Conquista romana de la Península Ibérica (siglos III–I a. C.)

La conquista romana de la Península Ibérica se desarrolló entre los siglos III y I a. C., con el objetivo de frenar a los cartagineses y explotar las riquezas peninsulares. Se llevó a cabo en tres etapas:

• Primera etapa (218–197 a. C.): coincidente con la Segunda Guerra Púnica; supuso la ocupación del este y sur peninsular tras la toma de Sagunto, Cartago Nova y Gades.
• Segunda etapa (155–29 a. C.): centrada en el centro y el oeste, donde destacaron las resistencias de lusitanos (liderados por Viriato) y de los celtíberos (Numancia).
• Tercera etapa (29–19 a. C.): bajo Augusto, culminó con la conquista del norte peninsular tras las guerras cántabras.

Romanización e integración en el Imperio

La integración en el Imperio dio lugar a la romanización, proceso por el cual los pueblos indígenas adoptaron la lengua latina, el derecho romano, las instituciones, las costumbres y, con el tiempo, el cristianismo, que se convirtió en religión oficial en el siglo IV. Este legado sentó las bases de la posterior evolución histórica de España.

Invasiones germánicas y reino visigodo

En el siglo V, tras la crisis del Imperio romano, diversos pueblos germánicos se asentaron en Hispania. Los visigodos, pueblo romanizado, acabaron estableciendo el reino visigodo de Toledo tras su derrota ante los francos en 507, iniciando la Edad Media en España.

Con el tiempo se consiguió cierta unificación del reino: Leovigildo consolidó la unidad territorial; Recaredo implantó el catolicismo en el III Concilio de Toledo (589); y Recesvinto unificó la legislación con el Fuero Juzgo (654). Sin embargo, la monarquía electiva y las luchas internas entre la nobleza provocaron una fuerte inestabilidad política, que facilitó la conquista musulmana de 711.

Conquista musulmana y Al-Ándalus

La conquista musulmana de la Península Ibérica se produjo en el contexto de expansión del califato omeya y de la crisis del reino visigodo, derrotado en la batalla de Guadalete (711). En pocos años se completó la conquista y Hispania pasó a ser un emirato dependiente del califato omeya (711–756), etapa marcada por la inestabilidad.

En 756, Abderramán I creó el emirato independiente, y en 929 Abderramán III proclamó el Califato de Córdoba, período de máximo esplendor. Tras su crisis interna, el califato se fragmentó en reinos de taifas, que pagaron parias a los reinos cristianos. La toma de Toledo (1085) provocó la intervención de almorávides y, más tarde, de almohades, derrotados finalmente en las Navas de Tolosa (1212). Como resultado del proceso, se mantuvo el reino nazarí de Granada hasta 1492.

Los reinos cristianos y la Reconquista

Los primeros focos de resistencia cristiana surgieron tras la conquista musulmana en la Cordillera Cantábrica, donde se formó el reino de Asturias, consolidado tras la batalla de Covadonga, y en los Pirineos, en torno a la Marca Hispánica, dependiente de los francos. Con el avance hacia el sur en el siglo X aparecieron el reino de León y el condado de Castilla, mientras que en el noreste surgieron los condados catalanes, Aragón y el reino de Pamplona.

Desde el siglo XI, Castilla y León avanzaron hacia el valle del Tajo, destacando la conquista de Toledo en 1085, aunque el avance se vio frenado por la llegada de los almorávides. Tras la batalla de las Navas de Tolosa (1212), la Reconquista se aceleró: Fernando III conquistó el valle del Guadalquivir, quedando los musulmanes reducidos al reino de Granada, mientras que la Corona de Aragón se expandió por el valle del Ebro, Valencia y Baleares.

Baja Edad Media: organización política y fueros

Durante la Baja Edad Media, Castilla y Navarra evolucionaron como estados unitarios, mientras que la Corona de Aragón se configuró como una confederación de reinos (Aragón, Cataluña, Valencia y Mallorca), cada uno con leyes e instituciones propias.

En Castilla, la monarquía tenía un poder fuerte, basado en la idea del origen divino del rey, mientras que en Aragón y Navarra predominó el pactismo, que limitaba la autoridad real. En todos los reinos existieron el Consejo Real, que asesoraba al monarca, y las Cortes, representantes de los tres estamentos. No obstante, su poder fue distinto: en Castilla las Cortes fueron principalmente consultivas y se limitaron a aprobar impuestos, mientras que en Aragón y Navarra sus decisiones eran vinculantes y servían para controlar al rey.

