La Segunda República y la Constitución de 1931
El colapso del sistema monárquico de Alfonso XIII y el advenimiento de la Segunda República en abril de 1931 fueron el resultado de un prolongado proceso de crisis institucional agravado por el fracaso de la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930). Tras la dimisión del dictador, el rey encargó al general Dámaso Berenguer formar un gobierno de transición (la llamada “Dictablanda”) que pretendía retornar paulatinamente al orden constitucional. Sin embargo, la firma del Pacto de San Sebastián en agosto de 1930, donde republicanos, socialistas, catalanistas e intelectuales acordaron un programa común para instaurar la República, marcó un punto de inflexión. El posterior intento de levantamiento en diciembre aceleró la crisis, forzando la dimisión de Berenguer y su sustitución por el almirante Aznar, quien convocó elecciones municipales para el 12 de abril de 1931 que adquirieron carácter plebiscitario.
Los resultados electorales revelaron la profunda fractura social del país: mientras en las zonas rurales el caciquismo aseguraba el triunfo monárquico, en todas las capitales de provincia y grandes ciudades triunfaron abrumadoramente las candidaturas republicano-socialistas. Ante esta situación, se produjo una proclamación espontánea de la República en ciudades como Éibar, Barcelona y Madrid, donde multitudes jubilosas ocuparon las calles. El Comité Revolucionario se transformó en Gobierno Provisional mientras Alfonso XIII, abandonado incluso por los altos mandos militares, partía al exilio. La nueva República heredaba graves problemas: una economía debilitada por la crisis internacional, profundas divisiones sociales y un ejército políticamente dividido.
El Gobierno Provisional, formado por una heterogénea coalición de republicanos, socialistas y nacionalistas, emprendió inmediatamente un ambicioso programa de reformas. En Cataluña, el conflicto con Francesc Macià, que había proclamado unilateralmente el Estat Català, se resolvió mediante la promesa de un futuro Estatuto de Autonomía. En el ámbito agrario, las medidas impulsadas por Largo Caballero como ministro de Trabajo -jornada de ocho horas, protección a arrendatarios, creación de Jurados Mixtos- chocaron frontalmente con los intereses de los grandes propietarios. La reforma militar de Azaña buscó modernizar el ejército y apartarlo de la vida política, ofreciendo generosas condiciones de retiro a los oficiales monárquicos. La cuestión religiosa generó especial controversia, con la aprobación de la Ley de Libertad de Cultos y el inicio del proceso de separación Iglesia-Estado.
Estas reformas, aunque necesarias, generaron una creciente oposición entre los sectores conservadores y la jerarquía eclesiástica. No obstante, el gobierno mantuvo su hoja de ruta y convocó elecciones a Cortes Constituyentes para junio de 1931. La nueva ley electoral, más democrática, redujo la edad de votación a 23 años y permitió por primera vez que las mujeres pudieran ser elegidas, aunque todavía no votar. Los comicios dieron un rotundo triunfo a la coalición republicano-socialista, mientras la derecha, fragmentada y desorganizada, sufrió una severa derrota. Destacados intelectuales como Unamuno u Ortega y Gasset fueron elegidos diputados, aportando su prestigio al nuevo régimen.
El proceso constituyente culminó en diciembre de 1931 con la aprobación de una de las constituciones más avanzadas de su tiempo. El texto definía España como una “república democrática de trabajadores”, establecía la soberanía popular y reconocía amplios derechos sociales y políticos, incluyendo por primera vez el sufragio femenino -fruto del apasionado debate entre Clara Campoamor y Victoria Kent-. La cuestión religiosa quedó zanjada con la estricta separación Iglesia-Estado y la prohibición de la enseñanza a las órdenes religiosas. Aunque se mantenía un Estado central fuerte, se abría la puerta a los Estatutos de Autonomía, como el que pronto aprobaría Cataluña. El sistema político establecía Cortes unicamerales con amplios poderes y un Presidente de la República con funciones principalmente representativas.
Esta Constitución, aunque reflejaba las aspiraciones progresistas del momento, también contenía los gérmenes de futuros conflictos. La radicalización de posturas, tanto en la izquierda como en la derecha, y la resistencia de los sectores privilegiados a las reformas, dificultarían enormemente su aplicación práctica. Los años siguientes demostrarían cómo estas tensiones latentes terminarían por estallar, poniendo en peligro la propia supervivencia del régimen republicano. No obstante, el periodo constituyente de 1931 representa un momento único en la historia española, donde pareció posible construir una democracia moderna sobre las ruinas del antiguo régimen.
La Guerra Civil Española (1936-1939)
La Guerra Civil Española (1936-1939) fue el desenlace trágico de las tensiones acumuladas durante los años de la Segunda República. Entre sus causas profundas destacan la polarización social, el rechazo de las clases conservadoras a las reformas republicanas (agraria, militar y religiosa) y el creciente descontento en el ejército, donde se extendió la idea de que un golpe militar era la única solución. A esto se sumaron causas inmediatas como el clima de violencia callejera, con enfrentamientos entre falangistas y milicias obreras, el asesinato de figuras políticas como Calvo Sotelo, y un contexto internacional marcado por la crisis económica y el ascenso del fascismo en Europa.
