La Constitución Republicana de 1931

La redacción de la Constitución fue la primera tarea que se impusieron los diputados. El 14 de julio, tras elegir presidente de la Cámara a Julián Besteiro, socialista moderado y catedrático de Filosofía, se iniciaron los trabajos.

En los debates, el punto más controvertido fue el de las relaciones de la Iglesia con el Estado, provocando la primera crisis de Gobierno. Inspirada en el modelo francés, la Constitución impuso la disolución de aquellas órdenes religiosas consideradas un peligro para la seguridad del Estado y el fin del presupuesto del clero, todo ello en el marco de la separación entre el poder civil y el eclesiástico. En protesta por estas disposiciones, diputados de la derecha abandonaron el Congreso, y Alcalá-Zamora y Maura dimitieron de sus cargos en el Gobierno. La Jefatura del Gabinete la ocupó el ministro de la Guerra, Manuel Azaña, el mejor símbolo del espíritu reformista de la Segunda República.

España pasó a ser un Estado democrático, laico, con la aprobación de la Constitución, el 9 de diciembre de 1931. Sus características principales incluían:

• Una única Cámara y un Gobierno responsable ante ella.
• Un Presidente de la República que, durante su mandato de 6 años, gozaba de la facultad de disolver la Cámara dos veces.
• Sufragio universal.
• Subordinación del derecho de propiedad al interés público, lo que justificó las posibles expropiaciones.

La Constitución definía un Estado central fuerte, capaz de aplicar las reformas democráticas necesarias; y con la promulgación de Estatutos de Autonomía, ofrecía un cauce para resolver los problemas regionales.

Al día siguiente de la aprobación del texto, Alcalá-Zamora fue elegido por el Congreso Presidente de la República y confirmó a Azaña al frente de la Jefatura del Gobierno.

Directorio Militar (1923-1925)

Entre septiembre de 1923 y diciembre de 1925, Primo de Rivera impulsó una política de «acabar con lo anterior». El Real Decreto del 15 de septiembre estableció un Directorio, presidido por él, que concentraba todo el poder gubernamental. Funcionaba como un ministro único, asesorado por generales y un contraalmirante, sometiendo las decisiones al Rey. Así, la Administración quedó en manos del Ejército.

El Directorio suspendió las garantías constitucionales, destituyó gobernadores civiles, disolvió las Cortes y «suspendió» la Constitución para debilitar los partidos políticos. Intervino ayuntamientos y diputaciones, y mediante el Decreto de Incompatibilidades, prohibió a exministros y altos funcionarios participar en consejos de empresas contratistas del Estado.

Se crearon dos estructuras regeneracionistas basadas en los municipios: los delegados gubernativos y el Estatuto Municipal (marzo de 1924).

Directorio Civil (1925-1930)

En diciembre de 1925 se formó el Directorio Civil, integrado por colaboradores como Martínez Anido, Calvo Sotelo y el Conde de Guadalhorce. El Gobierno mantuvo suspendida la Constitución y gobernó por decreto.

El éxito en la Campaña de Marruecos de 1925 aumentó la popularidad de Primo de Rivera, quien buscó perpetuarse en el poder. En 1927 creó la Asamblea Consultiva Nacional (400 miembros designados por el Gobierno) para redactar una Constitución de 1929, que negaba la soberanía nacional y reforzaba el poder del Rey. El proyecto fracasó al no integrar a la oposición.

La economía creció, favorecida por la coyuntura europea. El régimen impulsó la industrialización (intervencionismo estatal), modernización agrícola y comercio exterior, con grandes obras públicas (ferrocarriles, carreteras) y monopolios estatales (Iberia, Telefónica, CAMPSA). Sin embargo, el gasto excesivo generó déficit.

En lo social, se establecieron jurados mixtos (obreros y empresarios) para mejorar condiciones laborales y se construyeron viviendas sociales a bajo interés. También se intentó una reforma fiscal introduciendo el impuesto sobre la renta, con apoyo del PSOE y la UGT.