Las ciudades gozaron de autonomía gracias a los fueros, aunque al final de la Edad Media el poder municipal quedó en manos del patriciado urbano, provocando conflictos sociales. En Castilla, los reyes reforzaron su autoridad reduciendo la autonomía municipal mediante la figura del corregidor.

Siglo XVII: crisis y decadencia de la Monarquía Hispánica

El siglo XVII supuso una etapa de crisis y decadencia de la Monarquía Hispánica. Durante el reinado de Felipe III (1598–1621) destacó el valimiento del duque de Lerma, la expulsión de los moriscos (1609) y una política exterior pacífica conocida como la Pax Hispánica, con acuerdos con Francia, Inglaterra y los Países Bajos.

Con Felipe IV (1621–1665) se reanudaron los conflictos internacionales al estallar la Guerra de los Treinta Años, lo que puso fin a la Pax Hispánica. El intento del Conde-Duque de Olivares de reforzar el Estado mediante la Unión de Armas provocó importantes revueltas internas desde 1640 en Cataluña, en Portugal (que logró su independencia) y en otros territorios.

Las derrotas y los tratados de Westfalia (1648) y de los Pirineos (1659) marcaron el fin de la hegemonía española en Europa. El reinado de Carlos II (1665–1700) estuvo marcado por la inestabilidad política, la crisis económica y la pérdida de territorios frente a Francia. Su muerte sin descendencia provocó el inicio de la Guerra de Sucesión.

Guerra de Sucesión y los Borbones

La muerte sin herederos de Carlos II (1700) desencadenó la Guerra de Sucesión Española, que enfrentó a Felipe de Anjou, apoyado por Francia y Castilla, y al archiduque Carlos de Habsburgo, respaldado por Austria, Inglaterra, Portugal y la Corona de Aragón. El conflicto fue tanto internacional como civil.

La guerra concluyó con la Paz de Utrecht (1713–1715), por la que Felipe V fue reconocido rey de España, aunque renunció a la unión con Francia. España perdió importantes territorios europeos y cedió Gibraltar y Menorca a Inglaterra, que también obtuvo ventajas comerciales en América. Tras Utrecht, España se alió con Francia mediante los Pactos de Familia, con el objetivo de recuperar territorios perdidos y frenar a Inglaterra.

Siglo XVIII: recuperación demográfica y reformas ilustradas

Durante el siglo XVIII, España inició una recuperación económica y demográfica tras la crisis del siglo anterior. El aumento de la producción agraria, gracias a nuevos cultivos y la ampliación de tierras de cultivo, permitió un crecimiento de la población, especialmente en las zonas costeras.

Se fomentó la actividad manufacturera mediante las Reales Fábricas y se intensificó el comercio con América, ampliando el número de puertos autorizados. A pesar de estos avances, se mantuvo la sociedad estamental del Antiguo Régimen, basada en el privilegio. En el ámbito cultural se difundieron los ideales de la Ilustración, que impulsaron instituciones como las Sociedades Económicas de Amigos del País y las Reales Academias.

Restauración borbónica (1874) y el sistema de la Restauración

La Restauración borbónica comenzó en 1874 con la proclamación de Alfonso XII, tras el pronunciamiento del general Martínez Campos, y fue diseñada por Antonio Cánovas del Castillo. Su objetivo principal era poner fin a la inestabilidad política del siglo XIX, evitar nuevos pronunciamientos militares y garantizar el orden social y la continuidad del poder de la oligarquía, iniciando el período de mayor estabilidad constitucional de la España contemporánea.

El régimen se apoyó en la Constitución de 1876, una constitución moderada y flexible, pensada para que pudieran gobernar distintos partidos sin necesidad de cambiarla. Establecía la soberanía compartida entre el rey y las Cortes, amplios poderes para la Corona y un Estado centralista y confesional, aunque se reconocía la libertad de creencias. Las Cortes eran bicamerales, con un Congreso elegido por sufragio y un Senado de composición mixta. El sistema electoral fue primero censitario y, desde 1890, de sufragio universal masculino, aunque las elecciones estuvieron a menudo manipuladas.

Otro pilar fundamental del sistema fue el bipartidismo, inspirado formalmente en el modelo británico. El poder se alternaba pacíficamente entre el Partido Conservador, liderado por Cánovas, y el Partido Liberal, dirigido por Sagasta. Ambos partidos compartían los principios básicos del régimen: defensa de la monarquía, de la Constitución, de la propiedad privada y del Estado centralista. El llamado turno de partidos se basaba en el acuerdo previo entre ambos para alternarse en el poder, asegurando la estabilidad mediante el caciquismo y el fraude electoral, lo que convirtió al sistema en una democracia solo aparente.