La sublevación militar de julio de 1936 fue el resultado de una conspiración cuidadosamente planeada desde la victoria del Frente Popular. Aunque el general Sanjurjo aparecía como líder simbólico, el verdadero organizador fue el general Mola, secundado por Franco, Queipo de Llano y Goded. La trama, coordinada por la Unión Militar Española (UME), contó con el apoyo de carlistas, monárquicos y falangistas, aunque sin un proyecto político definido. El asesinato del teniente Castillo y la posterior ejecución de Calvo Sotelo aceleraron los planes. El 17 de julio, Yagüe se sublevó en Melilla, seguido por Franco en Canarias y Queipo de Llano en Sevilla. Sin embargo, el fracaso del golpe en Madrid y Barcelona dividió España en dos zonas, dando inicio a una guerra fratricida.
Los sublevados contaron con el apoyo de las zonas rurales conservadoras, la oligarquía terrateniente y gran parte del ejército, especialmente las tropas africanas. Internacionalmente, recibieron ayuda decisiva de la Alemania nazi y la Italia fascista. Por su parte, la República mantuvo el control de las regiones industriales y las grandes ciudades, con el respaldo de las clases trabajadoras y parte del ejército leal, aunque mal equipado. A pesar de contar con las reservas de oro del Banco de España y el apoyo inicial de la URSS, la falta de unidad y coordinación militar lastró su esfuerzo bélico.
El conflicto se desarrolló en tres fases principales. La primera (julio 1936 – marzo 1937) se centró en la batalla por Madrid, donde la resistencia popular frustró el avance franquista. La segunda (marzo – octubre 1937) vio la caída del norte republicano, con brutales bombardeos como el de Guernica. La tercera fase (octubre 1937 – febrero 1939) incluyó las grandes batallas de Teruel y el Ebro, donde el ejército republicano, reorganizado por el general Rojo, luchó con denuedo pero terminó siendo derrotado. La guerra concluyó en abril de 1939 con la entrada de Franco en Madrid, tras el golpe interno de Casado contra Negrín.
Las consecuencias fueron devastadoras. Demográficamente, se calculan unos 500.000 muertos y un éxodo de 450.000 republicanos. Políticamente, se instauró una dictadura fascistizada que suprimió libertades y restauró el poder de las élites tradicionales. Culturalmente, España perdió a gran parte de su intelectualidad al exilio y sufrió décadas de aislamiento. Económicamente, el país quedó arruinado, con infraestructuras destruidas, hiperinflación y exclusión del Plan Marshall. La Guerra Civil no solo marcó el destino de España, sino que anticipó el horror de la Segunda Guerra Mundial, comenzada meses después del último parte de guerra franquista.
Evolución Política en Ambos Bandos y Relaciones Internacionales
El escenario internacional durante la Guerra Civil Española reflejó las tensiones previas a la Segunda Guerra Mundial, convirtiéndose en un campo de batalla donde se enfrentaron las principales ideologías del momento: fascismo, comunismo y democracia liberal. La República, aislada por la política de No Intervención impulsada por Francia y Gran Bretaña, solo recibió ayuda significativa de la URSS (que exigió el oro del Banco de España como pago) y de las Brigadas Internacionales, compuestas por voluntarios antifascistas. Este bloqueo, que favoreció claramente a los sublevados, contrastó con el masivo apoyo que estos recibieron de la Alemania nazi y la Italia fascista, que utilizaron España como campo de pruebas para sus armas y tácticas militares. Portugal de Salazar, la Iglesia Católica y voluntarios marroquíes e irlandeses completaron el respaldo al bando franquista, mientras la diplomacia republicana veía cómo sus embajadores desertaban hacia el enemigo.
Mientras la República intentaba mantener su legitimidad internacional a pesar del embargo de armas, los sublevados consolidaban su posición con el reconocimiento temprano de Alemania e Italia. En la zona republicana, el Estado colapsó tras el golpe, dando paso a un poder fragmentado entre comités revolucionarios que impulsaron colectivizaciones industriales y agrarias. El gobierno de Largo Caballero (septiembre 1936-mayo 1937) intentó sin éxito unificar las milicias en un Ejército Popular, mientras estallaban los enfrentamientos entre comunistas y anarquistas durante los Hechos de Mayo en Barcelona. Su sucesor, Juan Negrín, priorizó el esfuerzo bélico con apoyo soviético, disolviendo el POUM y centralizando el poder, pero la pérdida de Cataluña en 1939 y el golpe de Casado precipitaron el final.
El conflicto aceleró la radicalización política en ambos bandos, llevando a la República hacia una revolución social espontánea y a los sublevados hacia un régimen autoritario unificado. Los sublevados, por su parte, consolidaron rápidamente una férrea unidad en torno a Franco. Tras ser proclamado Generalísimo en octubre de 1936, impuso un régimen de partido único al fusionar falangistas y carlistas en FET y de las JONS (abril 1937). Con el Fuero del Trabajo (1938) y el respaldo de la Iglesia, construyó un Estado nacionalcatólico que derogó todas las reformas republicanas. La represión sistemática, mediante leyes como la de Responsabilidades Políticas, y el retroceso en derechos sociales (especialmente para las mujeres) marcaron este periodo, sentando las bases de la dictadura franquista.
La derrota republicana marcó el fin de la experiencia democrática en España y el inicio de una larga dictadura que se alinearía con las potencias del Eje. Así, mientras la República sucumbía a sus divisiones internas y al aislamiento internacional, los sublevados aprovecharon su cohesión y el apoyo exterior para construir un nuevo Estado autoritario. Esta divergencia política, unida a la superioridad militar franquista, explica el desenlace de la guerra y el largo periodo de dictadura que seguiría. La contienda española, más allá de su dimensión nacional, fue el prólogo sangriento del conflicto global que estallaría en 1939, anticipando el horror de la Segunda Guerra Mundial y dejando una profunda huella en la historia europea del siglo XX.