarcelado. Napoleón intervino en el conflicto dinástico, obligando a Carlos IV y a Fernando VII a trasladarse a Bayona. Allí, en mayo de 1808, se produjeron las Abdicaciones de Bayona, donde Napoleón convenció a ambos Borbones a cederle la corona de España, que entregó a su hermano José I.
La Restauración Borbónica: El Sistema Canovista y sus Desafíos (1874-1902)
Tras el Sexenio Democrático (1868-1874), se restauró la monarquía borbónica con Alfonso XII (1874-1885). Se implantó un sistema político parlamentario que se prolongó desde la regencia de María Cristina (1885-1902) hasta el reinado de su hijo Alfonso XIII, basado en la alternancia entre el Partido Conservador y el Partido Liberal, con fuerzas excluidas. Los años de la Restauración coinciden con el Imperialismo europeo, etapa con la que comenzaría el expansionismo y el crecimiento del movimiento obrero.
Bases del Sistema Canovista
La inestabilidad de la Primera República fue aprovechada por Cánovas para redactar el Manifiesto de Sandhurst, firmado por el futuro Alfonso XII, presentándose como legítimo heredero. Sin embargo, el general Martínez Campos perpetró el Pronunciamiento de Sagunto, proclamándole rey con 17 años. Cánovas creó un nuevo sistema político con el objetivo de consolidar la monarquía independientemente de crisis o cambios de gobierno. Este sistema se basó en la Constitución de 1876 y el turnismo político.
La Constitución de 1876
La Constitución de 1876 fortaleció la figura del Rey a través de una monarquía constitucional, basándose en una soberanía compartida entre las Cortes y el rey. Contaba con un sistema de representación bicameral: el Congreso de los Diputados, elegido por sufragio censitario hasta 1890 (pasando a ser por sufragio universal masculino), y el Senado, con senadores no electos. Existía una colaboración de poderes; el legislativo quedaba en manos de las Cortes y el monarca, el ejecutivo controlado por el rey y el judicial por los tribunales. Se estableció la religión católica como la oficial, aunque se permitían cultos privados de otras religiones. La Corona intervenía en la administración territorial nombrando alcaldes y gobernadores civiles.
El Turnismo Político
Con el fin de asegurar la continuidad de la monarquía, Cánovas estableció un sistema bipartidista basado en la existencia de dos partidos: el Conservador, liderado por Cánovas, y el Liberal, encabezado por Sagasta. De este modo, ideó el turnismo, un mecanismo por el que ambos partidos se alternaban en el poder cada 2 o 3 años. Esto encubría un falseamiento de las elecciones conocido por la Corona. Para ejecutar este bipartidismo era imprescindible la participación del rey, además de un entramado de clientelismo político que se denominó caciquismo (efectivo en el mundo rural y muy dependiente de las élites locales), incitando el voto hacia conservadores o liberales. El rey nombraba presidente de gobierno a Cánovas o Sagasta, procediendo a convocar elecciones. Los gobernadores civiles contactaban con los caciques para proceder al “encasillado” y la distribución anticipada del número de diputados que le correspondían a cada partido en cada localidad. Tras esto, se procedía a mediatizar las votaciones mediante el pucherazo.
Los Gobiernos de Alfonso XII (1874-1885)
Los primeros gobiernos, encabezados por Cánovas, se encaminaron a reinstaurar el orden, suprimiendo la libertad de prensa y de asociación y restableciendo el sufragio censitario. Hubo una aproximación a la Iglesia, mientras que los ayuntamientos y diputaciones quedaron en manos de personas de su confianza. Cánovas abordó dos conflictos:
- La Tercera Guerra Carlista (1872-1876): Afrontó el carlismo negociando con el líder Ramón Cabrera, quien reconoció como legítimo soberano a Alfonso XII en 1876.