El Desastre del 98 y el fin del imperio colonial

El Desastre del 98 fue el resultado de la pérdida de las últimas colonias del imperio español, especialmente Cuba, Puerto Rico y Filipinas, tras la guerra con Estados Unidos. En Cuba, la colonia más importante, existía desde hacía décadas un fuerte descontento por la falta de reformas políticas y económicas, que provocó conflictos anteriores como la Guerra de los Diez Años (1868–1878) y la posterior Guerra Chiquita.

En 1895 estalló una nueva insurrección independentista en Cuba, a la que España respondió con una fuerte represión militar. Al mismo tiempo, Estados Unidos, que tenía importantes intereses económicos en la isla y seguía una política imperialista, intervino en el conflicto. El hundimiento del acorazado estadounidense Maine en el puerto de La Habana en 1898 sirvió de pretexto para la declaración de guerra a España. La inferioridad militar y naval española provocó rápidas derrotas en Cavite (Filipinas) y en Santiago de Cuba.

La guerra concluyó con la Paz de París (1898), por la que España reconoció la independencia de Cuba y cedió Puerto Rico y Filipinas a Estados Unidos. Las consecuencias fueron muy graves: pérdidas humanas, crisis económica, desprestigio del ejército y de los políticos, aumento del malestar social y una profunda crisis moral y nacional. Este contexto dio lugar al regeneracionismo, un movimiento político e intelectual que criticó duramente el sistema de la Restauración y reclamó reformas.

Siglo XIX: demografía, migraciones y economía

Durante el siglo XIX, España vivió un importante crecimiento demográfico, pasando de menos de 11 millones de habitantes en 1800 a unos 18 millones a finales de siglo. Sin embargo, este crecimiento fue más lento que en otros países europeos debido a la persistencia del régimen demográfico antiguo, caracterizado por una natalidad muy alta y una mortalidad también elevada. Las guerras, las epidemias y las crisis agrarias de subsistencia provocaron una baja esperanza de vida y una elevada mortalidad infantil.

Los movimientos migratorios estuvieron ligados a los cambios económicos. Se produjeron migraciones internas desde el interior peninsular hacia las zonas costeras e industriales, especialmente hacia Barcelona, el País Vasco y Madrid, aunque el éxodo rural no fue masivo hasta finales de siglo. La emigración exterior, autorizada desde 1853, se dirigió sobre todo a América, destacando Argentina y Brasil, y afectó especialmente a regiones como Galicia y Canarias.

El crecimiento urbano fue notable, aunque inferior al de los países industrializados. Estuvo impulsado por la industrialización, las reformas liberales y las desamortizaciones. Las ciudades se ampliaron mediante ensanches planificados, pero también crecieron barrios obreros periféricos de forma desordenada y con graves carencias de servicios básicos.

Transformaciones sociales y económicas en el siglo XIX

En el plano social, se pasó de una sociedad estamental a una sociedad de clases, basada en la igualdad ante la ley. La clase dirigente, formada por la antigua nobleza y la alta burguesía, concentró el poder político y económico. Las clases medias fueron numerosas pero con escasa participación política. Las clases populares, especialmente campesinos y obreros, vivieron en condiciones muy duras, con bajos salarios, analfabetismo y ausencia de derechos, lo que dio lugar al inicio del movimiento obrero.

La agricultura fue la principal actividad económica del siglo XIX, pero su atraso hacía necesaria una reforma agraria. Esta se llevó a cabo mediante las desamortizaciones, procesos por los que el Estado expropió y vendió bienes de la Iglesia y de los municipios para consolidar la propiedad privada y obtener recursos para la Hacienda. Las principales fueron la desamortización de Mendizábal (1836), centrada en los bienes del clero, y la de Madoz (1855), que afectó también a los bienes municipales. Sus objetivos fueron financiar la guerra carlista, reducir la deuda pública y costear las obras públicas y el ferrocarril. Sin embargo, las tierras fueron adquiridas mayoritariamente por nobles y burgueses, lo que reforzó el latifundismo y no mejoró de forma significativa la productividad agrícola, empobreciendo además al campesinado.

La industrialización española fue tardía y limitada debido al atraso agrario, la debilidad del mercado interior, la falta de capitales y las malas comunicaciones. Destacaron el sector textil catalán, la siderurgia (consolidada en Vizcaya) y la minería, en gran parte controlada por capital extranjero. El desarrollo del ferrocarril, impulsado desde 1855, mejoró las comunicaciones y favoreció el comercio, aunque con importantes deficiencias estructurales. En conjunto, el atraso de la agricultura y la debilidad económica general consolidaron el retraso de España respecto a los países europeos.