1. Alfonso XIII y los intentos de regeneración del sistema político (1902-1917)
Alfonso XIII fue declarado mayor de edad en 1902, iniciándose un reinado caracterizado por la progresiva crisis del sistema de la Restauración. Tras la muerte de Cánovas del Castillo (1897) y Sagasta (1903), los partidos dinásticos quedaron debilitados, el turnismo perdió eficacia y el sistema comenzó a mostrar signos de agotamiento. A ello se sumaron la creciente conflictividad social derivada de una industrialización desigual y el mayor intervencionismo político del propio monarca, lo que incrementó el desprestigio de la monarquía.
En este contexto surgió el regeneracionismo, una corriente ideológica crítica con el sistema por considerarlo corrupto y basado en el caciquismo y el fraude electoral. Su principal representante fue Joaquín Costa, quien defendía la necesidad de una regeneración moral y política del país. Algunos sectores intentaron reformar el sistema desde dentro.
Entre 1902 y 1914, los gobiernos conservadores y liberales promovieron diversas reformas. Francisco Silvela intentó acabar con la corrupción, aunque fracasó. Más relevante fue Antonio Maura, que impulsó una «revolución desde arriba» para modernizar el sistema sin alterar sus bases. Promulgó la Ley Electoral de 1907, que establecía el voto obligatorio y mayor control sobre las juntas electorales; aprobó legislación laboral sobre el trabajo de mujeres y niños y el descanso dominical; y fomentó la intervención en Marruecos. Sin embargo, su autoritarismo y la dura represión de la Semana Trágica de Barcelona en 1909 provocaron su caída.
Posteriormente, el liberal José Canalejas impulsó nuevas reformas, como la Ley del Candado (1910), que limitaba el establecimiento de órdenes religiosas; la Ley de Reclutamiento (1912), que reformaba el sistema de quintas; y la Ley de Mancomunidades (1914), que permitía cierto autogobierno en Cataluña. Su asesinato en 1912 frenó el impulso reformista.
Paralelamente, crecieron las fuerzas de oposición: el republicanismo, los nacionalismos catalán y vasco, el socialismo (PSOE y UGT) y el anarcosindicalismo, que fundó la CNT en 1910. Todo ello evidenciaba el progresivo debilitamiento del sistema de la Restauración.
2. La revolución de 1917 y la crisis del sistema político de la Restauración
La neutralidad de España en la Primera Guerra Mundial, declarada por el gobierno de Eduardo Dato en 1914, provocó un importante crecimiento económico debido al aumento de las exportaciones. Sin embargo, este crecimiento fue desequilibrado, ya que generó una fuerte inflación que perjudicó a las clases populares, aumentando las desigualdades sociales y la conflictividad.
La crisis más grave del periodo se produjo en 1917, cuando coincidieron tres conflictos de distinta naturaleza. En primer lugar, las Juntas de Defensa, formadas por militares que exigían mejoras salariales y mayor participación en los ascensos. Su presión supuso el fortalecimiento del protagonismo del Ejército, apoyado por Alfonso XIII.
En segundo lugar, la Asamblea de Parlamentarios, convocada en Barcelona por Francesc Cambó, líder de la Lliga Regionalista, que reclamaba una reforma constitucional y un Estatuto de Autonomía para Cataluña. El gobierno disolvió la asamblea, aunque el conflicto evidenció la debilidad del sistema.
En tercer lugar, la Huelga General convocada por UGT y CNT para protestar contra la subida de precios y exigir cambios políticos profundos. El gobierno respondió declarando el estado de guerra y reprimiendo duramente el movimiento.
La crisis de 1917 marcó el fin del turno pacífico de partidos y el inicio de gobiernos de concentración muy inestables. A partir de entonces aumentó la conflictividad social, especialmente en Barcelona, donde la huelga de «La Canadiense» en 1919 logró la jornada laboral de ocho horas. Entre 1918 y 1921 se vivió el llamado Trienio Bolchevique, caracterizado por la violencia social y el pistolerismo.
La situación se agravó con la guerra de Marruecos. El Desastre de Annual en 1921, con más de 13.000 muertos, provocó una grave crisis política. La investigación del Expediente Picasso no llegó a concluirse debido al golpe de Estado de 1923. Todo ello evidenció la incapacidad del sistema para resolver los problemas del país.
3. La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)
El 13 de septiembre de 1923, el general Miguel Primo de Rivera dio un golpe de Estado con el apoyo de Alfonso XIII, estableciendo una dictadura militar con el objetivo de restaurar el orden y superar la crisis del sistema de la Restauración.
Durante el Directorio Militar (1923-1925) se suspendió la Constitución de 1876, se disolvieron las Cortes y se centralizó el poder. Se reprimieron huelgas y manifestaciones, se prohibieron símbolos del nacionalismo catalán y se persiguió al nacionalismo vasco. En política exterior, el éxito del Desembarco de Alhucemas en 1925 permitió poner fin a la guerra de Marruecos.