- La Guerra de los Diez Años (1868-1878) en Cuba: En 1876 hubo importantes éxitos militares ante los rebeldes cubanos. Se firmó la Paz de Zanjón en 1878, concluyendo la guerra hasta 1895.
Los gobiernos del Partido Liberal de Sagasta supusieron una apertura del régimen, con una ley de imprenta menos restrictiva. Destacó el restablecimiento en sus cátedras de represaliados como Castelar, Salmerón o Giner de los Ríos; este último fundó la Institución Libre de Enseñanza.
Los Gobiernos de la Regencia de María Cristina (1885-1902)
La muerte de Alfonso XII propició la regencia de su segunda esposa, María Cristina de Habsburgo, embarazada del futuro Alfonso XIII. Había una gran desconfianza en su capacidad, que aumentó debido a la Constitución de 1876, que confería amplios poderes a la Corona. Por ello, Cánovas y Sagasta acordaron normalizar el turnismo en el Pacto del Pardo (1885), renovando el sistema canovista. La regente aprobó la Ley de Asociaciones, medida impulsada por Sagasta, por la que asociaciones obreras pusieron fin a su clandestinidad, y la Ley Electoral, que estableció el sufragio universal masculino. La principal medida de Cánovas fue la Ley de Aranceles; este fue asesinado en 1897 por un anarquista. La atención en España desde 1895 se vio acaparada por la guerra en Cuba, frente al levantamiento nacionalista, con la posterior intervención de los Estados Unidos en el conflicto frente a España, produciéndose la Crisis de 1898.
La Oposición al Sistema Canovista: Movimientos Políticos y Sociales
El Catalanismo
Valentí Almirall fue clave en el nacimiento del catalanismo como fuerza política propia. Escribió el primer documento político del catalanismo, el Memorial de Greuges (Memorial de Agravios), dirigido a Alfonso XII, que solicitaba mayor autonomía para Cataluña y reclamaba medidas de proteccionismo comercial. Enric Prat de la Riba fundó la Unión Catalanista, organización católica y muy conservadora que caló en la burguesía catalana. Suscribió las Bases de Manresa, documento que reclamaba una solución federal para Cataluña dentro de España. Francesc Cambó y Prat de la Riba fundaron la Liga Regionalista, partido político catalanista que defendía la autonomía para Cataluña y una política proteccionista.
El Nacionalismo Vasco
La abolición de los fueros vascos y una concepción tradicional frente a las dinámicas del liberalismo fueron canalizadas por Sabino Arana. La base social del nacionalismo vasco se originó en el tradicionalismo rural, crítico con la industrialización, entendida como una quiebra de la sociedad vasca. La “raza vasca” y un sentimiento católico fueron proyectados por Arana, quien fundó el Partido Nacionalista Vasco en 1895.
El Movimiento Anarquista
El anarquismo español fue notable en Cataluña, Aragón, Levante y Andalucía, especialmente entre campesinos jornaleros. Se fue produciendo una división entre la acción sindical y pacífica y la acción terrorista, que llevó a cabo diferentes atentados, sobresaliendo el asesinato de Cánovas en 1897. El movimiento anarcosindicalista encontró una vía sindical en la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), fundada en 1910.
El Socialismo
Las tesis marxistas encontraron un mayor seguimiento en obreros industriales de Madrid, Bilbao, Cantabria y Asturias. Pablo Iglesias fundó el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), nacido en 1879 y legalizado tras la Ley de Asociaciones de Sagasta. Junto al principal objetivo revolucionario, defendió la participación política de la clase trabajadora, por lo que concurrió a las elecciones. En 1910, el PSOE obtuvo su primer diputado, y en 1888 nació el sindicato socialista Unión General de Trabajadores (UGT), defendiendo las reivindicaciones obreras a través de la huelga.
Transformaciones Demográficas, Urbanas y Sociales en la España del Siglo XIX
En el siglo XIX, se produjeron cambios demográficos que aumentaron la población, aun cuando el régimen demográfico antiguo estaba vigente. Aumentó sobre todo la población urbana, lo que llevó a un crecimiento de las ciudades y transformaciones de los espacios urbanos. También se dio el paso de una sociedad estamental a una sociedad de clases.
