La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)
El 13 de septiembre de 1923, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, sacó sus tropas a la calle e hizo público un manifiesto declarando los motivos de la rebelión, en un tono regeneracionista y populista: los militares se veían obligados a salvar a España y al Rey, cuya voluntad estaba secuestrada. En el manifiesto no aportaba soluciones concretas a los problemas denunciados ni definía el nuevo régimen a establecer. A pesar de que solo otros dos capitanes generales le dieron un apoyo total, el Rey aceptó el carácter anticonstitucional del acto y le encargó la formación de un gobierno que dio inicio a la Dictadura, la cual se prolongaría hasta 1930. La mayoría de los sectores sociales y políticos, especialmente la burguesía industrial catalana, no se opuso al golpe, siendo rechazado solo por anarquistas y comunistas, que convocaron una fracasada huelga general. Aparte del objetivo esgrimido por el dictador, el golpe obedecía a la necesidad de los sectores más conservadores —estimulados por el éxito de Mussolini en Italia, que había subido al poder en 1922— de frenar la posible democratización del sistema político y el avance de las fuerzas de izquierda a partir de su debilidad. El golpe tenía como objetivo neutralizar las exigencias políticas, que afectarían al Rey y al Ejército, al estar prevista la discusión en las Cortes del llamado Informe Picasso sobre el Desastre de Annual.
Planteamientos Políticos e Ideológicos del Régimen
La dictadura se presentó como solución política provisional y excepcional. Primo de Rivera olvidó sus primeras intenciones, prolongando su poder personal para crear un nuevo Estado. El primer paso fue la creación de un Directorio Militar para gobernar el país y dejó en suspenso la Constitución, prohibió los partidos políticos y censuró la prensa; los alcaldes fueron nombrados por los gobiernos. Primo de Rivera, como presidente de este Directorio, concentraba en sus manos todos los poderes: dirigía el Estado como único responsable de la gobernación del país y asumía sin límites las funciones legislativas, dictando decretos-ley. Incluso tomó atribuciones judiciales, pues podía suspender las sentencias de los tribunales. Para restablecer el orden social, se abolieron las libertades y se intensificó la represión contra los sectores más radicales del movimiento obrero, empleando para ello una milicia especial de defensa, inspirada en el Somatén catalán. Se suprimió la Mancomunidad y se prohibió el uso público del catalán. El problema marroquí se resolvió gracias a la ofensiva conjunta hispano-francesa, con el desembarco en la bahía de Alhucemas, que permitió la rendición de Abd el-Krim y la ocupación del territorio rifeño (1927). La victoria en Marruecos hizo que construyera un nuevo Estado, con paralelismo al Estado corporativo italiano de Mussolini. Para ello:
- Sustituyó el Directorio Militar por un Directorio Civil, dirigido por Primo de Rivera e integrado solo por militares y miembros de la Unión Patriótica.
- Creó una Asamblea Nacional Consultiva, solo para asesorar al Dictador y de carácter corporativo, y encargó a esta asamblea la elaboración de un anteproyecto de Constitución, que terminó al final de la dictadura.
Planteamientos Sociales y Económicos
El Estado diseñó una política económica y social que benefició la situación económica de los años veinte. Se orientó a fomentar las obras públicas y a la creación de monopolios, como el telefónico; además, practicó el proteccionismo arancelario para favorecer a los empresarios españoles. Esta política fue espectacular a corto plazo, pero a la larga, trajo consigo un enorme gasto público que desequilibró la Hacienda Pública, condenando al campesinado a unas míseras condiciones de vida y un bajo poder adquisitivo que dificultaba la expansión industrial. La política social se caracterizó por la represión de los sindicatos radicales (CNT ilegalizada y la UGT legalizada) y por un reformismo social con seguros de enfermedad, descanso dominical, etc. El Estado creó la Organización Corporativa Nacional, al igual que la fascista italiana, que agrupaba a los obreros en comités paritarios, con el objetivo de evitar conflictos sociales.
Fin de la Dictadura y Transición
En 1925, la oposición a la Dictadura fue creciendo progresivamente, incluyendo a Unamuno y Blasco Ibáñez, las Federaciones Universitarias, la UGT, la CNT, la Federación Anarquista Ibérica (FAI), el catalanismo y la Alianza Republicana. A partir de 1928, Primo de Rivera se quedó sin el apoyo de los oficiales del Ejército y de Alfonso XIII, lo que provocó su dimisión el 28 de enero de 1930. Después de esto, se creó un gobierno provisional liderado por Dámaso Berenguer, el cual quería volver al sistema de la Restauración, con la Constitución de 1876 y la realización de elecciones. Estas propuestas no las llevó a cabo debido a la oposición, la cual se organizó y formó la Segunda República.