Posteriormente, el Directorio Civil (1925-1930) intentó institucionalizar el régimen mediante la creación de una Asamblea Nacional Consultiva en 1927. En el ámbito social se desarrolló una legislación laboral y se creó la Organización Corporativa del Trabajo. En política económica se aplicó un fuerte intervencionismo y proteccionismo, con la creación de monopolios estatales como Iberia y Telefónica, y un amplio programa de obras públicas. Durante los llamados «felices años 20» descendió el paro y la conflictividad.
Sin embargo, la oposición al régimen fue creciendo: republicanos, nacionalistas, anarquistas, intelectuales y sectores del Ejército. La crisis económica internacional tras el crack de 1929 y la pérdida de apoyos provocaron la dimisión de Primo de Rivera en enero de 1930.
El intento de retorno al sistema constitucional fracasó. Las elecciones municipales de abril de 1931 se interpretaron como un plebiscito sobre la monarquía, y el triunfo republicano en las ciudades llevó a la proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931 y a la marcha de Alfonso XIII al exilio.
4. La implantación de la Segunda República. La Constitución de 1931
La Segunda República se proclamó el 14 de abril de 1931 tras el triunfo de las candidaturas republicanas en las elecciones municipales del 12 de abril. Ante estos resultados, Alfonso XIII abandonó el país y en Madrid se constituyó un gobierno provisional formado por los representantes del Pacto de San Sebastián, presidido por Niceto Alcalá Zamora.
El gobierno provisional convocó elecciones a Cortes Constituyentes para el 28 de junio de 1931. Estas Cortes serían unicamerales y rebajaron la edad mínima para votar a los 23 años. Desde los primeros días surgieron conflictos sociales y tensiones con la Iglesia debido a la política laica del nuevo régimen, destacando los sucesos de mayo de 1931, que dañaron la imagen de la República.
Las elecciones dieron la mayoría a la coalición republicano-socialista y el 9 de diciembre de 1931 se aprobó la Constitución. Esta tenía un carácter democrático y progresista, definiendo a España como una «República de trabajadores de todas las clases» y estableciendo la soberanía popular y la división de poderes. El poder legislativo residía en unas Cortes unicamerales; el ejecutivo en el presidente de la República, elegido cada seis años, que nombraba al jefe de Gobierno; y el judicial en jueces independientes, creándose el Tribunal de Garantías Constitucionales.
Incluía una amplia declaración de derechos, como la libertad de expresión y asociación, el derecho al trabajo, la educación y la igualdad en el matrimonio. En materia religiosa se estableció un Estado aconfesional, garantizando la libertad de cultos pero limitando la influencia de la Iglesia, lo que provocó una fuerte oposición eclesiástica.
En cuanto a la organización territorial, se reconocía el derecho de las regiones a elaborar Estatutos de Autonomía dentro de un «Estado integral» y se establecía la cooficialidad de las lenguas. La educación se definió como pública, laica, gratuita y obligatoria.
Uno de los debates más importantes fue el sufragio femenino. Finalmente se aprobó el voto para las mujeres gracias a la defensa de Clara Campoamor frente a la oposición de Victoria Kent. Las mujeres votaron por primera vez en las elecciones de 1933.
5. La Segunda República: bienio reformista, bienio conservador y gobierno del Frente Popular
El bienio reformista (1931-1933), presidido por Manuel Azaña, impulsó un ambicioso programa de reformas estructurales. En la cuestión religiosa se estableció la separación Iglesia-Estado, se suprimió el presupuesto del clero, se introdujo el matrimonio civil y el divorcio y se disolvió la Compañía de Jesús.
En el ámbito militar se aprobó la Ley de Retiro de la Oficialidad y se creó la Guardia de Asalto. Sin embargo, el general Sanjurjo protagonizó un intento de golpe de Estado en 1932 que fracasó.
En la cuestión regional se aprobó el Estatuto de Cataluña en 1932, estableciendo la Generalitat. También se impulsó una reforma educativa para reducir el analfabetismo y se desarrollaron las Misiones Pedagógicas. La reforma agraria, gestionada por el Instituto de Reforma Agraria, buscaba redistribuir tierras, aunque su lentitud provocó frustración.
Las reformas generaron oposición tanto en la derecha como en sectores de la izquierda que las consideraban insuficientes. La conflictividad social aumentó, destacando los sucesos de Casas Viejas, que deterioraron la imagen del gobierno.
En las elecciones de noviembre de 1933 triunfaron las derechas, agrupadas en la CEDA de José María Gil Robles, iniciándose el bienio conservador (1933-1936). El gobierno de Alejandro Lerroux paralizó muchas reformas: frenó la reforma agraria, restableció ayudas a la Iglesia y concedió amnistía a los implicados en la sublevación de 1932.
La entrada de la CEDA en el gobierno provocó la revolución de octubre de 1934, especialmente grave en Asturias y Cataluña, donde fue duramente reprimida. En 1935 estallaron escándalos de corrupción que debilitaron al gobierno y llevaron a nuevas elecciones.
En febrero de 1936 triunfó el Frente Popular, coalición de izquierdas formada por republicanos, socialistas y comunistas. Se decretó la amnistía, se restableció el Estatuto de Cataluña y se reanudó la reforma agraria. Sin embargo, aumentaron la violencia política y los enfrentamientos entre derecha e izquierda. Los asesinatos de José del Castillo y José Calvo Sotelo precipitaron la sublevación militar de julio de 1936.
