La Dictadura de Primo de Rivera y la Caída de la Monarquía: Contexto y Consecuencias
El Directorio Militar (1923-1925)
En general, el pronunciamiento militar fue recibido con entusiasmo por la opinión pública. Primo de Rivera presentó la Dictadura como un régimen transitorio cuyo objetivo era acabar con los males de la Restauración, es decir, eliminar el caciquismo, liberar al país de la “vieja política” que desplegaban los partidos del turno (conservadores y liberales), poner fin al desgobierno, al desorden social y a la amenaza del separatismo catalán. Primo de Rivera, por tanto, aparecía ante la sociedad española como un “cirujano de hierro” que pusiera orden en el país y luchara por su regeneración. Esta idea, como sabemos, no era nueva, pues ya había sido propugnada por otros políticos de la Restauración.
El Directorio Militar suspendió la Constitución de 1876, disolvió las Cortes y estableció la censura de prensa. Los gobernadores civiles de las provincias fueron sustituidos por gobernadores militares. Por otro lado, los Ayuntamientos y las Diputaciones provinciales fueron disueltos y sus miembros fueron sustituidos por personas afines al nuevo régimen. Por ello, en 1924, se creó un partido propio, la Unión Patriótica, donde se daban cita la burguesía conservadora, comerciantes, industriales, terratenientes y antiguos caciques. El partido duró lo que el régimen y cumplió el papel de aportar el personal político que este necesitó.
La Dictadura Militar reformó la Administración Local por medio del Estatuto Municipal de 1924, obra de Calvo Sotelo, Director General de Administración Local. Esta ley recogía la elección democrática de los alcaldes y el voto de la mujer, pero no se aplicó, pues Primo de Rivera nunca convocó elecciones. En su aspecto hacendístico, el Estatuto fue positivo al permitir a los Ayuntamientos aumentar sus ingresos, lo que les permitió realizar obras públicas.
El Problema Regional: La Cuestión Catalana
Sobre el problema regional, Primo de Rivera se mostró muy duro con el catalanismo. Se prohibió el uso del himno y de la bandera catalana y el uso del catalán en los actos oficiales; también intentó prohibir el catalán en oficios religiosos o en instituciones profesionales o culturales (como los Juegos Florales) y terminó suprimiendo la Mancomunidad. En definitiva, Primo de Rivera, que al haber restablecido el orden público contaba con la simpatía de la burguesía catalana y con el catalanismo moderado de la Lliga de Cambó, consiguió con todo ello granjearse la enemistad en Cataluña. Además, contribuyó a radicalizar el nacionalismo catalán, con posturas separatistas como las defendidas por Estat Català, dirigido por Francesc Macià.
La Resolución del Problema Marroquí
El problema marroquí pudo por fin resolverse, acabando con toda resistencia interna. Inicialmente, Primo de Rivera se había mostrado a favor de una postura abandonista con respecto a nuestro protectorado en Marruecos, pero la presión de influyentes militares “africanistas” le obligó a cambiar. Sin embargo, el líder de los rifeños, Abd-el-Krim, facilitó las cosas. En 1924 atacó a las tropas españolas, causando bajas y heridos, y después decidió avanzar en el Marruecos francés. Ante esta situación, Francia y España acordaron una ofensiva conjunta por mar y tierra. España protagonizó el desembarco de Alhucemas, en septiembre de 1925, que fue un éxito; se pudo controlar la zona sublevada mientras Abd-el-Krim, derrotado, se entregó a los franceses (1926). En 1927, Marruecos dejó de ser un problema para España.
El Directorio Civil (1925-1930)
Tras el éxito en Marruecos, muy bien valorado por la opinión pública, Primo de Rivera decidió sustituir el Directorio Militar por un gobierno civil, el llamado Directorio Civil, del que formaron parte Calvo Sotelo, ministro de Hacienda; el conde de Guadalhorce, ministro de Fomento; y Eduardo Aunós, ministro de Trabajo. El objetivo ahora era institucionalizar la Dictadura. Ya se había creado un partido, necesario para consolidar el régimen, la Unión Patriótica, pero hacía falta una norma que sirviera de marco constitucional. Con ese objetivo final se convocó, en 1927, una Asamblea Nacional Consultiva, compuesta por representantes del Estado, de la Unión Patriótica y de las distintas provincias. Inició sus trabajos en 1928 y terminó siendo un fiasco sin llegar a cumplir sus objetivos.
Política Económica: Intervencionismo y Monopolios
En cuanto a la política económica, la Dictadura se benefició de la oleada de prosperidad mundial de estos años (los “felices años veinte”). Se practicó una política intervencionista del Estado con el objetivo de proteger la industria nacional y fomentar la inversión pública. Así, la economía española mejoró. Se extendió la electrificación y aumentó la producción de hierro, acero, hulla… Se impulsaron las obras públicas (construcción de embalses, carreteras, ferrocarriles, puertos). Se constituyeron grandes monopolios: en 1924 se constituyó la Compañía Telefónica Nacional de España; en 1927 se otorgó la importación, refinado, distribución y venta de petróleo a la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos (CAMPSA), de capital mixto entre la gran banca española y el Estado, aunque este se reservó el control de la empresa, lo que significaba dominar un sector estratégico cada vez más importante. En 1926, por otro lado, se crearon las Confederaciones Hidrográficas para el aprovechamiento de los ríos, tanto para el regadío como para la producción de energía eléctrica.
Política Social: Corporativismo y Bienestar
En política social, el Estado también se mostró muy activo. Construyó “viviendas baratas”, así como institutos, escuelas y servicios sanitarios. Las relaciones laborales, en un momento con muy poca conflictividad social, se basaron en el modelo corporativo, donde intervenían el Estado y las organizaciones obreras y empresariales. Se creó así la Organización Corporativa Nacional cuya base eran los “comités paritarios”, formados por representantes de patronos y obreros, a quienes se sumaba un delegado gubernamental. En ellos se fijaban salarios, condiciones de trabajo y se realizaban labores de mediación y arbitraje en caso de conflictos laborales. En los “comités paritarios” participaron los socialistas al considerar que era positivo para el mantenimiento del partido y del sindicato (la UGT).