Evolución Demográfica
En 1800, la población era de 11,5 millones de habitantes, aumentando a 18,6 millones en 1900. Esto responde a un régimen demográfico antiguo, caracterizado por las altas tasas de natalidad y mortalidad y un crecimiento natural moderado. La natalidad era alta, ya que se tenían hijos como mano de obra (era una sociedad agraria), como método para asegurar el futuro de los padres, debido a la elevada mortalidad infantil y la inexistencia de métodos anticonceptivos eficaces.
La mortalidad también era alta debido a las limitaciones médicas y sanitarias, a una alimentación escasa y pobre en proteínas que aumentaba el riesgo de generar enfermedades infecciosas, a las malas condiciones higiénicas, a las muertes tanto infantiles (en el primer año de vida) como de las madres en los partos, o a la mortalidad catastrófica que se dio debido a las epidemias, las guerras y las hambrunas por las malas cosechas.
Movimientos Migratorios
Iniciados en el siglo XIX y acentuados en el siglo XX, los movimientos migratorios fueron un factor determinante de la demografía. Existieron:
- Movimientos interiores: Protagonizados por el éxodo rural en la segunda mitad de siglo, se produjeron desde Galicia, el interior peninsular y Andalucía hacia Barcelona, Gipuzkoa o Vizcaya.
- Movimientos exteriores: Se produjeron en el último cuarto del siglo XIX y aumentaron en el siglo XX con la explosión de la migración exterior española. Los campesinos del sureste del Mediterráneo emigraron a Argelia; en cambio, los gallegos, asturianos o canarios buscaron actividades agrarias en Argentina, Cuba y Brasil.
El Desarrollo Urbano
La población del siglo XIX era mayoritariamente rural. En el último tercio del siglo, aumentó el proceso de urbanización, favorecido por el impulso de las capitales de provincia (por la división provincial realizada por Javier de Burgos en 1833) y el desarrollo industrial, que conllevó un éxodo rural, atrayendo así trabajadores del servicio doméstico.
En Madrid y Barcelona, las ciudades contaban con más de medio millón de habitantes, y en Valencia, Sevilla, Málaga y Murcia, con más de 100.000. El crecimiento de las ciudades se dio por los procesos de transformaciones urbanas: las estaciones de ferrocarril se instalaron en el paisaje urbano y las pequeñas estructuras pasaron a ser proyectos de expansión, surgiendo nuevos espacios urbanos nombrados como ensanches.
Los ensanches urbanos respondían a la realidad social burguesa: eran espacios planificados, planos regulares, calles rectilíneas y anchas, viviendas privadas con espacios de actividad económica y dotados de servicios públicos. Los más relevantes fueron los de Barcelona (Ildefonso Cerdá en 1859) y Madrid (Carlos María de Castro en 1860).
Los barrios obreros respondieron a las necesidades de las clases trabajadoras, que aumentaron por el éxodo rural, surgiendo barrios marginales en la periferia, ya que no había dinero para vivir en el centro. Estos barrios destacaban por las viviendas de baja altura, la alta densidad de ocupación, los planos desorganizados y carentes de infraestructuras y servicios.
De la Sociedad Estamental a la Sociedad de Clases
En el Antiguo Régimen, la sociedad era estamental, cuyos privilegiados eran la nobleza y el clero. Aunque en el siglo XIX la estructura social siguió siendo desigual, se dieron políticas liberales y transformaciones económicas, lo que convirtió la sociedad estamental en una sociedad de clases, basada en la riqueza e igualdad jurídica.