6. Sublevación militar y Guerra Civil: la evolución
La Guerra Civil española comenzó el 17 de julio de 1936 con un golpe militar en Melilla que se extendió rápidamente por el país, dividiéndolo en dos bandos enfrentados: republicanos y nacionales. La primera fase del conflicto, entre julio de 1936 y marzo de 1937, estuvo marcada por el intento de los sublevados de conquistar Madrid. Durante este periodo, Francisco Franco asumió el mando único de las fuerzas nacionales y fue proclamado Jefe del Estado en octubre de 1936, consolidando su autoridad. Las fuerzas republicanas, aunque desorganizadas al principio, lograron resistir en batallas clave como el Jarama y Guadalajara.
En la segunda fase, entre 1937 y 1938, Franco centró su ofensiva en el norte industrial para controlar los recursos mineros y textiles que sustentaban la economía republicana. La guerra se modernizó con el uso sistemático de aviación y carros de combate, y las ciudades sufrieron bombardeos sobre la población civil, destacando el de Guernica por la Legión Cóndor. Tras la caída de Bilbao, Santander y Asturias, el territorio republicano quedó aislado. La batalla del Ebro en 1938 fue un intento desesperado de reconectar los territorios republicanos, pero resultó en grandes pérdidas de vidas y material, debilitando aún más sus fuerzas.
La última fase, entre 1938 y 1939, consistió en la ofensiva final sobre Cataluña, con la ocupación de Barcelona y el avance hacia Madrid. Las fuerzas republicanas, agotadas y aisladas internacionalmente, no pudieron resistir y, tras un golpe interno liderado por el coronel Casado para negociar la rendición, la guerra terminó el 1 de abril de 1939 con la victoria de Franco.
Las consecuencias de la Guerra Civil fueron devastadoras: cerca de 500.000 personas murieron y unos 450.000 se exiliaron, incluyendo gran parte de la juventud y la intelectualidad del país. España sufrió la destrucción de la industria, viviendas, infraestructuras y comunicaciones, además de un aumento de la deuda y pérdida de reservas financieras. Políticamente, la victoria franquista instauró una dictadura militar totalitaria, ultracatólica y represiva, que suprimió derechos y libertades y mantuvo a España aislada internacionalmente. Social y culturalmente, se produjo un retroceso en los derechos de la mujer, censura y persecución de cualquier disidencia, dejando heridas morales que perduraron durante generaciones.
7. La Guerra Civil: la evolución política en ambos bandos y las relaciones internacionales (1936-1939)
En la zona republicana, la situación política fue muy inestable desde el inicio de la guerra. José Giral, primer presidente tras el golpe de julio de 1936, entregó armas a las milicias obreras y populares para defenderse de los sublevados, provocando un fuerte protagonismo de los movimientos obreros y sociales. Más tarde, Largo Caballero formó un gobierno de coalición con republicanos, socialistas y comunistas, centralizando el poder militar y creando el Ejército Popular para unificar la resistencia frente a Franco. Durante su mandato se produjo la Revolución social en Cataluña, Aragón y otras zonas, con colectivizaciones de tierras e industrias, que provocaron tensiones internas. En mayo de 1937, los enfrentamientos en Barcelona entre comunistas y anarquistas (los llamados hechos de mayo) debilitaron a la izquierda y consolidaron la influencia del Partido Comunista.
A partir de mayo de 1937, Juan Negrín asumió la presidencia y mantuvo un gobierno más centralizado, buscando controlar la economía y la producción industrial y agrícola, mientras intentaba mantener la resistencia hasta el final. Propuso una paz negociada mediante los «Trece Puntos» en abril de 1938, pero Franco los rechazó, lo que prolongó la guerra hasta la caída de Cataluña y Madrid en 1939. Durante este periodo, la República recibió ayuda limitada de la URSS, tanto en armamento como en asesores militares, y contó con las Brigadas Internacionales, formadas por voluntarios de diferentes países.
En la zona sublevada, la Junta de Defensa Nacional asumió el poder al inicio del conflicto y suspendió la Constitución, consolidando la autoridad militar. Franco fue nombrado jefe único y proclamado Jefe del Estado en octubre de 1936, concentrando todo el poder político y militar. En abril de 1937 se aprobó el Decreto de Unificación, que creó el partido único Falange Española Tradicionalista y de las JONS, dando forma a un Estado autoritario con apoyo de la Iglesia y de los sectores conservadores. Durante el conflicto, Franco recibió un apoyo decisivo de Alemania e Italia, que enviaron tropas, aviación y armamento, y de Portugal, que facilitó la logística.
A nivel internacional, la Guerra Civil española tuvo gran repercusión. Aunque se creó el Comité de No Intervención, su eficacia fue limitada, favoreciendo de facto a los sublevados y dificultando la ayuda a la República. La contienda española se convirtió así en un ensayo previo a la Segunda Guerra Mundial, reflejando la polarización ideológica de la época y anticipando el enfrentamiento entre fascismo y comunismo en Europa.