La sociedad se dividió en tres clases:
- Clases superiores: La nobleza mantuvo privilegios territoriales, ampliándolos con la adquisición de tierras desamortizadas. También solían vivir en ciudades, ya que tenían riqueza debido a los beneficios de las rentas de la tierra. El clero se modificó con el liberalismo y, debido a las desamortizaciones, perdió muchos bienes; la jerarquía eclesiástica se oponía a las dinámicas liberales y a la separación entre la Iglesia y el Estado. Por último, la alta burguesía, muy heterogénea, se dividía en la burguesía terrateniente (que accedía a la tierra con desamortizaciones y cuyo estilo de vida era similar al de la nobleza) y la burguesía industrial o comercial (que era capitalista y partidaria de políticas proteccionistas).
- Clases medias: Eran la burguesía de menor alcance, profesionales cuyo trabajo conllevaba un desempeño intelectual, o pequeños y medianos propietarios rurales.
- Clases populares: Era el sector más numeroso, mayoritariamente formado por jornaleros o proletariado rural, que tenían unas difíciles condiciones de vida y predominaban en los latifundios del sur. Dentro de estas, aparece un proletariado urbano, que incluía el servicio doméstico (mayoritariamente femenino) y trabajadores de talleres o las primeras fábricas.
Economía y Desarrollo en la España del Siglo XIX: Desamortizaciones, Industrialización y Comunicaciones
Durante el reinado de Isabel II (1833-1868), el Estado impulsó procesos desamortizadores encaminados a recaudar fondos públicos. También a lo largo del siglo XIX, se dio una tímida evolución desde la estructura económica del Antiguo Régimen hacia una economía industrial, más tardía y lenta que en otros puntos de Europa. El principal sector productivo continuó siendo el agrario.
Las Desamortizaciones
La distribución y situación jurídica de las propiedades agrícolas se convirtió en el mayor problema de la economía española durante la Edad Moderna. La gran mayoría del espacio agrario estaba constituido por manos muertas, propiedades que no se podían vender o dividir al estar bajo el régimen de señorío o mayorazgo (tierras de clero o nobleza) o por tratarse de tierras que estaban en manos de los ayuntamientos: los bienes propios y comunales.
El Liberalismo y los Primeros Debates Desamortizadores
Durante la regencia de María Cristina (1833-1840), tuvo lugar el pronunciamiento progresista de 1836 que permitió el nombramiento como ministro de Hacienda de Juan Álvarez Mendizábal. Fue entonces cuando se iniciaron los debates desamortizadores sobre bienes eclesiásticos, cuyas principales líneas de pensamiento fueron desarrolladas por Flórez Estrada y por el propio Mendizábal. Flórez Estrada proponía la desamortización para iniciar una reforma agraria con el objetivo de conseguir un reparto más equitativo de la tierra y, de esta forma, aumentar su producción y productividad. La falta de recursos estatales, los gastos de la Guerra Carlista y la oposición de la burguesía y la nobleza favorecieron que se desechara el planteamiento de Flórez Estrada y se acogiera el de Mendizábal.
La Desamortización Eclesiástica de Mendizábal
Por el decreto de desamortización, se pusieron en venta los bienes pertenecientes al clero regular para pagar la deuda pública. Los grandes beneficiados fueron la burguesía y la nobleza, que eran los únicos con capacidad económica para adquirir los bienes desamortizados y, además, porque podían realizar el pago mediante títulos de la deuda, con lo cual solo tenían que aportar el 20% del valor efectivo.
La Desamortización Civil de Madoz
Desde el Bienio Progresista (1854-1856), el ministro de Hacienda Pascual Madoz acometió la denominada desamortización civil, que afectó principalmente a bienes municipales. Fue más importante en términos de recaudación estatal y tenía como objetivos disminuir la deuda pública y financiar el Plan de Ferrocarriles de 1855.
Consecuencias de las Desamortizaciones
Las desamortizaciones, si bien consiguieron reducir la deuda pública, no pudieron eliminarla. El Estado realizó la venta de una gran masa patrimonial de forma conjunta y muy precipitada; el hecho es que se habría recaudado más si las subastas se hubieran hecho más progresivamente. Lejos de solucionar la desigual distribución de la propiedad de la tierra, la acentuaron, y la situación de los campesinos empeoró con los nuevos contratos de arrendamiento, aumentando la conflictividad social que favoreció el desarrollo del anarquismo en zonas rurales. Por último, las desamortizaciones supusieron la entrada de una gran cantidad de tierras en el ámbito tributario y afianzaron el régimen liberal al vincular a la burguesía y a la nobleza a su causa.
La España Rural del Siglo XIX: La Inexistente Revolución Agrícola
La industrialización en España fue más tardía y superficial que en otros países europeos, ya que España careció de una revolución agrícola, condición previa a la revolución industrial. La agricultura española se caracterizaba por bajos niveles de producción y productividad, lo que impidió la generación de excedentes agrícolas necesarios para aumentar la población rural. La falta de crecimiento agrícola dificultó el aumento demográfico y el éxodo rural hacia las ciudades. Además, el sector agrario no contribuyó de manera efectiva al mercado de manufacturas ni al proceso de acumulación de capital que habría financiado la industrialización, lo que limitó el desarrollo económico e industrial del país.
El Desarrollo Industrial en España
En el fallido desarrollo industrial español, tuvieron protagonismo la industria textil catalana y la siderurgia vizcaína, que fueron la excepción al estancamiento industrial del país.
- Industria Textil Catalana: En Cataluña se dieron condiciones favorables para la industria textil: activo comercio con América, próspera agricultura, la introducción de la máquina de vapor y acumulación de capital. Esta industria tuvo gran dependencia energética exterior y consumía carbón, en su mayor parte, de Gran Bretaña. Su mercado quedó limitado a la demanda nacional, además de Cuba y Puerto Rico. Absorbió mano de obra de otras regiones españolas y contribuyó al desarrollo de la región.
- Siderurgia Vizcaína: Vizcaya se convirtió en la mayor región productora de hierro por su abundancia de yacimientos de hierro de gran calidad. Desde Bilbao se exportaba hierro a Gales y se importaba carbón galés, más rentable que el asturiano. Las compañías vizcaínas tuvieron fuerte participación de capital inglés. Destacan durante el siglo XX los Altos Hornos de Vizcaya (1902).
La Política Comercial: Proteccionismo y Librecambismo
La política comercial española fue más proteccionista que en el resto de Europa, aunque todos los países europeos, en mayor o menor medida, trataron de proteger sus industrias frente a la primacía industrial británica. Un sector más proteccionista estaba constituido por los cerealistas castellanos, la industria textil catalana y la siderurgia vasca. Por otro lado, el librecambismo encontró apoyos en empresas importadoras de combustible y en las compañías ferroviarias. Los sectores del liberalismo progresista fueron librecambistas. Sin embargo, el proteccionismo dominó el siglo XIX español con la Ley de Aranceles (1891), aprobada por Cánovas del Castillo.
El Desarrollo del Ferrocarril
Desde las primeras líneas ferroviarias (como la de Barcelona-Mataró en 1848), el trazado se aceleró con la Ley General de Ferrocarriles de 1855 y con los fondos obtenidos de la desamortización de Madoz. Esta ley concedía facilidades comerciales para la importación de material ferroviario y atrajo a grupos financieros extranjeros. Las empresas más importantes eran de capital francés. Tras la Tercera Guerra Carlista, el desarrollo del ferrocarril se vio favorecido por la minería, ya que impulsó la conexión de las zonas mineras con el resto del país. Adoptó un trazado radial con centro en Madrid, con mala comunicación entre las áreas periféricas de la geografía española. Su construcción fue compleja por la orografía del país y el ancho de la vía era mayor que en Europa. Otros avances importantes en España durante el siglo XIX fueron la navegación a vapor, el sistema de correos y el inicio de la telegrafía eléctrica.